CE - 010315000202304579001SENTENCIA20231211085414

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Título
CE - 010315000202304579001SENTENCIA20231211085414
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 04579 00

Demandante: Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio Económicas y Laborales -Cenasel Demandada: Unidad Administrativa Especial de Servicios PúblicosUAESPAsunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesta por el Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio Económicas y Laborales -Cenaselcontra la sentencia de 21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 25000 23 36 000 2013 00526 01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) el recurso extraordinario de revisión; iii) consideraciones de la Sala; y iv) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.2

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) el recurso extraordinario de revisión; iii) consideraciones de la Sala; y iv) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 04579 00

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I. ANTECEDENTES

La demanda del medio de control de controversias contractuales

1. El Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio Económicas y Laborales – en adelante -Cenaselpresentó demanda1 contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicosen adelante UAESP-, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales2, para que se declarara:

“[…] (i) la existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y su incumplimiento por la UAESP; (ii) la nulidad de la Resolución núm. 937 del 13 de diciembre de 2010 y de su confirmatoria, la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, mediante las cuales la UAESP liquidó el co nvenio de asociación núm. 010 de 2007, entre otras decisiones, y que, en su lugar, se realice su liquidación judicial según la propuesta anexa a la demanda o aquella que se realice con intervención de peritos; (iii) el incumplimiento de la UAESP por el impago de lo convenido, una vez CENASEL "entregó los productos a que se había obligado y [sic] previo contar con los vistos buenos del supervisor del proyecto como tampoco

con intervención de peritos; (iii) el incumplimiento de la UAESP por el impago de lo convenido, una vez CENASEL "entregó los productos a que se había obligado y [sic] previo contar con los vistos buenos del supervisor del proyecto como tampoco liquidar legalmente el Convenio No. 10 de 2007 al dar instrucciones contrarias a las inicialmente dadas y retener ilegalmente los desembolsos a que tiene derecho la entidad demandante"; y (iv) que la UAESP adeuda a CENASEL $1.287'900.000 por concepto de daño emergente, además de los intereses moratorios, por no haber pagado oportunamente, liquidados a partir del momento en que CENASEL entregó los productos pactados en el aludido convenio de asociación hasta que se realice su pago efectivo, conforme a la tasa prevista en el artículo 884 del Código de Comercio ("CCo").

De manera subsidiaria que se declare: (i) la existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007; (ii) la violación del principio de publicidad por la UAESP, por l a indebida notificación de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011 a CENASEL y a la aseguradora Seguros Liberty S.A., impidiendo que se enteraran oportunamente del acto administrativo, a efectos de adelantar las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho; ( iii) la nulidad absoluta del citado convenio de asociación por violación a la ley, ya los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL; (iv) el incumplimiento de la UAESP al convenio de asociación

absoluta del citado convenio de asociación por violación a la ley, ya los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL; (iv) el incumplimiento de la UAESP al convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, con la consecuent e condena a favor de CENASEL al pago de los perjuicios; y (y) que por las anteriores "vías de hecho", se deje sin efecto la liquidación unilateral realizada por la UAESP, y que, en su lugar, se efectúe su liquidación judicial, según la propuesta anexa a la demanda o aquella que se realice con intervención de peritos […]”3.

1 Por medio de apoderado. 2 Prevista en el artículo 141 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Índice 23 SAMAI.3

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Presupuestos fácticos

2. Cenasel indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus

pretensiones4:

2.1. La UAESP, en el marco del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) de Bogotá D.C. del año 2006, suscribió con Cenasel el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007 , el cual tuvo por objeto "[…]

Sólidos (PMIRS) de Bogotá D.C. del año 2006, suscribió con Cenasel el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007 , el cual tuvo por objeto "[…] promover procesos asociativos y fortalecer las capacidades de gestión económica y social y la proyección empresarial de las organizaciones de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá vinculadas a los proyect os de Inclusión Social, que viene desarrollando la UAESP, proporcionándole herramientas técnico-pedagógicas apropiadas a sus características y condiciones organizacionales […]".

2.2. En el Convenio de Asociación núm. 010 de diciembre 27 de 2007 se estipuló que: i) la UAESP entregaría la suma de $ 2.862'000.000 por conc epto de "[…] honorarios […]" y que C enasel entregaría la suma de $ 400'000.000; ii) como supervisor del Convenio, fue designado el Director Operativo de la UAESP; y iii) según la propuesta, el presupuesto se pagaba por productos , ejecutando el convenio por precios globales.

2.3. D urante la ejecución del Convenio de Asociación , las partes suscribieron cuatro modificaciones, dentro de las que se encuentra la modificación y prórroga núm. 3 de 29 de mayo de 2009 , la cual incorporó la obligación de Cenasel de permitir la realización de una auditoría contable y fiscal a las cuentas de ejecución del Convenio.

2.4. El contratista designado para adelantar la auditoría financiera y fiscal presentó un informe a la Directora Jurídica de la UAESP quien, al realizar el estudio

del Convenio.

2.4. El contratista designado para adelantar la auditoría financiera y fiscal presentó un informe a la Directora Jurídica de la UAESP quien, al realizar el estudio correspondiente, señaló que "[…] si las posibles inconsistencias en el ámbito tributario, contable y/o financiero, afectan la debida ejecución del contrato, el supervisor deberá requerir al contratista en ese sentido […]".

4 Cfr. Índice 23 SAMAI.4

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2.5. Indicó que, el 29 de julio de 2009 , se realizó el comité técnico del Convenio, en el que se acordó que C enasel, debía entregar a la UAESP, la respuesta a los resultados de la auditoría para tramitar el tercer pago del convenio; y que los asuntos pendi entes (pago a promotores, desembolsos de la contrapartida y entrega de informes) se terminarían en la etapa de liquidación del convenio.

2.6. El plazo del Convenio de Asociación culminó el 31 de julio de 2009, sin que la UAESP lo hubiese requerido por inconsistencias en el manejo tributario, contable o financiero que afectaran la debida ejecución del convenio.

2.7. La UAESP realizó el pago parcial de su aporte pactado en el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 20 07, en dos desembolsos , sin

2.7. La UAESP realizó el pago parcial de su aporte pactado en el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 20 07, en dos desembolsos , sin cancelar el saldo restante, a pesar de que Cenasel, luego de expirado el plazo del contrato, cobró dicha obligación a la UAESP con la presentación de varias facturas, y que la requirió en varias oportunidades, expresando que hab ía cumplido con los entregables y con el objeto del convenio.

2.8. La UAESP le solicitó explicaciones sobre la existencia de soportes financieros con fecha posterior al vencimiento del convenio y que la Dirección Jurídica de la UAESP, le comunicó que no encontró la totalidad de los productos convenidos, y que las respuestas a los resultados de las auditorias "[…] objetivamente no cumplían como evidencias satisfactorias […]”.

2.9. L a UAESP lo requirió para liquidar por mutuo acuerdo el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007 , no obstante lo anterior, la UAESP expidió la resoluciones núm. 937 de 13 de diciembre de 2010 y 135 de 16 de febrero de 2011, mediante las cuales liquidó de manera unilateral el citado Convenio, fijó como valor de la liquidación l a suma de $1.087'035.265 y ordenó cancelarle dicha suma, descontando lo que la aseguradora Liberty Seguros S.A. le pagara a la entidad, en virtud de la garantía de cumplimiento.5

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le pagara a la entidad, en virtud de la garantía de cumplimiento.5

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Normas violadas y concepto de violación

3. Cenasel invocó como normas violadas, las siguientes5:

  • Artículos 29 y 355 de la Constitución Política. • Artículos 11 y 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de 20076. • Artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 20117. • Decreto 777 de 26 de mayo de 19928.

4. Cenasel explicó el concepto de violación, en los siguientes términos9:

Falta de competencia

4.1. Indicó que la UAESP carecía de competencia para expedir los actos acusados y liquidar unilateralmente el contrato, toda vez que Cenasel ya había presentado demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Desviación de poder y falsa motivación

4.2. Adujo que los actos acusados fueron expedidos con desviación de poder y falsa motivación, en la medida que no hubo incumplimiento de las obligaciones de Cenasel, la cual, por el contrario, cumplió a cabalidad las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación núm. 010 de 2007, lo cual fue acreditado por el supervisor del contrato, incluso que se entregó a satisfacción cada uno de los productos que hacían parte del objeto contractual.

5 Cfr. Índice 23 SAMAI.

supervisor del contrato, incluso que se entregó a satisfacción cada uno de los productos que hacían parte del objeto contractual.

5 Cfr. Índice 23 SAMAI. 6 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 7 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 8 “Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 9 Cfr. Índice 23 SAMAI.6

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Violación al debido proceso

4.3. Señaló que los actos acusados fueron expedidos violando el derecho al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de Cenasel y de Liberty Seguros S.A., toda vez que no fueron citados a audiencia previa, como lo exige el artículo 17 de la Ley 1150, y no se les notificó de manera adecuada la Resolución núm. 135 de 2011, que de cidió el recurso de reposición que habían presentado contra la Resolución núm. 937 de 2010.

Sentencia de 19 de junio de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de

presentado contra la Resolución núm. 937 de 2010.

Sentencia de 19 de junio de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 25000 23 36 000 2013 00526 01

5. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca10 resolvió:

“[…] PRIMERO: Se niegan las pretensiones de la demanda conforme a la parte motiva de esta providencia […]”.

Consideraciones del Tribunal

6. Para el efecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, consideró:

Sobre la falta de competencia

6.1. No se demostró la falta de competencia, toda vez que el ejercicio del derecho de acción con el fin de liquidar un contrato estatal judicialmente no conlleva per se a la falta de competencia de la administración para liquidar unilateralmente el negocio jurí dico, toda vez que, solamente pierde competencia cuando es notificado del auto admisorio de la demanda, lo cual no ocurrió en el caso sub examine, en la medida que la UAESP liquidó unilateralmente el convenio de

10 Cfr. Índice 23 SAMAI.7

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asociación antes de que fuera notificada del auto admisorio de la demanda.

Sobre la falsa motivación

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asociación antes de que fuera notificada del auto admisorio de la demanda.

Sobre la falsa motivación

6.2. No se presentó una falsa motivación de los actos administrativos demandados que declararon la ocurrencia del siniestro con base en el incumplimiento de Cenasel, por cuanto: i) la decisión se f undamentó en el informe de auditoría financiera y fiscal del Convenio, en el cual se advirtió la falta de soportes contables que demostraran la ejecución total de los recursos; ii) la irregularidad no fue subsanada por Cenasel, a pesar de los requerimientos que le hizo la UAESP, de manera previa a la liquidación unilateral; y iii) el demandante no cumplió con la carga probatoria de desvirtuar el precio de lo ejecutado que se fijó en la liquidación unilateral del contrato.

Sobre la vulneración del debido proceso

6.3. No hubo violación del debido proceso de Cenasel por parte de la UAESP, al no citarlo a una audiencia previa a la expedición de las resoluciones que liquidaron unilateralmente el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007, porque: i) la UAESP adelantó previamente los trámites dirigidos a lograr la liquidación bilateral del citado convenio; ii) a Cenasel se le requirió con antelación a la expedición de los actos administrativos d emandados, para que ajustara el informe financiero, conforme a la auditoría practicada; y iii) a Cenasel se le brindó la oportunidad para que presentara el recurso de reposición contra la Resolución núm. 937 de 13 de diciembre de 2010.

informe financiero, conforme a la auditoría practicada; y iii) a Cenasel se le brindó la oportunidad para que presentara el recurso de reposición contra la Resolución núm. 937 de 13 de diciembre de 2010.

6.4. Por último, consideró que la inconformidad concerniente a la indebida notificación de la Resolución núm. 135 de 2011 no ser ía objeto de análisis para resolver de fondo la controversia, en razón a que no fue invocada en la demanda como causal de ilegalidad de los actos administrativos demandados, sino que el demandante lo adujo para demostrar que la citada irregularidad le había impedido acudir a la jurisdicción de manera oportuna.8

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Recurso de apelación

7. Cenasel interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los siguientes argumentos11:

Falsa motivación

7.1. Indicó que el Tribunal partió de la premisa errada de que recibió de la UAESP la suma de $ 3.262'000.000, cuando en realidad s olo percibió la suma de $ 1.574'100.000, según dan cuenta las pruebas contables allegadas al proceso y, en esa medida, señaló que Cenasel solo era responsable de la anterior suma, más el aporte equivalente a $ 400'000.000, que había entregado en cumplimiento del

1.574'100.000, según dan cuenta las pruebas contables allegadas al proceso y, en esa medida, señaló que Cenasel solo era responsable de la anterior suma, más el aporte equivalente a $ 400'000.000, que había entregado en cumplimiento del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007, para un total de $ 1.974.100.000, presentándose un enriquecimiento sin justa causa de la UAESP.

7.2. El Tribunal asumió como principal la obligación de llevar una contabilidad regular derivada del Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007, bajo la consideración de que, en virtud de dichos convenios, los particulares manejan recursos públicos para impulsar programas y actividades de interés público, por lo que resulta ba fundamental que se dem ostrara contablemente el destino de los aportes, sin tener en cuenta que la UAESP no entregó la totalidad de los recursos que se había comprometido y que C enasel entregó los soportes contables.

7.3. Sostuvo que el Tribunal no valoró la contradicción que realizó, con soportes contables, del peritaje realizado como tampoco atendió a la objeción por error grave al dictamen pericial, en la que descalificó las conclusiones a las que llegó en el informe de la auditoría financiera y fiscal del convenio.

Violación del debido proceso

7.4. El Tribunal pasó por alto que dentro del proceso no se probó que la UAESP hubiese realizado la audiencia previa a la expedición de los actos administrativos

11 Cfr. Índice 23 SAMAI.9

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hubiese realizado la audiencia previa a la expedición de los actos administrativos

11 Cfr. Índice 23 SAMAI.9

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demandados con la asistencia de C enasel y L iberty Seguros S.A., "[…] hecho objetivo que por sí solo sin necesidad de otro análisis adicional, implicaba la nulidad sustantiva por violación de norma imperativa […]", como lo es el artículo 17 de la Ley 1150.

7.5. Por último, indicó que tampoco estudió de fondo la causal de ilegalidad de la falta de debida notificación de la Resolución núm. 135 de 16 de febrero de 2011, por cuanto en la demanda así se solicitó.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

8. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022, en segunda instancia, resolvió12:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en este asunto, para disponer, en su lugar, lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del convenio de asociación núm. 10 del del 27 de diciembre de 2007

PRIMERO: Declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del convenio de asociación núm. 10 del del 27 de diciembre de 2007 suscrito por CENASEL y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones. […]”.

Consideraciones de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Sobre la caducidad

9. Sobre la caducidad de la pretensión subsidiaria de la nulidad absoluta del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007, consideró que “[…] según el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, dicha pretensión debía someterse a juicio dentro de los dos (2) años siguientes al perfeccionamiento del contr ato, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2007. Por ende, como la demanda fue presentada el 25 de abril de 2013, se superó con creces el término bienal prescrito en la citada norma […]”.

12 Cfr. Índice 23 SAMAI.10

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Sobre argumentos nuevos presentados en el recurso de apelación

10. Consideró que los argumentos relacionados con la indebida notificación de la Resolución núm. 135 de 16 de febrero de 2011 y sobre un eventual

Sobre argumentos nuevos presentados en el recurso de apelación

10. Consideró que los argumentos relacionados con la indebida notificación de la Resolución núm. 135 de 16 de febrero de 2011 y sobre un eventual enriquecimiento sin causa de la UAESP en detrimento de C enasel, no fueron planteados en la demanda y, en esa medid a, no serían estudiados, toda vez que se vulneraría el principio de congruencia y, por ende, el debido proceso de la

UAESP.

Sobre la interpretación de la demanda

11. Consideró que la UAESP no estaba facultada para liquidar unilateralmente el Convenio de Asociación núm. 010 de 27 de diciembre de 2007, por lo que las resoluciones demandadas en este asunto no ostentan la condición de actos administrativos, determinando que encausaría los problemas jurídicos desde la perspectiva del derecho privado, planteando que: i) frente a la falsa motivación centraría su estudio en el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y ii) respecto a la violación del debido proceso en la declaración de la ocurrencia del siniestro, el análisis se centraría en la procedencia de la noticia del siniestro que, como beneficiario, le correspondía al ente demandado.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones de Cenasel

12. Consideró que la presentación de soportes contables, resultaban necesarios para el desembolso de los aportes a cargo de la UAESP y, en esa medida, determinó que Cenasel estaba obligado a la presentación de soportes contables, como una obligación principal del convenio.

12.1. Al realizar la valoración de las pruebas aportadas al proceso, determinó que

determinó que Cenasel estaba obligado a la presentación de soportes contables, como una obligación principal del convenio.

12.1. Al realizar la valoración de las pruebas aportadas al proceso, determinó que Cenasel no presentó los soportes contables y, si bien, aportó otros documentos no daban cuenta de que los fondos del Convenio de Asociación hubieran sido efectivamente invertidos en su ejecución ni demostraban la ejecución apropiada de los fondos, los formularios, con timbre de radicación, de la declaración del11

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impuesto de industria, comercio y avisos. Asimismo, consideró que no se pactó una contraprestación directa a favor de la entidad pública a cambio de un precio.

12.2. Sobre la contradicción al dictamen pericial consideró que no daba cuenta de la ejecución ni del cumplimiento de la obligación de C enasel de sustentar contablemente la inversión de los recursos que formaban parte del presupuesto del convenio, indicando que, no suple la falencia probatoria.

Sobre la noticia del siniestro

13. Por último, consideró que el artículo 17 de la Ley 1150 no regía la declaración del siniestro y que la manifestación de la UAESP constituyó así, bajo las reglas del contrato de seguro, una orden para dar noticia a la aseguradora sobre el siniestro acaecido, para lo que estaba facultado en razón a la póliza única de seguro de cumplimiento núm. 1150876 emitida por Liberty Seguros S.A., cuya

del contrato de seguro, una orden para dar noticia a la aseguradora sobre el siniestro acaecido, para lo que estaba facultado en razón a la póliza única de seguro de cumplimiento núm. 1150876 emitida por Liberty Seguros S.A., cuya cobertura incluía los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, conforme a la obligación que se estipuló en el numeral 12 de la cláusula segunda del convenio de asociación.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

14. El Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio Económicas y LaboralesCenasel-, presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 13, en el proceso de controversias contractuales identificado c on el número único de radicación 25000 23 36 000 2013 00526 01 e invocó la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, según el cual, procede el recurso extraordinario de revisión cuando existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

13 La demanda fue presentada el 25 de agosto de 2023. 14 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.12

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Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

15. Cenasel presentó la siguiente pretensión15:

“[…] PRIMERO: Que se declare la nulidad parcial de la Sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 21 de noviembre de 2022, ejecutoriada el 10 de mayo de 2023, proceso No. 2500023-36-000-2013-00526-01, y en su defecto incluir en la parte resolutiva que se declara la nulidad de las resoluciones No. 937 del 13 de diciembre de 2010 y la Resolución No.135 del 16 de febrero de 2011, proferidas por la UAESP, por falta de competencia como lo determina el mismo Consejo de Estado en la parte considerativa de la sentencia objeto de revisión. […]”.

16. Para sustentar la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión,

expuso los siguientes argumentos16:

16.1. Manifestó que la sentencia recurrida fue proferida vulnerando los principios de congruencia y reformatio in pejus , toda vez que, en sus considera ciones, determinó que: i) la UAESP, no tenía la competencia para expedir un acto administrativo liquidando unilateralmente el convenio, ya que dicho convenio se regía por el derecho civil; y ii) que los documentos aportados como si fueran actos administrativos, son en realidad documentos que se consideran cortes de cuenta

administrativo liquidando unilateralmente el convenio, ya que dicho convenio se regía por el derecho civil; y ii) que los documentos aportados como si fueran actos administrativos, son en realidad documentos que se consideran cortes de cuenta sin la propiedad de ejecutoriedad o ejecutividad , sin que en la parte resolutiva se declarara la nulidad de las resoluciones núm. 937 de 2010 y 135 de 2011, por falta de competencia, dejando una situación jurídica sin resolver.

16.2. Se debe tener en cuenta que se tramita un proceso ejecutivo donde el título es la Resolución núm.135 de 16 de febrero de 2011 y la falta de claridad de la decisión de la Subsección C de la Sección Tercer a del Consejo de Estado sobre el supuesto acto administrativo, determina que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca siga adelante con la ejecución.

15 Cfr. Índice 2 SAMAI. 16 Cfr. Índice 2 SAMAI.13

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 04579 00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Contestación al recurso extraordinario de revisión

17. La Unidad Administrativa Especial de Servicios PúblicosUAESPcontestó la demanda17, oponiéndose a la prosperidad de la pretensión formulada, en la medida que, a su juicio, no se presenta la causal invocada, toda vez que la parte demandante pretende reabrir el debate, subsanar omisiones del proceso y cuestionar la actividad del juez sobre la apreciación de los hechos y las pruebas.

medida que, a su juicio, no se presenta la causal invocada, toda vez que la parte demandante pretende reabrir el debate, subsanar omisiones del proceso y cuestionar la actividad del juez sobre la apreciación de los hechos y las pruebas.

17.1. Indicó que no se presentó el desconocimiento del principio de congruencia, en la medida que la sentencia recurrida se pronunció sobre los argumentos de la demanda y del recurso de apelación relacionados con el presunto incumplimiento de las obligaciones de rivadas del Convenio de Asociación núm. 10 de 2007, guardando coherencia entre la parte considerativa y resolutiva.

17.2. Por último , indicó que “[…] si bien la parte recurrente alude una falta de claridad en el fallo de Segunda Instancia, la misma contaba con mecanismos como la aclaración y/o adición dela sentencia, pues aun teniendo la oportunidad procesal para hacerlo no lo hizo […]”.

Concepto del Ministerio Público

18. El seño

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