CE - 010315000202304491001SENTENCIA20231002111623

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. SANCIÓN MORATORIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

Actora: CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actora: CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA

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seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios constitucionales de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho ”, los cuales e stima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 30 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-33-0052022-00029-01.

I.2. Hechos

Indicó que con posterioridad al año 1990 se vinculó como docente oficial al servicio del MUNICIPIO DE NEIVA , por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO2 y tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG -, omitió consignar en término las cesantías que le correspondía por los

2 En adelante FOMAG3

de cada año.

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG -, omitió consignar en término las cesantías que le correspondía por los

2 En adelante FOMAG3

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servicios prestados en el año 2020, por lo que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de dicha prestación social.

Refirió que mediante acto administrativo núm. 1859 de 4 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Neiva denegó la solicitud reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de dicha prestación social.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG y el Municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 1859 de 4 de agosto de 2021 y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 41001-33-33-005-2022-00029-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Neiva3

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 41001-33-33-005-2022-00029-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Neiva3 que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no

3 En adelante el JUZGADO.4

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afiliados al FOMAG, comoquiera que éstos poseen un régimen especial de cesantías.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de mayo de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada desconoció los precedentes jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional 5 que han concluido que la Ley 50 de 28 de diciembre de 19906 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, de tal forma que a las entidades accionadas les asistía la

Estado4 y la Corte Constitucional 5 que han concluido que la Ley 50 de 28 de diciembre de 19906 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, de tal forma que a las entidades accionadas les asistía la obligación de consignar dentro del término las cesantías causadas en el año 2020, so pena de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso sub examine.

Resaltó que la cantidad de sentencias proferidas por el Consejo de Estado entre los años 2018 y 2023 han generado la confianza

4 Providencias identificadas con los números únicos de radicación 2013-00666-01, 2009-00867-01, 2018-04617-01, 2018-04679-01, 2018-03499-01, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-02, 2014-01127-01, 2017-00134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2013-00756-012017-00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01, 2012-00212-02 y 2018-00231-01. 5 SU 098 de 17 de octubre de 2018. 6 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”5

5 SU 098 de 17 de octubre de 2018. 6 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”5

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legítima en los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 1o. de enero de 1990, para solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el pago de la sanción moratoria.

Arguyó que el derecho a la seguridad social de los docentes ha sido desconocido, pues no están garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG; además, que se incurrió en la violación directa de la Constitución al no aplicar el principi o de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política.

Finalmente, aseveró que el TRIBUNAL pasó por alto los diversos pronunciamientos emitidos por los juzgados administrativos que, en casos similares al estudiado, han accedido a las pretensiones de la demanda aplicando en debida forma la Ley 50 de 1990.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como6

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fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes : […]” (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado, pues considera que el actor no hizo alusión a los defectos en que incurrió al proferir la providencia cuestionada y en ella no se observa la vulneración de derecho fundamental alguno.

Sostuvo que la decisión emitida tiene como soporte el caudal probatorio recopilado en el proceso ordinario en comento, así como la verificación y aplicación de la normativa correspondiente al asunto en cuestión.

I.5.2.- El MUNICIPIO DE NEIVA precisó que no es de recibo lo

probatorio recopilado en el proceso ordinario en comento, así como la verificación y aplicación de la normativa correspondiente al asunto en cuestión.

I.5.2.- El MUNICIPIO DE NEIVA precisó que no es de recibo lo indicado por la parte actora en su escrito de tutela, teniendo en cuenta que el TRIBUNAL realizó el análisis jurídico y jurisprudencial respectivo para adoptar la decisión salvaguardando siempre las garantías constitucionales.

Manifestó que no se desconoció ningún derecho fundamental ni precedente jurisprudencial alguno, contrario a esto lo que busca la7

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actora es establecer una tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.

I.5.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL resaltó que la acción de la referencia no es la vía procedente para obtener el derecho prestacional reclamado y que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la actora.

Afirmó que la acción impetrada no tiene una cl ara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la controversia planteada es de naturaleza estrictamente económica e involucra intereses privados, situación

importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la controversia planteada es de naturaleza estrictamente económica e involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual debería declararse improcedente la presente solicitud de amparo.

I.5.4.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-33-0052022-00029-00 objeto de tutela, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.8

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I.5.5.- El FOMAG y la FIDUPREVISORA pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras9

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a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a10

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otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asum irse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de pro piciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas suscepti bles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonabl e tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la11

exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la11

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentenci as de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, ademá s de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial

una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el ju ez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando12

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derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando12

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sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” . (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 30 de mayo de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó el fallo del JUZGADO que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-33-0052022-00029-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL desconoció

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL desconoció los pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte13

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Constitucional que han concluido que la Ley 50 de 1990 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que se le debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de supe rarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad d e la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

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del derecho identificado con el número único de radicación 4100133-33-005-2022-00029-01.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 20197, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de A ltas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de

especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de A ltas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un

7 Corte Constitucional, sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

Actora: CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA

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asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho a l mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que

derecho a l mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad, que versan sobre un reconocimiento patrimonial q ue no amerita la intervención del juez de tutela.16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-00

Actora: CLAUDIA FERNANDA BARREIRO OTALORA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia de 15 de julio de 2021 8, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando

providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedo