CE - 010315000202303815001SENTENCIA20231019172524

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-03815-00

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

TESIS: AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA . LAS AUTORIDADES

JUDICIALES ACCIONADAS INCURRIERON EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, FÁCTICO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN AL IMPONER LA SANCIÓN Y NO ACCEDER A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN POR DESACATO EN EL CASO PARTICULAR. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO. SE DEJAN SIN EFECTO LAS PROVIDENCIAS ACUSADAS. SE INSTA A LA UARIV PARA QUE CONTINUE APLICANDO CADA AÑO EL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN CON EL FIN DE DAR

CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TUTELA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPIEDAD PRIVADA Y

AL BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

AL BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN2

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ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CRIMINAL DE BOGOTÁ , el JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA 1 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada y al buen nombre, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la NACIÓN –

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL –

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE BOGOTÁ , el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las providencias 24 de mayo

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE BOGOTÁ , el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las providencias 24 de mayo y 5 de junio de 2023; y 25 de mayo de la presente anualidad, respectivamente, dentro del incidente de desacato identificado con el

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.3

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número único de radicación 630013333001-2023-00038-02.

I.2. Hechos

Indicó que el señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ promovió acción de tutela contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -en adelante UARIV- , con el fin de que se amparara su derecho fundamental de petición, habida cuenta que no se le había informado sobre una fecha, plazo o turno para el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, reconocida mediante la Resolución núm. 04102019-727740 de 31 de julio de 2020.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 202 3-00038-00, cuyo conocimiento le correspondió, en primera instancia , al JUZGADO que mediante sentencia de 9 de

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 202 3-00038-00, cuyo conocimiento le correspondió, en primera instancia , al JUZGADO que mediante sentencia de 9 de marzo de 2023 denegó el amparo deprecado.

Sostuvo que el anterior fallo fue revocado por el TRIBUNAL en sentencia de 30 de marzo de 2023 , a través de la cual tuteló el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que, dentro del término de 48 horas siguientes a la4

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notificación de dicha sentencia, informara al señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ la fecha en la que se efectuaría el pago de la indemnización reconocida por vía administrativa.

Relató que el señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ promovió incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden emitida dentro de la acción de tutela, ante lo cual la UARIV informó que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Método Técnico de Priorización, no se obtuvo concepto favorable por lo que no era posible indicar una fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa.

Comentó que el JUZGADO mediante proveído de 11 de mayo de 2023 dio apertura al trámite incidental; y a través de auto de 24 de

posible indicar una fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa.

Comentó que el JUZGADO mediante proveído de 11 de mayo de 2023 dio apertura al trámite incidental; y a través de auto de 24 de mayo del presente año, la sancionó con arresto de un (1) día y multa de un (1) SMLMV, en calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, al considerar que la entidad no había dado cumplimiento material a la orden impartida en la acción de tutela.

Expuso que el TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional de consulta confirmó la sanción impuesta, en providencia de 25 de mayo5

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de 2023, por estimar que no se había dado una fecha concreta o plazo definido para efectuar el correspondiente pago de la indemnización.

Adujo que luego de presentar múltiples informes de cumplimiento del fallo, mediante memorial de 30 de mayo de 2023 la UARIV solicitó la reconsideración de la sanci ón, teniendo en cuenta que ya no era la Directora Técnica de Reparaciones de la entidad , además de que estaba en imposibilidad de brindar una fecha exacta debido a que el señor EVER MARINO no acreditó ninguna situación de urgencia, de conformidad con lo establecido en la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019.

estaba en imposibilidad de brindar una fecha exacta debido a que el señor EVER MARINO no acreditó ninguna situación de urgencia, de conformidad con lo establecido en la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019.

Aseveró que el JUZGADO, mediante proveído de 5 de junio de 2023, negó la solicitud de levantamiento de la sanción , por lo que ordenó continuar con los trámites tendientes a materializar la sanción impuesta y requerir a la nueva Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, señora ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, para que procediera a dar cumplimiento al fallo de tutela.

Resaltó que la SIJIN realizó labores tendientes a dar cumplimiento6

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a la medida de arrest o en su contra, lo cual no fue posible llevar a cabo por cuanto no se encontraba en las instalaciones de la UARIV debido a que había renunciado a su cargo desde el 12 de mayo de la presente anualidad ; y que el 17 de junio de 2023 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia dio inicio al proceso de cobro coactivo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora , las providencias acusadas incurrieron en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente ,

Seccional de Administración Judicial de Armenia dio inicio al proceso de cobro coactivo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora , las providencias acusadas incurrieron en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente , fáctico y violación directa de la Constitución.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas desconocieron lo establecido en la sentencia SU -034 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia modulen e l cumplimiento del fallo, en especial, los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.

También p uso de presente que tanto el JUZGADO como el7

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TRIBUNAL al valorar las pruebas aportadas al plenario, realizaron un estudio arbitrario, irraci onal y caprichoso, por lo que sin razón valedera se dio por no cumplida la sentencia, sin tener en cuenta las manifestaciones hechas en distintas oportunidades respecto del procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas establecido en la Resolución núm. 01049 de 15 de marzo de 2019.

Indicó que con las decisiones adoptadas por el JUZGADO y el

entre las demás víctimas establecido en la Resolución núm. 01049 de 15 de marzo de 2019.

Indicó que con las decisiones adoptadas por el JUZGADO y el TRIBUNAL se ven abiertamente afectados los principios constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe, pues se desconoce que la UARIV está en imposibilidad de dar cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela.

Aseveró que la UARIV otorgó respuesta a la solicitud del señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ mediante la Resolución núm. 04102019-727740 de 31 de julio de 2020, en la que le reconoció la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el Método Técnico de Priorización,8

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con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización.

Comentó que para el caso de l señor EVER MARINO R ENGIFO ORDOÑEZ en la vigencia del año 2022, la UARIV aplicó el Método Técnico de Priorización, arrojando como resultado que no era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización , ya reconocida, puesto que no alcanzó el puntaje requerido para ello.

Técnico de Priorización, arrojando como resultado que no era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización , ya reconocida, puesto que no alcanzó el puntaje requerido para ello.

Así las cosas, adujo que de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido en la Resolución núm. 1049 de 2019, a la UARIV le era imposible indicar una fecha de pago, por lo que se procedería a aplicar nuevamente el método para la vigenc ia del año 2023.

Sostuvo que en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 de 2017, proferido por la Corte Constitucional, la UARIV expidió la Resolución núm. 1049 de 2019, por medio de la cual se adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa y se creó el Método Técnico de Priorización.

A su juicio, si bien los derechos de las víctimas deben ser9

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garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a millones de personas, es factible plantear estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a los criterios de priorización previamente establecidos, lo cual no desconoce los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, asegura que, en cierto período de tiempo, todas serán indemnizadas.

criterios de priorización previamente establecidos, lo cual no desconoce los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, asegura que, en cierto período de tiempo, todas serán indemnizadas.

Añadió que la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la regla general de priorización para el acceso de la indemnización administrativa por el conflicto armado, por lo que en esa medida induce a una encrucijada de cumplir con la orden de tutela saltando los turnos establecidos con los criterios objetivos ya señalados, desconociendo los derechos de otros con igual o mayor prioridad.

Afirmó que tanto la Cor te Suprema de Justicia3 como el Consejo de Estado4 en múltiples pronunciamientos, ampararon los derechos

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 31 de mayo de 2023, radicación número: 11001-02-05000-2023-00737-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicación número: 11001-02-03000-2022-04143-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de febrero de 2022, radicación núm: o 11001-02-03-000-202200256-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 12 de mayo de 2022, radicación núm. 11001-02-04-000-2022-00841-00.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” sentencia de 31 de marzo de 2023 , radicación

11001-02-04-000-2022-00841-00.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” sentencia de 31 de marzo de 2023 , radicación núm. 11001-03-15-000-2023-00973-00.10

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fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio en atención a la sanción impuesta por el no pago de la indemnización administrativa.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, modular los efectos del fallo de segunda instancia del 30 de marzo de 2022, en cumplimiento de la SENTENCIA SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución núm. 04102019-727740 del 31 de julio de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización al señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ y dispuso la aplicación del

julio de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización al señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

En consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en el auto de fecha del 24 de mayo de 2023, impuesta en mi contra, consistente en arresto de un (01) día y multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en sede consulta, mediante providencia del 25 de mayo de 2023.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENI A y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, que comunique a la autoridad

Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación núm. 11001 -0315-000-2020-04776-00.11

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encargada de la ejecución de la sanción de arresto y multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la

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encargada de la ejecución de la sanción de arresto y multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, a que acate y aplique los preceptos jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL adujo que no se observa que la actora haya radicado petición alguna ante esa dirección; y que, además, tampoco ha sido remitida sentencia o decisi ón judicial que permita actualizar la información actualmente registrada en el sistema de información operativo de antecedentes.

Por lo anterior, s olicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora.12

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Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las14

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razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello n o se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es re sponsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la con ducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL es la entidad encargada de administrar el Sistema de Información Operativo de Antecedentes – SIOPER, en el cual reposa15

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la orden de arresto impuesta a la actora dentro de la sanción por desacato objeto de cuestionamiento, le asiste interé s como tercera en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derecho s constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como16

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría17

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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbor de institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principi os de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en

como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la a fectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud18

los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud18

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ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha seña lado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incump