CE - 010315000202304195001SENTENCIA20231023145449

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDÉS SÁNCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEÓFILA VALDÉS SÁNCHEZ

Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales del régimen especial de la rama judicia l. Derecho s fundamentales al descanso remunerado, al trabajo en condiciones dignas y a la salud

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por l a señora Teófila Valdés Sánchez, quien actúa en nombre propio, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social , vulnerados, supuestamente , con la decisió n de negarle el

contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social , vulnerados, supuestamente , con la decisió n de negarle el disfrute de un periodo de vacaciones causado, con la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo por parte de la autoridad accionada.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que actualmente se desempeña como secretaria en propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura, el cual pertenece al régimen individual de vacaciones.

Sostuvo que el titular del despacho, a través de la Resolució n N° 062 de 19 julio de 2023, le concedió el disfrute de las vacaciones por el periodo causado entre el 18 de abril de 2022 y el 17 de abril de 2023, que empezaría a disfrutar a partir del 14 de octubre de 2023, las cuales quedaron supeditadas a la expedic ión del certificado de disponibilidad presupuestal que debería emanar de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali para nombrar su reemplazo durante ese periodo.

Por último, expresó que, en respuesta a la petición elevada en ese sentido por el juez, la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional de Cali, a través del oficioRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ

juez, la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional de Cali, a través del oficioRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ

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2 DESAJCLO23-3106 de julio 31 de 2023 , negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para proveer su reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones, “de conformidad con la Circular PSAC11-44 del año 2011 del Consejo Superior de la Judicatura”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante, quien actú a en nombre propio, presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional prote ja sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, vulnerados supuestamente , con la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo por parte de la autoridad accionada, lo que le ha impedi do disfrutar de un periodo de vacaciones causado a su favor.

Aseveró que el actuar de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali va en detrimento de sus derechos constitucionales, en la medida que no se le permitiría gozar del ben eficio de vacaciones a las cuales tiene derecho por ley. Agregó que esa decisión desconoce las sentencias de 12 de diciembre de 2018 (radicado No. 080001 -23-33-000-2018-00756-01) y de 25 de

derecho por ley. Agregó que esa decisión desconoce las sentencias de 12 de diciembre de 2018 (radicado No. 080001 -23-33-000-2018-00756-01) y de 25 de agosto de 2022 (radicado 11001 -03-15-000-2022-03966-00), dictadas por la Sección Cuarta del Consejo del Estado , en las que se ordenó a la respectiva directora ejecutiva seccional de administración judicial que adelantara los trámites administrativos y presupuestales para garantizar el derecho al descanso.

Finalmente, s eñaló que se han proferido decisiones en idén tico sentido, “de las que se puede afirmar que existe jurisprudencia sobre tal materia ” que no puede ser desconocida por la entidad accionada “y por ende debe ser aplicada a este caso en particular, e incluso a c ualquier caso análogo, pues, es inadmisible que tenga que acudir a este medio judicial para obtener una decisión de la cual el ente demandado ya tiene infinidad de decisiones en contra de ella y por ende sabe, que no se puede negar a expedir el tan anhelad o certificado de disponibilidad presupuestal”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1º.- Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, que proceda a emitir el respectivo Cert ificado de Disponibilidad Presupuestal con e l fin de allegarlo al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle), y poder gozar del periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos.

de Disponibilidad Presupuestal con e l fin de allegarlo al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle), y poder gozar del periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos.

2º.- Se INQUIERA de una vez por todas a l a DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTR ACIÓN JUDICIAL DEL VALLE, para que en lo sucesivo se abstenga de asumir postura similar y de negación de expedición de disponibilidad presupuestal, pues, es inconcebible que no acate el precedente judicial y esa conducta conlleva a un desgaste innecesario de la administración de justicia, ya que por cada certificado que pidan los emp leados estamos avocados a iniciar individualmente una acción de tutela.

3°.- En Caso de no acatar el fallo dispuesto por usted señor Juez, se impongan las sanciones de Ley consagrado en artículo 26 y 52 del decreto 2591 de 1991”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ

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4. Pruebas relevantes

Se allegaron copias digitales de i) la Resolución No. 062 de 19 de julio de 19 de 2023, mediante la cual se supeditó el reconocimiento de las vacaciones solicitadas a la expedició n del certificado de disponibilidad presupuesta l por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali , ii) el oficio

2023, mediante la cual se supeditó el reconocimiento de las vacaciones solicitadas a la expedició n del certificado de disponibilidad presupuesta l por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali , ii) el oficio dirigido por el Juez Segundo Promiscuo de Familia del Circuito Buenaventura a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali de julio 19 de 2023, en el que solicitó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, y iii) el oficio DESAJCLO23 -3106 de julio 31 de 2023 proferido por la Dirección Ejecutiva Sec cional de Administración J udicial de Cali , en el que se n egó la disponibilidad presupuestal solicitada.

5. Trámite procesal

Por auto de 1° de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Así mismo, ordenó notificar a la accionante, a la s autoridades accionadas, al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificacione s electrónicas Nos. 92734 a 92737 de 4 de septiembre de 202 3, con el fin de notificar a las partes1.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Nos. 92734 a 92737 de 4 de septiembre de 202 3, con el fin de notificar a las partes1.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto , adujo, esa entidad no estaba obligada a disponer recursos que permitieran la contratación del reemplazo de la demandante para la concesión del periodo de vacaciones que solicitó ante su nominador.

Sostuvo que en el caso existe falta de conformación del litisconsor cio por pasiva, en tanto las Direcciones Ejecutivas Seccionales se encuentran bajo la dirección y coordinación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que , si bien es cier to que la ejecución presupuestal de esas seccionales es autónoma e independiente de acuerdo a sus necesidades, “lo cierto es que tanto ellas como esta entidad tienen prohibido la apropiación de recursos para garantizar la contratación de l os re emplazos de los Empleados Judiciales con régimen de

1 La notificación se efectuó a la s siguientes direcciones electrónicas: tvaldess@cendoj.ramajudicial.gov.co, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co dirseccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 02fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.coRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ

dirseccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 02fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.coRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

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4 vacaciones individuales conforme lo dispone la Circular PSAC11 -44 de noviembre 23 de 2011 , así pues que la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajusta a lo reglamentado p or el Consejo Superior de la Judicatura, por ende, no se trata de una afectación a un derecho personal e individual del accionante, sino de la ejecución y cumplimiento de un Acto General y Abstracto que reglamenta una situación para la gen eralidad de los Empleados Judiciales; al margen de ello, como se manifestó para esta Entidad y sus Seccionales, está prohibido la apropiación de recursos para los efectos ordenados por su Despacho, por ello, para que surtiese legalidad el presente trámite constitucional la PASIVA debió haber sido legalmente integrada, por la Seccional Cali y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda Crédito Público, pues son estas entidades del or den nacional las que establecen la política económica y presupuestal que deben seguir y cumplir las Entidades Públicas, en este caso las pertenecientes a la Rama Judicial; y al faltar a la convocatoria de estas Entidades, claramente el trámite constitucional se encuentra viciado de Nulidad”.

presupuestal que deben seguir y cumplir las Entidades Públicas, en este caso las pertenecientes a la Rama Judicial; y al faltar a la convocatoria de estas Entidades, claramente el trámite constitucional se encuentra viciado de Nulidad”.

Adicionalmente, pidió que se dec larara la improcedencia de la acción de tutela, pues, a su juicio, intrínsecamente se dirige contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo era la circular PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011.

Alegó que en el caso existe una violación a los principios de planeación, presupuesto y servicio público esencial, en tanto, declaró, el juez constitucional de tutela no puede librar orden que conlleve la apropiación y eje cución del presupuesto de las entidades públicas.

Para terminar , sostuvo que en el caso no se configura un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio , “ pues lo que se advierte es que la parte actora radicó el derecho d e petición median te el cual solicitan el disfrute de vacaciones es de competencia de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali; situación que lleva a concluir que no existe un perjuicio irremediable”.

6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de A dministración Judicial de Cali

La directora ejecutiva seccional de administración judicial de Cali rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción constitucional incoada, toda vez que, afirmó, por su parte no se vulnera derecho fundamental alguno “y la Dirección Seccional solo acata las disposiciones vigentes para el efecto (art.4 y 6

el que solicitó que se declarara improcedente la acción constitucional incoada, toda vez que, afirmó, por su parte no se vulnera derecho fundamental alguno “y la Dirección Seccional solo acata las disposiciones vigentes para el efecto (art.4 y 6 C.P.)-principio de legalidad”.

Adujo que no es una actitud caprichosa por parte de esa administración la negativa a expedir el cer tificado de dispo nibilidad presupuestal para reemplazos, y que es precisamente el cumplimiento del principio de legalidad y seguridad jurídica , “por consiguiente es obligatorio acatar la Circular existente desde el año 2011, que a la fecha se encuentra vigente; ello en con cordancia con lo previsto en el art. 6 de la Constitución Política que hace referencia al principio de responsabilidad jurídica de los particulares y los servidores públicos por incumplir la Constitución y las leyes, y en dicha norma no se hace referencia de la obligatoriedad al cumplimiento deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

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5 precedentes, menos, cuando no existe unanimidad respecto al tema por parte de los jueces constitucionales y tampoco existe sentencia que unifique el criterio que debe imperar al respecto”.

Afirmó que la improcedencia del amparo pretendido radica en que los empleados y, en especial , el titular del despacho como Juez y como abogados que son los empleados, en su mayoría, “pueden demandar la precitada circular y solicitar como

Afirmó que la improcedencia del amparo pretendido radica en que los empleados y, en especial , el titular del despacho como Juez y como abogados que son los empleados, en su mayoría, “pueden demandar la precitada circular y solicitar como medida cautelar la suspensi ón provisional de los efectos del acto administrativo, circunstancia que a pesar del recuento de los años en que han requerido el CDP, no han actuado, evidenciando ello un acatamiento tácito a la normativa que hoy se pretende desconocer mediante esta nueva acción de tutela”.

Luego de hacer referencia a jurisprudencia reciente en la que se ha establecido que no resulta de la órbita del juez constitucional ordenar que se expida el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo , sostuvo que no puede perderse de vista ciertos condicionamientos operativos y presupu estales de la administración pública , en específico , que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial que no cuentan con recursos propios, y que están supeditadas al env ío que de los mis mos realiza la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien a su vez realiza las diligencias pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que el actuar de la administración se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral cuarto de la Circular PSAC1144 de 23 de noviembre del 2011 , donde se dispuso que no es dable disponer de presupuesto por reemplazo de vacaciones lo que no faculta al nominador del despacho para negar el disfrute de vacaciones “a la cual legal y constitucionalmente tiene derecho, máxime, si sobre dichas circunstancias existen pronunciamientos, por parte del Consejo de Estado en segunda instancia”.

despacho para negar el disfrute de vacaciones “a la cual legal y constitucionalmente tiene derecho, máxime, si sobre dichas circunstancias existen pronunciamientos, por parte del Consejo de Estado en segunda instancia”.

6.3. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

El jefe del área jurídica de la entidad rindió in forme en el que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, declaró, no es viable endilgarle alguna responsabilidad toda vez que las acciones u omisiones que atribuye el accionante como vul neradoras de sus derechos recaen exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, y que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

6.4. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

La presidenta de la Corporación rindió informe en el que solicitó declarar la falta legitimación en la causa por pasiva a su favor , por cuanto , señaló, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle no es el facultado legalmente para expedir e l certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones de los empleados judiciales, en este caso de la señora Teófila Valdés Sánchez , quien funge como secretaria en propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

funge como secretaria en propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

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6 6.5. Respuesta del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se acojan los fallos de tutela esbozados por la accionante, en especial la sentencia SU-296 de 2023 de la Corte Constitucional en la que se precisó que la actuación de las accionadas “ no solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y mental, así como en la di gnidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras administrativas” y, como consecuencia, se acceda a las pretensione s de la tutela am parando los derechos constitucionales de la parte actora.

Sostuvo que coadyuva las pretensiones de la acción , en la medida que existe un sin número de sentencias en materia de tutela emitidas por diferentes cortes donde han abordado temas similares y amparado tal prerrogativa, por lo que no se explica cómo la entidad accionada no acoge el precedente judicial, el cual es de obligatorio acatamiento, y con base en el mismo proceda a expedir el certificado

donde han abordado temas similares y amparado tal prerrogativa, por lo que no se explica cómo la entidad accionada no acoge el precedente judicial, el cual es de obligatorio acatamiento, y con base en el mismo proceda a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido.

Para terminar, refirió que con el actuar indebido de la entidad demandada no solo se vulneran los derechos de la accionante sino además hace innecesario el desgaste de la administración de justicia, pues , indicó, tal y como lo acota la accionante, en cada anualidad se verá precisada a estar formulando tutelas con miras a que la entidad accionada expida el certificado de disponibilidad presupuestal, “en otras palabras, coloca a cada servidor judicial que labora en despachos con vacaciones individuales a instaurar acciones de tutela para poder gozar de su derecho a vacaciones, cuando se insiste, ya existe un sin número de fallos de tutela en tal sentido amparando los derechos de los empleados judiciales que gozan de vacaciones individuales”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la accionante durante el periodo de disfrute de las vacacion es que causó y solicitó , por parte de la s autoridades

Corresponde a la Sala determinar si la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la accionante durante el periodo de disfrute de las vacacion es que causó y solicitó , por parte de la s autoridades accionadas, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, en tanto no se le permitiría gozar del beneficio de vacaciones a las cuales tiene derecho por ley, lo que , aduce, va en contravía de decisiones ya proferidasRadicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

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7 en ese sentido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional , en casos análogos.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medio s será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias part iculares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha e xtendido los efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así

existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU263 de 20152:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio

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Véase al respecto: Corte C onstitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T -435 de 2006 M.P. Humbert o Antonio Sierra Porto, T -768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, sentencia T -651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T -1012 de 2003

M.P. Eduardo Montealegre Lynett.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

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8 irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela"3.

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 4, ya que, si bien l a regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a in tervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protecc ión constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa judicial, el juez con stitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el sub lite , la accionante considera que la decisión de no acceder al disfrute de un periodo de vacaciones causado a su favor, con ocasión de la

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el sub lite , la accionante considera que la decisión de no acceder al disfrute de un periodo de vacaciones causado a su favor, con ocasión de la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante di cho p eriodo por parte de Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, en tanto, afirma, no se le permitiría gozar del beneficio de las vacaciones a las que tiene derecho por ley, lo que desconoce decisiones proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Esta Sala, al estudiar la proced encia de la acción de tutela en estos casos , ha señalado 5 que cuando hay actos administrativos de por medio, el me dio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el que resulta idóneo , el cual contempla la posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional de los actos para evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de irremediable.

Sin embargo, pese a que en el caso existe el oficio mediante el cual la Oficina de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal , el cual se

3 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 5

3 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 5 Véase la reciente sentencia de 8 de junio de 2023, exp. 11001 -03-15-000-2023-02340-00, M.P. Wilson Ramos Girón y la sentencia de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00, M.P. Milton Chaves García.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00

Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ

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9 podría controvertir en sede ordinaria con la exposición de las causales de nulidad que considere pertinentes, en el presente caso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el reconocimiento del derecho fundamental al descanso remunerado.

No cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo, por lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una c