CE - 010315000202302438001SENTENCIA20230620161910

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio , present ó solicitud de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, porque, a su juicio, i) la Comisión Nacional, al proferir la sentencia de 19 de abril de 2023; y ii) la Comisión Seccional, al proferir la sentencia de 5 de abril de 2022, en el proceso disciplinario identificado con el número único

sentencia de 19 de abril de 2023; y ii) la Comisión Seccional, al proferir la sentencia de 5 de abril de 2022, en el proceso disciplinario identificado con el número único

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

de radicación 110011102000202000756-01, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, la representante legal del Conjunto Residencial Salitral II P.H. , presentó queja disciplinaria contra la sociedad Gestión de Cobranzas S.A.S., y el abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso, en virtud del contrato de prestación de servicios celebrado el 1° de septiembre de 2017 entre el conjunto residencial Salitral II y la sociedad mencionada, así como los poderes otorgados el 13 de junio de 2018 por medio de los cuales se encomendó al abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso para adelantar en nombre de la propiedad horizontal varios procesos para el cobro de cartera morosa, pero no actuó con diligencia, dado que en los radicados 201800356 y 2018-00355 no subsanó las demandas y tampoco las volvió a presentar; y en el 2018-00415 no recurrió el auto por medio del cual se negó el mandamiento de

00356 y 2018-00355 no subsanó las demandas y tampoco las volvió a presentar; y en el 2018-00415 no recurrió el auto por medio del cual se negó el mandamiento de pago. Además, no informó con veracidad el avance de los procesos 201 8-00356, contra Ruth Stella Chávez Quintero; 2018 -00355, contra Emiro Ramón Villera Araujo; y 2018-00405 contra Freddy Alonso Witt Rodríguez.

4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 5 de abril de 2022, por medio del cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y multa de dos (2) SMMLV al abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso.

5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió sentencia de segunda instancia el 19 de abril de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. NEGAR la solicitud de nulidad elevada por el abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso en el recurso de apelación, por los motivos expuestos en este proveído.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de abril de 2022, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y multa3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

de dos (2) SMMLV al abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso, al ser hallado

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

de dos (2) SMMLV al abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso, al ser hallado responsable de incurrir en las faltas establecidas en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, y con ello incumplir el deber del numeral 10º del artículo 28 ibidem, y la falta consagrada en el literal d) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, y con ello incumplir el deber del numeral 8º del artículo 28 ibidem.

TERCERO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de los intervinientes, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuso de recibo, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 1123 de 2007.

QUINTO: DEVUÉLVASE el expediente a la Comisión Seccional de origen […]”.

6. Consideró que:

“[…] En relación con el argumento elevado por el apelante donde señala que no se

QUINTO: DEVUÉLVASE el expediente a la Comisión Seccional de origen […]”.

6. Consideró que:

“[…] En relación con el argumento elevado por el apelante donde señala que no se tuvo presente la razón por la cual se rechazaron las demandas y no se le puede atribuir falta de diligencia, al respecto se tiene claridad que el disciplinado tenía poder para representar los intereses del Conjunto Residencial Salitral II P.H independiente de que lo haya contratado la sociedad Gestión de Cobranzas representada por Johan Andres (sic) Amaya Bautista, como se confirmó con los poderes para actuar en los procesos: I) ejecutivo 2018-00356, contra Ruth Stella Chávez Quintero y II) ejecutivo 2018-00355, contra Emiro Ramón Villera Araujo en los cuales el despacho ordenó subsanarlos en el término de cinco días y no lo hizo, ni tampoco volvió a presentar las demandas, prueba de lo dicho se encontró en la respuesta oficial allegada por el Juzgado 12 de Pequeñas Causas el 11 de junio de 2021.

Si bien es cierto el disciplinado presentó aclaraciones en audiencia sobre la gestión realizada en otros procesos civiles encomendados, el togado tenía el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales entre los cuales se encuentra realizar el seguimiento necesario a las etapas y estados de los procesos encargados, más aun en el inicio del mismo donde se pueden presentar subsanaciones y ajustes para evitar el rechazo, situación que no ocurrió, infringiendo así el deber de cuidado en las dos gestiones referidas en el párrafo que antecede.

El segundo argumento observado en la apelación está dirigido explicar que el

subsanaciones y ajustes para evitar el rechazo, situación que no ocurrió, infringiendo así el deber de cuidado en las dos gestiones referidas en el párrafo que antecede.

El segundo argumento observado en la apelación está dirigido explicar que el disciplinado no tenia (sic) obligación contractual de rendir informes al conjunto residencial Salitral II P.H., sin embargo, se pudo confirmar que el profesional en derecho sí era consciente que sus actuaciones estaban dirigidas a representar al mencionado conjunto en varios procesos ejecutivos, así mismo, se pudo determinar en audiencia que el señor Johan Andrés Amaya Bautista presentaba la información de los asuntos de conformidad con los datos reportados por el abogado, situación que no se controvirtió o dio lugar a duda en los testimonios rendidos, es por esta razón que existieron diferencias trascendentales de la información real con la presentada al cliente […]”.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

[…]

“[…] La falta señalada en el literal d) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 quedó demostrada una vez se realizó la comparación del informe de gestión con corte del 31 de agosto de 2018 presentado a la administración del Conjunto Residencial Salitral por parte de Gestión de Cobranzas con base en los datos y fechas de los procesos que suministró e l abogado, los cuales contradicen la respuesta oficial allegada por el Juzgado 12 de Pequeñas Causas el 11 de junio de 202117 como se precisó líneas arriba […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

allegada por el Juzgado 12 de Pequeñas Causas el 11 de junio de 202117 como se precisó líneas arriba […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito se sirva amparar mi derecho fundamental a la defensa y debido proceso y, en consecuencia, dejar sin valor ni efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 5 de abril de 2022 y 19 de abril de 2023 respectivamente, por las COMISIONES NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, dentro del expediente disciplinario No. 11001110200020200075600. En su lugar, ordenar a las accionadas que profieran una nueva s entencia con el lleno de los requisitos legales y en específico, con el análisis y pronunciamiento sobre mis argumentos de defensa […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señal ó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un i) defecto fáctico y en la ii) causal de decisión sin motivación.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ; y iii) vinculó al Conjunto Residencial Salitral II P.H., en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

vinculó al Conjunto Residencial Salitral II P.H., en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que:

“[…] De la revisión del escrito que originó el presente tramite se pudo establecer que el accionante no realizó un análisis puntual de los requisitos generales de procedencia de la tutela en contra de providencia judicial, no abordó los defectos o5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

vicios de los que adolece la decisión, ni puntualizó cuales eran las omisiones que le permitieron inferir que la decisión adoptada haya vulnerado el derecho a la defensa y debido proceso, si bien es cierto el accionante enunció la presunta prescripción de la conducta, que ya fue debidamente aclarada, no argumentó las razones por las cuales, en su sentir, la decisión atacada adolecía de vicio alguno, evidenciándose que lo que pretende el accionante es reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción disciplinaria […]”.

11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá adujo que:

“[…] El recuento anterior, permite poner en evidencia que el doctor MUÑOZ ALFONSO pretende emplear la acción de tutela como una tercera instancia, para la revisión del proceso disciplinario y las decisiones adoptadas, para lo cual no está prevista.

“[…] El recuento anterior, permite poner en evidencia que el doctor MUÑOZ ALFONSO pretende emplear la acción de tutela como una tercera instancia, para la revisión del proceso disciplinario y las decisiones adoptadas, para lo cual no está prevista.

Está demos trado que al Disciplinado no se le vulneraron sus derechos, por el contrario, fue escuchado en versión libre y en alegatos de conclusión, tuvo la oportunidad de aportar pruebas, solicitarlas y controvertir las allegadas, por lo que solicito que en el presente asunto sea declarada la improcedencia de la acción […]”.

12. El Conjunto Residencial Salitral II P.H guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defens a judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requi sitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias ju diciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso , procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoc e una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

5 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de

relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus

elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

7 Ut supra página 6. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que e l Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que or igina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso

en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 14]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la seg unda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente c onstitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de

trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02438-00

Actor: Jorge Alberto Muñoz Alfonso

asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez qu e conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado15:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de

[…]” (Resaltado fuera del texto).

25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado15:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”16

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la

Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral -, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el

reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto c