CE - 010315000202303786011SENTENCIA20231127125714

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: SAYDA ASTRID CORT ÉS QUIÑONEZ COMO AGENTE

OFICIOSO DE LA SEÑORA LELYS MARINA QUIÑONEZ

PEREA

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

VALLE DEL CAUCA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E.

Temas: Tutela contra autoridades judiciales y administrativas . Proceso de reestructuración de pasivo. Solicitud de prelación de crédito . Pago de la sentencia dictada en el curso de un proceso de reparación

directa. Crédito Quirografario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la señora Sayda Astrid Cortés Quiñonez, quien actúa como agente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la señora Sayda Astrid Cortés Quiñonez, quien actúa como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea , contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela para obtener prelación del crédito como de primera clase.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que la señora Lelys Marina Quiñonez es una adulta mayor con 81 años, víctima de desplazamiento forzado y padece “de mutismo selectivo, hiporexia, fallas cognitivas, afectación en actividades básicas como abrir la boca y bloqueo del pensamiento”.

Mencionó que el 23 de octubre de 2003, presentó demanda de reparación directa contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., con el fin de que se pagaran los perjuicios causados por la muerte de su hijo, proceso en el que la Sección Tercera del Consejo de Es tado, en segunda instancia, mediante sentencia de 29 de abril de 2019, concedió las pretensiones de la demanda.

Previa radicación de la cuenta de cobro , el 7 de diciembre de 2020, el establecimiento hospitalario se negó a realizar el pago ordenado en la c itada providencia, bajo el argumento de que se trata de un crédito quirografario de quinta clase, toda vez que el 28 de marzo de 2019, se celebró un acuerdo de

establecimiento hospitalario se negó a realizar el pago ordenado en la c itada providencia, bajo el argumento de que se trata de un crédito quirografario de quinta clase, toda vez que el 28 de marzo de 2019, se celebró un acuerdo de reestructuración, en el que “ nuestro crédito judicial ya había sido pactado en el acuerdo para el pago de todas las acreencias a cargo del empresario HUV”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Señaló que presentaron una acción de tutela contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., con el fin de que se hiciera el pago de las condenas establecidas en la sentencia de reparación directa, sin embargo, se declaró la improcedencia de la acción, toda vez que se contaba con la acción ejecutiva.

Finalmente, manifestó qu e, el 14 de septiembre de 2020, presentó acción ejecutiva contra el Hospital Universitario del Valle Evari sto García E.S.E., y hasta la fecha de radicación de la solicitud de amparo y a pesar de diferentes peticiones de impulso procesal y de aplicación de control de convencionalidad , no se ha resuelto de fondo, pues solo cuenta con el auto de 25 de julio de 20 22, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca requirió a la parte ejecutante para

de impulso procesal y de aplicación de control de convencionalidad , no se ha resuelto de fondo, pues solo cuenta con el auto de 25 de julio de 20 22, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca requirió a la parte ejecutante para que allegara el medio de prueba idóneo, en el que se advierta el trámite sucesoral adelantado con ocasión al deceso del hijo de la demandante.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales “a la celeridad judicial reforzada ”, de acceso a la administración de justicia y de petición, supuestamente vulnerados por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., por la demora en realizar el pago de la condena impuesta en la sentencia de 29 de abril de 2019.

Afirmó que se debe tener en cuenta la Ley 2055 de 2020, por la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que a su turno incorpora los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, la Proclamación sobre el Env ejecimiento, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe, la Declaración de Brasilia, el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Salud de las Personas Mayores, Incluido el Envejecimiento Activo y Saludable, la Declaración de Compromiso de Puerto España y la Carta de San José sobre los

Brasilia, el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Salud de las Personas Mayores, Incluido el Envejecimiento Activo y Saludable, la Declaración de Compromiso de Puerto España y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe.

Resaltó que los derechos convencionales aplicables al caso, establecidos en la Convención Internacional de Protección a Personas de la Tercera Edad, son los previstos en los artículos 3, 4, 9 y 31.

Aseveró que “el Cons ejo de Estado desde el 2014 ha determinado que las víctimas de l daño antijurídico [generados por] entidades hospitalarias que han ingresado en procesos de reestructuración tienen un crédito privilegiado. A esta situación se suma la Ley 2055 de 2020, que in corpora instrumentos internacionales de protección al adulto mayor, en especial la Convención Internacional de Protección al Adulto Mayor. La sentencia de la Corte Interamericana de 2022 ordena la celeridad judicial reforzada a los adultos mayores. Por tan to, no puede el HUV tener a nuestro crédito como de quinta clase, pues dispone el artículo 2509 del código civil que estos créditos de quinta clase no gozan de preferencia: “ARTICULO 2509. <CRÉDITOS DE QUINTA CLASE>. La quinta y última clase comprende los bienes que no gozan de preferencia”.

Sostuvo que la conducta del Hospital Universitario, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo de Estado frente a la exigibilidad de la sentencia, incumple las obligaciones internacionales de Derecho s Humanos suscritas por el

preferencia”.

Sostuvo que la conducta del Hospital Universitario, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo de Estado frente a la exigibilidad de la sentencia, incumple las obligaciones internacionales de Derecho s Humanos suscritas por el Estado colombiano.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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Indicó que necesita desesperadamente recursos para abandonar el distrito de Buenaventura y buscar un lugar donde pueda sentirse segura y protegida, más aún cuando el núcleo familiar es amplio y se compone por 3 nietos y 10 bisnietos, todos menores de edad y 3 hijas madres cabeza de hogar, quienes son sujetos de especial protección.

Señaló que “después de 20 años de espera del fallo el aparato judicial hoy nos revictimiza, elude la celeridad judicial reforzada, somos el eslabón más débil en la cadena de acreedores porque fuimos víctimas del propio hospital, y mi madre está a punto de morir esperando justicia en medio de la violencia que nos azota en Buenaventura. ¿Es esto el Estado social de derecho?”.

Por último, se refirió al perjuicio irremediable en los siguientes términos:

“1. Que nuestra situación económica nos obliga a residir en el barrio AMARILLO DE BUENAVENTURA, un lugar cercano a la vía férrea, donde se concentra una gran

“1. Que nuestra situación económica nos obliga a residir en el barrio AMARILLO DE BUENAVENTURA, un lugar cercano a la vía férrea, donde se concentra una gran cantidad de drogadictos y bandas.

2. Que desafortunadamente, el barrio está infestado de delincuentes y las condiciones de seguridad en Buenaventura son extremadamente peligrosas debido a la presencia de numerosas bandas criminales.

3. Que la violencia reciente y los frecuentes enfre ntamientos entre estos grupos nos afectan profundamente y nos exponen a situaciones de riesgo constantes.

Experimentamos una sensación constante de inseguridad al transitar por nuestras calles.

4. Que a esto se le suma la triste situación de mi madre, de avanzada edad, quien tenía su hogar en el barrio San Francisco, pero fue desplazada, y quien atraviesa momentos difíciles en lo que ahora es un lugar aún más hostil y peligroso.

5. En definitiva, necesitamos desesperadamente recursos para abandonar Buenaventura y buscar una vida donde podamos sentirnos seguros y protegidos. La prueba de nuestra situación la constituyen los testimonios aportados en pruebas

(Desde la página 373 a 380).

6. Que después de 20 años de espera del fallo el aparato judicial hoy nos r evictimiza, elude la celeridad judicial reforzada, somos el eslabón más débil en la cadena de acreedores porque fuimos víctimas del propio hospital, y mi madre está a punto de morir esperando justicia en medio de la violencia que nos azota en Buenaventura. ¿Es esto el Estado social de derecho?”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales a la celeridad judicial reforzada en adultos

esto el Estado social de derecho?”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales a la celeridad judicial reforzada en adultos mayores, la igualdad positiva, el derecho de petición judici al, el derecho convencional de víctimas de entidades estatales, la vida digna y la justicia material, en favor de la señora Lelys Quiñonez y su familia.

2. ORDENAR al Hospital Universitario del Valle materializar el cumplimiento de la sentencia 2003-03991 de 29 de abril de 2019, con radicación número 76-001-23-31-0002003-03991-01 (41830), Magistrado Ponente Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, otorgando prelación de crédito a la acreencia de la señora Lelys Quiñonez y todo su núcleo familiar, teniendo su crédito como de primera clase.

3. En subsidio de la medida anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle que proceda a responder de fondo, la petición radicada el día 02 de marzo del 2023, bajo el cumplimento de la celeridad judicial reforzada establecida en normas convencionales.

4. Como consecuencia de la medida subsidiaria anterior ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle que proceda a conminar al Hospital Universitario del Valle finiquitando el respectivo proceso ejecutivo con radicación 76 001233300020200148500, independientemente de que algunos de los beneficiarios de la condena del Consejo de Estado causada con posterioridad al acuerdo de reestructuración, hayan fallecido.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente

Estado causada con posterioridad al acuerdo de reestructuración, hayan fallecido.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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5. ORDENAR al magistrado Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, para q ue realice seguimiento al presente caso, ante las obligaciones internacionales que él como garante de la justicia ha suscrito en virtud de su fallo contra una entidad hospitalaria bajo Ley 550 de 1999, causante del daño antijurídico en contra de mi señora madre y mi núcleo familiar”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 76001-2333-000-2020-01485-00 correspondiente a la acción ejecutiva que presentó la señora Lelys Marina Quiñones Perea contra el Hospital Universitario del ValleEvaristo García E.S.E.

5. Trámite procesal

Por auto de 17 de julio de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades accionadas, así como a los señores Diego Cortés Lobatón, Rubiela Balanta, Jesús Daniel, Sayda Astrid, Sandra Rocío, Graciela Inés, Patricia

de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades accionadas, así como a los señores Diego Cortés Lobatón, Rubiela Balanta, Jesús Daniel, Sayda Astrid, Sandra Rocío, Graciela Inés, Patricia y Gerardo Aquiles Cortés Quiñones.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.

En correo electrónico de 26 de julio de 2023, el apoderado del establecimiento hospitalario se opuso a las pretensiones de la acción de tutela , en razón a que no se han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.

Afirmó que la ley establece taxativamente las ordenes y prelaciones para realizar los reconocimientos y pagos, a los cuales se ha ceñido la entidad en el curso del proceso de reestructuración.

Resaltó que la Corte Constitucional en las sentencias T -1284 de 20051 y T-310 de 20122, se refirió a la improcedencia de la acción de tutela para el pago de acreencias contractuales dentro de los procesos de reestructuración.

Indicó que la indemnización reconocida como reparación de perjuicios causados fue incluida en el proceso de reestructuración - Acuerdo No. 018 del 28 de octubre de 2020 – como un crédito quirografario (quinta clase), cuyos pagos se acordaron para efectuarse en el mes 79, es decir, a partir de noviembre de 2025.

Por último, manifestó que a la parte actora se le informó que la cuenta de cobro se encuentra incluida en el proceso de reestructuración y su acreencia fue reconocida en el citado acuerdo.

Por último, manifestó que a la parte actora se le informó que la cuenta de cobro se encuentra incluida en el proceso de reestructuración y su acreencia fue reconocida en el citado acuerdo.

6.2. El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección “C” y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , guardaron silencio aun cuando se le s notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 24 de agosto de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela.

1 M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 2 M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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Indicó que no evidenció transgresión alguna por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues mediante auto del 10 de agosto del 2023 , negó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que adelantó la accionante , al considerar que según el artículo 58 , numeral 13 de la Ley 550 de 1999 , no procede dicho proceso, mientras que el acuerdo de reestructuración est é en ejecución.

Afirmó que el proceso ejecutivo se radicó el 26 de noviembre de 2020, cuando ya

procede dicho proceso, mientras que el acuerdo de reestructuración est é en ejecución.

Afirmó que el proceso ejecutivo se radicó el 26 de noviembre de 2020, cuando ya estaba en ejecución el acuerdo de reestructuración que suscribió el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. , el cual tiene una vigencia de 144 meses.

Sostuvo que en el Acuerdo No. 018 de 28 de octubre de 2020, se evidencia que el crédito de la accionante se encuentra incluido como quirografario de quinta clase, el cual será pagado a partir del mes 79, es decir, en noviembre de 2025.

Resaltó que l a Corte Constitucional ha s eñalado que, por regla general es improcedente la tutela para exigir pagos a entidades en procesos de reestructuración y que procedería excepcionalmente, siempre y cuando se acrediten circunstancias muy especiales de vulnerabilidad que afecten el derecho fundamental al mínimo vital, para lo cual se remite a la sentencia T-310 de 2012.

Aseveró que a pesar de que la señora Lelys Marina Quiñonez Perea es una persona de especial protección constitucional, lo cierto es que no se acreditaron circunstancias espe cíficas que demuestren la afectación de su s derechos fundamentales al mínimo vital o a la salud, entre otros, sino que lo que se alega es la falta de celeridad por parte de las entidades accionadas y el acceso a la administración de justicia, situación que no encaja dentro de las excepciones que consagró la Corte Constitucional, para permitir al juez constitucional ordenar a la entidad en reestructuración dar prelación al crédito.

administración de justicia, situación que no encaja dentro de las excepciones que consagró la Corte Constitucional, para permitir al juez constitucional ordenar a la entidad en reestructuración dar prelación al crédito.

Agregó que la Ley 2055 de 2020, citada como fundamento por la actora se refi ere a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, en término de igualdad y de no discriminación, sin embargo, en el caso no se acreditó algún trato discriminatorio a la señora Lelys Marina Quiñonez Perea, por parte de las autoridades accionadas y tampoco que la graduación del crédito realizado por la entidad hospitalaria accionada configure tal situación o, que de algún modo se le limiten los derechos consagrados en la ley enunciada, de manera tal que se habilite la intervención del juez constitucional en el asunto.

Finalmente, manifestó que la petición de la accionante va encaminada a la prelación del crédito como de primera clase y al pago de los perjuicios reconocidos mediante la sentencia del 29 de abril de 2019, pretensión frente a la cual la acción de tutela resulta improcedente.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revoque, al considerar que se allegaron todas las pruebas de la afectación económica y de la salud de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea.

Afirmó que aportó l os documentos que demostraban el desplazamiento forzoso interno, la precariedad económica , la historia clínica, el contenido de la respuesta

salud de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea.

Afirmó que aportó l os documentos que demostraban el desplazamiento forzoso interno, la precariedad económica , la historia clínica, el contenido de la respuesta de 7 de diciembre del 2020 emi tida por el gerente del Hospital Universitario en laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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6 que se manifiesta que la sentencia del proceso de reparación directa se pagará dentro de 10 años, las declaraciones oficiales brindadas por la Junta de Acción Comunal de Buenaventura, sobre el peligro inminente por la cercanía con bandas criminales, registros fotográficos que evidencian la situación del distrito citado en la zona donde reside la accionante, la conformación del núcleo familiar, la copia del Sisben y de la cédula de ciudadanía, y el auto de 25 de julio de 2022 mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió el proceso ejecutivo alegando que no se contaban con las escrituras de los recientes dos fallecidos del núcleo familiar demandante.

De otro lado, indicó que “el espíritu de las Convenciones de los Derechos Humanos desde la Segunda Guerra Mundial y desde la conferencia de Chapultepec es el de proteger la dignidad humana, la dignidad de la persona, la

De otro lado, indicó que “el espíritu de las Convenciones de los Derechos Humanos desde la Segunda Guerra Mundial y desde la conferencia de Chapultepec es el de proteger la dignidad humana, la dignidad de la persona, la cual tiene 3 dimensi ones: vivir bien, vivir sin humillaciones, y vivir conforme a un proyecto de vida. En este caso se evidencia un perjuicio irremediable a la dignidad, que ha venido siendo reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que el perjuicio irr emediable no puede convertirse en sede judicial en una exigencia de daños materiales irreversibles ni en una exigencia de acreditar simple afectación de derechos. En esta larga espera de 23 años hemos visto morir a nuestros parientes esperando justicia, co mo la de mi señor padre hace tres años y como la esposa de la víctima, Tito Cortés, hace cuatro años. Y es inminente la lesión a la dignidad de mi señora madre, quien no quiere despedirse de la tierra sin obtener de los hombres la justicia que tanto ha luchado durante estos 23 años”.

Sostuvo que “la violación directa de los artículos 1, 2, 8, el numeral segundo del artículo 25, y el artículo 29 de la Convención Americana y la violación directa de los artículos 13, 1, 90, 42 y 11 de la Constitución Política , que he probado, constituyen suficientes presupuestos para que se ampare la acción de tutela, sumado a que no existe otro medio de defensa judicial y a que hemos probado que necesitamos que el hospital HUV nos ubique en el primer puesto de pago y no en el último en que nos tienen, para efectos de poder huir de Buenaventura ante el

sumado a que no existe otro medio de defensa judicial y a que hemos probado que necesitamos que el hospital HUV nos ubique en el primer puesto de pago y no en el último en que nos tienen, para efectos de poder huir de Buenaventura ante el peligro en el que nos encontramos, la atención debida de la salud de mi madre, y ante la precariedad económica en la que estamos”.

Aseguró que está probado que el Tribunal Admin istrativo del Valle del Cauca mantendrá suspendido el proceso ejecutivo, el cual era el único mecanismo en el que se le podía pagar.

Señaló que en la sentencia impugnada no se apreciaron las sucesivas negaciones de las autoridades accionadas relacionadas con un trato especial a la señora Lelys Marina Quiñonez Perea, lo que se configura en defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución.

Agregó que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado no se pronunció respecto a las p eticiones de celeridad reforzada que elevó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por otra parte, afirmó que se desconoció la sentencia de 10 de septiembre de 20143 de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que se dispuso que las víctimas de daño antijurídico producidos por entidades hospitalarias que entran en reestructuración o en liquidación deben aparecer en el primer puesto y no en el quinto.

3 Radicado No. 05001-23-31-000-1991-06952, C.P.: Enrique Gil Botero.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente

3 Radicado No. 05001-23-31-000-1991-06952, C.P.: Enrique Gil Botero.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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7 Resaltó que en la sentencia impugnada no se resolvió sobre las excepci ones de inconstitucionalidad en convencionalidad, que radicaron el 10 de julio de 2023 y 31 de julio de la misma anualidad.

Finalmente, se refirió a la sentencia T -023 de 20224, al considerar que es un caso similar y, adicionalmente, manifestó que “ninguna sola línea dedicó al Consejo de Estado en su fallo de tutela respecto de la situación de los menores y del grupo familiar, que padecemos penurias probadas en la acción de tutela, por causa de esta denegación abierta de Justicia por todos los operadores d el país, que lesiona de manera directa los compromisos internacionales contraídos por el Estado colombiano”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 24 de agosto de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela , y de superarse los requisitos generales de procedencia, si el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección “C” , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. vulneraron los derechos fundamentales “a la celeridad judicial reforzada ”, de acceso a la admi nistración de justicia y de petición , supuestamente vulnerados i) al no clasificar su crédito como de primera clase en razón a las situaciones especiales de la demandante, ii) por la suspensión del proceso ejecutivo por parte del tribunal accionado y no dar respuesta a la petición de celeridad y iii) al no tener en cuenta las sentencias de 10 de septiembre de 2014 de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado y T-023 de 2022 de la Corte Constitucional.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición

de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por

4 M.P.: Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-01

Demandante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, como agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea

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8 la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale est e Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos re sulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos re sulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. vulneraron los derechos fundamentales “a la celeridad judicial reforzada ”, de acceso a la administración de justicia y de petición, supuestamente vulnerados i) al no haber clasificado su crédito como de primera clase en razón a las situaciones especiales de la demandante, ii) por la suspensión del proceso ejecutivo por parte del tribunal accionado y omitir dar respuesta a la petición de celeridad y iii) no tener en cuenta las sentencias de 10 de septiembre de 2014 de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado y T-023 de 2022 de la Corte Constitucional.

Por sentencia de 24 de agosto de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela , pues la solicitud de amparo no es el mecanismo para realizar una prelación de crédito como de primera clase y al pago de los perjuicios otorgado s mediante decisión de 29 de abril de 2019.

Además, indicó que no se acreditaron cir