CE - 010315000202304486001SENTENCIA20231006121132

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: ROSA MERCEDES RODRÍGUEZ MORA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo de reparación directa. Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora interpuso acción de tutela contra el

conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y los principios de buena fe y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«Con fallo de tutela amparando los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUENA FE y ACCESO A LA ADMISITRACI ÓN DE JUSTICIA, ruego a los Honorables Consejeros de Estado, lo siguiente:

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, el veinticuatro (24) de julio del dos mil catorce (2014), que declar ó probada la caducidad de la acción de reparación directa, dentro de la acción de reparación directa con radicado No. 25000-2326-000-2012-01163-00 en el que funge como demandante ROSA MERCEDES RODRÍGUEZ MORA y demandada la NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

SEGUNDO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el H. CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, el trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), que decidió revocar la

ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, el trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), que decidió revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar dispuso negar las pretensiones, dentro de la acción de reparación directa con radicado No. 25000-2326-000-2012-01163-01 en el que funge como demandante ROSA MERCEDES RODR ÍGUEZ MORA y demandada la NACI ÓN – RAMA JUDICIAL.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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TERCERO: Que se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro de la acción de reparación directa promovida por ROSA MERCEDES RODR ÍGUEZ MORA contra la NACI ÓN – RAMA JUDICIAL, identificado con el radicado No. 25000 -2326-000-2012-01163-01, en el que se efectúe un análisis legal adecuado y relacionado con error judicial cometido por el Juzgado

JUDICIAL, identificado con el radicado No. 25000 -2326-000-2012-01163-01, en el que se efectúe un análisis legal adecuado y relacionado con error judicial cometido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conllevó a negar el pago de la sanción moratoria que en estricto derecho procedía y demás emolumentos señalados en la demanda de reparación directa».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Entre el 6 de junio de 1992 y el 30 de junio de 2003, Rosa Mercedes Rodríguez Mora celebró veinticinco contratos de prestación de servicios con el Instituto de Seguros Sociales para desempeñar el cargo de enfermera . El 9 de enero de 2007 presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad y el pago de acreencias laborales.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 14 de diciembre de 2007, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditaron los elementos propios de una relación laboral .

El Tribunal Superior de Bogotá , mediante proveído del 30 de julio de 2009, a instancias del recurso de apelación que interpuso, declaró la existencia de un vínculo laboral entre las partes desde el 8 de junio de 1992 hasta el 30 de junio de 2003, pero negó el reconocimiento del auxilio de cesantías entre el 6 d e junio de 1992 y el 5 de abril de 2003, por haber operado el fenómeno de la prescripción.

2003, pero negó el reconocimiento del auxilio de cesantías entre el 6 d e junio de 1992 y el 5 de abril de 2003, por haber operado el fenómeno de la prescripción. Asimismo, negó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, pues consideró que a dicha relación no le era aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tampoco concedió la indemnización por el no pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, pues se acreditó la buena fe del ISS.

El 19 de octubre de 2011, la señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora ejerció medio de control de reparación directa contra de la Nación – Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 30 de julio de 2009, por considerar que:

(i) se apartó del precedente judicial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia , fijado en la sentencia del 24 de agosto de 2010 (radicado número 34393), sobre la imprescriptibilidad del auxilio de cesantías, dispuesto en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo. (ii) por no reconoc er las acreencias laborales relacionadas con la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías establecidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el no pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones dispuesta en el artículo 1 del Decreto Ley 797 de 19491.

1 Al efecto, solicitó en la demanda: “(…) Declarar que la Nación – Rama Judicial, es responsable por la totalidad de los perjuicios

salarios, prestaciones e indemnizaciones dispuesta en el artículo 1 del Decreto Ley 797 de 19491.

1 Al efecto, solicitó en la demanda: “(…) Declarar que la Nación – Rama Judicial, es responsable por la totalidad de los perjuicios irrogados a la señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora, con la falla del servicio de justicia en el trámite del proceso ordinario laboral No. 2007-0019 de Rosa Mercedes Rodríguez Mora contra el Instituto del Seguro Social, que cursó en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, en el cual se condenó parcialmente a la demandada (...) 1. Sobre el auxilio de cesantías, se decretó laRadicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 24 de julio de 2014 , declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la Rama Judicial, porque la solicitud de conciliación fue presentada el 29 de julio de 2011 , el término se reanudó al día siguiente hábil de haberse declarado fallido el trámite conciliatorio, esto es, el jueves 29 de septiembre de 2011, el término de caducidad se extendió hasta el 3 de octubre de 2011 y la

declarado fallido el trámite conciliatorio, esto es, el jueves 29 de septiembre de 2011, el término de caducidad se extendió hasta el 3 de octubre de 2011 y la demanda fue presentada el día 19 de octubre de 2011, por lo tanto, consideró que para el momento que se presentó la demanda ya había operado el fenómeno de la caducidad.

La demandante interpuso recurso de apelación con el argumento que el derecho de acción se ejerció en tiempo, por cuanto el término para presentar la demanda empezó a correr el 14 de agosto de 2009, esto es 15 días después de la ejecutoria de la providencia del 30 de julio de 2009 .

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 13 de abril de 2023, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, neg ó las pretensiones de la demanda, por no encontr ar acreditado el error jurisdiccional alegado toda vez que no se desconoció el precedente judicial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y porque, además, no era aplicable lo previsto en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 del Decreto Ley 797 de 1949, que, por lo tanto, no se configu ró uno de los requisitos esenciales para la determinación de la responsabilidad del Estado en ese ámbito, esto es, que la decisión judicial sea contraria a derecho.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C incurrió en el defecto fáctico, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C incurrió en el defecto fáctico, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Que se desconoció que al proceso “ordinario laboral ” no se alleg ó prueba fehaciente que acreditara la buena fe del ISS en el no pago de las prestaciones sociales, con fundamento en lo cual afirmó que “era procedente el pago de la sanción moratoria, la cual fue negada por el Juzgado Tercero Laboral del Circ uito de Bogotá en Descongestión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en abierta contradicción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, esto es, artículo 65 del CST”.

Aseveró que dentro del proceso cuestionado era posible “inferir la existencia del error judicial, convirtiéndose automáticamente el daño en antijurídico, puesto que la aludida autoridad judicial, pese a no existir material probatorio que permitiera deducir la buena fe en el no pago de las acreencias laborales de mi mandante, procedió a negar el reconocimiento de la sanción moratoria que en derecho le correspondía (…)”.

prescripción del causado con anterioridad al 5 de abril de 2003 (...) el error del Tribunal (...) consistió en aplicarle la prescripción trienal también al auxilio de cesantías ignorando lo que preceptúa textualmente la norma general que es el CST (...) artículo 149 (...) el auxilio de cesantía se causa al terminar el contrato de trabajo, por lo que no había lugar a aplicarle la prescripción (Corte Suprema

trienal también al auxilio de cesantías ignorando lo que preceptúa textualmente la norma general que es el CST (...) artículo 149 (...) el auxilio de cesantía se causa al terminar el contrato de trabajo, por lo que no había lugar a aplicarle la prescripción (Corte Suprema de Justicia rad. 34393, sentencia del agosto 24 de 2010) (...) 2. Se declaró probada la buena fe de la demandada absolviéndola del pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 (...) se evidencia claramente el desconocimiento del Tribunal en la aplicación de las normas laborales, pues confundió los argumentos esgrimidos por el apoderado judicial del ISS, con las pruebas que debía llegar para probar la buena fe de la demandada, y que por cierto no allegó (...) La sanción por no consignar el auxilio de cesantías, consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (...) si se aplica la norma citada, porque así lo consagra el Decreto 1582 de 1998 (...)”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

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Aseguró que se configuró el defecto fáctico por una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas para lo cual, entre otras afirmaciones, dijo , “(…) declaró la

Aseguró que se configuró el defecto fáctico por una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas para lo cual, entre otras afirmaciones, dijo , “(…) declaró la prescripción de las cesantías y pese a no existir medio de prueba alguno, se procede a declarar fundada la buena fe del ISS y con ello se procede a negar el reconocimiento de la sanción moratoria”, asimismo, adujo que no se analizaron en forma sistemática las pruebas obrantes dentro del proceso y tampoco efectuaron un análisis acorde a la normatividad y jurisprudencia relativa al pago de la sanción moratoria, pues conforme con las pruebas documentales obrantes , no era posible concluir que, la decisión del Tribunal Superior del Distrito Bogotá se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente para la época en que se resolvió el conflicto ordinario laboral.

En adelante, se refirió a las razones por las que no se debía declarar la prescripción del auxilio de cesantías y por las que no se debió declarar la buena fe por parte del ISS para exonerarlo de pagar la sanción por el no pago de salarios y prestaciones sociales, citó algunos precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia en la materia , para apoyar sus opiniones e hizo referencia a la condición más favorable del trabajador, las cuales no se transcriben no solo por su extensión sino porque se trata de reparos propios contra las sentencias del proceso ordinario laboral.

Al efecto, fue insistente en decir que “(…) es evidente que la situación descrita –aceptación de error de derecho por parte de la demandada Instituto de Seguros Sociales - permitía deducir una

laboral.

Al efecto, fue insistente en decir que “(…) es evidente que la situación descrita –aceptación de error de derecho por parte de la demandada Instituto de Seguros Sociales - permitía deducir una mala fe y, no como lo adujo el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el que procedió a presumir su buena fe, solo por el hecho de haber suscrito unos contratos de prestación de servicios, los cuales fueron desvirtuados en el mismo proceso ordinario, puesto que se declaró la relación laboral de mi mandante con la peticionada, incurriendo con ello, en una vía de hecho que configuraba la falla del servicio de justicia, que fue negada en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el simple argumento, la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente para la época en que se resolvió el conflicto ordinario laboral, por lo tanto, el daño no era antijurídico”.

Agregó que, la misma Corte Suprema de Justicia , con posterioridad a la fecha de expedición de las providencias del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue enfática en señalar que “la sola presencia de los contratos previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no puede derivarse de que hubo buena fe del empleador oficial que acudió a esa forma de contratación de sus servidores que debieron ser vinculados mediante contratos de trabajo”.

Finalmente dijo que “se encuentra demostrado que, como la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió exonerar al Instituto de Seguro Social de probar su buena fe, en

servidores que debieron ser vinculados mediante contratos de trabajo”.

Finalmente dijo que “se encuentra demostrado que, como la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió exonerar al Instituto de Seguro Social de probar su buena fe, en ese sentido, lo relevó del pago de la sanción moratoria que en estricto derecho procedía, el daño se constituye en antijurídico, por tanto, en la reparación directa las autoridades judiciales, debían acoger las pretensiones, declarando responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por los perjuicios ocasionados a la señora ROSA MERCEDES RODR ÍGUEZ MORA como consecuencia del error judicial cometido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, reconociendo los perjuicios solicitados”.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 28 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, a los magistrados que conforman la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y a los magistrados que conformanRadicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

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la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a

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la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

6. Intervención de los terceros interesados

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sa lvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sa lvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excep cional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Rosa Mercedes Rodríguez Mora pretende que se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C proferir nueva decisión en el marco del proceso de reparación directa con radicado número 25000232600020120116301 (52966) y, en su lugar, se profiera nueva decisión en la que se “efectúe un análisis legal adecuado y relacionado con error judicial cometido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conllevó a negar el pago de la sanción moratoria que en estricto derecho procedía y demás emolumentos señalados en la demanda de reparación directa”.

En el escrito de tutela la parte actora alegó la configuración del defecto fáctico, para

procedía y demás emolumentos señalados en la demanda de reparación directa”.

En el escrito de tutela la parte actora alegó la configuración del defecto fáctico, para lo cual, adujo que se desconoció que en el proceso ordinario laboral no se alleg ó prueba fehaciente que, acreditara la buena fe del Instituto del Seguro Social, por lo que a su juicio, en proceso de reparación directa cuestionado era posible “inferir la existencia del error judicial, convirtiéndose automáticamente el daño en antijurídico (…)” y se refirió a las razones por las que no se debía declarar la prescripción del auxilio de cesantías y por las que no se debió declarar la buena fe por parte del ISS en el marco del proceso ordinario laboral.

Al respecto, la Sala advierte necesario determinar si la acción de tutela cumple con el requisito general de relevancia constitucional y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los cargos que superen el referido r equisito general de procedencia.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio

de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los

3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04486-00

Demandante: Rosa Mercedes Rodríguez Mora

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra

constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se

agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

De la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en