CE - 010315000202302530001SENTENCIA20230621112139

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., junio veinte (20) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 1 1001-03-15-000-2023-02530-00 Demandante: Rosaura Casamachín Quina y otros Demandada: T ribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia) T emas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos de procedencia / DEFECT O FÁCTICO – No se configura en este caso.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela instaurada por la señora Rosaura Casamachín Quina y otros, de acuerdo con el Decreto 333 de 2021 1 .

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 15 de mayo de 2023, el señor Rosaura Casamachín Quina y otros 2 , por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo del Cauca, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1. Hechos relevantes En el 2015, los aquí accionantes ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte del señor

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1. Hechos relevantes En el 2015, los aquí accionantes ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte del señor

2 L a p a r t e a c t o r a e s t á i n t e g r a d a p o r R o s a u r a C a s a m a c h í n Q u i n a , M a r i b e l Q u i l i n d o C a s a m a c h í n , G e r s a í n Q u i l i n d o C a s a m a c h í n , Y u l i P a u l i n i Q u i l i n d o C a s a m a c h í n , V i c t o r i a n o Q u i l i n d o C o n e j o , L u i s G e r a r d o Q u i l i n d o C o n e j o , L i d i a A m p a r o Q u i l i n d o C o n e j o , L u z A m e l i a C o r t e z C o n e j o , J o n n y D a m i á n Q u i l i n d o C o r t é s , M e r c e d e s C o n e j o d e Q u i l i n d o , M a r í a C e l m i r a Q u i l i n d o C o n e j o y J u a n d e D i o s Q u i l i n d o C o n e j o . 1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 3 0 d e m a y o d e 2 0 2 3 .

1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 3 0 d e m a y o d e 2 0 2 3 . 1Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia) Jaime Quilindo Conejo, con ocasión del ataque perpetrado por las F ARC el 28 de mayo de 2013, en la finca “Skandia”, vereda San Pedro del municipio de T otoró, Cauca. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión frente a la cual, la parte demandada interpuso recurso de apelación. A través de fallo de 23 de marzo de 2023 - notificadoel30demarzodelamismaanualidad-, el T ribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la demanda tutela

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no tomó en consideración la totalidad del material probatorio que “ permitíaefectuarunanálisisdistinto”, y encontrar probada la responsabilidad de las entidades demandadas. En concreto, señaló que el T ribunal Administrativo del Cauca omitió valorar los documentos y especialmente los testimonios, que daban cuenta del asedio permanente al que estaban sometidos los moradores de la finca “Skandia”, pues en el 2000 el dueño de la propiedad, el señor José Fernando Sánchez Pardo, había sido víctima de secuestro, y el 20 de enero de 2013, acaeció el robo de ganado, con lo cual estaba más que demostrada la previsibilidad del ataque y , por consiguiente, la falla del servicio en que incurrieron las autoridades, al no haber llevado a cabo las acciones necesarias para prevenir lo sucedido el 28 de mayo de 2013.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela 4.1. Mediante providencia del 27 de mayo de 2023, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional como tercero con interés. 4.2. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso al amparo solicitado, al considerar que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una

2Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia)

tercera instancia, frente a un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa. Además, sostuvo que en la sentencia no se incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales de los demandantes, dado que se realizó una debida valoración probatoria y se expusieron las razones para no emitir una sentencia condenatoria.

II. C O N S I D E R A C I O N E S Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala pasará a verificar si se cometieron las irregularidades alegadas por la parte actora, al proferirse la providencia del 23 de marzo de 2023, mediante la cual el T ribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones, bajo los siguientes argumentos (trascripción literal, incluidos posibles errores): (…) enloscasosdeomisiónenel cumplimientodelosdeberesyobligacionesde protección y seguridad, para endilgar responsabilidad a las institucionesencargadasdebrindar talesprerrogativas,sedebeverificarsi laspersonas:(i)han solicitado protección especial, con justificación en las especialescondiciones de riesgo; o (ii) no han solicitado dicha protección, pero esevidentequelanecesitabaenconsideraciónaqueexistíanpruebasoindiciosconocidosquepermitíanasegurar queel individuoseencontrabaamenazadooexpuestoasufrirgravesriesgoscontrasuvidaosusbienes;

Como en los daños causados por la acción de grupos ilegales se está enpresencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal, deberádemostrarse si para la Administración y para las autoridades era previsibleque se desencadenara el hecho generador del daño, siendoesteaspectoelelementoesencial al analizarestetipodeeventos,puesnocorrespondeaunaprevisión general, como el estado de anormalidad del orden público, sinoaquellas situaciones que no dejan margen de duda sobre la concreción delriesgo. Descendiendo lo anterior al caso concreto, se tiene que para la a quo, elhecho era previsibleparalaentidaddemandada, enlamedidaque, posterioral hurto de semovientes de la finca donde laborabanlasvíctimas, miembrosdel EjércitoNacional lograronlarecuperacióndebuenapartedelosanimalesy el comandante de la Brigada No. 29 de esa institución, manifestó en unmedio de comunicación que el predio era asediado por el grupo guerrilleroFARC. ParalaSala, el hurtodel ganadoysuposteriorrecuperación,noconstituíaunindicioquepermitieradeterminar quelavidaeintegridaddelaspersonasquese encontraban en el inmueble corría peligro, pues en momento alguno, losseñoresQuilindoConejoinformaronalasautoridadessobreamenazasensu 3Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia)

contra. En otras palabras, el bien jurídico amenazado con el hurto de lossemovientes, erael depropiedad, sinquedeellopudiesenderivarserazonesdelascualessededujeraquelaseguridadpersonal delostrabajadoresdelafincaSkandiapodríaverseafectada. Valgaresaltar queentrelasaccionesdelincuencialesyel hechodañosoporelcual se reclama indemnización en el presente proceso, transcurrieronaproximadamentecuatromeses, por loquelarelacióncausal entreunoyotrohecho no es clara. Si bien, tanto el propietariodel inmueblecomoel hijodelseñor Jaime Quilindo deducen tal situación, ninguna prueba se arrimó paracorroborartal tesis. Adicionalmente, la petición de 22 de enero de 2013 elevada por el señorFernando José Sánchez Pardo a la Presidencia de la República exigiendoacciones por parte de la Fuerza Pública para la recuperación del ganadohurtado, en momento alguno imponían en la entidad el deber de protecciónexclusivaypermanentealafincaencuestiónytampoco, asustrabajadores.La presencia de tropas del Ejército Nacional en inmediaciones del lugar deocurrenciadeloshechos,obedecíaaexistenciadegruposarmadosal margende la ley dentro del departamento del Cauca, a raíz del conflicto armadointerno, y no, como lo adujo la a quo, por el conocimiento previodel asedioque se venía presentando en la finca Skandia, circunstancia que no fueacreditadaconningúnelementoprobatorio.

Si bien tanto las declaraciones rendidas extraprocesalmente como lostestimonios practicados dentro del proceso dan cuenta de un “asediopermanente sobre el predio”, tal afirmación no encuentra respaldo más alláqueparafinalesdeladécadadelos90’syenel año2000,lafamiliaSánchezPardo, propietaria del inmueble, había sido víctima de diferentes conductasdelictivas como hurto y secuestro. Y, la situación particular del hurto desemovientes, no daba cuenta de un peligro extraordinario que ameritaramedidas de protección frente a los trabajadores de la finca; al menos nadaindica que se hubiere colocado en conocimiento de las autoridades algunasituaciónespecial. Seitera, laentidadaccionadanofueadvertidapreviamenteporlasvíctimasosus familiares que eran objeto de amenazas contra su vida, que seencontraban en situación de riesgo especial o que el Ejército hubiese sidorequerido para brindarles protección y seguridad frente a ese grupo armadoilegal, lo que no permite estructurar responsabilidadencabezadelaentidaddemandada. A juicio de la parte accionante, en esa decisión se incurrió en una indebida valoración probatoria, en la medida en que se concluyó que no se acreditaron las circunstancias que hacían previsible el ataque, pese a que “enlostestimoniosrecogidossevislumbraqueefectivamenteexistíaunasediopermanentesobreelpredioporpartedelosmiembrosdelgrupoalmargendelaley(…),puessehabíasufridoyaconantelaciónenlosaños90y2000,hurtosysecuestro”.

Revisada la sentencia cuestionada, la Subsección considera que en este caso no hay lugar a predicar la configuración de la irregularidad alegada, pues no se 4Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia) evidencia, en modo alguno, una valoración indebida o irrazonable de las pruebas por parte del T ribunal Administrativo del Cauca en su decisión. En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada sí valoró las pruebas allegadas al expediente. Otra cosa es que, en ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces, se estimara que los medios de convicción allegados por el accionante, no lograron evidenciar que los miembros del Ejército Nacional estaban enterados de la inminencia o posibilidad del ataque, en tanto las denuncias realizadas no tenían relación causal con los hechos por los cuales se alegó la falla del servicio, relativa al riesgo o amenaza de muerte del señor Jaime Quilindo Conejo.

Para arribar a la anterior conclusión, el adquemtuvo en cuenta, entre otros, el oficio de 23 de febrero de 2015, proferido por la Directora Seccional de Fiscalías Cauca, relativo a los asuntos que fueron denunciados por el señor Sánchez Pardo, así como las declaraciones rendidas en el proceso penal de radicado 190016000602201303762 y aquellos que se practicaron en el trámite administrativo, pruebas con base en las cuales el adquemdeterminó que “laprevisibilidadno puedebasarseen la existenciaanteriorde un hechodelincuencial,que,ajuiciodelaSala,resultaaislado”y que no logró demostrar la evidente necesidad y perentoriedad de brindar protección a la vida del señor Quilindo Conejo. Por lo anteriormente expuesto, la Sala observa que, efectivamente en la providencia del 23 de marzo de 2023, el T ribunal Administrativo del Cauca hizo referencia a cada uno de los medios de prueba, entre ellos, el formato único de noticia criminal; el informe ejecutivo -FPJ-3 del 30 de mayo 2013; la entrevista -FPJ-14del 29 de mayo de 2013 realizada al señor Gersaín Quilindo Casamachín; las entrevistas -FPJ-15realizadas el 1 1 de junio de 2013 a las señoras Rosaura Casamachín, Isolina Casamachín Quina y Mercedes Conejo de Quilindo; la denuncia penal por graves infracciones a los DDHH y al DIH, realizada el 6 de junio de 2013 por el Segundo Comandante del Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía en Popayán; la declaración del señor Sánchez Pardo y el testimonio de Luz Marina Aguilar Luna, encargada de elaborar la investigación para la ARL Positiva.

5Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia) En otras palabras, se tiene que, en ejercicio de los principios de autonomía funcional y la sana crítica, el juez de segunda instancia analizó el acervo probatorio del proceso ordinario, y por el hecho de que las conclusiones adoptadas en su decisión no resultaran favorables al ahora tutelante, no se puede predicar que la labor del T ribunal Administrativo del Cauca y , por ende, la decisión fueron contrarias a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito de la parte accionante de reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa, desconociendo que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “laaccióndetutelacontraprovidenciasjudicialesesconcebidacomoun‘juiciodevalidez’ ynocomoun ‘juiciodecorrección’ delfallocuestionado 3 , loqueseoponea queseuseindebidamentecomounanuevainstanciaparaladiscusióndelosasuntosdeíndoleprobatoriaodeinterpretacióndelderecholegislado,quedieronorigena la controversia,másauncuandolaspartescuentanconlosrecursosjudiciales,tantoordinarioscomoextraordinariosparacombatirlasdecisionesqueestimanarbitrariasoquesonincompatiblesconlaCartaPolítica” 4 . Con base en lo expuesto, se negará el amparo solicitado, toda vez que la sentencia cuestionada devino de un análisis con una carga argumentativa válida y completamente razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas.

4 . Con base en lo expuesto, se negará el amparo solicitado, toda vez que la sentencia cuestionada devino de un análisis con una carga argumentativa válida y completamente razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , 4 S e n t e n c i a T - 0 1 6 d e 2 2 d e e n e r o d e 2 0 1 9 . M . P . : C r i s t i n a P a r d o S c h l e s i n g e r . 3 O r i g i n a l d e l a c i t a : “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial,basadoenlasupremacíadelas normas constitucionales. Estoseoponeaquelaaccióndetutelaejerzaunalabor decorreccióndel fallooquesirvacomonuevainstanciaparaladiscusióndelosasuntos deíndoleprobatoriaodeinterpretacióndel derecholegisladoquedieronlugar al mismo.Encambio, latutelasecircunscribeadetectar aquellos casos excepcionales enquelajuridicidadde la sentencia judicial resulteafectada, debidoaquedesconocióel contenidoy alcances delosderechos fundamentales’. Sobre el puntotambiénsepuedeconsultar lasentenciaT-126de2018(MPCristinaPardoSchlesinger)”.

6Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2023-02530-00Accionante:RosauraCasamachínQuinayotrosAccionado:TribunalAdministrativodelCaucaReferencia:Accióndetutela(primerainstancia) R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE M A R T A N U B I A V E L Á S Q U E Z R I C O N o t a : esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, demanera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad yautenticidad del presente documento en ellink https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmentepuede acceder al aplicativodevalidaciónescaneandoconsuteléfonocelularel códigoQRqueaparecealaderecha. V F 7