CE - 010315000202304246001SENTENCIA20231204094541

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de reparación directa. Excepciones en las cuales procede el medio de control de reparación directa cuando el origen del daño lo constituye una actuación administrativa. Ausencia de los defectos «desconocimiento de precedente jurisprudencial y fáctico».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Iván Rodríguez Riaño en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el señor Iván Rodríguez Riaño , actuando en nombre propio, promovi ó demanda en orden a que se tutelen los derechos fundamentales que relacionó así:2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho… Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 15. Al buen nombre. Artículo 29. Al debido proceso. Artículo 31. A apelar una sentencia. Artículos 44 y 67. La educación de mis hijos. Artículo 277 numeral 1. La no protección de la Procuraduría en los momentos vitales e importantes de los procesos.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias del 29 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ,

importantes de los procesos.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias del 29 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , y del 25 de mayo de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radicación 76001-23-33003-2015-00559-00 [01] y, en su lugar, que se ordene a las autoridades accionadas emitir una decisión en la que se tengan en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas en el proceso de reparación directa como en la acción de tutela.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 20 de marzo del 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Palmira lo declaró responsable por el delito de acto sexual con persona en incapacidad de resistir, previsto en el artículo 300 del Código Penal, y como consecuencia de lo anterior, lo condenó a la pena principal de 24 meses de prisión —que no se realizó por intervención de la Procuraduría Delegada —, y a las accesorias de interdicción de derechos por igual lapso y suspensión en el ejercicio de la profesión de médico por espacio de un año.

1. El 13 de septiembre del 2002, se posesionó en el cargo de profesional universitario forense, grado 14, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , Unidad Local de Palmira ; y el 9 de noviembre del 2004, en el de profesional universitario forense, grado 13, de la misma Unidad.3

forense, grado 14, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , Unidad Local de Palmira ; y el 9 de noviembre del 2004, en el de profesional universitario forense, grado 13, de la misma Unidad.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Mediante Resolución 000671 del 21 de septiembre del 2007, el Instituto Nacional de Medicina Legal , Dirección General, declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de profesional universitario forense, grado 13, por el hecho supuesto de haber incurrido en la inhabilidad prevista en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996, debido a que había sido condenado penalmente; y por Resolución 000886 del 7 de noviembre del 2007, la entidad confirmó la decisión.

1. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal en orden a que se declara ra la nulidad de los actos administrativos mencionados.

1. Mediante sentencia del 13 de abril del 2011, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda; y por sentencia del 11 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión.

1. El 17 de diciembre de 2008, la Oficina de Control Disciplinario I nterno del Instituto Nacional de Med icina Legal y Ciencias Forenses lo declaró disciplinariamente

1. El 17 de diciembre de 2008, la Oficina de Control Disciplinario I nterno del Instituto Nacional de Med icina Legal y Ciencias Forenses lo declaró disciplinariamente responsable por la comisión de la falta imputada en el auto de evaluación de la investigación disciplinaria del 28 de agosto de 2008 y, en consecuencia, le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años; y a través de la Resolución 001402 del 28 de diciembre de 2009, la Dirección General de la entidad confirmó el numeral primero de la decisión y modificó el numeral segundo en el sentido de disminuir la inhabilidad a 10 años.

1. Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , en orden a que se declarara la nulidad de las referidas decisiones y, a título de restablecimiento del derecho, que se condenara a la demandada al pago de 100 SMLMV, por concepto de perjuicios morales y de 400 SMLMV por daños a la vida de relación.

1. En sentencia del 31 de enero de 2013, proferida en única instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad de los actos demandados4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por prescripción de la acción disciplinaria y denegó las indemnizaciones solicitadas al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por prescripción de la acción disciplinaria y denegó las indemnizaciones solicitadas al no haber sido probadas. La decisión quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2 015, previa resolución negativa de las solicitudes de aclaración.

1. Mediante Oficio del 14 de junio de 2 014, la Procuraduría General de la Nación le informó que con ocasión de la decisión del Consejo de Estado se requería que el Instituto Nacional de Medicina Legal solicitara cancelar la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades (SIRI).

1. Presentó demanda de reparación directa en contra de l Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que se le declarara responsable por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la sanción disciplinaria que le fue impuesta, estando la acción prescrita, y por la omisión de no solicitar ante la Procuraduría General de la Nación la cancelación de la anotación

1. Por sentencia del 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda; y a tra vés de sentencia del 25 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, confirmó la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, las decisiones adoptadas dentro del proceso de reparación directa incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

1. Desconocimiento de precedente

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, las decisiones adoptadas dentro del proceso de reparación directa incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

1. Desconocimiento de precedente

Se argumentó que no se podían reclamar perjuicios a través del medio de control de reparación directa porque la fuente del daño prov enía de actos administrativos disciplinarios que se reputan ilegales y los cuales no fueron solicitados o probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ; sin embargo, la jurisprudencia de la Sección Tercera de Consejo de Estado ha señalado que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo en cuanto se persigue la reparación de perjuicios causados i) por la ejecución de actos administrativos consonantes con el5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ordenamiento jurídico en los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas; y/o ii) por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado u objeto de revocatoria directa por la administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto administrativo.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la prohibición del non bis in ídem no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados po r autoridades de distinto orden, ni tampoco que sean apreciad os desde perspectivas

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la prohibición del non bis in ídem no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados po r autoridades de distinto orden, ni tampoco que sean apreciad os desde perspectivas distintas, pero sí que autoridades de igual orden y mediante procedimientos diversos sancionen repetidamente igual conducta, como quiera que se produciría una inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia.

1. Fáctico

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal no analizó con suficiente profundidad las pruebas obrantes en el expediente, ni tuvo en cuenta la especial forma de valoración cuando el juez se enfrenta a un proceso de reparación directa en el cual los actores denuncian haber sido víctimas de un acto administrativo ilegal . Además, tampoco tuvo en cuenta para el estudio de la caducidad las especiales circunstancias que rodearon el caso, las cuales ameritaban un análisis integral y con el debido contexto, más allá de la regla que para el caso prevé la norma aplicable.

Y en la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado tampoco valoró las pruebas obrantes dentro del expediente para definir el momento desde el cual debían contabilizarse los perjuicios reclamados, esto es, desde la declaración de la inhabilidad y el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, por demás, no se cumplió y siguió perjudicando su vida económica, laboral y social.

1.2. Actuación procesal6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

1.2. Actuación procesal6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2.1. El 22 de agosto de 2023 , el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió al señor Iván Rodríguez Riaño para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, allegara memorial aclaratorio en el que indicara, lo siguiente:

1. Si es el único accionante dentro del proceso y que, en caso de que la señorita María de los Ángeles Rodrígue z Salamanca o terceras personas deseen ser accionantes , anexaran: a) memorial en el que manifestaran su voluntad de actuar dentro de la causa y señalaran sus nombres completos, números de documentos de identidad, antefirmas y correos electrónicos de notificación, si actuaban en nombre propio, o b) poderes especiales con el lleno de los requisitos legales, si actuaban a través de apoderado. ii) Si pretendía actuar como agente oficioso de todos o alguno de los nuevos accionantes, adjuntando la documentación que permitiera acreditar las razones por las cuales el o los agenciados se encon traban impedidos para acudir por sus propios medios an te la administración de justicia y solicitar la protección de sus derechos fundamentales o para otorgar un poder con dicha finalidad. iii) El consecutivo de radicación al cual pertenece el proceso de reparación directa,

administración de justicia y solicitar la protección de sus derechos fundamentales o para otorgar un poder con dicha finalidad. iii) El consecutivo de radicación al cual pertenece el proceso de reparación directa, dentro del cual le fuer on, aparente mente, vulnerados sus derechos fundamentales reclamados, con el fin de posibilitar su plena identificación y, así mismo, m anifestara si la acción se encontraba encaminada, también, en contra del Tribunal Administrativo de Valle, para lo cual debería indicar cuál es la providencia a través de la cual se materializó dicha vulneración (fecha de la providencia y copia simple). iv) Si ha presentado otra acción de tutela sobre iguales hechos, partes y pretensiones, manifestándolo bajo la gravedad del juramento.

1.2.2. El 23 de agosto de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño, y el 28 de agosto siguiente, el accionante atendió los requerimientos.

1.2.3. El 7 de septiembre de 2023, se inadmitió nuevamente la acción de tutela y, en consecuencia, se requirió a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca p ara que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de l a providencia, allegaran memorial aclarator io en el que indicaran, de manera expresa, si buscaban actuar como accionantes.

1.2.4. El 11 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño y a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca; y el 13 de septiembre siguiente

notificó del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño y a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca; y el 13 de septiembre siguiente allegaron memorial aclaratorio.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2.5. El 2 de octubre de 2023, se inadmitió por tercera vez la acción de tut ela y, en consecuencia, se requirió a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca para que allegaran memoriales de subsanación, que contuvieran, al menos su antefirma, en los que expresaran, lo siguiente:

1. Si su intención era la de actuar como accionantes dentro del proceso (no dentro de un proceso de reparación directa que ya cursó, como lo señalan en los memoriales anteriormente allegados al expediente). ii) Las razones por las cuales consideraban que deben ser vinculadas a la acción, dado que —como se observa de la copia del fallo de primera instancia, últimamente, adjuntada al expediente — no fueron demandantes dentro del medio de control de repara ción directa con radicado 76001 -23-33-003-2015-00559-00 [01] que cursó ante las autoridades judiciales demandadas, y m encionaran los derechos fundamentales vulnerados con dicha decisión. iii) Si no buscaban actuar como accionantes en el proceso, señalaran de manera clara

autoridades judiciales demandadas, y m encionaran los derechos fundamentales vulnerados con dicha decisión. iii) Si no buscaban actuar como accionantes en el proceso, señalaran de manera clara si persiguen actuar en calidades diferentes (coadyuvantes, terceros con interés, etc).

1.2.6. El 5 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño y a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca; y el 10 de octubre siguiente las mencionadas allegaron memorial aclaratorio, en el que manifestaron actuar en calidad de vinculada y accionante, respectivamente.

1.2.7. El 24 de octubre de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del p roveído al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como demandados, y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como tercero con interés en las resultas del proceso; requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que enviara copia digital del expediente de reparación directa con radicación 76001 -23-33-003-2015-00559-00 [01]; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a l tercero interesado para que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.8. El 26 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído a los señores Iván Rodríguez Riaño, Saturia Salamanca Méndez y María8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de los Ángeles Rodríguez Salamanca, al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias F orenses; y al día siguiente, el Tribunal remitió el enlace de consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. El 30 de octubre de 2023, el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez solicitó desestimar las súplicas de la demanda, en atención a los siguientes argumentos:

1. El actor cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual resulta adecuado para propugnar la protección del derecho fundamental al debido proceso por la supuesta falta de valoración probatoria dentro

la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual resulta adecuado para propugnar la protección del derecho fundamental al debido proceso por la supuesta falta de valoración probatoria dentro del reseñado proceso de reparación directa. Además, es evidente que el accionante pretende revivir una discusión jurídica y probatoria que en su momento definió la Sección Segunda del Consejo de Estado con efectos de cosa juzgada, controversia que, sin duda, rebasa el ámbi to de la presente acción constitucional porque este mecanismo no es ni constituye una tercera instancia del proceso.

1. No se incurrió en defecto fáctico. En el fallo cuestionado se realizó una valoración exhaustiva del material probatorio allegado al proceso, a partir de lo cual se concluyó, precisamente, que el medio de control de reparación directa no era el adecuado par a analizar de nuevo la legalidad de los actos administrativos sancionatorios y de perseguir las indemnizaciones que no se acreditaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. Tampoco se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Esta do. Pese a que la parte demandante enuncia de manera vaga y general algunos casos en donde supuestamente se indemnizó a personas que fueron sancionadas cuando la acción disciplinaria se encontraba prescrita, no especificó concretamente cuáles fueron los fallos de la Sección Tercera que desconoció el fallo cuestionado; sin embargo, se9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

fallos de la Sección Tercera que desconoció el fallo cuestionado; sin embargo, se9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

resalta, que para decidir la controversia, la Sala de decisión trajo a colación las excepciones jurisprudenciales mencionadas para la procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño la constituyen actos administrativos que se estiman contrarios al ordenamiento jurídico, a partir de lo cual verificó que estas no concurrían en el caso.

1.3.2. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El 30 de septiembre de 2023, por intermedio de apoderada judicial, la entidad consideró que no era procedente acceder a lo solicitado, en atención a lo siguiente:

1. Lo pretendido por el accionante a través del mecanismo de amparo es revivir el proceso de reparación directa, proceder que además de improcedente se torna desconocedor del principio de lealtad procesal, pues lo que hace es congestionar la recta administración de justicia.

1. Con todo, se advierte que «e l trámite de la sanción disciplinaria, su registro y posterior cancelación », quedó debidamente elucidado en la sentencia objeto de censura, en la cual, inclusive, se hizo énfasis en el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Leg al y Ciencias Forenses llevó a cabo la gestión de cancelación del registro, mucho tiempo antes de ser notificada la decisión de aclaración de la sentencia

censura, en la cual, inclusive, se hizo énfasis en el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Leg al y Ciencias Forenses llevó a cabo la gestión de cancelación del registro, mucho tiempo antes de ser notificada la decisión de aclaración de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, que dispone que «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», en concordancia con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación, y se resolverá po r la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

resolverá po r la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

La Sala no realizará consideraciones con respecto de la sentencia del 29 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que la decisión se revisó por el superior jerárquico funcional al resolver el recurso de apelación. En tal sentido, el estudio del sub judice solo se dirigirá a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radica ción 76001-23-33-003-2015-00559-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales de procedibilidad las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extrao rdinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extrao rdinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneració n; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonable mente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedencia, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del pre cedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicación 76001-23-33-003-2015-00559-00 [01], la Sala establece lo siguiente:

1. El 22 de mayo de 2015, el señor Iván Rodríguez Riaño, actuando en nombre propio y en representación de su hija María de los Ángeles Rodríguez Salamanca, por12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00

Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

intermedio de apoderado, promovió de demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en orden a que se le declarara extracontractual y administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados: a) con la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de 10 años para el ejercicio de cargos públicos, posteriormente declarados nulos en proceso de nulidad y restable cimiento del derecho , al encontrarse que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, y b) al no solicitar a la Procuraduría General de la Nación la cancelación de la anotación de la sanción disciplinaria en el Registro de Antecedentes Disciplinarios; y como consecuencia de lo anterior, que se condenara a la autoridad

cancelación de la anotación de la sanción disciplinaria en el Registro de Antecedentes Disciplinarios; y como consecuencia