CE - 010315000202304583001SENTENCIA20231003153345

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: YANIRA BARRAGÁN LOSADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la demandante busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Yanira Barragán Losada contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de agosto de la presente anualidad 1, la señora Yanira Barragán Losada , mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO

de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/30/2023, en el expediente rad.

No. 41001333300520220020801, transgredió los derechos fundamentales:

AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA

EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

1 Se advierte que, el 13 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURI SDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de ci erre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-3300020130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086 7-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUERadicación : 11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-3300020140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

0044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-3300020140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-4000020170013401 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZRadicación : 11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

(2208-2020) VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 17 080001-233300020170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 18 080001-233300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-233300020190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación : 11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Yanira Barragán Losada labora como docente al servicio del departamento del Huila , se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

La señora Yanira Barragán Losada labora como docente al servicio del departamento del Huila , se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 12 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación departamental del Huila y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 , petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A, sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Yanira Barragán Losada demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto administrativo derivado del silencio frente a la petición sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda , por considerar que la señora Yanira Barragán Losada se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

2 En adelante Fomag.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada

especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

2 En adelante Fomag.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 30 de mayo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del departamento de Huila y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no exist e una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanci ón moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que la Sección

De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no exist e una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanci ón moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que la Sección Segunda aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente, en virtud del principio de favorabilidad y, por el contrario, la Sección Tercera de esta Corporación ha declarado improcedente los escritos de tutela que están inconformes con las decisiones de los tribunales administrativos , por medio del cual negaron el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al sector docente.

Agregó que no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 19 89 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.

Finalmente, agregó que a pesar de que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-2331-000-2012-00212-02, concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes, en lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria en virtud

31-000-2012-00212-02, concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes, en lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que , entre otras, no hay unificación en elRadicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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tema a tratar, pues se han proferido fallos de tutela con similares circunstancias en el Consejo de Estado, con diferentes posiciones.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen g eneral que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen g eneral que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificad a, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio d e inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo qu e existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a losRadicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1º de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sala Sexta de Decisión d el Tribunal Administrativo del Huila, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al gobernador del Huila. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues en el caso de la señora Yanira Barragán Losada , esta reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues en el caso de la señora Yanira Barragán Losada , esta reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible re alizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.4. La hoy accionante, a través de memorial del 19 de septiembre de 2023, insistió en los argumentos de la solicitud de amparo y se refirió a l informe que presentó el Fomag, en los siguientes términos:Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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(…) Ahora bien, tampoco es de recibo el argumento propuesto por la FIDUPREVISORA S.A. por cuanto es claro que el centro del caso se circunscribe a la obligatoriedad que recae en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial a la cual se encuentre adscrito el docente de garantizar el pago en tiempo y forma del auxilio de cesantías y en

circunscribe a la obligatoriedad que recae en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial a la cual se encuentre adscrito el docente de garantizar el pago en tiempo y forma del auxilio de cesantías y en consecuencia que esté a disposición del trabajador cuando lo necesite, lo que desemboca evidentemente en el derecho fundamental a la seguridad social. Dicho de otro modo, el aspecto principal tiene que ver única y exclusivamente con la omisión al límite temporal para la consignación de las cesantías, de ahí que se genere una sanción moratoria por el incumplimiento de esta obligación legal, es un tema netament e accesorio, pero el llamado de atención es contundente al alcance de la prestación social del auxilio de cesantías y el trato diferenciador que existe entre los docentes respecto de otros servidores públicos, teniendo de presente que ambas cortes, han den ominado la necesidad que el servidor público reciba sus cesantías, pues es considerada como la prestación social más importante no sólo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar. (…)

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-005-2022-00208-01, incurrió en los defectos endilgados

Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-005-2022-00208-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, v ulneró los derechos fundamentales de la señora Yanira Barragán Losada.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 30 de mayo 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2022, por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señ ora Yanira Barragán

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señ ora Yanira Barragán Losada carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesan tías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha

el carácter irrenunciable de las cesan tías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una

acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.Radicación :11001-03-15-000-2023-04583-00

Demandante: Yanira Barragán Losada

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: senten