CE - 010315000202304471001SENTENCIA20231006155343

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Actor: Diana María Sánchez Santos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Demandante: DIANA MARÍA SÁNCHEZ SANTOS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA -SALA QUINTA DE DECISIÓNTemas: Tutela contra providencia judicia l. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutel a promovida por la señora Diana María Sánchez Santos , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila , con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y d e acceso a la administración de justicia, así como los principios de

de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila , con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y d e acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Neiva , cuya pretensión se orientaba a acceder a reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “con posterioridad al 1° de enero de 1990” como docente del municipio de Neiva, y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 31 de agosto de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevi sora S.A., con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indicó que el 9 de julio de 2021 , la Secretaría de Educación de Neiva negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Nei va, para que se anulara el acto administrativo expedido el 9 de julio de 2021 y cancelara la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Actor: Diana María Sánchez Santos

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Indicó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito d e Neiva en sente ncia de 28 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo del Huila en fallo de 6 de junio de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cont ra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el

procedencia de la acción de tutela cont ra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la config uración del defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU-041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 d e junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222,

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de l 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Seg unda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-2014002542016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Seg unda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (49 79– 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado , Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Seg unda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

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22 de agosto de 2022 23, 22 de septiembre de 2022 24, 19 25 y 26 26 de enero de 2023.

Por último , se refirió a se ntencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/6/2023, en el expediente rad. No. 41001333300320220004401, transgred ió los derechos f undamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCE SO A LA ADMINISTR ACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postula dos de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anter ior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucion al en las sentenc ias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

5. Trámite procesal

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de agosto de 2023, el despa cho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Naci onal de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva – Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 90252 a 90259 todos de 30 de agosto de 2023 27 , con el fin de notificar a las partes.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Se gunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

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6. Oposición

6.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se declare improcedente la acción de tutela , al considerar que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional porque la accionante pretende dar continuidad al debate superado en el proceso ordinario, ello porque centra su argumento en el supuesto desconocimiento del ordenamiento jurídico sin desarrollar alguna causal específica de procedencia de tut ela contra providencias judiciales, por lo que al

debate superado en el proceso ordinario, ello porque centra su argumento en el supuesto desconocimiento del ordenamiento jurídico sin desarrollar alguna causal específica de procedencia de tut ela contra providencias judiciales, por lo que al final lo que hace es reiterar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.2. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Neiva pidió que se declare improcedente la acción de tutela, bajo el argumento de que no se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional toda vez que el actor fundamenta la demanda en el desacuerdo con la decisión proferida en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.3. La coordinador a de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específic as de procedencia de la acción de tutela contra pr ovidencia judicia l y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

6.4. El jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Neiva pidió que se declarara improcedente la acción de tutela , en tanto, a su juicio, la sentencia cuestionada ya resolvió sobre los argumentos de la demandante y volver a realizar el estudio vulneraría el principio de estabilidad jurídica.

Agregó que las sentencias invocadas por la actora no son aplicables al caso porque las circunstancias fácticas y jurídicas son diferentes.

6.5. El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

porque las circunstancias fácticas y jurídicas son diferentes.

6.5. El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artícu los 86 de la Constitución Polít ica, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a l a seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

27 La parte accionante, la autor idad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,

adm03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, notificaciones@alcaldianeiva.gov.co, oficina.asesorajuridica@alcaldianeiva.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

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La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito genera l de relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia ju dicial y (ii) evitar que el jue z de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia c onstitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de

que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constituci onal para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fi jó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de sele cción en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 31, de conformidad con lo anterior ha prec isado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para p lantear situaciones inexistente s o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

no puede utilizarse para p lantear situaciones inexistente s o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia con stitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda

28 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 29 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 30 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 31 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Actor: Diana María Sánchez Santos

31 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Actor: Diana María Sánchez Santos

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abordarse el estudio con una expectativa de incidencia e n el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los ar gumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamien to de los procedimientos reglad os y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumen tos que se ofrecieron en el pro ceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si

ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumen tos que se ofrecieron en el pro ceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condicione s que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Huila con la sentencia de 6 de ju nio de 2 023, vulneró sus derechos funda mentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo , desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora Diana María Sánchez Santos insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la parte ac tora

sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la parte ac tora contra la sentencia del 28 de febrero de 202 3, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Neiva (resumido en la providencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:

“Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la demand ante interpuso recurso de apelación13, planteando los reparos que a continuación se sintetizan:

a.- En primer lugar, adujo que, tal como lo afirma el a quo, los docentes tienen un régimen especial; circunstancia esta no los excluye de la aplicación del ar tículo 99 de la Ley 50 de 1990, más aún cuando la jurisprudencia constitucional14 y administrativa15 ha restablecido sus derechos prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos” y concediéndoles por favorabilidad derechos laborales con fundamento en el régimen general (v. gr. la sanción moratoria que aquí se depreca). (…)Radicado: 11001-03-15-000-2023-04471-00

Actor: Diana María Sánchez Santos

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g.- De otro lado, aceptó que la sentencia SU-098 de 2018 no tiene identidad fáctica con el asunto del rubro, pues se refiere a docentes que no fueron afiliados al Fondo

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g.- De otro lado, aceptó que la sentencia SU-098 de 2018 no tiene identidad fáctica con el asunto del rubro, pues se refiere a docentes que no fueron afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. No obstante, sostuvo que “NO EXISTE SANCIÓN POR LA NO AFILIACIÓN AL FONDO, LA NO AFILIACIÓN AL FONDO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA QUE NO VA A EXISTIR UNA CONSIGNACIÓN Y LO QUE SE PUEDE SANCIONAR A FAVOR DEL TRABAJADOR ES LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN UN TIEMPO DETERMINADO Y ESTE ES EL TÉRMINO CONTENIDO EN LA LEY 50 DE 1990”.

h.- Relacionó 18 providencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado entre el 2018 y el 2022 , en las que se acepta que los docentes son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de

1990. Subrayó especialmente la sentencia de tutela proferida por el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo en el expediente T-6.736.20018 y sostiene que tiene efectos inter comunis, los cuales se extienden a todos los docentes oficiales, en la medida en que no se condenó la omisión de afiliación al FOMAG, sino la consignación de las cesantías por fuera del plazo señalado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Por su parte, en la acción de tutela la señora Diana María Sánchez Santos reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del

artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Por su parte, en la acción de tutela la señora Diana María Sánchez Santos reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU -098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y a las sentencias del Consejo de Estado que acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar de los fallos que, a su juicio, result aban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.

No obstante, esa discusión fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de 6 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

“Es menester indicar, que las sentencias que fundamentan el escrito introductorio y el recurso de alzada, en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del C.P.A.C.A., no constituyen precedente unificador que vincule la posición y el criterio del operador judicial.

Incluso, así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, cuando manifestó que “no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3º del artículo 99 del a Ley 50 de 1990 a l os docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo”.

Tampoco se puede afirmar que el a quo desconoció el precedente de unificación contemplado en la sentencia CE -SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020,

contencioso administrativo”.

Tampoco se puede afirmar que el a quo desconoció el precedente de unificación contemplado en la sentencia CE -SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, comoquiera que el Consejo de Estado en esa providencia determinó “el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantí as anualizadas”; sin hacer referencia a fundamentos fácticos o jurídicos similares a los del sub lite.

d.- Como ya se indicó, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente estimó “viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la L ey 50 de 1990, en materia de sa nción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de m