CE - 010315000202302836011SENTENCIA20231127145037

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02836-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: JAIME CASTIBLANCO BARBOSA

TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO QUE AMPARÓ EL

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DEL ACTOR Y, EN

SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO

POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ, TAL

COMO LO ALEGÓ EL DPS DENTRO DEL ESCRITO DE IMPUGNACIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -en adelante DPScontra la sentencia de 19 de julio de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE2

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Actor: JAIME CASTIBLANCO BARBOSA

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ESTADO1 que amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JAIME CASTIBLANCO BARBOSA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la providencia de 13 de octubre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002342000-201504848-01, promovido por el actor contra el DPS.

I.2.- Hechos

1 En adelante la SECCIÓN QUINTA. 2 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.3

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Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DPS, con el fin de

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Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DPS, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio F-OAP-021-MEN-V04 de 25 de marzo de 2015 y , en su lugar, se reconociera la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales.

Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2015-04848-00 y le correspondió por reparto a la Sección Segunda -Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 que, en sentencia de 21 de junio de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones y condenó a la demandada al pago total de las prestaciones sociales desde el 6 de septiembre de 2001 al 3 de abril de 2012, declarando los contratos realidad sin solución de continuidad por esas fechas.

Expuso que el DPS interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que, a través de providencia de 13 de octubre de 2022, modificó el numeral segundo de la sentencia y, en su lugar , declaró la prescripción de los contratos

3 En adelante el TRIBUNAL.4

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realidad del 1o. de julio de 2006 hacia atrás.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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realidad del 1o. de julio de 2006 hacia atrás.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la providencia cuestionada la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto fáctico, al dejar de valorar los otrosíes que prorrogaron el Contrato 182 de 2005 hasta el 30 de junio de 2006, lo que demostraba que no operó la prescripción en el asunto.

Señaló que en los alegatos de conclusión alegó la existencia de dichos otrosíes, sobre los cuales precisamente se fundamentó el TRIBUNAL para emitir sentencia de primera instancia, dado que en el escrito de demanda, en el acápite de pruebas , relacionó la “certificación de contratos expedida por DPS”, en el que se observan las dos prórrogas del contrato hasta el 30 de junio de 2006.

Adujo que a folio 44 del expediente se observa el Otrosí núm. 1 al Contrato 182 de 2005, que prorrogó la duración de este hasta el 28 de febrero de 2006 y, a folio 48 obra el Otrosí núm. 2, por medio del cual se prorrogó nuevamente el contrato hasta el 30 de junio de ese año, junto con las pólizas respectivas y sus cartas de aprobación por5

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parte del DPS.

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parte del DPS.

Advirtió que no se configura ninguna de las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, para la procedencia del recurso extraordinario de revisión y, además, el asunto goza de relevancia constitucional, en la medida en que la SECCIÓN SEGUNDA desnaturalizó la existencia de una relación laboral de más de 12 años a través de supuestos contratos de prestación de servicios, lo cual de por sí ya generaba un perjuicio a sus derechos como trabajador.

Finalmente, puso de presente que también se cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada le fue notificada el 7 de diciembre de 2022.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, que:

“[…] Se revoque la sentencia del CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A, Con ponencia del MAGISTRADO: Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, que modificó el numeral segundo del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia6

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de segunda instancia del 13 de octubre del 2022, de acuerdo al recurso de apelación interpuesto por el DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL. con radicado No.2500023420002015000484801.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, Con ponencia del MAGISTRADO: Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS se confirme la sentencia del 26 DE JUNIO DEL 2019 DE PRIMERA INSTANCIA, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN B, M.P.

ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS, dentro del medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, que decretó la existencia de un contrato realidad desde el 06 de septiembre del 2001 al 03 de abril 2012, sin solución de continuidad ENTRE JAIME CASTIBLANCO BARBO SA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PROPSPERIDAD SOCIAL, con radicado No.2500023420002015000484800 y condenando a la entidad […]”

I.6.- Defensa

I.6.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que no es de tal acierto que hubiese desconocido los derechos fundamentales del actor y, por

I.6.- Defensa

I.6.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que no es de tal acierto que hubiese desconocido los derechos fundamentales del actor y, por el contrario, aseguró que de la lectura de la providencia cuestionada puede observarse el respeto absoluto que se tuvo de la Constitución Política y de las normas aplicables al caso.

Agregó que, en todo caso, lo que pretende el actor es que el juez constitucional examine nuevamente el material probatorio que7

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aportó con la demanda ordinaria y, así, se le permita acceder a una tercera oportunidad de revisión del asunto.

Aseveró que en la sentencia cuestionada se llevó a cabo un análisis riguroso y exhaustivo de cada una de las pruebas arrimadas al proceso bajo las reglas de la sana crítica, de tal forma que no hay fundamento alguno que respalde la acusación de un examen viciado o caprichoso de estas , máxime cuando, tal como lo aduce el actor, fue hasta los alegatos de conclusión que se allegaron los dos otrosíes, etapa procesal que no está concebida para tales efectos.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia o, e n el evento que se conozca de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia o, e n el evento que se conozca de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

I.6.2.- El DPS, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la solicitud de amparo resulta improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión del cual no ha hecho uso.8

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Advirtió que lo pretendido por el actor es reabrir la discusión y el debate probatorio, aduciendo pruebas que señala haber allegado en la etapa procesal de alegatos de conclusión.

Sostuvo que no se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado, así como tampoco la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

I.6.3.- El TRIBUNAL, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 16 de julio de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor, de la siguiente manera:

“[…] FALLA

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 16 de julio de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor, de la siguiente manera:

“[…] FALLA

PRIMERO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso del señor Jaime Castiblanco Barbosa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.9

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SEGUNDO: Déjase sin efectos la sentencia del 13 de octubre de 2022 proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-04848-01 (5647 -2019), promovido por el señor Jaime Castiblanco Barbosa en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Ordénase al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, en el término de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente proveído, proceda a dictar una sentencia de reemplazo en la que estudie adecuadamente los Otrosíes 1 y 2 al Contrato 182 de 2005, en los que se prorrogó su ejecución hasta el 28 de febrero y

dictar una sentencia de reemplazo en la que estudie adecuadamente los Otrosíes 1 y 2 al Contrato 182 de 2005, en los que se prorrogó su ejecución hasta el 28 de febrero y 31 de junio de 2006, con el fin de determinar si existió una prestación ininterrumpida de los servicios por parte del señor Jaime Castiblanco Barbosa y si hay lugar a declarar la prescripción de algún período reclamado […] “.

Para lo anterior, luego de encontrar cumplidos los presupuestos de procedibilidad establecidos para la acción de tutela contra providencia judicial, explicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, comoquiera que en el expediente ordinario obra prueba de los otrosíes con los cuales se prorrogó la duración del Contrato 182 de 2005, por lo que la prestación de sus servicios se prolongó hasta el 30 de junio de 2006 y continúo el 1o. de julio siguiente con la suscripción del Contrato 446 del mismo año, sin que dichos documentos hayan sido mencionados en la sentencia cuestionada.10

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En efecto, destacó que la SECCIÓN SEGUNDA estableció que el Contrato 182 de 2005 s ólo se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2005 y que existió una interrupción hasta el 1o. de julio de 2006,

En efecto, destacó que la SECCIÓN SEGUNDA estableció que el Contrato 182 de 2005 s ólo se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2005 y que existió una interrupción hasta el 1o. de julio de 2006, perdiendo de vista los dos otrosíes, los cuales no fueron analizados al momento de proferir sentencia de segunda instancia, omisión que influyó en la decisión de declarar la prescripción desde el 1o. de julio de 2006 hacia atrás.

Sostuvo que si bien el magistrado ponente de la decisión cuestionada, al intervenir en el trámite constitucional, aseguró que esos documentos s ólo fueron allegados con los alegatos de conclusión, lo cierto es que los Otrosíes 1 y 2 fueron adjuntados desde el principio en la demanda ordinaria y se evidencia n a folios 44 a 45 y 48 a 49 del expediente ordinario.

Sumado a ello, refirió que con la demanda también se aportó una constancia expedida por el subdirector de Contratación del DPS, en el cual se certificó que el Contrato 182 de 2005 inició el 1o. de abril de 2005 y terminaba el 31 de diciembre de ese año , pero fue prorrogado hasta el 28 de febrero de 2006 y luego hasta el 30 de junio del mismo año.11

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Aseguró que, aun cuando la parte actora volvió a aportar dichos documentos con los alegatos de conclusión en segunda instancia, ello no implica que hubieran sido allegados fuera de la oportunidad procesal, puesto que está plenamente acreditado que se anexa ron desde el inicio con la demanda ordinaria, razón suficiente para considerar que se incurrió en defecto fáctico al no valorarse los Otrosíes 1 y 2 del Contrato 182 de 2005, lo que llevó a concluir que había existido una interrupción superior a 30 días en tre su finalización y la ejecución del siguiente contrato.

Así las cosas, consideró que la omisión en la que incurrió la SECCIÓN SEGUNDA afectó ostensiblemente el derecho fundamental al debido proceso del actor, quien había solicitado el reconocimiento laboral desde el 6 de septiembre de 2001 hasta el 3 de abril de 2012.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El DPS impugnó la sentencia proferida en primera instancia indicando que la acción de tutela de la referencia no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia contra providencia judicial, de tal forma que no es posible realizar un análisis de fondo del asunto.12

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Como sustento de lo anterior, adujo que la solicitud de amparo carece del requisito de subsidiariedad, en la medida en que el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión del cual puede hacer uso, por lo que no existe razón alguna que justifique que se le exima de seguir los procedimientos legales establecidos, máxime cuando el mencionado recurso es el mecanismo idóneo para exponer la vulneración alegada , de conformidad con lo dispuesto en las sentencias SU-090 de 2018 y SU-026 de 2021 proferidas por la Corte Constitucional y la sentencia de 4 de mayo de 2022 dictada por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado.

Advirtió que el requisito de la subsidiariedad debió ser examinado a fondo y no con la ligereza que se observa en el fallo de primera instancia, de tal forma que al considerar la existencia de un juez natural y la procedencia del recurso extraordinario de revisión cuando se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, no se observa razón alguna que justifique la falta de idoneidad del mecanismo disponible para el asunto, sumado al hecho que tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la intervención del juez constitucional.

Añadió que en la sentencia SU 215 de 2022 la Corte Constitucional13

se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la intervención del juez constitucional.

Añadió que en la sentencia SU 215 de 2022 la Corte Constitucional13

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reiteró no solo lo estricto de la revisión que debe realizarse acerca de la procedencia de la acción de tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales, sino que, además, enfatizó que la misma es mucho más exigente cuando, como en el presente caso, se dirige contra sentencias proferidas por Altas Cortes.

Además de lo anterior, puso de presente que aun cuando el actor en el escrito de tutela hizo entender que la notificación de la providencia acusada se surtió sólo hasta el 7 de diciembre de 2022, ello carece de veracidad, en la medida en que de conformidad con lo registrado y documentado en el aplicativo de consulta SAMAI, la providencia de 13 de octubre de 2022 se notificó el 22 de noviembre siguiente a todas las partes, por lo que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez.

En ese entendido, destacó que el término razonable al que se ha referido la Corte Constitucional inicia cuando el interesado tiene conocimiento de la consolidación del hecho, esto es, cuando el accionante conoció la sentencia por notificación que se le hic iera el 22 de noviembre de 2022, aun contando los 2 días hábiles para

conocimiento de la consolidación del hecho, esto es, cuando el accionante conoció la sentencia por notificación que se le hic iera el 22 de noviembre de 2022, aun contando los 2 días hábiles para entenderse notificado, lo cual corresponde al 24 de noviembre de 2022, de tal forma que el término de los 6 meses transcurrió entre14

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el día que se entendió notificada la sentencia – 24 de noviembre de 2022y el 24 de mayo de 2023, por lo que de ninguna manera podía aceptársele su manifestación en cuanto a que fue notificado el 7 de diciembre de 2022 para contabilizar sus términos.

Refirió que, contrario a lo considerado por el a quo, ello no resulta ajustado a los 6 meses que tienen decantado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional como plazo razonable para ejercer la tutela contra providencias judiciales, máxime cuando no se encuentra justificada la demora ni mucho menos la manifestación, contraria a la realidad, de haber recibido la notificación de la sentencia sólo hasta el 7 de diciembre de 2022.

Insistió en que, dado que la notificación de la sentencia se entendió surtida hasta el 24 de noviembre de 2022 y el actor no realizó ninguna manifestación ante el mismo Consejo de Estado una vez conoció la sentencia, para haber puesto en conocimiento lo qu e él

surtida hasta el 24 de noviembre de 2022 y el actor no realizó ninguna manifestación ante el mismo Consejo de Estado una vez conoció la sentencia, para haber puesto en conocimiento lo qu e él estima un error ostensible, para que de alguna manera, a través de la alternativa de complementación o adición de la sentencia pudiera exponerse la necesidad de pronunciarse sobre la existencia de las pruebas que, en su dicho, refutaban ese largo período de interrupción contractual; como tampoco lo manifestó de una forma célere a través15

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de la acción de tutela, este mecanismo constitucional se torna improcedente, dada la falta del requisito de inmediatez.

Asimismo, alegó que en el caso bajo estudio no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, que impida hacer uso de los recursos legalmente previstos contra la decisión emitida en segunda instancia ni se allegó prueba siquiera sumari a que permita entender que el actor puede saltarse los términos legales y los recursos previstos.

Aseveró que el actor tampoco informó al despacho que la entidad cumplió dentro del término legal la sentencia de condena que fue proferida dentro del medio de control controvertido, por lo que se ordenó pagar a su favor la suma de $247.049.559 por concepto de prestaciones sociales indexadas, situación que contradice el supuesto perjuicio irremediable.

proferida dentro del medio de control controvertido, por lo que se ordenó pagar a su favor la suma de $247.049.559 por concepto de prestaciones sociales indexadas, situación que contradice el supuesto perjuicio irremediable.

Adujo que el actor en definitiva no demostró la necesidad de una protección constitucional que sea impostergable, que le autorice hacer uso del medio expedito de la acción de tutela y le evite acudir al medio judicial previsto, por lo que la solicitud de amparo carece de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; además, el asunto se16

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traduce en una discusión puramente económica, lo cual contraría los requisitos de procedibilidad exigidos, al carecer también de relevancia constitucional.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, máxime cuando tampoco se advierte la configuración del defecto fáctico endilgado, por lo que lo pretendido por el actor es revivir una discusión, reabriendo el debate probatorio y aduciendo pruebas que señala haber allegado en la etapa procesal de alegatos de conclusión y posterior al interrogatorio de partes, no siendo esta la oportunidad para debatir dichos aspectos.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

pruebas que señala haber allegado en la etapa procesal de alegatos de conclusión y posterior al interrogatorio de partes, no siendo esta la oportunidad para debatir dichos aspectos.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 202117

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de18

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.19

Número único de radicación: 110010315000-2023-02836-01

Actor: JAIME CASTIBLANCO BARBOSA

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.19

Número único de radicación: 110010315000-2023-02836-01

Actor: JAIME CASTIBLANCO BARBOSA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que