CE - 010315000202302830001SENTENCIA20230622162536

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02830-00

Demandantes: SAMUEL JOSÉ OLIVEROS GAMBOA

Y ÁLVARO OLIVEROS CASTELLANOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra providencia judicial . Improcedencia de la acción por falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

2. Con escrito enviado el 29 de mayo de 2023 al aplicativo Samai del Consejo de Estado1, los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos , instauraron una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con

2. Con escrito enviado el 29 de mayo de 2023 al aplicativo Samai del Consejo de Estado1, los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos , instauraron una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con el objetivo de ob tener la protección de los derechos fundamentales al debido Proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad procesal ante la ley, a la buena fe, a la confianza legítima, a la prevalencia de las garantías proc esales de la población de estratos socioeconómicos bajos, a la vivienda digna y ‘cualquier otro derecho que se establezca como amenazado o vulnerado’.

3. La parte actora consideró violadas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 10 de junio de 2021 2, proferida por la autoridad judicial

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto el expediente de la referencia el 29 de mayo de 2023. En la misma fecha, el expediente pasó al despacho para proveer sobr e la admisión de la demanda de tutela. 2 Corregida mediante providencia del 1 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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2 accionada, que modificó la decisión de primera instancia del Juzgado Séptimo

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2 accionada, que modificó la decisión de primera instancia del Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué que había accedido parcialmente a las pretensiones de la acción de grupo ejercida por la De fensoría del Pueblo Regional Tolima, en representación de los tutelantes y otros , en contra del municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué, radicado 73001-33-31-007-2011-00196-01.

4. En síntesis, se controvierten las órdenes del ad quem que modificar on los valores a pagar por concepto de la indemnización de perjuicios materiales causados al grupo y, en concreto, a los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos, por la mora en la entrega de las viviendas del proyecto urbanización Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué.

1.2. Pretensiones

5. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron lo siguiente:

2. Que como consecuencia de lo anterior, se Deje sin Valor y Sin Efectos Jurídicos los numerales Primero, y Segundo del resuelve de la Sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal accionado, que modifico los numerales segundo y cuarto de la sentencia del 14 de diciembre de 2016, proferida por el juzgado séptimo administrativo oral del circuito judicial de Ibagué, mediante los cuales Revoco y/o Negó los Perjuicios Morales, y los cambio por

de diciembre de 2016, proferida por el juzgado séptimo administrativo oral del circuito judicial de Ibagué, mediante los cuales Revoco y/o Negó los Perjuicios Morales, y los cambio por Perjuicios materiales, Declaro la conformación del Subgrupo 4.24,en el que ubico al hogar de los accionantes, y dispuso No condenar en costas de segunda instancia; así mismo se Deje sin Valor y Sin Efectos Jurídicos los numerales Quinto y Sexto de la Sentencia del 14 de diciembre de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Cir cuito de Ibagué, mediante los cuales se Resolvió condenar al pago de las costas, no obstante lo anterior, no se tuvo en cuenta al actor hoy accionante y en segunda instancia no se condenó pese a que las demandadas fueron vencidas en juicio, lo que conlleva a evidenciar una desigualdad injustificada toda vez que los accionantes desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del mismo y hasta el 06 de octubre de 2022, tuvimos apoderado de confianza quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del mi smo, por lo que tenemos legítimo derecho a que se nos renazcan las mismas de manera equitativa; Resolvió Negar las demás pretensiones de la demanda.

3. Por lo tanto, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar, el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de junio de 2021, mediante el cual erradamente se Declaró Administrativamente Responsables al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, por los perjuicios materiales ocasionados a las personas integrantes del grupo confor mado por los

Administrativamente Responsables al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, por los perjuicios materiales ocasionados a las personas integrantes del grupo confor mado por los demandantes, por cuanto los mismos, se advierte el error, en cuanto ya habían sido resueltos en primera instancia, en el sentido de mantener el numeral Tercero de la Sentencia de Primera Instancia que acertadamente Resolvió Condenar al Municip io de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, a reconocer y pagar los perjuicios materiales, corrigiendo y/o modificando el error en que si se incurrió en el caso individual del subgrupo 4.24, en el cual se ubicó al hogar accionante en aras de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales invocados.

4. Como consecuencia de lo anterior, Disponer y Ordenar corregir y/o modificar la errada actuación del Tribunal accionado, que confundió los numerales Segundo y Tercero del Resuelve de la Sentencia de Primera Instancia, que declaran y condenan perjuicios morales y materiales, en el sentido de mantener con valor y efectos jurídicos el numeral Segundo de la Sentencia de Primera Instancia que Declaro Administrativamente Responsables al Municipio de Ibagué y, a la Gestora Urbana de Ibagué, por los Perjuicios Morales ocasionados, subjetivados y objetivados al menos en el caso individual del hogar de Samuel José Oliveros Gamboa, y que los mismos sean tasados, reconocidos y pagados en el menor tiempo posible.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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5. Como consecuencia, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar el Subgrupo 4.24, en el que ubico al hogar accionante y le cuantifico la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales por concepto de cánones e arrendamiento, en el sentido de q ue se modifique la supuesta fecha limite 31 de marzo de 2015, y reconozca el inmueble hasta la fecha no ha sido entregado y como en derecho corresponde, que por tanto, la fecha límite para efectos de reconocer la indemnización sea hasta la fecha en que se haga la entrega física, real y efectiva de la vivienda, que los valores a reconocer por concepto de cánones de arrendamientos, sean reconocidos, liquidados y pagados conforme a las pruebas aportadas el proceso, contrato de arrendamiento y/o recibos de pago de los mismos, garantizándole en los términos de la sentencia de tutela que se profiera, los derechos fundamentales al hogar accionante.

6. Disponer y Ordenar, que en el evento de que las entidades condenadas al momento de proferirse la decisión judicia l que resuelva la presente acción de tutela, continúen incumpliendo la providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada del 01 de diciembre de 2022, que corrigió la sentencia del 10 de junio de 2021, mediante la cual se adiciono un numeral,

la providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada del 01 de diciembre de 2022, que corrigió la sentencia del 10 de junio de 2021, mediante la cual se adiciono un numeral, Ordenando a las entidades condenadas que procedan de manera Inmediata procedan a realizar la restitución y entrega física, real y efectiva del inmueble, se Ordene en el caso individual, la Devolución en el menor tiempo posible el 100% del valor de la vivienda, debid amente indexado a la fecha en que efectivamente sea devuelto.

7. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del numeral Segundo de la Sentencia se segunda instancia, mediante el cual, se resolvió No condenar en costas de segunda instancia, y en su lugar se ordene la respectiva condena a las entidades condenadas al pago de las mismas, como en derecho corresponde.

8. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del Numeral Quinto de la Sentencia de primera Instancia, mediante el cual se resolv ió condenar a las entidades demandas a pagar las costas procesales, en el sentido de que se tenga en cuenta al hogar de los accionantes, en el entendido que tienen derecho a beneficiarse de la condena en costas y agencias en derecho, asunto que los juzgadores de primera y segunda instancia, no los tuvieron en cuenta, dado que lo anterior conlleva a evidenciar una desigualdad injustificada toda vez que los accionantes desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del mismo y hasta el 06 de octubre de 20 22, tuvimos apoderado de confianza, quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del poder conferido, por lo que tenemos legítimo derecho a que se ordene que se nos reconozcan las mismas de manera equitativa.

tuvimos apoderado de confianza, quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del poder conferido, por lo que tenemos legítimo derecho a que se ordene que se nos reconozcan las mismas de manera equitativa.

9. Disponer y Ordenar, la corrección y/ o modificación del numeral Sexto de la sentencia de primera instancia, mediante el cual, se niegan las demás pretensiones de la demanda, y en su lugar se Ordene lo pertinente, como en derecho corresponde. 10°. Disponer y Ordenar las demás correcciones y/o modificaciones que el Señor Juez de Tutela, considere conducente decretar para un mejor proveer (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

1.3. Hechos

6. La Sala encontró demostrados los siguientes supu estos fácticos relevantes

para la decisión que se adoptará en la sentencia:

7. El municipio de Ibagué y la Gestora Urbana fueron designados como oferentes del proyecto inmobiliario de vivienda de interés social denominado Nueva Castilla en esa localidad, donde el valor de cada vivienda era de $17.417.595.

8. Tanto los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos. como los que conforman el grupo, fueron beneficiarios del subsidio deDemandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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4 vivienda de interés social y debían pagar una suma de dine ro como ahorro programado para adquirir la vivienda correspondiente.

9. Los beneficiarios realizaron los pagos y la Gestora Urbana efectuó el correspondiente sorteo de adjudicación, asign ándole a cada uno una vivienda y, posteriormente, suscribió con ellos u n contrato de promesa de compraventa, dentro del cual se acordó que la escritura pública de la compraventa sería otorgada el 31 de enero de 2010, momento en el cual se les haría la entrega material de los inmuebles.

10. En concreto, frente al señor Samuel Jos é Oliveros, la Gestora Urbana, en la

cláusula sexta se obligó a:

“(1) entregar el inmueble libre de embargos, pleitos pendientes, demandas civiles, gravámenes, censos, anticresis, contratos de arrendamiento por escritura pública, desmembraciones, condiciones resolutorias, (2) en paz y a salvo por concepto de servicios públicos del inmueble y en paz y a salvo por todo concepto de impuestos, tasas, contribuciones de todo orden, y (3) salir al saneamiento de la venta del inmueble, en los casos de ley y espec ialmente a responder por cualquier gravamen o acción real que resulte en contra del derecho de dominio que transfiera al promitente comprador, así como a responder por los perjuicios que tales acciones llegaren a causar al promitente comprador”.

11. La Gesto ra Urbana incumplió con el plazo pactado para llevar a cabo la

transfiera al promitente comprador, así como a responder por los perjuicios que tales acciones llegaren a causar al promitente comprador”.

11. La Gesto ra Urbana incumplió con el plazo pactado para llevar a cabo la entrega de las viviendas , por lo que a 21 de enero de 2011 , aquellos predios habían sido invadidos de forma ilegal por familias que no eran las beneficiarias del subsidio y del proyecto Nueva castilla.

12. A través de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, las víctimas de la situación descrita, ejercieron la acción de grupo contra el municipio de Ibagué y la Gestora Urbana, con el objeto de obtener ya sea la entrega de una vivienda digna, en condiciones habitables de higiene y construcción; o la devolución del 100% de los de los valores pagados para que pudieran a dquirir un nuevo predio. Además, reclamaron el pago de los perjuicios causados con la tardanza en la entrega de los bienes, aquella re paración debía ser equivalente al valor de los cánones de arrendamiento que pagaron los demandantes.

13. En primera instancia, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, divid ió el grupo en subgrupos según los periodos durante los cuales tuvieron que asumir los pagos del arrendamiento de otras viviendas por la tardanza en la entrega de Nueva Castilla y accedió

parcialmente a las pretensiones, así:

(i) Declaró no probadas las excepciones denominadas “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Indebida formulación de pretensión”, “Inexistencia de perjuicios”, “Inexistencia de respecto del hecho generador del

(i) Declaró no probadas las excepciones denominadas “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Indebida formulación de pretensión”, “Inexistencia de perjuicios”, “Inexistencia de respecto del hecho generador del daño (sic)”, “Carga de la prueba”, “Inexistencia de falla en el servicio”, “Hecho exclusivo de un tercero” y “Excepción genérica”, propuestas por el municipio deDemandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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5 Ibagué.

(ii) Declaró administrativamente responsables al municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, por los perjuicios morales ocasionados a los integrantes del grupo, en consecuencia, los co ndenó a pagarles la tasación que se efectuó a cada subgrupo. Esto tomando como base, la fecha pactada para la entrega de los bienes y el lapso que transcurrió mientras se superaba la ocupación ilegal.

(iii) En el caso puntual del señor Samuel José Oliveros Gamb oa, se estableció una indemnización equivalente al monto de los cánones de arrendamiento que tuv o que soportar. Además, se señaló que aquel ha sido renuente a recibir la vivienda porque considera que aquella no cuenta con las condiciones de habitabilidad p rometidas, por lo que el valor de la reparación no incluyó el tiempo que transcurrió con la negativa del beneficiario a tomar el bien.

renuente a recibir la vivienda porque considera que aquella no cuenta con las condiciones de habitabilidad p rometidas, por lo que el valor de la reparación no incluyó el tiempo que transcurrió con la negativa del beneficiario a tomar el bien. Agregaron que respecto de la entrega de la vivienda y del perjuicio por daño al proyecto de vida del señor Oliveros Gamboa no se pronunció el juez.

(iv) El a quo negó la pretensión consistente en la devolución del valor de las viviendas porque consideró que este resultaría irrisorio para que estas familias afectadas pudieran adquirir vivienda, por lo que procedía era la entrega material de dichos bienes.

14. La anterior decisión fue apelada por las partes, en concreto, el señor Samuel Oliveros Gamboa, reclamó el reajuste del reconocimiento económico efectuado por concepto de indemnización porque lo conside ró inferior al monto que h abía pagado por los cánones de arrendamiento. Además, solicitaba que se ampliara el periodo a contabilizar para efectos de tasar la reparación porque él se había negado a recibirla y que tampoco estaba demostrado que aquella se hubiere entregado. De ahí qu e insistiera en que se le devolviera el 100% de lo pagado por el predio m ás los intereses corrientes y moratorios.

15. En sentencia del 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y modific ó los lineamientos para efectuar el reconocimiento de los perjuicios a título de daño emergente, por lo que varió la fecha de estructuración del daño , el cual abarcaría hasta que se comprobara la entrega real, efectiva y material de las viviendas a los acc ionantes.

para efectuar el reconocimiento de los perjuicios a título de daño emergente, por lo que varió la fecha de estructuración del daño , el cual abarcaría hasta que se comprobara la entrega real, efectiva y material de las viviendas a los acc ionantes. Además, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida porque ya lo había hecho el a quo.

16. El señor Samuel Oliveros Gamboa solicitó la corrección del fallo del Tribunal accionado porque omitió incluirlo en las órdenes sobre la entrega real, material y efectiva del bien y no actualizó las sumas reconocidas como perjuicios.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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17. En auto del 1.º de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima, decidió adicionó la providencia del 10 de junio de 2021 , en el sentido de ordenarle al

municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana:

que procedan en forma inmediata, si aún no lo han hecho, a realizar la entrega física, real y efectiva de la vivienda adjudicada al señor Samuel José Oliveros Gamboa en la Urbanización “Nueva Castilla”, en las mismas con diciones entregadas a los demás adjudicatarios, mediante los actos administrativos de su competencia y/o las acciones policivas a que hubiera lugar, en orden a obtener la restitución y el desalojo de las personas que se encuentran ocupando la

“Nueva Castilla”, en las mismas con diciones entregadas a los demás adjudicatarios, mediante los actos administrativos de su competencia y/o las acciones policivas a que hubiera lugar, en orden a obtener la restitución y el desalojo de las personas que se encuentran ocupando la unidad de viv ienda, si aún persiste la invasión, deberán proceder respetando las reglas establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional T -740 de 2012, en caso que sus ocupantes, constituyan población vulnerable o se encuentren en estado de debilidad manifiesta o constituyan sujetos de especial protección constitucional

18. Además, la autoridad judicial negó “la solicitud de corrección respecto de la actualización de las sumas de dinero, al estar plenamente incluida en el resuelve de la providencia objeto de la petición”.

19. La parte actora afirmó que las entidades no han dado cumplimiento a la restitución y entrega física del inmueble y tampoco han pagado la indemnización.

20. En este punto, se refirió que el señor Samuel José Oliveros Gamboa, de 37 años de edad, fue d iagnosticado con esquizofrenia paranoide y ha recibido atención médica (por ejemplo, en los años 2018 y 2020, fue necesario que lo hospitalizaran en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué). Afirmaron que este padecimiento le ha causado “desorientación y retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo, tal como lo acreditamos con los anexos de pruebas, no tiene ingresos ni rentas, no es pensionado ni tiene expectativas de pensionarse ”. En cuanto al señor Álvaro oliveros Castellanos, de 62 años de edad, se señaló que aquel “ no tiene

rentas, no es pensionado ni tiene expectativas de pensionarse ”. En cuanto al señor Álvaro oliveros Castellanos, de 62 años de edad, se señaló que aquel “ no tiene ingresos ni rentas, no es pensionado ni tampoco tiene expectativas de pensionarse, pagamos arriendo”.

21. Con base en lo anterior, advirtieron que se encuentran en condiciones económicas precarias y frente a un perjuicio irremediable, toda vez que “hemos venido siendo relevados de statu quo de indefinición, no tendríamos ningún medio para recuperar los derechos fundamentales violados y/o amenazados, por cuanto los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de los accionantes se encuentran agotados tal como lo demostraremos con los anexos de pruebas, razones por las cuales solicitamos protección constitucional”.

1.4. Fundamentos de la vulneración

22. La parte actora afirmó que el Tribunal A dministrativo del Tolima debió acceder a lo pedido por el señor Samuel Oliveros Gamboa, en el sentido de ampliar el reconocimiento de los perjuicios morales en cuanto al valor de los cánones de arrendamiento y la devolución del 100% del valor de los predio s. Consideró que debió accederse a la condena en costas a la parte vencida en segunda instancia.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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23. A partir de la anterior premisa los demandantes le endilgaron a la providencia

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23. A partir de la anterior premisa los demandantes le endilgaron a la providencia censurada los defectos procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del

precedente judicial. A su juicio:

“El Tribunal accionado en el caso individual de los accionantes, actuó completamente al margen del procedimiento establecido configurándose el Defecto Procedimental Absoluto, que por su gravedad, tornan insostenible e l fallo cuestionado al ser incompatible con los preceptos constitucionales. Con lo cual se incurrió en defecto sustantivo porque la decisión judicial tiene como fundamento, una norma que no es aplicable, porque no es pertinente, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador, pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso individual y concreto, no se encuentra prima facie, dentro del margen de interpretación razonable, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente, claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, se aplicó una norma jurídica de manera manifiest amente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable, no tomo en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva y contraria a la c onstitución, el poder concedido al juez por el

definido su alcance con efectos erga omnes, la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva y contraria a la c onstitución, el poder concedido al juez por el ordenamiento se utilizó para un fin no previsto en la disposición, decisión se fundó en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso, se descon oció la norma del ordenamiento jurídico constitucional aplicable al caso, y porque la actuación no e stá justificada en forma suficiente de manera que se vulneraron derechos fundamentales”.

24. Para los demandantes, la segunda instancia les vulneró e l debido p roceso y contraría la jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sobre la forma en que se deben liquidar los perjuicios . Para ello, citó las sentencias de la Sección Tercera del 29 de octubre de 2015, exp.2002 -0035; de 26 de enero de 2006, exp. 2002-00614-01; y de 26 de febrero de 2006, exp. 200100213.

25. Según los accionantes, el Tribunal “negó injustificadamente los daños y perjuicios materiales e inmateriales a los demandantes e individualmente al actor Samuel Oliveros” y, con esa decisión, desconoció la presunción de daño moral y los topes con los que se indemniza3.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Mediante auto del 30 de mayo de 2023 , la magistrada ponente admitió el mecanismo de amparo y ordenó notificar a la parte actora y, como parte accionada, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima . También vinculó como

mecanismo de amparo y ordenó notificar a la parte actora y, como parte accionada, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima . También vinculó como

3 Citó las sentencias del 28 de agosto de 2014, exp.26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio. 27709 M.P. Ca rlos Alberto Zambrano y 32988. M.P. Ramiro Pazos Guerreo. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp.31172. M.P. Olga Melida Valle de De La Hoz. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2006, exp. 20 01-00213. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, sentencia de 15 de agosto de 2007, exp.2003 -00385. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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8 terceros con interés al Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, a los demandantes del proceso n.° 73001-33-31-007-2011-00196-01, al municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué.

27. Además, se requirió a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, que

demandantes del proceso n.° 73001-33-31-007-2011-00196-01, al municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué.

27. Además, se requirió a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, que representó al grupo en el trámite del proceso n.° 73001-33-31-007-2011-00196-01, para que, le informara a esta corporación sobre las personas qu e hacen parte del referido grupo, así como la dirección electrónica de contacto de aquellos. Esto con el fin de que la Secretaría General de esta corporación realizara la notificación de aquellos.

28. Igualmente, se ordenó publicar en la página web de esta co rporación la copia digital de la demanda de tutela junto con los anexos y de la providencia de la admisión del amparo, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés, conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

29. En cumplimiento de lo anterior, la parte actora informó “ que en la Urbanización Nueva Castilla, el grupo demandante tienen un veedor designado para el proceso de acción de grupo y es el señor José Jhon Deiver Ortiz Henao, por in termedio de quien puede resultar adecuado y eficaz obtener mayor información relacionada con las direcciones de los integrantes del grupo y/o surtir las correspondientes notificaciones”.

30. Con base en lo indicado por los demandantes, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó de las actuaciones al veedor del proceso de la acción de grupo, el señor José Jhon Deiver Ortiz Henao.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la siguiente contestación:

grupo, el señor José Jhon Deiver Ortiz Henao.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la siguiente contestación:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima

31. El magistrado ponente de la s decisiones acusadas, en primer lugar, se opuso al amparo. Consideró que pretende utilizarse esta acción como si se tratara de una instancia judicial adicional al reiterar los argumen tos de la apelación, lo cual significa que se pretende reabrir el debate jurídico que culminó con las providencias que pusieron fin a la acción de grupo.

32. En segundo lugar, señaló que la providencia censurada no configuró ninguno de los defectos endilgados porque está sustentada en las normas y jurisprudencia aplicables, así como en el material probatorio aportado al expediente.Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

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