CE - 010315000202302449001SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02449-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: ANA BENILDA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA

SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-02449-00

Actora: ANA BENILDA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La señora ANA BENILDA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ , actuando a

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La señora ANA BENILDA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ , actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de la perpetuatio jurisdictionis, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 13 de abril de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333008-202200124-01.

I.2. Hechos

Manifestó que labora como docente oficial al servicio del Departamento de Boyacá, por lo que goza del reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.

Indicó que el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -en adelante FOMAG -, omitió consignar en término las cesantías que le correspondía pagar por los servicios prestados en el año 2020, por lo que solicitó el3

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de éstas.

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de éstas.

Refirió que mediante acto administrativo BOY2021ER036286 de 26 de agosto de 2021 , la Secretaría de Educación de Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de sus cesantías.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el Departamento de Boyacá , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo antes mencionado y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 2022-00124-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja2 que, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción por el pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG,

2 En adelante el Juzgado.4

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comoquiera que estos poseen un régimen especial de cesantías.

Adujo que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 13 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial dispuesto en por el Consejo de Estado 3 y la Corte Constitucional4, las cuales han concluido que la Ley 50 de 28 de diciembre de 19905 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, de tal forma que a las entidades accionadas les asist ía la obligación de consignar dentro del término las cesantías causadas en el año 2020, so pena de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso concreto.

Resaltó que las sentencias proferidas por el Consejo de Estado han generado la confianza legítima en los docentes oficiales vinculados

3 Providencias identificadas con los números únicos de radicación 2013 -00666-01, 2009-00867-01,

2018-04617-01, 2018-04679-01, 2018-03499-01, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-02, 2014-01127-01, 2017-00134-01, 2015-9008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2013-00756-012017-00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01, 2012-000212-02 y 2018 -0023101. 4 SU 098 de 17 de octubre de 2018. 5 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”5

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con posterioridad al 1o. de enero de 1990, al haberse dictado gran cantidad de sentencias entre los años 2018 y 2023, lo cual ha llevado a solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el pago de la sanción moratoria.

Arguyó que el derecho a la seguridad social de los docentes ha sido desconocido, pues no están garantizados los recursos de las

a solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el pago de la sanción moratoria.

Arguyó que el derecho a la seguridad social de los docentes ha sido desconocido, pues no están garantizados los recursos de las cesantías en FOMAG, por lo que no tienen garantía alguna de dicha prestación; además, que se incurrió en violación directa de la Constitución al no aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política.

Finalmente, aseveró que el TRIBUNAL pasó por alto los diversos pronunciamientos emitidos por los juzgados administrativos que, en casos similares al presente, han accedido a las pretensiones de la demanda aplicando en debida forma la Ley 50 de 1990.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las6

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sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demand a, de acuerdo a los postulados

sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demand a, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

[…]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL informó que, a su juicio, la providencia cuestionada no desconoce ningún precedente jurisprudencial dictado por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional al señalar que los docentes oficiales vinculados al FOMAG son beneficiarios de normas especiales y, por tanto, no le es aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Adujo que aun cuando la actora hace referencia a 25 decisiones proferidas por el Consejo de Estado, destacó que en ellas no se hizo un análisis sobre las diferentes posturas de la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990, por lo que no se avizora precedente alguno que le ordene reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes oficiales.

En cuanto al derecho a la seguridad social, refirió que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la pretensión se7

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sintetizó en el pago de una sanción, más no por la falta de consignación de las cesantías, por lo que en esa medida no es válido afirmar que se desconoció su derecho a la seguridad social.

En cuanto a la invocada violación de la C onstitución del artículo 53 supremo, mencionó que tampoco tiene vocación de prosperidad, pues únicamente la actora se limitó a mencionar el principio de favorabilidad en materia laboral, mientras la decisión acusada no dejó de aplicar ningún precepto const itucional y , contrario a ello , efectuó un análisis del por qué dicho principio no era aplicable al asunto, por lo que acceder a lo pretendido por la tutelante sería vulnerar el principio de inescindibilidad de las normas, pues se pretende aplicar un fragmento del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a las normas especiales que regulan las cesantías de los docentes vinculados al FOMAG.

Destacó que, en cuanto al derecho a la igualdad, la actora no probó que otro docente que estuviera en sus mismas condiciones jurídicas se le reconociera el derecho a la aplicación de la Ley 50 de 1990 en su integridad.

Así las cosas, solicitó denegar el amparo deprecado, en virtud a que no vulneró los derechos fundamentales invocados, sino que lo8

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no vulneró los derechos fundamentales invocados, sino que lo8

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pretendido por la señora SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ es crear una tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La FIDUPREVISORA S.A. advirtió que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse desconocimiento de los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Afirmó que no es dable inferir que se haya presentado transgresión alguna en contra de las garantías fu ndamentales, pues se ha respetado el debido proceso, de tal forma que las actuaciones fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y ser desvinculada del presente trámite constitucional, por no estar legitimada en la causa por pasiva para actuar en el presente asunto.

I.6.2.- La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ solicitó denegar la solicitud de amparo, en la medida en que no existe vulneración alguna de los9

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I.6.2.- La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ solicitó denegar la solicitud de amparo, en la medida en que no existe vulneración alguna de los9

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derechos fundamentales invocados.

Resaltó que este mecanismo constitucional no es el idóneo para acceder a las pretensiones de la actora, pues tal como lo sustentó el TRIBUNAL, en ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisione s emitidas por el Consejo de Estado, toda vez que por parte del órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo no se ha expedido una sentencia de unificación que zanje tal discusión; además, lo pretendido con esta acción de tutela tiene transcendencia e conómica, lo que impactaría los recursos del nivel nacional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma10

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma10

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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las

Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa11

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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye a l demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.

cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tute la se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no e s responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la Fiduprevisora S.A. fue vinculada como encargada de administrar los recursos del FOMAG, parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00124-01, objeto de cuestionamiento, en calidad de tercera, le asiste interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará12

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objeto de cuestionamiento, en calidad de tercera, le asiste interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará12

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su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa re saltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido po r importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efe cto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Cor te Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Cor te Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo13

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Contencioso Administrativo, con ponencia d el Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión

pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta14

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los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta14

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en

que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tu tela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra un a sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal e n el que15

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se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte q ue la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 13 de abril de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del JUZGADO que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00124-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los16

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principios de seguridad jurídica y de la perpetuatio jurisdictionis , habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL desconoció

habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL desconoció los pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que han concluido que la Ley 50 de 1990 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que se le debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autorida d judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada p or la Corte17

Número único de radicación: 110010315000-2023-02449-00

Actora: ANA BENILDA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad d e la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 202200124-01.

En este punto, la Sala res alta que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se re