CE - 010315000202302445001SENTENCIA20230620165119

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora Ana Josefa Quintero de González contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 11 de mayo de 2023, la señora Ana Josefa Quintero de González a través de apoderado judicial instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión , con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la

apoderado judicial instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión , con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuent es formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 13 de abril de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado 15001-33-33-008-2022-00081-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL

Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- La accionante labora con el departamento de Boyacá “después de 1990” y se encuentra vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 29 de julio de 2021, la señora Ana Josefa Quintero de González solicitó a la Secretaría de Educación de Bo yacá el reconocimiento y desembolso de sus cesantías, así como la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de sus cesantías, y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesan tías, consagrada en la Ley 52 de 1975.

6.- Dicha solicitud fue negada a través del acto administrativo BOY2021ER033678 del 26 de agosto de 2021.

de 1975.

6.- Dicha solicitud fue negada a través del acto administrativo BOY2021ER033678 del 26 de agosto de 2021.

7.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Ana Josefa Quintero de González presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad de dicho acto administrativo. Además, solicitó que se c ondenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de sus cesantías, y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrado en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

8.- A través de fallo proferido el 7 de diciembre de 2022, el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Tunja negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no es posible el reconocimiento de la sanción moratoria contenida en la ley 50 de 1990 a favor de los docentes, como quiera que existe una norma especial que regula lo relativo a las cesantías de estos servidores vinculados al Fomag, en la cual no se prevé dicha sanción moratoria. Adicional a ello, puntualizó que no existe un criterio unificado de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que resulte aplicable al caso concret o, y las decisiones traídas a colación por la parte demandante no guardan identidad fáctica ni jurídica con el asunto objeto de estudio.

unificado de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que resulte aplicable al caso concret o, y las decisiones traídas a colación por la parte demandante no guardan identidad fáctica ni jurídica con el asunto objeto de estudio.

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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9.- Respecto a la sanción por el pago tardío de intereses, indicó que el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 contempló un régimen especial para su liquidación, diferente al contemplado en la Ley 52 de 1990, por ende, consideró que la misma no es aplicable al caso de la demandante, teniendo en cuenta que los docentes oficiales ostentan un régimen especial en esa materia. En desacuerdo con lo anterior, la parte demandante apeló la decisión adoptada.

10.- Mediante sentencia de 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión confirmó la decisión apelada, al considerar que no existe ningún criterio de unificación respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a docentes vinculados al FOMAG, además, que los docentes se rigen por la Ley 91 de 1989, sin que ninguna disposición normativa establezca expresa o tácitamente que se les deba hacer extensivo lo regulado por la Ley 50 de 1990 . Para el Tribunal tampoco e s procedente aplicar el principio de favorabilidad, en la medida en que no se está ante

que ninguna disposición normativa establezca expresa o tácitamente que se les deba hacer extensivo lo regulado por la Ley 50 de 1990 . Para el Tribunal tampoco e s procedente aplicar el principio de favorabilidad, en la medida en que no se está ante dos normas que regulen un tema similar y que una sea más beneficiosa que la otra, pues la Ley 50 de 1990 regula la situaci ón de los empleados públicos afiliados a un fondo privado de pensiones, en tanto que la Ley 91 de 1989 se refiere a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

11.- Respecto a la sanción por el pago tardío de intereses prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, adujo que dicha pretensión no está llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

12.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accio nada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990,

señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesant ías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

13.- Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias SU098/2018, SU-332/2019 y SU-041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (48542014), 11001 -0315-000-2018-03499-01, 11001 -03-15-000-2018-04617-01, 11001 -Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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03-15-000-2018-04679-01, 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16), 08001-23Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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03-15-000-2018-04679-01, 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16), 08001-2333-000-2014-00208-01, 08001 -23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001 -2333-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), 08001-2333-000-2015-00331-01, 19001 -23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001 -23-33000-2014-01127-01 (1002 -2021), 40001 -23-40-000-2017-00134-01 (2208 -2020), 080001-23-40-000-2015-90008-01(2387-2020), 080001 -23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016), 080001 -23-33-000-2017-00931-01 (1001 -2021), 080001 -23-33-0002015-00075-01 (2660 -2020), 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224 -2020), 080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659 -2020), 47 -001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), 47 -001-23-33-000-2019-00376-01(4462-2021), 08001 -23-33-0002015-00509-01(2140-2020), 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), 7600123-31-000-2012-00212-02 (4470 -2021) y 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (08712020).

14.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los magistrados de tribunales administrativos, así como jueces administrativos del circuito en diversas decisiones. Para tal fin, trajo a colación 3 providencias proferidas en los procesos 70001-23-33-000-02018-0009700, 15001 - 3333-007-2019-00046-01, 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 por los Tribunales Administrativos de Sucre, Boyacá 4 y Valle del Cauca, respectivamente; así como diez sentencias de diferentes juzgados administrativos, visibles a folio 105 del escrito de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

15.- Mediante auto de 16 de mayo de 2023 5, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada , así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá en calidad de terceros interesados.

16.- Además, se requirió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 15001-33-3316.- Además, se requirió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 15001-33-33008-202200081-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión6

17.- Indicó que no se configuró el defecto al que se hace alusión en la presente acción, en razón que no se desconoció el precedente jurisprudencial dictado por el Consejo de Estado y/o la Corte Constitucional, al momento de señalar que los docentes oficiales vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio son

4 M.P. José Ascención Fernández Osorio. 5 Notificado el 19 de mayo de 2023. 6 Expediente digital, intervención contenida en 6 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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beneficiarios de normas especiales y que, por lo tanto, no es posible aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (régimen general) a dichos servidores públicos.

18.- Con respecto a las sentencias referenciadas7 por la parte actora, precisó que en las mismas no se hizo un análisis sobre las diferentes posturas de la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990, en razón a que todas declararon probada la excepción de prescripción. Por lo ante rior, considera que de

en las mismas no se hizo un análisis sobre las diferentes posturas de la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990, en razón a que todas declararon probada la excepción de prescripción. Por lo ante rior, considera que de las citadas providencias no se avizora un precedente que ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá aplicar la Ley 50 de 1990.

19.- Sobre las sentencias de tutela 2018-03499 del 29 de julio de 2019 y 2009-00867 del 24 de enero de 2019, precisó que las mismas se profirieron antes de la expedición de la sentencia SU-573 de 2019, y no fueron mencionadas por la actora en el trámite ordinario. De otro lado, respecto a las sentencias 2013-00756 del 28 de abril de 2022 y 2013 -00666 del 6 de agosto de 2020, adujo que las mismas no comparten similitudes fácticas con el caso bajo estudio.

20.- Por otra parte, sostuvo que acceder a lo pretendido por la accionante implicaría vulnerar el principio de inescindibilidad de las normas, en razón a que se pretende aplicar un fragmento del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (sin tener en cuenta las reglas de cuentas individuales en la consignación de las cesantías), a las normas especiales que regulan las cesantías de los docentes oficiales vinculados al FOMAG (Ley 91 de 1989).

(ii) Departamento de Boyacá8

21.- Manifestó que Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada, por lo que no se configuró una vía de hecho. Resaltó

(Ley 91 de 1989).

(ii) Departamento de Boyacá8

21.- Manifestó que Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada, por lo que no se configuró una vía de hecho. Resaltó que la acción de tutela no es un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial. Agregó que por parte del órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo no se ha expedido una sentencia de unificación que zanje esta discusión, pero que, no por eso de debe acudir a la acción de tutela para el reconocimiento de “derechos” que cuentan con vacíos legales e interpretativos, vulnerando la seguridad jurídica.

(iii) Fiduprevisora9

22.- Indicó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

7 Radicados 2014 -00173 (2/12/19), 2014 -00208 (10/07/20), 2014 -00254 (22/10/20), 2014 -00132 (12/11/20), 2014-00815 (17/06/21), 2015 -00331 (17/06/21), 2015 -00445 (4/11/21), 2014 -01127 (25/11/21), 2017 -00134

(25/11/21), 2015-90008 (11/11/21), 2014 -90022 (11/11/21), 2017 -00931 (20/1/22), 2015 -00075 (3/3/22), 201700795 (9/5/22), 2019-00359 (19/5/22), 2019-00376 (1/7/22), 2015-00509 (22/8/22) y 2015-90124 (22/9/22). 8 Expediente digital, intervención contenida en 13 folios. 9 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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23.- Por otra parte, adujo que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a l as mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino que, en este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, tema frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que

en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, tema frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

24.- Finalmente manifestó que la presente tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

25.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

(iv) Ministerio de Educación Nacional10

26.- Arguyó que no ha vulnerado en ningún modo derechos fundamentales de la accionante, pues es ajeno a la discusión que se busca abordar en el presente proceso. En ese sentido solicitó su desvinculación.

27.- Por otra parte, manifestó que en el caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia de la accionante, ni el acceso a la administración de justicia. Agregó que en el caso en particular se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, litigio que involucra intereses privados, y que por ende excede la competencia del juez de tutela, en tanto carece de relevancia constitucional.

28.- Finalmente resaltó que en este caso no se configuran los presupuestos

privados, y que por ende excede la competencia del juez de tutela, en tanto carece de relevancia constitucional.

28.- Finalmente resaltó que en este caso no se configuran los presupuestos indicados en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referido a la sanción moratoria

(v) Parte actora11

10 Expediente digital, intervención contenida en 21 folios. 11 Expediente digital, intervención contenida en 18 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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29.- La parte actora allegó un memorial, en el que itera la existencia de pronunciamientos previos respecto de la materia y resalta varios de los argumentos expuestos en su escrito de tutela inicial. Citó la sentencia de 18 de julio de 2018 (73001-23-33-000-2014-00580-01), al tiempo de pronunciarse sobre las contestaciones de la demanda presentadas por la autoridad accionada y los terceros vinculados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

30.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

31.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Fiduprevisora y el Ministerio de Educación, pues es claro que estas entidades, al igual que los demás vinculados participan de manera dire cta o indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y

por Fiduprevisora y el Ministerio de Educación, pues es claro que estas entidades, al igual que los demás vinculados participan de manera dire cta o indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito. E n tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por ellos.

32.- Por otra parte, en virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la reforma a la demanda o los alegatos de conclusión. En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indicado en el escrito inicial de tutela.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

33.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 12: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmedia tez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o

irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmedia tez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de man era razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

34.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional13.

35.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cu mplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la

35.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cu mplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

36.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 14 y, en ese sentido, evitar que la ac ción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 15; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales16; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales17.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 14 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en

constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 15 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdiccione s distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 16 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces

una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidia rio y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 17 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02445-00

Accionante: Ana Josefa Quintero de González

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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37.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos

jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales18: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del preced