CE - 010315000202303918001SENTENCIA20231012180127

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

Accionante: Patricia Tobón Yagarí

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

Accionante: PATRICIA TOBÓN YAGARÍ

Accionados: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE ARMENIA Y

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L QUINDIO, SALA

UNITARIA

Tesis: Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e incurre en violación directa de la Constitución la providencia judicial que impuso una sanción por desacato, sin tener en cuenta que la orden de tutela no era posible cumplirla.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Patricia Tobón Yagarí contra los autos proferidos el 16 de mayo de 2023 y el 23 de mayo de 2023 por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Unitaria, respectivamente, en el trámite incidental por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado

de 2023 por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Unitaria, respectivamente, en el trámite incidental por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado nro. 63001 33 33 006 2023 00036 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello formuló las siguientes pretensiones 1:

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

Accionante: Patricia Tobón Yagarí

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“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE ARMENIA y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO - SALA CUARTA DE DECISIÓN, modular los efectos del fallo de tutela adicionado del

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE ARMENIA y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO - SALA CUARTA DE DECISIÓN, modular los efectos del fallo de tutela adicionado del 30 de marzo de 2023, en cumplimiento de la Sentencia SU – 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019548722 del 18 de ab ril de 2020, con fundamento en la Resolución nro. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a la señora RUBIELA CARO NARANJO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización en las fechas establecidas, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

En consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en el auto de fecha del 16 de mayo de 2023, impuesta en mi contra, consistente en multa equivalente a tres (03) salarios mínimos legales mensuales, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA UNITARIA, en sede consulta, mediante providencia del 23 de mayo de 2023.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión

DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”.

[Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito de tutela].Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que, mediante fallo de tutela del 3 de marzo de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia tuteló los derechos fundamentales de petición, debido proceso y reparación pronta, justa y proporcional a las víctimas del conflicto armado de la señora Rubiela Caro Naranjo.

Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior , se ordenó a la Unidad

fundamentales de petición, debido proceso y reparación pronta, justa y proporcional a las víctimas del conflicto armado de la señora Rubiela Caro Naranjo.

Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior , se ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, que “(…) dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia , aplique a la accionante el método técnico de priorización y , en consecuencia, le informe a la señora Rubiela Caro Naranjo i) si le asiste el derecho a la priorización para la entrega de la indemnización administrativa y ii) de ser favorable la priorización, un turno con la indicación de un plazo razonable para entregar de manera material la indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución nro. 04102019-5488722 del 18 de abril de 2020, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado (…)”2.

Manifestó que la señora Caro Naranjo impugnó el precitado fallo y que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, en providencia del 30 de marzo de 2023 adicionó el numeral segundo del fallo de tutela.

Señaló que, por escrito radicado el 10 de abril de 2023, la UARIV informó el resultado de no favorabilidad del método técnico de priorización aplicado a la señora Rubiela Caro Naranjo, toda vez que no se acreditó criterio alguno de priorización que permitiera el ingreso a la lista de pago para la vigencia fiscal correspondiente.

Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia por auto del 16

criterio alguno de priorización que permitiera el ingreso a la lista de pago para la vigencia fiscal correspondiente.

Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia por auto del 16 de mayo de 2023 la sancionó, junto con la señora Clelia Andrea Anaya

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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Benavides, directora técnica de reparaciones de la UARIV, con una multa de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque no se había dado cumplimiento al fallo de tutela.

Anotó que, por auto del 23 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Unitaria, en sede de consulta, revocó la sanción en contra de la señora Clelia Andrea Anaya Benavides y confirmó la sanción impuesta en su contra.

La parte actora adujo que el 24 de mayo de 2023 y el 28 de junio de 2023, la UARIV presentó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia solicitud de inaplicación de la sanción impuesta reiterando que, de acuerdo con la Resolución nro. 04102019-548722 del 18 de abril de 2020 y el resultado del método técnico de priorización del año 2021 y 2022, se

solicitud de inaplicación de la sanción impuesta reiterando que, de acuerdo con la Resolución nro. 04102019-548722 del 18 de abril de 2020 y el resultado del método técnico de priorización del año 2021 y 2022, se concluyó que para la señora Rubiela Caro Naranjo no era procedente materializar la entrega d e la indemnización en esas vigencias, teniendo en cuenta (i) el puntaje total obtenido en la última aplicación del método técnico de priorización del año 2022 fue de 37.35843, y que el puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria para ese año era de 46.6053, (ii) la aplicación del método técnico de priorización, (iii) la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, (iv) la improcedencia del desacato ante la imposibilidad de cumplir el fallo, (v) el debido proceso administrativo de la UARIV, entre otros.

Agregó que el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, por auto del 1 de junio de 2023 negó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta.

En el acápite denominado “De las acciones desplegadas por la Unidad para las Víctimas para acreditar las gestiones realizadas para el cumplimiento al fallo de tutela”, expuso que la UARIV, dando aplicación al procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución nro. 1049 de 2019, decidió por medio de la Resolución nro. 04102019-548722 del 18 de abril d e 2020 reconocer a la señora Rubiela Caro Naranjo la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado yRadicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

reconocer a la señora Rubiela Caro Naranjo la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado yRadicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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aplicarle el método técnico de priorización con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización.

La accionante informó que el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó para el caso de la señora Caro Naranjo el método técnico de priorización, con el propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a dicha unidad en e l año 2022, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo, conforme al resultado de la aplicación del precitado método, se concluyó que no era procedente realizar la entrega de la indemnización ya reconocida por el hecho victim izante de desplazamiento forzado, debido a que el puntaje mínimo definido en el año 2022 para acceder a la indemnización administrativa era de 46,6053 y el puntaje obtenido por la señora Caro Naranjo fue de 37,35843.

Explicó que “(…) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la Unidad para las Víctimas le es imposible indicar un plazo aproximado y orden de turno en que procederá a realizar la entrega de la indemnización administrativa, pues para el caso de la señora Rubiela Caro Naranjo , el

para las Víctimas le es imposible indicar un plazo aproximado y orden de turno en que procederá a realizar la entrega de la indemnización administrativa, pues para el caso de la señora Rubiela Caro Naranjo , el resultado de la aplicación del método técnico de priorización si bien determinó un orden, este no se ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2022 (…) ”3.

Afirmó que la UARIV procederá a aplicarle nuevamente el método técnico de priorización a la señora Caro Naranjo en el mes de septiembre de 2023, junto con el universo de víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento, y que en caso de que no sea priorizada, sería imposible indicarle un plazo aproximado y orden de turno en que se hará la entrega de la indemnización administrativa.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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Aseveró que se ha informado de manera clara que el método técnico de priorización no se puede aplicar antes de la fecha indicada , esto es septiembre de 2023, porque se debe respetar el procedimiento administrativo y el derecho a la igualdad de las demás víctimas del

priorización no se puede aplicar antes de la fecha indicada , esto es septiembre de 2023, porque se debe respetar el procedimiento administrativo y el derecho a la igualdad de las demás víctimas del conflicto armado.

Alegó que las providencias cuestionadas incurren en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que señala las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.

Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, comoquiera que “ (…) al momento de valorar los escritos emitidos por la Unidad para las Víctimas, como también la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el oficio de no favorabilidad del actor de la acción constitucional de la referencia , valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, y adicional no tiene en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimien to para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas (…) ”4.

Agregó que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento presentado a las autoridades judiciales accionadas, en el cual se indicó el proceso en la aplicación del método técnico de priorización y la

Agregó que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento presentado a las autoridades judiciales accionadas, en el cual se indicó el proceso en la aplicación del método técnico de priorización y la imposibilidad de aplicar el que corresponde a la vigencia de 2023 en un término diferente al señalado.

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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Sostuvo que se configura el defecto de violación directa de la Constitución porque las decisiones atacadas vulneran los derechos fundamentales de la accionante, al desconocer el procedimiento de reconocimiento de la indemnización administrativa previsto en la Resolución nro. 01049 de 2019.

Adujo que el juez de tutela de primera instancia, que tiene a su cargo el seguimiento del cumplimiento del fallo, debe sopesar los informes allegados por la entidad y evaluar que la no fijación de una fecha de pago, no obedece a una actitud negligente del funcionario público sino al contexto de un estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.

Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV ha presentado

de derechos en el marco del conflicto armado.

Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV ha presentado reiterados informes sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanción.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de julio de 20235 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 25 de julio de 20236 la admitió y dispuso notificar7 al Juzgado Sexto Administrativo de Armenia y a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Quindío, como partes accionadas , así como vincular 8 a la señora Rubiela Caro Naranjo, como tercera interesada en el resultado del proceso.

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 6 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 7 Esta orden se cumplió el 26 de julio de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.

7 Esta orden se cumplió el 26 de julio de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 8 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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De igual forma, solicitó al Juzgado Sexto Administrativo de Armenia y/o al Tribunal Administrativo del Quindío que allegara copia digital o el hipervínculo del expediente de la acción de tutela identificada con el radicado nro. 63001 33 33 006 2023 00036 00, el cual fue remitido9.

3.2. La titular del Juzgado Sexto Administrativo de Armenia rindió informe10 en el que indicó que la sanción impuesta corresponde a una multa, por lo tanto, el asunto controvertido es de carácter económico sin incidencia constitucional.

Manifestó que la accionante busca discutir las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas, con el fin de generar un nuevo debate constitucional, lo que resulta improcedente según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU -116 de 2018.

Explicó que a la hoy accionante se le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para cumplir la orden del fallo de tutela del 3 de ma rzo de 2023, adicionado el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del

Explicó que a la hoy accionante se le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para cumplir la orden del fallo de tutela del 3 de ma rzo de 2023, adicionado el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío; sin embargo, vencido ese plazo, no se dio cumplimiento a lo ordenado.

Anotó que “(…) una vez presentada la solicitud de desacato por parte de la señora Rubiela Caro Naranjo el 17 de abril de 2023, el despacho procedió a adelantar el trámite de verificación de cumplimiento en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través de la doctora Clelia Andrea Anaya Benavides, Directora de Rep aración y la doctora Patricia Tobón Yagarí, en su calidad de Directora General y superior jerárquica de la directa responsable, para que exigiera el cumplimiento de la orden constitucional en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. No obstan te, las respuestas otorgadas por la entidad se limitaron a señalar los resultados del Método Técnico aplicado en el año 2022, en indicar que el nuevo Método Técnico de Priorización

9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 10 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

Accionante: Patricia Tobón Yagarí

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sería aplicado en la vigencia 2023, y en solicitar la desvinculación de la doctora Patricia Tobón Yagarí, (…) sin informar cuando se aplicaría el método en la vigencia 2023 (…)”.

3.3. El magistrado ponente de la decisión proferida en sede de consulta presentó escrito11 en el que aseveró que el asunto objeto de estudio no reviste relevancia constitucional , porque se trata de un tema que se circunscribe a la apreciación que hace la parte actora frente a lo que debió ser la decisión ahora censurada, comoquiera que alega la vulneración de los derechos fundamentales con base en un presunto desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -034 de 2018, lo que fue analizado y descartado en el auto proferido el 23 de mayo de 2023 que confirmó la sanción por desacato.

Señaló que las reglas contenidas en l a precitada sentencia de unificación no resultan aplicables al caso concreto para revocar la sanción que fue impuesta en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, por cuanto si bien aborda temas que se relacionan con el asunto aquí examinado, lo cierto es que el fondo de esa decisión se remite a los pagos de las indemnizaciones administrativas reclamadas

Circuito de Armenia, por cuanto si bien aborda temas que se relacionan con el asunto aquí examinado, lo cierto es que el fondo de esa decisión se remite a los pagos de las indemnizaciones administrativas reclamadas por las víctimas del conflicto armado que no fueron entregadas en los términos señalados en los fallos de tutela que a sí lo ordenaron y no a la aplicación del método técnico de priorización.

Afirmó que, se analizaron todos los informes rendidos por la UARIV a lo largo del trámite incidental y se tuvieron en cuenta los demás documentos aportados, tales como la Resolución No. 04102019-548722 del 18 de abril de 2020, su notificación y la comunicación de la aplicación del método para el mes de septiembre de 2023; sin embargo , los mismos no constituyeron material suficiente para revocar la sanción impuesta.

3.4. La señora Rubiela Caro Naranjo guardó silencio.

11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 4 de agosto de 202312.

3.6. Por auto del 7 de septiembre de 2023, la Sala requirió a la accionante para que informara (i) cuáles son las variables que se tienen en cuenta

3.6. Por auto del 7 de septiembre de 2023, la Sala requirió a la accionante para que informara (i) cuáles son las variables que se tienen en cuenta para hacer el estudio del método técnico de priorización para el pago de la indemnización administrativa de la señora Rubiela Cano Naranjo y (ii) las razones por las que no era posible hacer el estudio del método técnico de priorización a la señora Caro Naranjo antes del 23 de septiembre de 202313.

3.7. En la fecha del 26 de septiembre de 2023 la accionante contestó el precitado requerimiento , en el que informó cuáles son las variables que integran cada componente para la medición por método técnico de priorización14. En ese sentido, explicó que las variables están agrupadas por los componentes demográficos, estabilización socioeconómica, hecho victimizante y avanza de la ruta de reparación. Indicó que las variables se aplican indistintamente al universo de víctimas que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a su ejecución, cuenten con acto administrativo de reconocimiento de la medida de indemnización administrativa, y aquellas que pese a haber sido medidas en la vigencia anterior, obtuvieron un resultado no favorable para la priorización.

En cuanto a las razones por las que no era posible hacer el estudio del método técnico de priorización antes del mes de septiembre de 2023, explicó que previo a aplicar la herramienta técnica, la Unidad para las Víctimas efectúa un proceso de alistamiento de la información o base de datos con el universo de solicitudes generales que cuentan con acto administrativo de reconocimiento de la indemnización con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, junto con aquellas solicitudes

datos con el universo de solicitudes generales que cuentan con acto administrativo de reconocimiento de la indemnización con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, junto con aquellas solicitudes

12 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 13 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00. 14 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03918 00Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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que no tuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en los años anteriores.

Indicó que esta base de datos es objeto de validación, análisis y depuración interna, con el fin de garantizar que a las víctimas a las cuales se les va a aplicar el método técnico de priorización cuentan con estado incluido en el Registro Único de Víctima s y que el monto de la indemnización reconocida no supere el tope de 40 SMLMV.

Agregó que el artículo 17 y el anexo técnico de la Resolución nro. 1049 de 2019 prevén que el referido método “ se aplicará anualmente para la

indemnización reconocida no supere el tope de 40 SMLMV.

Agregó que el artículo 17 y el anexo técnico de la Resolución nro. 1049 de 2019 prevén que el referido método “ se aplicará anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal de conformidad con el marco de gasto de mediano plazo del sector”. Por lo que, sostuvo que, la entidad no cuenta con una fecha cierta respecto de la aplicación del método técnico; sin embargo, a procurado efectuarlo en el segundo semestre de cada vigencia.

Concluyó que, el proceso técnico no puede aplicarse a una solicitud administrativa en particular, sino que debe ejecutarse en un solo momento frente al universo de solicitudes generales que cuentan con acto administrativo de reconocimiento de la indemnización con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Por último, señaló que para el caso de la señora Rubiela Caro Naranjo ya se tiene el resultado del método técnico de priorización para el año 2023, del cual se desprende que “ en atención a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la unidad y al orden definido por la ponderación de cada una de las variables descritas, NO es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03918 00

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199115 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 16 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 17, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201918 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, en fallo de tutela proferido el 3 de marzo de 202319 dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración del derecho fundamental de petición de la señora Rubiela Caro Naranjo por parte de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y en consecuencia TUTELAR el mismo, conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, apliqué a la accionante el Método Técnico de Priorización, y en consecuencia, le

dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, apliqué a la accionante el Método Técnico de Priorización, y en consecuencia, le informe a la señora Rubiela Caro Naranjo i) si le asiste el derecho a

15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 16 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 17 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 19 Documento denominado “10SentenciaTutelaPrimeraInstancia” del expediente de la acción de tutela y