CE - 010315000202304268001SENTENCIA20231012153019

Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00

Demandante: JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ PEÑARANDA, DEFENSOR DEL

PUEBLO, REGIONAL CESAR

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato de orden de tutela. Defecto fáctico. Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor José Rafael Hernández Peñaranda, en su calidad de defensor del pueblo , regional Cesar , contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

regional Cesar , contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido en el despacho el 11 de agosto de 20231, el señor José Rafael Hernández Peñaranda, actuando en nombre propio, en su calidad de defensor del pueblo, regional Cesar, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.

2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con ocasión del auto proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 3 de mayo de 2023, que confirmó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 17 de abril del mismo año, a través de la cual se le sancionó

1 La acción de tutela fue radicada el 9 de agosto de 2023.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

Demandados: Consejo de Estado,

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2 en el incidente de desacato con radicado 20001-23-33-000-2023-00009-01, interpuesto por el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras.

1.2. Pretensiones

2 en el incidente de desacato con radicado 20001-23-33-000-2023-00009-01, interpuesto por el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO del suscrito accionante, vulnerado por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Subsección B, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con la expedición de la providencia judicial contenida en el auto del 19 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, y la confirmación de dicho auto, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de 2023, a través del cual se decidió por el Tribunal “SANCIONAR por desacato del fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2023 al DEFENSOR DEL PUEBLO – REGIONAL CESAR doctor JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ PEÑARANDA con mu lta de con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y, en grado de consulta, “ Confirmase el auto de 19 de abril de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró en desacato al señor defensor del pueblo de la regional de ese departamento y le impuso multa equivalente a tres (3) smlmv, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de este proveído.”

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión sancionatoria contenida en la provid encia judicial contenida en el auto del 19 de abril

de este proveído.”

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión sancionatoria contenida en la provid encia judicial contenida en el auto del 19 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, y, también, DEJAR SIN EFECTOS la confirmación de dicho auto, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de

2023.

TERCERA: LEVANTAR la sanción impuesta por desacato al Defensor Regional Cesar a través del auto del 19 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar y su confirmación por parte del Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de 2023, consistente en multa equivalente a tres (3) smlmv.

(…)2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supu estos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Antonio Arley Grimaldo Contreras3 instauró acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de su s derechos fundamentales a la dignidad humana e igualdad, presuntamente vulnerados por los señores fiscal y procuradora general de la

2 La transcripción corresponde al texto original de la demanda y se advierte que contiene errores. 3 Persona privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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Valledupar.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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3 Nación, el d efensor del pueblo, el director de la fiscalía seccional de Valledupar, procurador y defensor del pueblo de las regionales del Cesar e integrantes de la «comisión de derechos humano s del Senado de la República» , en donde afirma ser víctima constante de persecuciones y retaliaciones por parte de los guardias y del director del establecimiento carcelario, en razón a su activismo en procura de obtener mejores condiciones para los reclus os, así como por su lucha para que les respeten sus derechos fundamentales, al punto de haber padecido torturas físicas y psicológicas.

5. Mediante sentencia del 25 de enero de 2023 , el Tribunal Administrativo del Cesar accedió al amparo solicitado, dentro d el trámite constitucional con radicado 20001-23-33-000-2023-00009-00, en los siguientes términos:

PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia del señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO CONTRERAS, atendiendo a la relación especial de sujeción de un procesado o condenado que ingresa a un establecimiento de reclusión, así como a los estándares de la protección de personas privadas de la libertad en el derecho

CONTRERAS, atendiendo a la relación especial de sujeción de un procesado o condenado que ingresa a un establecimiento de reclusión, así como a los estándares de la protección de personas privadas de la libertad en el derecho internacional, y de conformidad con las c onsideraciones expuestas en esta providencia.

En consecuencia, ORDÉNASE a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL CESAR, así como a la PROCURADURÍA REGIONAL DEL CESAR, que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, realicen una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Penitenciaria de Valledupar), y a la dependencia competente para tramitar las investigaciones disciplinarias al interior del INPEC, con el objeto de evaluar las condiciones en que se encuentra actualmente el accionante y las investigaciones disciplinarias que se han adelantado con apoyo en sus quejas recurrentes, y en el evento en que adviertan la existencia de conductas que podrían tener connotación disciplinaria, la Procuraduría evalúe la procedencia de ejercer el control disciplinario preferente, conforme a las precisiones formuladas en la parte considerativa de esta decisión.

Por su parte, la Defensoría deberá evaluar dentro de ese mismo término si resulta procedente asignar un defensor que represente al accionante dentro de las investigaciones penales, disciplinarias internas y de otra naturaleza que se estén adelantando en contra del señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO CONTRERAS.

De los resultados de esa actuación se deberá remitir un informe con destino a esta actuación, dentro del término de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del

adelantando en contra del señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO CONTRERAS.

De los resultados de esa actuación se deberá remitir un informe con destino a esta actuación, dentro del término de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término concedido para la realización de la visita de verificación […].

6. Contra la anterior decisión ninguna de las partes e intervinientes formuló impugnación.

7. El 23 de marzo de 2023 el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras , presentó ante el Tribunal Administrativo del Cesar incidente de desacato, al considerar que no se han atendido las órdenes de amparo, por cu anto si bien en el centro carcelario enDemandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

Demandados: Consejo de Estado,

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4 el que se encuentra recluido lo visitaron servidores de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a ún persiste la persecución en su contra.

8. El 24 de marzo de 2023 el tribunal requirió de los señores defensor del pueblo y procurador regionales del Cesar un informe al respecto, ante lo cual este último allegó escrito en el que indicó que el 1.º de febrero del año en curso acudió al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde evidenció que contra

escrito en el que indicó que el 1.º de febrero del año en curso acudió al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde evidenció que contra el tutelante se adelantó al trámite disciplinario «ID258-2019», en el que fue sancionado con sesenta días (60) días «de pérdida del derecho de redención de pena»; y que «no se han hecho aperturas de investigación en contra de la población privada de la libertad por hechos acaecidos con posterioridad al 12 de agosto de 2022».

9. Con base en la anterior información, el 30 de marzo de 2023 el tribunal de conocimiento abrió incidente de desacat o contra el señor defensor del pueblo de la regional del Cesar, porque guardó silencio, frente a lo cual la señora secretaria de dicha corporación advirtió que esa autoridad arrimó oportunamente informe dirigido al correo electrónico habilitado para tal ef ecto, pero se alojó en la bandeja de «correos no deseados», lo que impidió que fuera anexado con antelación al expediente de la referencia.

10. Mediante auto de 19 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró en desacato al señor defensor del pueblo de la regional de ese departamento

y ordenó:

PRIMERO: SANCIONAR por desacato del fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2023 al DEFENSOR DEL PUEBLO – REGIONAL CESAR doctor JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ PEÑARANDA con multa de con multa de tres (3) sal arios mínimos legales mensuales vigentes.

11. Lo anterior, al considerar que del informe de la visita de l 1.º de febrero se le

HERNÁNDEZ PEÑARANDA con multa de con multa de tres (3) sal arios mínimos legales mensuales vigentes.

11. Lo anterior, al considerar que del informe de la visita de l 1.º de febrero se le negó al accionante la asistencia de un defensor público, con el argumento de que esa figura no operaba en materia disciplinaria, pes e a que era procedente, conforme al artículo 21 de la Ley 24 de 1992, lo que denot ó un actuar omisivo que desatiende el referido pronunciamiento judicial.

12. En el aludido documento se indicó que contra el señor Grimaldo Contreras no se adelantaba ningún trá mite de tipo disciplinario interno, sin embargo, el señor Grimaldo insistió en que sí se adelantaba una diligencia de este tipo, la cual no logró identificar, por lo que requería la asistencia de un defensor público, lo que le fue negado, con el argumento de que la defensoría pública no opera en materia disciplinaria.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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13. En auto del 3 de mayo de 2023, el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B, confirmó el auto en sede de consulta , en donde a dvirtió que corresponde al señor José Rafael Hernández Peñaranda, en calidad de defensor del

13. En auto del 3 de mayo de 2023, el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B, confirmó el auto en sede de consulta , en donde a dvirtió que corresponde al señor José Rafael Hernández Peñaranda, en calidad de defensor del pueblo - regional Cesar asistir al señor Grimaldo Contreras de conformidad con el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 4, que dispone: «[l]a Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredi te que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública […]».

14. Resaltó además que , por tratarse de una persona privada de la libertad es sujeto de especial protección 5, «debido, entre otras cosas, a la difícil situación del sistema carcelario y penitenciario del país (que motivó a que la Corte Constitucional, en sentencias T -153 de 1998 6 y T -388 de 2013 7, declarara el estado de cosas inconstitucional8, el cual no se ha superado), circunstancia que le impone al Estado, en cumplimiento de su posición de garante 9 frente a ellas, la obliga ción de adoptar medidas orientadas a salvaguardar sus derechos constitucionales fundamentales».

15. Señaló que, así las cosas, el señor Grimaldo Contreras por estar privado de la libertad, no goza de las mismas herramientas que tienen quienes están libres, p or tanto, el Estado está en la obligación de adoptar medidas orientadas a que pueda

15. Señaló que, así las cosas, el señor Grimaldo Contreras por estar privado de la libertad, no goza de las mismas herramientas que tienen quienes están libres, p or tanto, el Estado está en la obligación de adoptar medidas orientadas a que pueda ejercer sus prerrogativas superiores, como la de tener de una defensa adecuada en los asuntos «punitivos» seguidos en su contra.

16. Indicó que, en ese orden de ideas, «carece de asidero jurídico el motivo por el cual se le negó al accionante la designación de un defensor de oficio en el asunto disciplinario que dice se sigue en su contra (esto es, que la defensoría pública no opera en actuaciones disciplinarias), pues el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 no estipula tal

4 «Por el cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia». 5 Sentencia T-378 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos. 6 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 M. P. María Victoria Calle Correa. 8 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 5 de marzo de 2018, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 05001-23-33-000-2017-03172-01: «El Estado de cosas inconstitucional es una declaración por medio de la cual la Corte Constitucional señala que determinada problemática, atribuible a ineficaces políticas públicas, desc onoce de manera grave y generalizada los derechos constitucionales fundamentales de personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones fácticas,

una declaración por medio de la cual la Corte Constitucional señala que determinada problemática, atribuible a ineficaces políticas públicas, desc onoce de manera grave y generalizada los derechos constitucionales fundamentales de personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones fácticas, como los desplazados por la violencia o los recluidos en establecimientos carcelarios y penitenciarios, lo que impone dictar órdenes estructurales, es decir, que no solo son útiles en el caso concreto sino en situaciones homólogas, con el propósito de superar las causas de los aprietos, que se logra con la articulación armónica de diferentes autoridades». 9 En la precitada Resolución 1 de 2008 se estableció, en su principio I, que «[…] tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad».Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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6 prohibición, por tanto, al afirmar ello se trasgredió el principio de la hermenéutica jurídica según el cual “donde el legislador no distingue, no es dable que el intérprete lo haga”».

17. Aclaró que si bien en el i nforme de 1.º de febrero de 2023 se consignó que el

jurídica según el cual “donde el legislador no distingue, no es dable que el intérprete lo haga”».

17. Aclaró que si bien en el i nforme de 1.º de febrero de 2023 se consignó que el tutelante no identificó procedimiento disciplinario alguno, ello no impedía que se le asignara un defensor de oficio, dado que una de las acciones a ejecutarse es la de individualizar los trámites que se adelantan en su contra y planear la defensa pertinente.

18. Concluyó que la referida autoridad no solo «[…] incurr[e] en incumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela […]», sino que además «[…] asumi[ó] una conducta omisiva, negligente o injustificada […]»10.

1.4. Fundamentos de la solicitud

19. El señor José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo - regional Cesar alegó que los autos cuestionados vulneraron su derecho fundamental al debido proceso11, en primer lugar, por cuanto no se aplicó lo establecido en el artículo 27 del

Decreto 2591 de 1991, que dispone:

CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hu biere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por

contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hu biere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

20. Manifestó q ue e l Tribunal Administrativo del Cesar en ningún momento del trámite se dirigió a su superior jerárquico para que requiriera el cumplimiento del fallo, tal como lo ordena la norma.

10 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, M. P. Darío Quiñones Pinilla, providencia de 21 de noviembre de 2002, expediente 66001-23-31-000-2001-0573-01 (AC-1363). 11 Artículo 29 de la Constitución Política.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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21. Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia T -053 de 2005 12 con respecto a la exigencia contenida en el mencionado artículo 27 del Decreto 2591 de

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21. Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia T -053 de 2005 12 con respecto a la exigencia contenida en el mencionado artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, dispuso que se deben seguir los siguientes pasos:

aSi la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo ha ga cumplir y para que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento. bSi pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior. cEn el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho.

22. En segundo lugar indicó que las autoridades demandadas omitieron estudiar su responsabilidad subjetiva frente al presunto in cumplimiento de la orden judicial en consideración a que la entidad incidentada desplegó diversas acciones positivas orientadas al cumplimiento de la orden de tutela, pero tales gestiones no fueron valoradas por la autoridad sancionadora, de tal manera que la omisión del estudio sobre la responsabilidad subjetiva conllevó un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de desacato, asimismo, una indebida valoración probatoria.

23. Al respecto, r esaltó que se encuentra prohibida la responsabilidad objetiva en el proceso disciplinario (incidente de desacato), tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la SU-034 de 201813 y el Consejo de Estado, así:

23. Al respecto, r esaltó que se encuentra prohibida la responsabilidad objetiva en el proceso disciplinario (incidente de desacato), tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la SU-034 de 201813 y el Consejo de Estado, así:

Es claro que la responsabilidad atribuible en estos casos es eminentemente subjetiva, lo que de suyo implica que el funcionario encargado de materializar el amparo constitucional, para constitui rse en desacato, debió injustificadamente haberse sustraído de ese deber de cumplimiento. En otras palabras …dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. Por supuesto, esta condición obliga al operador jurídico a verificar (i) a

12 En concordancia con la T-763 de 1998, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. 13 Y cito las sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T -939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy

Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T -652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T -1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T -399 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-325 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T -226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-280 de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00

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8 quién estaba dirigida la orden presuntamente desatendida, (ii) cuál era su alcance, (iii) el término concedido para concreta rla, (iv) si el incumplimiento fue total o parcial y, naturalmente, (v) si existe alguna circunstancia válida que lo justifique. ... Sin embargo, como lo ha sugerido la propia Corte Constitucional, esta figura tiene como propósito lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, de ahí que, en ese orden de ideas, sea más importante el acatamiento del fallo de tutela que la sanción en sí misma, a difere ncia de lo que ocurre en otras materias, por ejemplo, la penal… En esos términos, la condigna implicación jurídica del cumplimiento del fallo de tutela, aun durante el trámite del grado jurisdiccional de consulta, no podría ser otra que la condonación de la eventual sanción que pudiera derivar de la consumación del incidente de desacato.14

24. En tercer lugar, señaló que la orden dada a la Defensoría del Pueblo, regional Cesar no consistía en asignar un defensor directamente, sino en evaluar la procedencia de tal asignación. Por tal razón, adujo que no se puede afirmar que hubo

24. En tercer lugar, señaló que la orden dada a la Defensoría del Pueblo, regional Cesar no consistía en asignar un defensor directamente, sino en evaluar la procedencia de tal asignación. Por tal razón, adujo que no se puede afirmar que hubo un incumplimiento de una orden de tutela, sin tener en cuenta las gestiones actuaciones adelantadas para dar cumplimiento.

25. En cuarto lugar, consideró que la providencia sancionadora incurre en un defecto sustantivo, ante la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 21 de la Ley 24 de 1992 , ya que esta norma no prevé la designación de un defensor público para los procesos disciplinarios internos seguidos contra las personas p rivadas de la libertad.

26. En quinto lugar, alegó que las autoridades judiciales omitieron la valoración de las pruebas de cumplimiento de las órdenes dadas a la Defensoría del Pueblo en el fallo de tutela, de tal manera que, no se tuvo en cuenta ninguna d e las diligencias realizadas, configurándose así la dimensión negativa del defecto fáctico.

27. Agregó que el tribunal en el trámite incidental sancionatorio indicó que « la Defensoría del Pueblo a través de un delegado adelantó visita al establecimiento carcelario de reclusión del accionante el día 1 .° de febrero de 2023, en la que se entrevistó con el señor Grimaldo Contreras y con uno de los dragoneantes adscritos al área de investigaciones, el cual brindó información sobre las investigaciones adelantadas y en curso », con lo cual, quedó demostrado que no hubo negligencia frente al cumplimiento de la orden de tutela, pues se adelantaron las gestiones

área de investigaciones, el cual brindó información sobre las investigaciones adelantadas y en curso », con lo cual, quedó demostrado que no hubo negligencia frente al cumplimiento de la orden de tutela, pues se adelantaron las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la misma, por lo tanto, resulta desproporcionado e injusto que se sancione a la defensoría.

28. En sexto lugar manifestó que se pasó por alto que la no asignación de abogado al solicitante no se debió a una omisión del defensor regional Cesar sino, a la inexistencia de un proceso disciplinario en contra del señor Grimaldo Contreras, tal

14 Consejo de Estado. 14 de julio de 2016. Radicado n.° 11001 -03-15-000-2016-00367-01. Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar

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9 como lo certificó el director del establecimiento, responsable de las investigaciones disciplinarias al interior del establecimiento carcelario.

29. Advirtió que en el evento de que, tras comprobar el hecho objetivo del incumplimiento aunado a la re sponsabilidad subjetiva del obligado , el juez resuelva imponer las sanciones por desacato de arresto y/o multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión debe ser revisada por el superior funcional en grado

imponer las sanciones por desacato de arresto y/o multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión debe ser revisada por el superior funcion