CE - 010315000202303365011SENTENCIA20231012150237

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03365-01

Demandante: MARTHA LILIANA NORIEGA MACMAHON Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Martha Liliana Noriega Macmahon contra la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En esta decisión judicial se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Martha Liliana Noriega Macmahon, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de

constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Martha Liliana Noriega Macmahon, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander1. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las garantías anteriores son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de marzo de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja el 19 de diciembre de 2022. Dicha sentencia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado

1 Escrito radicado el 22 de junio de 2023.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

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en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 68081-33en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 68081-3333-001-2022-00069-00/012.

1.2. Pretensiones

4. La señora Noriega Macmahon solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en la sentencia proferida el día 31 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 68081-33-33-001-2022-00069-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; dejar sin efectos la providencia referida en

vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]3.

1.3. Hechos

4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

5. La señora Martha Liliana Noriega Macmahonen se desempeña como docente en una entidad territorial certificada en educación del Departamento de Santander desde el año 1990.

6. Manifestó que el municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo

2 Promovido por la señora Martha Liliana Noriega Macmachon contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación. 3 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Barrancabermeja – Secretaría de Educación. 3 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

7. Indicó que el 23 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría de Educación Municipal, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionada con la no consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado . Además, también pidió la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975.

8. El 23 de octubre de 2021, la Secretaría de Educación del municipio de Barrancabermeja se configuró un acto ficto administrativo ficto en el que se negó lo reclamado.

9. Inconforme con la anterior decisión, la señora Noriega Macmahon interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El objetivo de este medio de control era lograr que se declare la nulidad del acto administrativo ficto que surgió como resultado de la petición presentada ante el municipio de Barrancabermeja - Secretaría de Educación el 23 de julio de 2021.

10. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia de primera instancia. En esta

10. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia de primera instancia. En esta providencia, se negaron las pretensiones de la demanda.

11. Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallad o del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competencia en el reconocimiento y pago. Asimismo, examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975.

12. Contra la anterior decisión, la señora Noriega Macmachon presentó recurso de apelación 4. Este fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 31 de marzo de 2023, providencia en la que confirmó la decisión de primera instancia.

13. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en los artículos 99 de la ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, no son aplicables a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

4 Como fundamento del recurso, la accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante

las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

4 Como fundamento del recurso, la accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

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14. Además, el tribunal mencionó que la sentencia d e unificación SU-098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables a la presente discusión difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el presente asunto son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación.

1.4. Sustento de la vulneración

15. La señora Noriega Macmahon mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de

aplicar de manera directa a esta situación.

1.4. Sustento de la vulneración

15. La señora Noriega Macmahon mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

16. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuici ada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes. El pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

17. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación . Lo cual trasgrede el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

18. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto

relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

19. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes a quienes se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

20. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto alDemandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen

Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago t ardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

22. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo del Quindío.

23. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en

el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – Dr. HERNANDO

SANCHEZ SÁNCHEZDemandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSHERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de

2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA

00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de

2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 (0871-2020) 26 de enero

2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

– DR. GABRIEL VALBUENA

HERNANDEZ

24. Hasta la sentencia número 26, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

25. Por último, el apoderado de la señora Buitrago Echeverry, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que

se ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO

DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 05001 3333 019

2022 0009700

29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE MEDELLIN

PATRICIA CÓRDOBA VALLEJO 3 70001 3333 002

2022 0007200

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

SINCELEJO

LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002

2022 0014700

22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE QUIBDÓ

YUDY YINETH MORENO CORREA 5 76001 3333 002

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005

2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO

DE QUIBDÓ

EMILSON MARMOLEJO GARCIA 10 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZONDemandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.5. Trámite de la acción

26. Mediante auto del 28 de junio de 2023 5, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Santander. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de

consecuencia, ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Santander. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación. Adicionalmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, so licitó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

27. Por otra parte, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que proporcionara una copia íntegra digital del exp ediente con radicado 68081 -33-33-001-2022-00069-01,

demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

28. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la no rmativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

29. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgres ión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en

las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concl uyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

30. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda. Por esta razón, solicitó ser desvinculado del proceso de amparo en curso.

5 Notificado el 30 de junio de 2023.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

31. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Buitrago Echeverry y el asunto versa sobre una controversia estrictamente económica que no representa un inte rés general, por lo que el debate carece de relevancia constitucional.

cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Buitrago Echeverry y el asunto versa sobre una controversia estrictamente económica que no representa un inte rés general, por lo que el debate carece de relevancia constitucional.

32. Invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto, señaló que no es la autoridad competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones.

1.6.3. Secretaría de Educación del Distrito Especial de Barrancabermeja

33. Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, ya que no se cuenta con evidencia que respalde la afectación de ningú n derecho. Además, argumentó que se intenta utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.

34. Asimismo, advirtió que en el proceso de ordinario, los jueces de instancia no han incurrido en ninguna de las causales específicas descritas en la sentencia SU 116 de 2018 de la Corte Constitucional.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Santander

35. La autoridad judicial de segunda instancia envió el expediente electrónico correspondiente, pero no proporcionó un informe sobre el caso en cuestión.

1.7. Sentencia de primera instancia

36. El 21 de ju lio de 2023 6, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, determinó que la acción de tutela presentada no era procedente porque no superaba el requisito general de relevancia constitucional. Esta

decisión se basó en los siguientes argumentos:

37. En primer lugar , se enfatizó que la acción de tutela es una medida excepcional. Esto significa que el juez encargado de amparar los derechos

decisión se basó en los siguientes argumentos:

37. En primer lugar , se enfatizó que la acción de tutela es una medida excepcional. Esto significa que el juez encargado de amparar los derechos fundamentales no tiene la autoridad para revisar o evaluar la interpretación y alcance otorgado por el juez natural a los precepto s legales aplicados para resolver la controversia. En consecuencia, la tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional al proceso ordinario ni como un medio para impugnar la valoración probatoria realizada por el juez de conocimiento. Tampoco puede ser utilizada por la parte desfavorecida para proponer una «mejor solución» al caso.

38. Por lo tanto, la Sala destacó que la decisión que se estaba cuestionando

6 Notificada el 10 de agosto de 2023.Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

no era caprichosa ni arbitraria. Al analizar los argumentos presentados por la solicitante, se determinó que buscaban revisar una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural. En vista de esto, se concluyó que la acción de tutela era improcedente.

1.8. Impugnación

39. La señora Noriega Macmahon presentó un escrito de impugnación 7 argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo

anterior con fundamento en lo siguiente:

40. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la

argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:

40. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostiene que el Consejo de Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela.

41. Asimismo, hizo referencia a una pr ovidencia del 23 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, para argumentar que la acció