CE - 010315000202302475001SENTENCIA20230615150430

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D Radicado: 11001-03-15-000-2023-02475-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02475-00

Demandante: RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Temas: Tutela contra providencia judicial – reliquidación pensionalfalta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Rigoberto Olivella Arzuaga contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 10 de mayo de 2023, el señor Rigoberto Olivella Arzuaga, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 10 de mayo de 2023, el señor Rigoberto Olivella Arzuaga, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que se an amparados sus derechos fundamentales «al debido procesoart.29 CN -, a la igualdad y no discriminación -art. 13 CN -, la confianza legítima

(buena fe) -art. 83 CN-, prelación de la Constitución sobre las demás normas -art. 4 C.N.-, la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales -art. 2 C.N.-, la primacía de los derechos humanos -art. 5 CN-, prevalencia del derecho sustancial -art. 228 CN-, al pago oportuno de las pensiones y al ingreso mínimo vital y móvilart. 53 CNy a la seguridad social -art.48 CN».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 10 de noviembre de 2022, mediante la cual se revocó la providencia del 20 de mayo de 2021 del Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-42-051-201900569-01, instaurado contra la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones.Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D

00569-01, instaurado contra la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones.Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D Radicado: 11001-03-15-000-2023-02475-00

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3. El actor s olicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en

consecuencia, pidió:

[D]eje sin efecto la sentencia proferida por el 10 de noviembre de 2022, en el proceso ordinario promovido por RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA contra la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’, en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, radicado Nº 1100133-420512019-00569-01, y en su lugar:

1. Ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’ a reliquidar la pensión del señor RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA, aplicando el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y le pague la diferencia pensional causada.

2. Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D, dictar una nueva sentencia de segunda instancia condenando a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’ a reliquidar la pensión del señor RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA, aplicando el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y le pague la diferencia pensional causada.

a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’ a reliquidar la pensión del señor RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA, aplicando el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y le pague la diferencia pensional causada.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 22 de noviembr e de 2012, mediante radicado 2012 -951627, el señor Rigoberto Olivella Arzuaga solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, petición que fue negada mediante la Resolución GNR 202016 del 8 de agosto de 2013.

5. Posteriormente, mediante la Resolución SUB 36596 del 12 de febrero de 2019 la entidad demandada ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 20 de julio de 2019, aplicando el artículo 33 de la Ley 100 de 199 3, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en la cual estableció un IBL de $5.960.192, y al cual aplica una tasa de remplazo del 66.19%

6. El 20 de febrero de 2019, el accionante presentó recurso de apelación contra la Resolución antes mencion ada, con el fin de modificar dicha decisión, reconociendo su derecho al régimen de transición y aplicando en consecuencia la Ley 33 de 1985, sin embargo, la decisión fue confirmada mediante la Resolución DPE 1550 del 9 de abril de 2019.

reconociendo su derecho al régimen de transición y aplicando en consecuencia la Ley 33 de 1985, sin embargo, la decisión fue confirmada mediante la Resolución DPE 1550 del 9 de abril de 2019.

7. El señor Olivel la Arzuaga presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución SUB 36596 del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se reconoció l a pensión, y de la resolución DPE 1550 del 9 de abril de 2019, que confirmó la anterior decisión.

8. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se conden ara a la entidad demandada a: «i) reconocer y pagar la pensión la pensión conforme la Ley 33 de 1985, a partir del día que adquirió el estatus pensional, esto es, 20 de julio deDemandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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3 2011, de manera subsidiaria el reconocimiento se efectúe de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, a partir del 20 de julio de 2016, fecha en que adqui rió el estatus pensional; ii) se efectúe la liquidación en porcentaje del 75% del promedio salarial del último año de servicios, de manera subsidiaria en

que adqui rió el estatus pensional; ii) se efectúe la liquidación en porcentaje del 75% del promedio salarial del último año de servicios, de manera subsidiaria en porcentaje del 90% del promedio de los dos últimos años de servicio; iii) el pago de las mesadas causa das y no canceladas desde la fecha de adquisición del estatus pensional hasta su inclusión en nómina; iv) las diferencias causadas entre la pensión reconocida y la ordenada en la sentencia; v) las sumas de dinero se pagarán debidamente indexadas, se dé cum plimiento a la sentencia en los términos de los Artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas».

9. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante fallo del 20 de mayo de 202 1 accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que el demandante tenía derecho a que se le aplicara el régimen anterior al cual se hallaba afiliado, en cuanto a la edad para acceder a la pensión de vejez, al tiempo de servicio y al monto de la prestación, según lo dispone la Ley 33 de 1985. Esto, dado que contaba con más de 55 años y acreditó más de 20 años de servicio en el sector público.

10. El a quo consideró que e ra procedente el reconocimiento de la pensión de vejez conforme lo dispone el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, en un monto del 90% a partir del 1º de diciembre de 2016 y el IBL aplicable para al caso correspondía al promedio de salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los últimos 10 años, con la inclusión de los factores salariales p ercibidos y

correspondía al promedio de salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los últimos 10 años, con la inclusión de los factores salariales p ercibidos y que se enc ontraran regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales hubiese realizado los correspondientes aportes.

11. Finalmente, señaló que para el cálculo del IBL se deb ían tener en cuenta las cotizaciones tanto públicas como priva das que realizó el demandante, ya que la Ley 100 de 1993 no hac ía distinción y tiene en cuenta todas las cotizaciones realizadas al Sistema General de Pensiones dentro del periodo de liquidación que corresponda.

12. Inconforme, la entidad demandada la apeló, recurso del que tuvo conocimiento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , que, a través de la providencia del 10 de noviembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones d e la demanda, toda vez que si bien el demandante, en principio era beneficiario del régimen de transición y le eran aplicables los regímenes pensionales previstos en la Ley 71 de 1988 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad , lo cierto era, que al verificar el cumplimiento de los requisitos de ambas normas, se evidenciaba que el actor, pese a tener más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho o adquirió el estatus pensional antes del límite temporal que extinguió la transición.

13. Esto, ya que los 60 años que exigen ambas normas cuando se trata de

consolidó el derecho o adquirió el estatus pensional antes del límite temporal que extinguió la transición.

13. Esto, ya que los 60 años que exigen ambas normas cuando se trata de hombres, los cumplió el 20 de julio de 2016, esto es, con posterioridad al 31 deDemandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

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4 diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen de transición.

14. Concluyó que, «por lo anterior, no es factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional del Decreto 758 de 1990, que fue aplicado por el a quo y , en consecuencia, la situación pensional del actor, pasó a regirse por el régimen general de las Leyes 100/93 y 797/03».

1.3. Fundamentos de la solicitud

15. Defecto sustantivo: como sustento del yerro, adujo que el tribunal accionado omitió las normas que son aplicables al caso, lo que le impidió acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Las referidas

normas son:

 Inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982: «Para efectos prestacionales será acumulable el tiempo trabajado en el banco con el trabajado al servicio de la nación, los departamentos o los municipios o cual quiera de sus

 Inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982: «Para efectos prestacionales será acumulable el tiempo trabajado en el banco con el trabajado al servicio de la nación, los departamentos o los municipios o cual quiera de sus »respectivas entidades descentralizadas».

 Artículo 42 de la Ley 31 de 1992: «ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión legal p lena de jubilación, será acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el laborado al servicio de la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios, entidades descentralizadas y cualquier empresa o entidad oficial en la que el Estado ten ga participación mayoritaria».

 Artículo 49 del Decreto 2520 de 1993: «Acumulación de tiempo de servicios. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión legal plena de jubilación, se rá acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el laborado al servicio de la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios, entidades descentralizadas y cualquier empresa o entidad oficial en la que el Estado tenga participación mayoritaria».

16. Explicó que de dichos artículos se desprende que el tiempo laborado para el Banco de la República, para la DIAN y para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deben ser sumados para efectos de acceder a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Banco de la República, para la DIAN y para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deben ser sumados para efectos de acceder a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

17. Desconocimiento del precedente: Puso de presente que, a pesar que en la decisión acusada se citó la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional y se admitió que era posible acumular tie mpos públicos para acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no se hizo el mismo estudio frente a la Ley 33 de 1985.

18. Adujo que con fundamento en el principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha permitid o la aplicación de tiempos públicos para acceder a laDemandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

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5 pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pero nada obstaba para que también se pudiera acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

19. Concluyó que «prestó sus servicios a la administración pública por más de 20 años en el Banco de la República, la DIAN y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; cotizó más de 15 años de servicios y su equivalente en

19. Concluyó que «prestó sus servicios a la administración pública por más de 20 años en el Banco de la República, la DIAN y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; cotizó más de 15 años de servicios y su equivalente en semanas antes del 1º de abril de 1994 y por ende también antes del 31 de julio de 2005; y cumplió 55 años el 20 de julio de 2011; por lo que no hay duda que tiene derecho a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de

1985».

1.4. Trámite de la acción de tutela

20. Mediante auto del 19 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , como autoridades judiciales accionadas.

21. Igualmente, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico , al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, toda vez que dicho juzgado fue la autoridad judicial de primera instancia y la entidad fungió como parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se debate.

1.5. Intervenciones

22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente, se present aron las siguientes

contestaciones:

1.5.1. Colpensiones

23. Solicitó declarar la improcedencia de la acción ya que, a su juicio, decidir de

visibles en la copia digital del expediente, se present aron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Colpensiones

23. Solicitó declarar la improcedencia de la acción ya que, a su juicio, decidir de fondo las pretensiones del accionante y ac ceder a las mismas invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno.

24. Igualmente, adujo que en el caso concreto no se cumplía con ninguna de las causales de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial «y por lo tanto la misma debe declararse improcedente».Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

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6 1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

25. Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el marco del proceso ordinario, requirió negar las pretensiones de la demanda toda vez que de las pruebas obrantes en el expediente se concluyó que no era factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, ni con el Decreto 758 de

las pruebas obrantes en el expediente se concluyó que no era factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, ni con el Decreto 758 de 1990, y en consecuencia, la situación pensional del actor pasó a regirse por el régimen general de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

26. Adujo que, al verificar el cumplimiento de los requisitos de la parte demandante respecto al Decreto 758 de 1990 y de la Ley 71 de 1988, a pesar de que el actor contaba con más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho, ni adquirió el estatus pensional antes del límite temporal señalado, porque los 60 años que exigen ambas normas cuando se trata de hombres, los cumplió el 20 de julio de 2016, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen de transición.

1.5.3. Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

27. Envío el expediente solicitado en medios digitales , sin realizar ninguna consideración adicional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Olivella Arzuaga, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 . del Decreto 10 69 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el

artículo 2.2.3.1.2.1 . del Decreto 10 69 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

29. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

30. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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7 ● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Olivella Arzuaga por incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, al proferir el fallo del 10 de noviembre de 2022, que recov ó la decisión del a quo , para en su lugar, negar las

Olivella Arzuaga por incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, al proferir el fallo del 10 de noviembre de 2022, que recov ó la decisión del a quo , para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda tendiente a obtener la reliquidación pensional conforme a la Ley 33 de 1985?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20121 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 2 y declaró su procedencia.3

33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del der echo que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

del der echo que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, correspond erá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucion al no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D Radicado: 11001-03-15-000-2023-02475-00

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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8 revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional4

36. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela co ntra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

37. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

38. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se

relevancia.

38. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

39. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha f igura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones anotadas.

40. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los d erechos fundamentales invocados por la parte actora. Esto, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

41. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, en la que se indicó que para

4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00;

Sentencia 20. 02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -0315-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-0002019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-0466400; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

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9 determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

42. En concreto sobre la relevancia consti tucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de

42. En concreto sobre la relevancia consti tucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

43. En la sentencia SU -215 de 2022 6, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

44. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 7 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propu estos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

45. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corpo ración, que en concreto se refieren a: i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al

suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el a ctor tenga frente

5 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 A tr avés de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir u