CE - 010315000202304074001SENTENCIA20231125103539

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: HERNANDO OROZCO GARCÍA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo de reparación directa. Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando Orozco García contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Hernando Orozco García interpuso acción de tutela contra el Consejo de

lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Hernando Orozco García interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerado s el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló la s siguientes pretensiones:

«4.1.- Solicito a esta sede de tutela, tutelar los derechos fundamentales del tutelante a su libertad, debido proceso, contradicción de la prueba, la presunción de inocencia, la buena fe exenta de culpa, el precedente judicial, las vías de hecho procesal, sustantiva, y las demás que considere este juez de tutela, en que incurrió la sentencia LA SENTENCIA DE LA SUBSECCIÓN C DEL 29 DE JULIO DE 2022. NOTIFICADA POR EDICTO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2023. RAD. 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374), del Consejo de Estado.

4.2.- Que como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE LA SUBSECCIÓN C DEL 29 DE JULIO DE 2022. NOTIFICADA POR EDICTO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2023. RAD. 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374), del Consejo de Estado. Y ordenar a dicha Subsección C, en un término prudente, profiriera un fallo de reemplazo. Al resolverse el caso del tutelante no violar la presunción de inocencia del tutela nte, así como valorar los efectos en el derecho fundamental de la libertad tiene el vencimiento o

resolverse el caso del tutelante no violar la presunción de inocencia del tutela nte, así como valorar los efectos en el derecho fundamental de la libertad tiene el vencimiento o cumplimiento de términos por parte del fiscal en la ley 600 de 2000, sobre el tutelante, cuando la libertad del tutelante la recupera por decisión del juez penal.

4.3.- O en su defecto, se deje incólume la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, de 20 de marzo de 2014, sentencia que le concedió las prestaciones al tutelante, porque le reconoció su derecho fundamental a la libertad, en tan to, para el tiempo de los hechos existían precedentes de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que lo protegían. Así entonces, se le protege el principio de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

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4.4.- O en su defecto tomar otra decisión que ordene este juez de tutela».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes :

El señor Hernando Orozco García es propietario y conductor de un camión en el que miembros de la Polic ía Nacional encontraron contenedores de plástico que,

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes :

El señor Hernando Orozco García es propietario y conductor de un camión en el que miembros de la Polic ía Nacional encontraron contenedores de plástico que, aparentemente, se iban a transportar precursores químicos para la elaboración de estupefacientes. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra el señor Orozco García, consistente en detención preventiva como posible autor del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. El Juzgado Quinto Penal Especializado de Cali dictó sentencia absolutoria y le concedió la libertad provisional , por que no existían pruebas que permitieran asegurar con certeza la participación del procesado en la comisión del delito.

El señor Orozco García, junto con su núcleo familiar , ejerció medio de control de reparación directa, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados con la privación de la libertad , que, calificó como injusta.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sentencia del 20 de marzo de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual aplicó el régimen subjetivo de responsabilidad .

Las partes interpusieron recurso de apelación, la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en que del acervo probatorio no se podía concluir que el accionante había sido injustamente privado de su libertad o incorrectamente vinculado al proceso penal; la Rama Judicial, para señalar que la Fiscalía General de la Nación

fundamento en que del acervo probatorio no se podía concluir que el accionante había sido injustamente privado de su libertad o incorrectamente vinculado al proceso penal; la Rama Judicial, para señalar que la Fiscalía General de la Nación fue quien en la etapa instructiva impuso la medida de aseguramiento en contra del señor Orozco García y que fue el análisis juicioso del Juez Quinto Penal de Circuito Especializado de Cali el que permitió la absolución del procesado. La parte demandante, en relación con el monto de los perjuicios reconocidos.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 29 de julio de 2022, revocó la decisión de primera instancia, por considerar que la medida restrictiva de la libertad impuesta a l señor Humberto Orozco García se ajustó a las exigencias previstas en la Ley 600 de 2000 .

Ello, por considerar que era legalmente procedente, pues, el hecho punible que se investigaba preveía una pena mayor a cuatro años; también fue razonable, porque, concurrieron elementos que lo incriminaban, tales como: (i) la denuncia del informante; (ii) el informe de las autoridades; (iii) el hallazgo de ácido sulfúrico sin la correspondiente autorización para su transporte; (iv) el camión de su propiedad que contenía 53 contenedores de plástico, que tenían la medida casi exacta de los 2.290 kilogramos del ácido sulfúrico excedente; (v) la presencia tanto de la manguera como de otros elementos que encajaban perfectamente para realizar el escurrido del ácido y cargarlo en el camión de Hernando Orozco. Que, justamente, los anteriores elementos de juicio dieron mérito para concluir que la escena de los

manguera como de otros elementos que encajaban perfectamente para realizar el escurrido del ácido y cargarlo en el camión de Hernando Orozco. Que, justamente, los anteriores elementos de juicio dieron mérito para concluir que la escena de los hechos estaba presta para el transporte del ácido sulfúrico, máxime porque en elRadicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

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vehículo se ubica ron los reci pientes necesarios para envasar la sustancia que posteriormente se distribuiría. De igual modo , su imposición resultaba necesaria para evitar la continuación de la actividad delictiva y, no fue desproporcionada, en el entendido que su duración -2 años y 20 díasfue inferior a la pena prevista para el delito.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Empezó por señalar que, la demanda de reparación directa se presentó el 24 de junio de 2010, fue admitida el 30 de julio de 2010 , el fallo de primera instancia fue

que se pasan a resumir.

Empezó por señalar que, la demanda de reparación directa se presentó el 24 de junio de 2010, fue admitida el 30 de julio de 2010 , el fallo de primera instancia fue proferido el 20 de marzo de 2014 y el de segunda instancia el 29 de julio de 2022, notificada el 2 de febrero del 2023 y con fundamento en ello, afirmó que “mucha de la argumentación (quizás toda) para revocar el fallo de primera instancia, el Consejo de Estado, argumenta un aparente cambio de jurisprudencia. Es decir, d esde el 2010, el tutelante tenía a su favor jurisprudencia de unificación que permitía reconocer derechos a los detenidos injustamente. Y ya para el 2023 prácticamente ocho (8) años un término desproporcionado para tomar una decisión de fondo por para resolver un recurso de apelación, la segunda instancia (Consejo de Estado), aplica otra jurisprudencia en desmedro del precedente judicial que en su momento arropaba al tutelante”. Quiere decir lo anterior, que , a juicio de la parte actora, en el momento en que presentó la demanda la tesis jurisprudencial vigente permitía que se declarara la responsabilidad patrimonial perseguida.

Concretamente, dijo que, el precedente del Consejo de Estado en el año 2013 reconocía que solo bastaba para condenar al Estado la absolución del procesado, pues se presumía que la privación de la libertad era injusta , que, el precedente del Concejo de Estado cambió tan solo en el año 2018 a 2020, en la sentencia 46.947 del 15 de agosto de 2018.

Seguidamente, hizo relación en extenso a la motivación del fallo de reparación

Concejo de Estado cambió tan solo en el año 2018 a 2020, en la sentencia 46.947 del 15 de agosto de 2018.

Seguidamente, hizo relación en extenso a la motivación del fallo de reparación directa de primera instancia, en el sentido que se le mantuvo privado de la libertad hasta el 21 de septiembre de 2006 y solo en virtud del fallo del 10 de agosto de 2006 se le concedió el beneficio de libertad provisional por vencimiento o cumplimiento de términos , para insistir en el argumento del tribunal de instancia, según el cual, la actividad judicial de la fiscalía dejó vencer los términos para resolver la situación jurídica al tutelante. Al respecto, afirmó que, se generó un daño antijurídico, porque el tutelante no estaba en el deber de soportar la carga de omisión de la fiscalía de realizar las diligencias por parte del ente acusador.

En general, insistió en que no estaba en el deber jurídico de soportar la carga del vencimiento o cumplimiento de términos, en tanto, la libertad de la persona está por encima de la omisión del fi scal de cumplir con los términos legales , aseveró que, “Ese evento por sí solo genera un daño antijurídico”.

Mencionó que el señor Ítalo Virgilio, que fue la persona que recomendó al señor Orozco García para el trabajo, declaró en el proceso de reparación directa que el aquí actor fue contratado para llevar un acarreo, porque tenía un carro para acarreos y agregó que en el trámite de primera instancia se acreditó que el vehículoRadicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

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acarreos y agregó que en el trámite de primera instancia se acreditó que el vehículoRadicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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estuvo decomisado por la Fiscalía General de la Nación y con posteridad a la sentencia absolutoria el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali ordenó la entrega inmediata, a su juicio, “toda la prueba comprobó que el tutelante era un mero transportista. Tanto es as í, que los demás implicados que se sometieron a la sentencia, declaran que el tutelante nada tenía que ver con los hechos más allá de hacer un acarreo”.

Afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto “probatoria procesal y/o sustantiva” (sic) porque “no puede decir o interpretar lo que ya el juez penal interpreto. Contundente el juez exculpo a tutelante y a su defensa, de posibles dilaciones en el proceso penal. Toda la culpa de la omisión en el vencimiento o cumplimiento de términos es totalmente del fiscal. Omitió la entidad tutelada (Consejo de Estado) hablar de qué pasa si hay vencimiento o cumplimiento de términos y se le otorga la libertad a una persona (por el juez, no por la fiscalía)”.

del fiscal. Omitió la entidad tutelada (Consejo de Estado) hablar de qué pasa si hay vencimiento o cumplimiento de términos y se le otorga la libertad a una persona (por el juez, no por la fiscalía)”.

Agregó que, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado “vulnera directamente el análisis de derechos fundamentales cuando son vulnerados. El mero principio de legalidad no puede prevalecer sobre el análisis de vulnerabilidad de derechos fundamentales. Ya lo observaba Antonio Barrera Carbonell, en la C -197 de abril 7 de 1999, cuando indicaba que cuando el juez administrativo advierta «la violación de un derecho fundamental de aplicación inmediata» deberá proceder a su protección” .

A su juicio, “Hay desproporción de la medida de aseguramiento contra el tutelante, si el proceso penal se mira como un todo respecto a la libertad del tutelante. La libertad debe ser proporcional desde que se practica hasta que se absuelve, tal como paso en el caso planteado. La libertad del tutelante solo la obtuvo por la providencia del juez (no del fiscal). Este juez, debió decretar la libertad del tutelante por vencimiento o cumplimiento de términos, y a su vez, a posteriori ese mismo juez, absuelve al tutelante con la misma prueba que se recogió por la fiscalía”.

Aseveró que “Así entonces, probatoriamente la sentencia hoy tutelada, se basó no en la prueba recogida por el juez penal, sino en las conjeturas propias de la entidad tutelada (Consejo de Estado), quien apl ica probatoriamente hablando una sentencia de la Corte constitucional, que no da lugar al tema trabajado dentro del proceso de reparación directa, para decir que la

de Estado), quien apl ica probatoriamente hablando una sentencia de la Corte constitucional, que no da lugar al tema trabajado dentro del proceso de reparación directa, para decir que la privación de la libertad del tutelante, fue proporcional y racional; en tanto, la medida de aseguramiento la tomo el mismo funcionario que investigo (fiscal) por efecto de la ley 600 de 2000”.

Dijo además que, la sentencia cuestionada desconoció el precedente judicial, previsto en la sentencia SU -363 de 2021, expedida por la Corte Constitucional, conforme con la cual el juez administrativo le corresponde realizar e l análisis de la conducta del procesado desde la perspectiva de la culpa y el dolo en materia de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Dijo que, por el contrario, ese análisis de culpa y dolo sí lo hizo el tribunal de primera instancia.

Adujo que con las pruebas arrimadas al se demostró que el señor Orozco García nunca tuvo comportamiento doloso, pues no destruy o, ni escondió la supuesta sustancia ilegal, los contenedores que cargaba en su carro no se llenaron con sustancias, al contrario, estaban vacías, tampoco obstruyo la acción de la justicia y, en relación con la culpa grave, no descuido nada, al contrario, colaboró con la justicia y se probó que solo era un trasportador de buena fe exenta de culpa.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hernando Orozco García

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 1 de agosto de 2023, inadmitió la acción de tutela y requirió al abogado para que allegara los documentos que lo acreditaran como apoderado, cumplido el requerimiento, en auto del 22 de agosto de 2023, el despacho admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los demandantes, a los Magistrados que conforman la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Nación – Fiscalía General de la Nacióny a la Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-. Adicionalmente, a los Magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a Bellanid, Mariana y Carolina Orozco Robles, María Leyla Orozco García, Arcelia Orozco García, Olivia Orozco García y Carmen Emilia Bedoya, como terceros interesados en el resultado del proceso . Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, manifestó que la procedencia de tutela contra providencia judicial debe satisfacer unos requisitos de

notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, manifestó que la procedencia de tutela contra providencia judicial debe satisfacer unos requisitos de orden general y específico, para que se convierta de forma genuina en un juicio constitucional y no llanamente en la reviviscencia o prolongación del debate judicial inherente al juez natural.

Dijo que, en el presente caso, a pesar de que la parte actora redunda en esfuerzos para hacer notar una vulneración al debido proceso, en el escrito de tutela expone una argumentación circular que confunde y mezcla el análisis penal del caso , con el análisis y las exigencias de una acción de envergadura constitucional como es la tutela.

Que, si bien, se invocó vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, aquel lo hace sobre argumentos que no corresponden con el núcleo de tal derecho, sino con la intención de que se imponga, a toda costa, su forma particular de concebir la manera en que el Consejo de Estado debió fallar el recurso de apelación.

Enfatizó que la ausencia de relevancia constitucional es palpable en el presente caso, al punto que, el tutelante se vio en dificultades para fundamentarla, pues, expuso que el caso era constitucionalmente trascendente porque: (i) estaba de por medio su derecho fundamental a la libertad, como si todavía estuviera en un escenario de privación y, (ii) en el hecho de que se le juzgó penalmente en vigencia de la Ley 600 de 2000, normativa de la que dice, permitía que el fiscal fuera “juez y parte”, razones que evidencian que lo que pretende con la presente tutela es dar

de la Ley 600 de 2000, normativa de la que dice, permitía que el fiscal fuera “juez y parte”, razones que evidencian que lo que pretende con la presente tutela es dar continuidad a un debate cuya solución no le satisfizo y que tornan la acción de tutela en improcedente.

Adujo que no se encuentra demostrada la vulneración de los derechos fundamentales invocados porque a los demandantes en reparación directa se les garantizó la participación en todas y cada una de las etapas del proceso y el ejercicio de los recursos y medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

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En lo atinente al derecho fundamental a la presunción de inocencia, ninguna afectación puede advertirse de parte d el juez de la reparación directa, ya que no está dentro de su órbita jurisdiccional intervenir tal derecho. Explicó que, como se hizo en la sentencia proferida el 29 de julio de 2022, el tema de la prolongación de la libertad no hizo parte de la causa petendi en el proceso de reparación directa, no obstante, como el tribu nal en la primera instancia consider ó que hubo demora por

la libertad no hizo parte de la causa petendi en el proceso de reparación directa, no obstante, como el tribu nal en la primera instancia consider ó que hubo demora por parte del juzgado penal de conocimiento para otorgar la libertad del señor Orozco, en sede de apelación se analizó ese aspecto , punto frente al cual, se llegó a la conclusión contraria a la de la primera instancia, al efecto se ofrecieron las razones para considerar que la audiencia pública de juzgamiento se realizó dentro del plazo legalmente previsto por la Ley 600 de 2000.

Que, ahora, en sede de tutela expone un argumento nuevo que no fue debatido en la demanda de reparación y es el referido a un supuesto de vencimiento de términos durante la investigación penal, como si la tutela se constituyera en una nueva oportunidad para ampliar una litis que ya concluy ó.

Puso de presente que el actor equiparó el hecho de que “no se hayan concedido las pretensiones resarcitorias con una violación al principio de presunción de inocencia”, cuando lo uno nada tiene que ver con lo otro, pues las decisiones que adopte el juez de la reparación no tienen la virtud de modificar o afectar las decisiones tomadas dentro del proceso penal. Explicó que , es un hecho que el señor Orozco fue absuelto de la responsabilidad penal y esa circunstancia es inmodificable, no quiere decir ello que en sede de reparación directa el juez contencioso no pueda analizar la legalidad y razonabilidad de la medida privativa de la libertad, más aún, cuando debe hacerlo porque solamente de esa manera puede determinar, en los términos en que lo dispuso la sentencia C -037 de 1996, si la privación de la libertad fue injusta o no.

de la libertad, más aún, cuando debe hacerlo porque solamente de esa manera puede determinar, en los términos en que lo dispuso la sentencia C -037 de 1996, si la privación de la libertad fue injusta o no.

Adicionalmente, sostuvo que, lejos de desatender normas de raigambre superior, por el contrario, lo que se hizo en la providencia fue dar aplicación a los criterios jurisprudenciales actuales de la Sección, que corre sponden con los de la Corte Constitucional en la Sentencia SU 072 de 2018 y en la sentencia C -037 de 1996, en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

La Nación – Fiscalía General de la Nación allegó contestación en la que indicó que en el caso sub examine, la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado de los accionantes no d io cuenta por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este , sin embargo no señaló cuál ser ía el medio de defen sa procedente, (ii) no sustent ó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por Hernando Orozco García, por cuanto , no se cumple con las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente jurisprudenc ial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

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requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente jurisprudenc ial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los señores Bellanid, Mariana y Carolina Orozco Robles, María Leyla Orozco García, Arcelia Orozco García, Olivia Orozco García y Carmen Emilia Bedoya no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se

fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00

Demandante: Hernando Orozco García

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Hernando Orozco García pretende que se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C proferir nueva decisión en el marco del proceso de reparación directa con radicado número 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374).

Aunque en el escrito de tutela la parte actora no alegó la configuración de algún defecto en concreto , de manera general, sostuvo que, se desconoció: (i) el precedente judicial aplicable en la materia en el momento en que ejerció la acción de reparación directa; (ii) el precedente judicial, previsto en la sentencia SU-363 de 2021; (iii) asimismo, que en mar co del proceso penal la libertad fue obtenida en

precedente judicial aplicable en la materia en el momento en que ejerció la acción de reparación directa; (ii) el precedente judicial, previsto en la sentencia SU-363 de 2021; (iii) asimismo, que en mar co del proceso penal la libertad fue obtenida en atención al vencimiento de términos imputable a la Fiscalía General de la Nación y, (iv) que se acreditó su condición de transportador .

De manera que, corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección T