CE - 010315000202302626001SENTENCIA20230622094501

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02626-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: LIFARE YEISON BONILLA SANTOS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD POR

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL Y DEL LITERAL “E” ESTABLECIDO EN LA

SENTENCIA C -590 DE 2005. LO PRETENDIDO ES REABRIR EL

DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. DE OTRA PARTE, LA INCONFORMIDAD RELACIONADA CON QUE NO SE TUVO EN CUENTA QUE NO LE FUERON CONCEDIDOS LOS 3 MESES DE ALTA A LOS QUE TENÍA DERECHO, ES UN ASUNTO QUE DEBIÓ SER

PUESTO DE PRESENTE ANTE EL JUEZ NATURAL DEL ASUNTO, SIN

QUE EL ACTOR LO HAYA ALEGADO EN ESA OPORTUNIDAD.

DERECHOS FUNDAMENTALES : AL DEBIDO PRO CESO, A LA IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL, A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA, A LA

INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL

REFORZADA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1 En adelante el Tribunal.2

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor LIFARE YEISON BONILLA SANTOS, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL al proferir la providencia 24 de marzo de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335029 2019 00222 02.

I.2. Hechos

Indicó que ingresó a la Policía Nacional y el 30 de noviembre de 2009 fue dado de alta como patrullero de esa institución.

Sostuvo que cuando ingresó a la institución castrense, lo hizo en buen estado de salud tanto física como mental, superando todos y3

fue dado de alta como patrullero de esa institución.

Sostuvo que cuando ingresó a la institución castrense, lo hizo en buen estado de salud tanto física como mental, superando todos y3

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cada uno de los requisitos y procesos exigidos para laborar en la Dirección de Investigación Criminal y en la Interpol.

Refirió que estuvo vinculado a la Policía Nacional por un tiempo de 11 años y 4 meses y durante su actividad fue objeto de persecución por parte de algunos superiores jerárquicos, lo que le produjo “depresión reactiva y trastornos de ansiedad secundaria”.

Relató que el 17 de agosto de 2017 fue sometido a valoración de la junta médico laboral, declarándosele no apto para el servicio, sin reubicación laboral, decisión confirmada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar en acta núm. TML18 -2-084 de 7 de febrero de 2018.

Manifestó que el 5 de junio de 2018, estando incapacitado y en el grado de patrullero, fue retirado del servicio por voluntad de la Policía Nacional, sin permitirle los tres (3) meses de alta que en derecho le correspondían.

Aseveró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del4

Nacional, sin permitirle los tres (3) meses de alta que en derecho le correspondían.

Aseveró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del4

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derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le retiró del servicio y, en su lugar, fuera reintegrado a la institución sin solución de continuidad, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2019-00222-00.

Adujo que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá2 que, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.

Destacó que la Policía Nacional, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 24 de marzo de 2023, revocó la decisión de a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al estimar que los actos administrativos acusados estaban suficientemente motivados en los conceptos médicos emitidos.

I.3 Fundamentos de la solicitud

2 En adelante el Juzgado.5

los actos administrativos acusados estaban suficientemente motivados en los conceptos médicos emitidos.

I.3 Fundamentos de la solicitud

2 En adelante el Juzgado.5

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A juicio de l actor , la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal al revocar la decisión de primera instancia.

Destacó que el TRIBUNAL vulneró su derecho a tener una vivienda digna, toda vez que al ser retirado del servicio se vio en la necesidad de venderse caro los aportes que tenía ahorrado para vivienda.

Arguyó que tampoco se tuvo en cuenta que al momento del retiro se encontraba con incapacidad médica vigente; además, que no le fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho.

Aseveró que no cuenta con recursos económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado que lo represente para ejercer el recurso extraordinario de revisión, pues desde que fue retirado del servicio se ha dedicado a ser “vendedor ambulante y mototaxista”.

I.4. Pretensiones6

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servicio se ha dedicado a ser “vendedor ambulante y mototaxista”.

I.4. Pretensiones6

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El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos legales de (sic) la sentencia de segunda instancia número 028 de fecha 24 de marzo de 2023 del radicado: 11001333502920190022200 (sic).

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR EL PAGO INMEDIATO de todos los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás conceptos y emolumentos correspondientes junto con l os incrementos legales a que haya lugar, desde cuando se produjo mi retiro el cual fue el día 5 de junio de 2018, hasta cuando sea efectivamente reintegrado, al grado que están consolidados mis compañeros de curso, así como todas las sumas que demuestre ha ber pagad por concepto de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos y de laboratorio clínico […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor es revivir el debate jurídico que ya se surtió por el juez natural de la

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor es revivir el debate jurídico que ya se surtió por el juez natural de la causa, como si este mecanismo constitucional se tratara de una tercera instancia.

Sumado a lo anterior, adujo que el actor no invoc ó ninguna causal general ni específica que haga procedente el amparo solicitado, más7

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allá de indicar situaciones económicas por las que atraviesa luego de ser retirado de la Policía Nacional.

Afirmó que al resolver la controversia en segunda instancia y analizar los medios de prueba, logró acreditar que el estudio de reubicación en funciones administrativas sí se llevó a cabo, sin embargo, el material probatorio aportado resultaba insuficiente para determinar la preparación, capacidad y conocimientos del actor más allá de sus propias afirmaciones, lo cual se dejó señalado en la providencia objeto de debate.

Refirió que las afirmaciones realizadas por el actor respecto de haber desempeñado con anterioridad funciones administrativas tampoc o fueron acreditadas, en tanto que las certificaciones aportadas dan cuenta de la vinculación a la institución, pero no del desempeño o naturaleza de la labor que realizaba y los períodos en que las realizó. En cuanto al hecho de que al momento de su retir o se encontraba

cuenta de la vinculación a la institución, pero no del desempeño o naturaleza de la labor que realizaba y los períodos en que las realizó. En cuanto al hecho de que al momento de su retir o se encontraba con excusa médica, expuso que dicha situación sí fue valorada, no obstante, la razón por la cual no prosperaron las pretensiones fue la falta de actividad probatoria tendiente a desvirtuar la legalidad del acto acusado.8

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Frente al no reconoc imiento de los tres (3) meses de alta, sostuvo que tal afirmación no fue expuesta en la demanda, por lo que no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a ello.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, luego de hacer un recuento del trámite surtido dentro del proceso ordinario objeto de debate, solicitó declarar improcedente el amparo deprecado o, en su defecto, denegar las pretensiones de la acción de tutela.

I.6.2.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las súplicas de la acción de tutela de la referencia, toda vez que, a su juicio, no se evidencia trasgresión alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor, además, no se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de una amen aza que haga necesaria la

evidencia trasgresión alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor, además, no se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de una amen aza que haga necesaria la intervención del juez constitucional en el asunto.

Expuso que, en lo relativo al pago de los tres (3) meses de alta, dicho aspecto no fue puesto de presente en el proceso ordinario, lo cual va en contravía de los principios de co ngruencia y lealtad procesal, en9

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la medida en que el reproche del actor contra la sentencia judicial debe versar en los mismos hechos estudiados tanto por el a quo como por el ad quem, lo cual no ocurre en el presente caso.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Ple na del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,10

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presen cia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de11

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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente12

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sen tido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que pro firió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]13

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]13

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o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 24 de marzo de 2023 proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la decisión del JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201900222-02.

La controversia tiene origen en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación – Ministerio14

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de Defensa Nacional – Policía Nacional, por medio de la cual el actor pretendía que se declarara la nulidad de los actos administrativos que lo retiraron del servicio y, en su lugar, se ordenara su reintegro a la institución.

El actor estima que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la estabilidad laboral reforzada, dado que, en su sentir, el TRIBUNAL no tuvo en

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la estabilidad laboral reforzada, dado que, en su sentir, el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que al momento del retiro se encontraba con excusa médica; además, que no le fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho.

Sumado a lo anterior, el actor puso de presente que debido a su retiro del servicio se vio en la necesidad de retirar los aportes que tenía ahorrados para vivienda y que no cuenta con recursos económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado que lo represente para ejercer el recurso extraordinario de revisión.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple15

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con l os presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201 900222-02.

Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es necesario traer a colación la providencia de 24 de marzo de 2023 ,

del derecho identificado con el número único de radicación 201 900222-02.

Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es necesario traer a colación la providencia de 24 de marzo de 2023 , aquí cuestionada, con el fin de verificar los argumentos esgrimidos, así como los fundamentos de la decisión.

La providencia de 24 de marzo de 2023 se translitera a continuación:

“[…] En el caso de autos, se procede a determinar si las actas proferidas por la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión y de Policía, así como el acto administrativo que dispuso el retiro del servicio del Patrullero Lifare Yeison Bonilla Santos por dism inución de la capacidad sicofísica, se encuentran viciados de nulidad, por desconocer su derecho a la estabilidad laboral reforzada y omitir el estudio de las habilidades, conocimientos y competencias para ser reubicado dentro de la misma institución en co nsonancia con el porcentaje de perdida de la capacidad que le fue dictaminado.

3. TESIS DE LA SALA

La Sala considera que los actos demandados que determinaron el retiro del servicio del actor, se encuentran conforme a la normativa aplicable toda vez que se encuentran sustentados en los conceptos16

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médicos por psiquiatría y salud ocupacional y la historia clínica del

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médicos por psiquiatría y salud ocupacional y la historia clínica del actor y, se realizó el estudio de su situación médica y de las habilidades, destrezas y conocimientos que probó, con los cuales se concluyó que no era posible reubicarlo.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

[…]

5. PRUEBAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

5.1 De los actos acusados

• Petición presentada por el actor el 3 de mayo de 2017 al Jefe del Grupo de Medicina Laboral Seccional Sanidad Bogotá, para que se “ordene a la Junta Médico Laboral, efectuar la verificación de la aptitud psicofísica para definir mi condición laboral a que hay lugar.” • Acta de Junta Médico Laboral N° 7268 de 17 de agosto de 2017, en la cual se valoraron los conceptos especialistas en psiquiatría y salud ocupacional y se realizó el siguiente análisis:

[…]

• Recurso de revisión presentado por el actor el 20 de diciembre de 2017 contra la decisión de la Junta Médico Laboral de 17 de agosto de 2017.

• Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML 18-2084 de 7 de febrero de 2018, en donde ratifica el Acta de Junta Médico Laboral No. 7268 de 17 de agosto de 2017.

No. TML 18-2084 de 7 de febrero de 2018, en donde ratifica el Acta de Junta Médico Laboral No. 7268 de 17 de agosto de 2017.

• Resolución No. 02334 de 9 de mayo de 2018 por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional retira del servicio activo por Disminución de la Capacidad Sicofísica a un Patrullero de la Policía Nacional teniendo en cuenta las consideraciones del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía No. TML 18 -2-084 de 7 de febrero de 2018.

5.2 De las situaciones de acoso

• Documento denominado “ampliación acción de tutela” presentada ante esta corporación el 14 de junio de 2017 para que obrara dentro de la acción de tutela N° 2017 -02796-00 que presentara el demandante contra la Secretaría Privada del Comando de Policía de Cundinamarca para que le fuera tutelado su derecho fundamental17

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de petición.

• Copia de la sentencia de tutela dictada presuntamente el “29 de junio de 2017” dentro del expediente N° 2017-02798-00 en la que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ampara el derecho fundamental de petición del

junio de 2017” dentro del expediente N° 2017-02798-00 en la que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ampara el derecho fundamental de petición del señor Lifare Yeison Bonilla Santos frente a la petición presentada por él, ante el Secretario Privado y Jefe de Seguridad del Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca el 27 de abril de 2017 […]

5.3 Del estado de salud y capacidades del actor

• Relación de órdenes, incapacidades y prescripciones médicas que fueron formuladas al señor Lifare Yeisson Bonilla Santos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en el mes de agosto de 2013, septiembre y noviembre de 2015, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2016, enero a diciembre de 2017 y enero a junio de 2018.

[…]

6. CASO CONCRETO

En el presente asunto, tenemos que el Patrullero Lifare Yeison Bonilla Santos a través del presente medio de control de nulidad solicita la nulidad de las actas de la Junta y el Tribunal Médico Laboral, así como de la resolución que dispuso su retiro por disminución de la capacidad sicofísica, pues asegura que tales decisiones no tuvieron en cuenta que sus afecciones ocurrieron en actos del servicio, se encuentra restablecido en sus funciones físicas y mentales, ha prestado sus servicios de manera eficiente y se desconoció su derecho a una estabilidad laboral reforzada y a ser reubicado dentro de la institución de form