CE - 010315000202302652001SENTENCIA20230620161709

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) mínimo vital, iv) dignidad humana y v) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

la sentencia de 17 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificad o con el número único de radicación 050013333033201700246-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reajuste de su asignación de retiro. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar a la entidad reliquidar su asignación de retiro, teniendo en cuenta el 100% del valor de la prima de actividad que devengó en el momento del retiro del servicio desde la vigencia de la Ley 797 de 29 d enero de 20032 y del Decreto 2070 de 25 de julio de 20033, antes de ser declarada inexequible, así como la Ley 923 de 30 de diciembre de 20044 y el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 20045; ii) ordenar el pago de lo dejado de percibir por el no cómputo del porcentaje adicional de la prima de actividad en la

Decreto 4433 de 31 de diciembre de 20045; ii) ordenar el pago de lo dejado de percibir por el no cómputo del porcentaje adicional de la prima de actividad en la asignación de retiro, del 28 de julio de 2003 al 6 de mayo de 2004, como periodo de vigencia del Decreto 2070 de 2003, y a partir del 1.º de enero de 2005 y a futuro, según el Decreto 4433 de 2004; y iii) ordenar el pago retroactivo de los valores adicionales, la indexación de las sumas, el pago de intereses moratorios o subsidiariamente intereses legales, condenar en costas y agencias en derecho a la demandada, y que la sentencia se liquide y pague de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. 3 "Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares". 4 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”. 5 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”3

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

Pública.”3

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

4. Señaló que , el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 15 de febrero de 20 19, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. La Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia de 17 de noviembre de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para abordar esta inconformidad, se inicia por señalar que al señor JOSÉ CRISTÓBAL CASTAÑO QUINTERO se le reconoció asignación de retiro mediante la Resolución 5204 del 1° de diciembre de 1977.

Del mencionado acto administrativo se extrae que la prestación fue reconocida con fundamento en el Decreto 609 de 1977, lo que llevó a conceder la asignación de retiro en los términos del artículo 58 del mismo Decreto, el cual, en lo que se refiere a las partidas computables, remite al artículo 55 del mismo cuerpo normativo […]”.

[…]

“[…] La parte actora estima que debido a las modificaciones introducidas por los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, el demandante se hizo acreedor al reajuste de la prestación, por virtud del principio de oscilación.

“[…] La parte actora estima que debido a las modificaciones introducidas por los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, el demandante se hizo acreedor al reajuste de la prestación, por virtud del principio de oscilación.

Esta Sala de Decisión se distancia de la tesis de la parte actora, en primer lugar, porque como se anunció en el marco normativo de esta sentencia, los artículos 23 de los Decretos reclamados no introducen modificaciones sobre el elemento salarial de la prima de actividad reconocida al personal que está en servicio activo. Lo que hacen los artículos 23 de los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 es fijar cuáles son las partidas computables para liquidar las asignaciones de retiro y pensiones del personal de la Policía Nacional […]”.

[…]

“[…] En segundo lugar, la Sala no comparte la postura de quien demanda porque, si en gracia de discusión se aceptara que los artículos 23 introducen una variación sobre el elemento salarial del personal activo, lo cierto es que sus postulados no son aplicables a quien demanda, por la potísima razón de que los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 contienen disposiciones para las prestaciones causadas a partir de su vigencia y no incorporan previsiones que permitan entre ver la volunta d del Gobierno Nacional por darles una aplicación retroactiva, esto es, para hechos o situaciones consolidadas antes de su vigencia.

Los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 reglamentan el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública a quienes abarca su campo de aplicación y en el marco de esa reglamentación introducen normas sobre las partidas computables

Los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 reglamentan el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública a quienes abarca su campo de aplicación y en el marco de esa reglamentación introducen normas sobre las partidas computables para la asignación de retiro de los agentes de la Policía Nacional, sin embargo, se4

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

entiende que esta normatividad se aplica a quienes consolidan su derecho desde su entrada en vigencia, dejando a salvo la protección de los derechos adquiridos, tal como lo prevé el artículo 2º de ambos cuerpos normativos […]”.

[…]

“[…] En orden a estos planteamientos, la antinomia normativa se resuelve en f avor de CASUR y en línea con la posición de la primera instancia, pues el régimen prestacional aplicable al caso es el vigente para el momento en que el señor Castaño Quintero adquirió su derecho prestacional, es decir, cuando se produjo su retiro del servicio activo.

Como se ha visto, el retiro del servicio del demandante se produjo en el año de 1977, momento para el cual la normatividad vigente reguladora de la asignación de retiro era el Decreto 609 de 1977, aplicado efectivamente por CASUR en cuanto a monto pensional y partidas computables […]”.

[…]

“[…] Además, en cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad por el hecho de que, en sentir de quien demanda, los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 incorporan mejores condiciones para el reconocimiento de la asignación de

[…]

“[…] Además, en cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad por el hecho de que, en sentir de quien demanda, los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 incorporan mejores condiciones para el reconocimiento de la asignación de retiro para la Fuerza Pública, debe recordarse que el artículo 13 de la Constitución Política protege la igualdad entre iguales y establece el principio de no discriminación infundada. Por tanto, un tratamiento distinto no constituye per se transgresión del derecho, pues lo determinante es establecer si dicha diferenciación tiene justificación y en este caso se está frente a sujetos objetivamente disímiles, por tratarse, de un lado, de aquellos que adquirieron el derecho a la asignación de retiro al amparo de normas anteriores a los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, bajo las exigencias de su propio régimen, y quienes lo han hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de los mismos, con las exigencias de estos últimos preceptos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la Corporación violado.

2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA PRIMERA DE ORALIDAD el 17 de noviembre de 2022 en el proceso con Rad. 05001 33 33 033 2017 00246 01.

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA PRIMERA DE ORALIDAD el 17 de noviembre de 2022 en el proceso con Rad. 05001 33 33 033 2017 00246 01.

3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de las normas laborales.5

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y restablecer mis derechos fundamentales […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] el Decreto 4433 de 2004, el mismo se debe aplicar al personal retirado y que gozaba de asignación de retiro con anterioridad a la expedición del mencionado Decreto , en lo referente al reajuste de la asignación de retiro y pensiones correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública o quienes las sustituyan. Es decir que, siendo del alcance de la Ley 923 de 2004 el reajuste de las prestaciones periódicas, es del al cance del Decreto 4433 de 2004 materializarlo […]”.

[…]

“[…] El Legislador acatando dichos mandatos y honrando compromisos internacionales expide la Ley 923 de 2004, y como se dijo más arriba, incluyó dentro del alcance del nuevo régimen en el Art. 1 el reajuste de las prestaciones sociales periódicas por retiro de la fuerza pública […]”.

[…]

internacionales expide la Ley 923 de 2004, y como se dijo más arriba, incluyó dentro del alcance del nuevo régimen en el Art. 1 el reajuste de las prestaciones sociales periódicas por retiro de la fuerza pública […]”.

[…]

“[…] El régimen contemplado en el sistema normativo entró en vigencia el 31 de diciembre de 2004, y como ya se dijo, dentro de su alcance contempla el reajuste de las prestaciones periódicas por retiro de la fuerza pública, entonces, lo que se pide es que se reajuste mi asignación de retiro a partir de la vigencia, el 31 de diciembre de 2004, y solo desde esa fecha hacia adelante, con sujeción a los criterios de respeto a los derechos adquiridos y el mantenimiento del poder adquisitivo, y no que ese reajuste se aplique surtiendo efectos desde el año 1977. Por tanto, no se solicita una aplicación retroactiva de la norma, sino que se apliquen los efectos que sobre el r eajuste contempla el sistema normativo a partir de la vigencia del mismo […]”.

[…]

“[…] No se viola el principio de inescindibilidad de la norma al reajustar mi asignación de retiro teniendo en cuenta el real porcentaje sobre el sueldo básico devengado como prima de actividad, pues, si bien el régimen implantado por la Ley 923 de 2004, en principio, trae unas exigencias mayores en tiempo de servicio para acceder al derecho a percibir una asignación de retiro o pensión, y ello implicaría que al reajustar la asignación de retiro bajo los parámetros de éste régimen se hiciera la exigencia de esos mayores tiempos debido a la prohibición de tomar parte de un

acceder al derecho a percibir una asignación de retiro o pensión, y ello implicaría que al reajustar la asignación de retiro bajo los parámetros de éste régimen se hiciera la exigencia de esos mayores tiempos debido a la prohibición de tomar parte de un régimen y parte de otro creando uno nuevo; la propia Ley 923 de 2004, y desde antes la Ley 4 de 1992, en el Art. 2 numeral 2.1, y el Art. 2 literal a), respectivamente, consagran el respeto por derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar las prestaciones sociales, entonces es el propio régimen legal, visto de forma sistemática, el que da lugar a que se reajusten las prestaciones periódicas sin que ello implique la renuncia a los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiri dos conforme a disposiciones anteriores o que se desmejore la prestación social periódica por retiro […]”.

[…]

“[…] Lo más acorde con la Constitución es que se reajuste mi asignación de retiro o pensión tomando como base de liquidación las partidas compu tables en su6

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

integridad, tal y como eran devengadas en el momento antes del retiro, con el fin de que i) el poder adquisitivo de la pensión sea proporcional al poder adquisitivo del salario devengado en actividad , y así la calidad de vida del miembro de la fuerza pública al pasar de la actividad al retiro no se vea considerablemente desmejorada afectando su mínimo vital o vida en condiciones dignas, ii) que no se desmejore el salario del trabajador y consecuencialmente su prestación social, iii)

fuerza pública al pasar de la actividad al retiro no se vea considerablemente desmejorada afectando su mínimo vital o vida en condiciones dignas, ii) que no se desmejore el salario del trabajador y consecuencialmente su prestación social, iii) que se supe re la desigualdad con sus colegas que se retiraron con posterioridad y a los que si se les liquido su prestación periódica tomando en su integridad las partidas computables, y iv) que la pensión sea acorde con el esfuerzo realizado en actividad […]”. (Resaltado por la Sala)

8. El actor hizo referencia a las siguientes providencias:

• “[…] Consejo de Estado, Sentencia del 12 de abril de 2012 Rad. 11001032500020060001600, Sentencia del 28 de febrero de 2013 Rad. 11001032500020070006100, y Sentencia del 23 de octubre de 2014 Rad. 11001032500020070007701 […]”.

• “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 12 de abril de 2012, Rad. 11001032500020060001600,

Consejero Ponente: ALFONSO VARGAS RINCÓN […]”.

• “[…] Con sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 28 de febrero de 2013, Rad.

11001032500020070006100, Consejera Ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ

DE PÁEZ […]”.

• “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 23 de octubre de 2014 Rad.

11001032500020070007701, Consejero Ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ

DE PÁEZ […]”.

Segunda, Sentencia del 23 de octubre de 2014 Rad. 11001032500020070007701, Consejero Ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ

DE PÁEZ […]”.

• “[…] Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU 415 del 02 de julio de 2015, Exp T4367976, Magistr ada Ponente: MARÍA VICTORIA

CALLE CORREA […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de7

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud de tutela.

10.1. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta la manifestación de la parte actora, considera el suscrito que no puede endilgarse a esta Corporación algún tipo de vulneración a los derechos

de tutela.

10.1. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta la manifestación de la parte actora, considera el suscrito que no puede endilgarse a esta Corporación algún tipo de vulneración a los derechos fundamentales de la demandante, toda vez que la sentencia proferida el día 17 de noviembre de 2022, se encuentra plenamente fundamentada en derecho, así como en el ordenamiento jurídico y jurisprudencia vigente, de tal forma que no se demuestra por el tutelante que se haya incurrido en un defecto sustantivo, que es la causal a la que más podría acercarse lo dicho por el tutelante.

Es necesario advertir, que la parte actora toma esta acción de tutela, como una tercera instancia, ya que el análisis jurídico que realiza está enfocado en el desacuerdo con las sentencias ordinarias proferidas en primera y segunda instancia que negaron las pretensiones de la demanda, sin lograr demostrar algún defecto que haga procedente este mecanismo constitucional […]”.

[…]

“[…] Debe insistirse en que la acción de tutela no es una nueva instancia y que está encaminada realmente a la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo que en este caso, los argumentos del accionante y las actuaciones surtidas por esta Corporación, no permiten evidenciar la existencia de una causal específica de procedibilidad de la acción ni se logra corroborar la transgresión de los derechos fundamentales del demandante […]”.

11. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín rindió

informe en los siguientes términos:

“[…] La parte actora aduce que se configuran unos defectos respecto de las providencias proferidas por este Despacho y el Tribunal Administrativo de Antioquia,

informe en los siguientes términos:

“[…] La parte actora aduce que se configuran unos defectos respecto de las providencias proferidas por este Despacho y el Tribunal Administrativo de Antioquia, frente a lo cual, este Despacho evidencia que la parte accionante pretende revivir una discusión propia de la instancia, como lo es la aplicación de una norma en virtud del principio de favorabilidad, sin que la acción de tutela pueda convertirse en una tercera8

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

instancia, dado el carácter subsidiario de este mecanismo. En efecto, el actor disiente de las conclusiones en relación con la ausencia de vulneración al derecho a la igualdad y aplicación del principio de favorabilidad, no obstante, no es la acción de tutela el escenario para exponer disensos contra las decisiones judiciales, sino bajo defectos específicos cuya configuración no se observa […]”.

22. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó coadyuvar a l a Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que “[…] comparte el criterio del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en segunda instancia, por encontrarse en derecho, teniendo en cuenta que confirmo

(sic) la sentencia de primera instancia […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

Cuestión previa

De la coadyuvancia

14. La Sala encuentra que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional presentó escrito de coadyuvancia en el que consideró que “[…] comparte el criterio del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en segunda instancia, por encontrarse en derecho, teniendo en cuenta que confirmo (sic) la sentencia de primera instancia […]”.

15. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […] ”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta comparti r reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”10.

16. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros

una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”10.

16. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios

derechos. Esto dijo textualmente11:

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mu cho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción

10 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 11 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.10

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acci ón de tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez

fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acci ón de tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la co sa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podr ían ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturaliz aría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).

17. En este sentido, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional está legitimada para intervenir como coadyuvante de la Sala Primera de Oralidad del

Tribunal Administrativo de Antioquia.

Problemas jurídicos

17. En este sentido, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional está legitimada para intervenir como coadyuvante de la Sala Primera de Oralidad del

Tribunal Administrativo de Antioquia.

Problemas jurídicos

18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a viii)11

Núm. único de radicación: 110010315000202302652-00

Actor: José Cristóbal Castaño Quintero

resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania

se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela