CE - 010315000202303871001SENTENCIA20231013141221

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / Pensión de invalidez / Ley 923 de 2004 / Ausencia de los defectos alegados

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Mario Enrique López Hernández promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, el Juzgado Tercero Administrativo de Montería y el Ministerio de Defensa Nacional -Dirección de Prestaciones sociales , por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita: Con fundamento en los hechos y pruebas descritas y a la aplicación de los precedentes judiciales presentados, respetuosamente solicito al Honorable Consejero(a) constitucional, ordene al Tribunal Administrativo de Córdoba Sala Segunda de Decisión dejar sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 23001 33 332

dejar sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 23001 33 332

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 003 2018 00340 01, y profiera sentencia de remplazo donde revoque la decisión de primera instancia proferida el 23 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería dentro de la misma radicación y resuelva acceder a las pretensiones de la demanda. (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El señor Mario Enrique López Hernández, se vinculó al Ejército Nacional, como soldado voluntario regular el 21 de mayo de 1996 y fue dado de baja el 22 de noviembre de 1997. Estando en servicio activo desarrolló la enfermedad de gastritis crónica erosiva, dejando con secuela de esofagitis-porfiria.

1. El 19 de noviembre de 1997, la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional a través de acta 3570 le determinó una pérdida de capacidad laboral del 65.59%, adquirida en servicio activo, y fue declarado no apto para continuar vinculado al ejército.

1. El 4 de mayo de 2017, elevó solicitud al Ministerio de Defensa Nacional con el fin

servicio activo, y fue declarado no apto para continuar vinculado al ejército.

1. El 4 de mayo de 2017, elevó solicitud al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez, petición negada a través de Resolución 2148 del 9 de junio de 2017.

1. Mediante apoderado judicial el señor Mario Enrique López Hernández radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual le fue negada la pensión de invalidez «en aplicación del prin cipio de favorabilidad, haciendo extensiva la cláusula de retroactividad contenida en el artículo 6.° de la Ley 923 de 2004».

1. El 2 3 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo de Montería negó las pretensiones de la demanda.

1. El 31 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la sentencia proferida por el juez a quo.3

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Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en el siguiente defecto:

1.3.1. Defecto fáctico y sustantivo

www.consejodeestado.gov.co

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en el siguiente defecto:

1.3.1. Defecto fáctico y sustantivo

El Tribunal efectuó un análisis errado del acta de la junta médica laboral 3570 del 19 de noviembre de 1997 que determinó como pérdida de capacidad laboral el 64.59%, adquirida en servicio y por situaciones de hecho ocurridas antes del siete (7) de agosto de 2002, es decir , antes de la expedición de la Ley 923 de 2004, lo que haría procedente su aplicación retroactiva en virtud del principio de favorabilidad.

1.3.2. Desconocimiento del precedente

El Tribunal debió tener en cuenta los siguientes precedentes relacionados con el reconocimiento de la pensión de invalidez a los miembros de la fuerza pública:

1. De la Sección Primera del Consejo de Estado: expediente con radicado número 23001 23 33 000 2016 00054 01.

1. Corte Constitucional: sentencias T-039 de 2015 y T-165 de 2016.

Finalmente, alegó su condición de sujeto de especial protección constitucional por padecer de invalidez y ser padre de tres hijos menores que dependen económicamente de él. Manifestó que el joven Jean Paul López Espitia con 19 años, sufre de soplo cardiaco en estudio AP arritmia cardiaca, y la menor Elizabeth de 16 años, por la precaria situación económica adquirió una enfermedad psiquiátrica, diagnosticada con episodios depresivos graves.

1.4. Actuación procesal

años, por la precaria situación económica adquirió una enfermedad psiquiátrica, diagnosticada con episodios depresivos graves.

1.4. Actuación procesal

1. Al analizar el libelo tutelar se constató que el señor Mario Enrique López Hernández no había señalado las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra4

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Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co providencias judiciales, en virtud de lo cual, por auto del 28 de julio de 2023 se le solicitó precisarlo.

1. El 8 de agosto de 2023, atendido el requerimiento, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba y al titular del Juzgado Tercero Administrativo de Montería, y como tercero interesado a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional, al haber actuado como demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 23001 33 33 003 2018 00340 00 [01], para que en el término de tres días rindieran el respectivo informe.

1. A través de auto del 13 de septiembre de 2023, se solicitó al Juzgado Tercero Administrativo de Montería remitir en su integridad el expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Intervenciones

Administrativo de Montería remitir en su integridad el expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Intervenciones

1.5.1. Los m agistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba y la NaciónMinisterio de Defensa Nacional, Ejército Nacional ,1 a pesar de haber sido notificados del presente trámite para que rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.

1.5.2. La secretaria del Juzgado Tercero Administrativo de Montería, 2 se limitó a enviar el expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número 23001 33 33 003 2018 00340 00 [01].

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el

1 Expediente digital de tutela. 2 Expediente digital de tutela.5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de C órdoba quebrantó los

respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de C órdoba quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la providencia del 31 de marzo de 2023 dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23001 33 33 003 2018 00340 00 [01], por medio del cual resolvió confirmar la providencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -543 de 1992, al consi derarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.6

contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fun damentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolu cionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C -590 de 2005, 3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordin arios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneració n; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de man era razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, 4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en

3 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

De acuerdo a la Sentencia SU -157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y seguridad social y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dicho

suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y seguridad social y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como el defecto que, en su criterio, se configur ó en la decisión objeto de litis. La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad, en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia del 23 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada fue dictada el 31 de marzo de 2023 , mientras que la acción de

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela de la referencia fue radicada el 18 de julio de igual anualidad,6 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

tutela de la referencia fue radicada el 18 de julio de igual anualidad,6 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas , que obran dentro del expediente , se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 22 de mayo de 2022, el señor Mario Enrique López Hernández se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario regular y fue dado de baja el 22 de noviembre de 1997.7

2.4.2. El 19 de noviembre de 1997, el Ejército Nacional mediante Acta de Junta Medica Laboral número 3750 le calificó al señor López Hernández una pérdida de capacidad laboral del 64.59% ocurrida en servicio y por causa y razón del mismo.8

2.4.3. A través de Resolución 1417 del 24 de junio de 1998, el Ejército Nacional reconoció y ordenó el pago de una indemnización por disminución de la capacidad laboral a favor del señor Mario López.9

6https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303871001100103

reconoció y ordenó el pago de una indemnización por disminución de la capacidad laboral a favor del señor Mario López.9

6https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303871001100103 7 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 8 A. Antecedentes -LesionesAfeccionesSecuelas: 1Gastritis crónica erosiva y tratada que deja como secuela: a) Esofagitis. 2) Porfiria. BClasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad para el servicio: Le determina incapacidad relativa y permanente. No Apto. 9 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.4. El 4 de mayo de 2017, el señor López Hernández solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.10 2.4.5. Por Resolución 2148 del 9 de junio de 2017, la directora administrativa del Ministerio de Defensa Nacional negó la petición de invalidez, sobre el particular discurrió:11 […]

Que el Decreto 94 de 1989 norma de carácter especial para la fecha de retiro del referido Soldado y por lo tanto aplicable al caso que nos ocupa, en su artículo 90, consagraba

discurrió:11 […]

Que el Decreto 94 de 1989 norma de carácter especial para la fecha de retiro del referido Soldado y por lo tanto aplicable al caso que nos ocupa, en su artículo 90, consagraba expresamente: “Pensión de Invalidez del personal de soldados y Grumetes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de s u capacidad psicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público…” (la negrilla integrada en el texto)

Que del estudio y análisis del articulado anteriormente citado, se puede inferir de manera inequívoca, que el ex Soldado Regular del Ejército Nacional, LÓPEZ HERNÁNDEZ MARIO ENRIQUE, no reunió los requisitos de ley que consoliden en su favor el reconocimiento y pago de pensión mensual de invalidez, toda vez, que de acuerdo con las conclusiones del Acta de junta Médico laboral No. 3570 del 19 de noviembre de 1997 (folios 6 a 8 carpeta 67464), se le determinó incapacidad relativa y permanente y disminución de la capacidad laboral del 64.59%, lesión en el servicio y por causa y razón del mismo.

[…]

Que respecto a la irretroactividad de la ley 923 de 2004 y su Decreto Reglamentario, y Decreto 1157 de 2014, es del caso expresar lo que al respecto en reiterada Jurisprudencia ha señalado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Decreto 1157 de 2014, es del caso expresar lo que al respecto en reiterada Jurisprudencia ha señalado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón de febrero veintiuno (21) de dos mil once (2011), Radicado número: 25000232600020200019501 “(…) En Colombia, por regla general, la vigencia de una ley comienza a partir de su promulgación, no obstante, el legislador puede establecer una fecha de vigencia diferente asunto respecto del cual se ha pronunciado la Corte Constitucional, así:

[…]

Si bien, salvo algunas excepciones, la irretroactividad de la ley se constituye en la regla general, si entra a regir una nueva disposición y se presentan situaciones jurídicas que se hubieren iniciado en vigencia de la ley anterior, que no se encuentren consolidadas, los efectos de la relación jurídica se pueden someter a la última norma legal, siempre que esta así lo consagre, caso en el cual se le dará a la misma una aplicación retrospectiva. Sobre el tema la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente (…)

“Se hace necesario anotar que es preciso separar el efecto retrospectivo, cuando este haya sido consagrado, de la aplicación general inmediata de la ley, porque de no estar

10 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 11 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

11 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consagrada la restrospectivdad de una norma, no le será aplicable la nueva ley a las consecuencias de actos previos así estas tengan o puedan tener lugar con posterioridad a la vigencia de la ley […]

Que por lo anterior y teniendo en cuenta que ni el Consejo de Estado ni la Honorable Corte Constitucional, ha expedido una sentencia de unificación frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990, al personal de Soldados Voluntarios de las Fuerzas Militares, no es procedente acceder en tal sentido.

[…] (transcripción literal)

2.4.6. Mediante apoderado judicial el señor Mario Enrique López Hernández radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual le fue negada la pensión de invalidez «en aplicación del prin cipio de favorabilidad, haciendo extensiva la cláusula de retroactividad contenida en el artículo 6.° de la Ley 923 de 2004».12

2.4.7. El 23 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, negó las pretensiones de la demanda, al efecto argumentó:13 […] Por lo anterior, y sin necesidad de adentrarnos en mayores detalles, y en atención a la

pretensiones de la demanda, al efecto argumentó:13 […] Por lo anterior, y sin necesidad de adentrarnos en mayores detalles, y en atención a la normatividad y jurisprudencia reseñada en líneas anteriores, y con base en los documentos que obran en el proceso, advierte esta judicatura que la normatividad aplicable al caso concreto es el Decreto 94 de 1989, en atención a que esa era la disposición vigente para la fecha en que el señor Mario Enrique López Hernández fue retirado del servicio y calificada su capacidad laboral por la Junta Médico Laboral, norma que exigía para el reconocimiento de la pensión de invalidez un mínimo de disminución de capacidad laboral del 75%, no obstante, no es posible aplicar por favorabilidad la Ley 923 de 2004, como lo solicita el actor, en tanto no se trata de la existencia de varias normas vigentes al momento de los h echos que regulen la misma situación fáctica, ni tampoco es dable aplicar por retrospectividad dicha norma, debido a que no se trata de la aplicación de una disposición posterior a situaciones jurídicas y de hecho que han estado reguladas por una norma ant erior, en atención a que en el caso concreto los efectos jurídicos ya se habían consolidado y la relación laboral había finalizado al momento de entrar a regir la nueva disposición.

En relación con el precedente jurisprudencial alegado por la parte demandante, se trata de situaciones fácticas distintas, en las cuales a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se encontraba consolidado el derecho a la pensión de invalidez, por lo tanto, no es aplicable el precedente al caso concreto.

Así las cosas, como ya se dijo el retiro del servicio y la calificación de la capacidad laboral

Ley 923 de 2004 no se encontraba consolidado el derecho a la pensión de invalidez, por lo tanto, no es aplicable el precedente al caso concreto.

Así las cosas, como ya se dijo el retiro del servicio y la calificación de la capacidad laboral del actor se realizó en vigencia del Decreto 94 de 1989, disposición frente a la cual el

12 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 13 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez; por lo tanto, no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

2.4.8. El 31 de marzo de 2023 , el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la sentencia proferida por el juez a quo.14

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el presente caso la posible vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, con ocasión de la providencia dictada el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Administrativo de Córdoba, que resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al efecto, la Sala advierte que la acción de la referencia pretende que en esta sede se ordene al Tribunal emitir una nueva sentencia que le otorgue efectos retroactivos a la Ley 923 de 2004.

Como sustento de su petición señaló que la autoridad cuestionada incurrió en un defecto fáctico al abstenerse de darle alcance al artículo 6.° de la Ley 923 de 2004 que establece un porcentaje del 50% de pérdida de capacidad laboral como requisito previo para adquirir el derecho a la pensión de invalidez y desconoció qu e dicha norma se aplica a situaciones fácticas consolidadas con anterioridad al 7 de agosto de 2002 con fundamento en el principio de favorabilidad, como es su caso, pues el 19 de noviembre de 1997 la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional lo calificó con una PCL del 64.59%.

En el sub lite, el Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó que debía confirmar la providencia -que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derechoproferida el 23 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero

14 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03871 00

Demandante: Mario Enrique López Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo de Montería, para lo cual efectuó el análisis de la normativa aplicable al caso relacionada con el régimen legal de la pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, comp aró los alcances del Decreto 094 de 1989 y de la Ley 923 de 2004, así como los de la sentencia C-924 de 200515 y valoró los elementos probatorios obrantes en el proceso.

De igual forma, evidenció que -contrario a lo afirmado por la parte actora - no podía acceder a la pretensión de reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada, por cuanto el Decreto 094 de 1989 era la disposición vigente para la fecha en que el señor Mario Enrique López Hernández fue retirado del servicio y se calificó su capacidad laboral por la Junta Medico Laboral. En ese sentido, Tribunal determinó que no era posible aplicar por favorabilidad la Ley 923 de 2004, en tanto no se estaba en presencia de la existencia de varias normas vigentes al momento de los hechos que regularan la misma situación fáctica.

En este orden, discurrió como sigue:

A folios 8 a 10 del cuaderno principal se observa que mediante Acta de Junta Medica Laboral N° 3570 de 19 de noviembre de 1997, se evaluó la disminución de la capacidad laboral del demandante en un porcentaje del 64.59%, determinándose que las lesiones

Laboral N° 35