CE - 010315000202302751001SENTENCIA20230622094108

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

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TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR

CARECER DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE LA

ACTORA CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MONTERÍA 1 y la SECCIÓN TERCERA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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Adujo que con la Resolución núm. 16858 de 2 de mayo de 2007 , finalmente se le reliquidó la pensión de vejez al señor JOSÉ MILLER RINCÓN en cuantía de $ 946.413.75, efectiva a partir del 1o. de enero de 2004, con la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, incluyéndosele las doceavas partes de las primas de vacaciones, navidad, servicios y bonificación por servicios.

Manifestó que el señor JOSÉ MILLER RINCÓN promovió demanda en su contra en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener la reliquidación de la pensión vejez conforme a la Ley 32 de 1986, con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio; adicionando la prima de riesgo y el subsidio de alimentación.

Relató que proceso se identificó con el número único de radicación 23001-33-33-006-2017-00778-00 y le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería que, en sentencia de 31 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar la pensión de vejez del señor JOSÉ MILLER RINCÓN con el 75% del promedio de los factores

de 31 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar la pensión de vejez del señor JOSÉ MILLER RINCÓN con el 75% del promedio de los factores acreditados en el último año de servicios, incluyendo el subsidio por5

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alimentación que se encuentra enlistado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Indicó que contra la anterior providencia la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, a través de la sentencia de 18 de noviembre de 2022 , confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo en la medida en que el señor JOSÉ MILLER RINCÓN no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez amparado en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, pues dichas normas no le son aplicables, ya que su derecho pensional no se consolidó durante la vigencia de esta, pues los 20 años al servicio del INPEC los acreditó el 30 de septiembre de 2003,

de 1978, pues dichas normas no le son aplicables, ya que su derecho pensional no se consolidó durante la vigencia de esta, pues los 20 años al servicio del INPEC los acreditó el 30 de septiembre de 2003, momento para el cual ya había perdido vigor el decreto en mención; por lo anterior la norma aplicable para la situación pensional del causante era la Ley 100 de 1993, articulo 36, y los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.6

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Resaltó que se configuró un abuso palmario del derecho con ocasión de la errada interpretación de las normas por parte de JUZGADO y el TRIBUNAL, lo que llevó a que se reconociera una pensión de vejez con fundamento en una norma que no era aplicable al caso objeto de estudio, generando con ello una afectación al erario.

Finalmente, refirió que se incurrió en una violación directa de la Constitución al darle un alcance ilegítimo e ilegal a la Ley 4ª de 1966 y al Decreto 1045 de 1978, lo que se traduce en el desconocimiento de los artículos 29 y 229 de la Carta Política.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al

y al Decreto 1045 de 1978, lo que se traduce en el desconocimiento de los artículos 29 y 229 de la Carta Política.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera y, en consecuencia, que se acceda a las siguientes pretensiones:

“[…] PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN por el evidente detrimento del erario que se generó con los fallos controvertidos en razón a la reliquidación prestacional superior al que realmente tiene derecho.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:7

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a.- DEJAR sin efectos los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18 de noviembre de 2022 dictados por el JUZGADO SEXTO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA

de noviembre de 2022 dictados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001333300120170077800, en razón a que aplicó a la prestación del causante, de manera errada la ley 4 de 1966 y el decreto 1045 de 1978, para efectos de determinar el IBL y los factores sal ariales integrantes del mismo, desconociendo así que el único régimen pensional que le era aplicable para ese tema era el del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues él causante adquirió su estatus de pensionado en el año 2003, lo que implica que solo podí an tenerse en cuenta para la liquidación del IBL los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 devengados en el tiempo que le hiciere falta para acceder a la prestación si este fuere inferir a 10 años, lo que hace que desconocer esta situación genere no solo una errada interpretación de la norma que debía regir el caso del señor JOSÉ MILLER RINCÓN sino que se desconozcan las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que determinan el IBL y los factores Salariales que se tienen en cuenta para liquidar las prestaciones de las personas sujetas al régimen de transición, contenida en las sentencias SU 395 de 2017, T494 de 2017, T328 de 2018, T039 de 2018 y decisión del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado dentro del proceso

SU 395 de 2017, T494 de 2017, T328 de 2018, T039 de 2018 y decisión del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, y que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en las órdenes impartidas.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN , dictar nueva sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a las sentencias de Unificación tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado relacionadas en este escrito, esto es revocando la sentencia dictada por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:8

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Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados

por el JUZGADO SEXTO ADMIN ISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MONTERÍA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera transitoria los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18 de noviembre de 2022 dictados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001333300120170077800, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO, el TRIBUNAL y el señor JOSÉ MILLER RINCÓN, este último vinculado como tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma de la presente acción constitucional, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que9

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que9

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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos

el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra p rovidencias judiciales,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.10

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cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo5.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02201-01.11

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la def ensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constituc ional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonab le y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia12

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolo ngarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo13

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinc ulante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución. […]”

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 31 de marzo y 18 de noviembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, a través de las cuales se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 23001-33-33-006-2017-00778-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de14

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sostenibilidad financiera, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) determinar si el JUZGADO y el TRIBUNAL vulneraron los derechos fundamentales invocados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19916, sostiene que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".15

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efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

Asimismo, esta Sección7 respecto de este requisito de subsidiariedad ha señalado:

“[…] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite 8; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios9; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”10”.11

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el dere cho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el dere cho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600. 8 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras. 9 Al respecto, la sentencia C -590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C -590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.

jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017.16

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que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado12:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede su perponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción pr ocede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el requisito de la subsidiariedad, la

instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción pr ocede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el requisito de la subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de u n perjuicio irremediable.

12 Sentencia T-030 26 de enero de 2015.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00

Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

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Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensi dad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que

equivale a una gran intensi dad del daño o menoscabo material o moral en el