CE - 010315000202304623001SENTENCIA20231020173724

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de sanción moratoria a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Aplicación por favorabilidad de la ley 50 de 1990. No se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora María Requilda Ortega Barrios, por medio de apoderado, interpone acción de tutela contra la sentencia del 30 de mayo de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que confirmó el fallo del 14 de diciembre de 2022, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:2

el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

1. Se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como el principio de la perpetuatio jurisdictionis.

1. En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 30 de mayo de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo de l Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicación 41001 33 33 00 5 2022 00195 01 y, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento y pago de la sa nción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como la Sección Segunda del Consejo de Estado, así:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

Nº. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE

MAGISTRADOS

1

Exp. T6.736.200

17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros

25 de julio de 2019

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros

6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

Nº. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1

08001-23-33-0002013-00666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-31-0002009-00867-01 […] 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15-0002018-04617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15-0002018-04617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS D r.

GUILLERMO SÁNCHEZ

LUQUE

4 11001-03-15-0002018-04679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN - Dr.

HERNANDO SÁNCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315-0002018-03499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS D r.

GUILLERMO SÁNCHEZ

LUQUE3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

6

08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

7

08001-23-33-0002014-00208-01

10 de junio de 2020

HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

7

08001-23-33-0002014-00208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31-0002014-00254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

9 08001-23-33-0002014-00132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001-23-31-0002014-00815-01 (4979-2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS11

08001-23-33-0002015-00331-01

17 de junio de 202 1

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ – Dr.

11

08001-23-33-0002015-00331-01

17 de junio de 202 1

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33-0002015-00445-02 (0483-20)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13

08001-23-33-0002014-01127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40-0002017-00134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001(sic)-2340-000-201590008-01 (23872020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001(sic)-2340-000-201490022-01 (51542016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS17 080001(sic)-2333-000-201700931-01 (10012021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS18 080001(sic)-2333-000-201500075-01 (26602020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19

76001-23-33-0002013-00756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dra.

SANDRA LISETH IBARRA

20

080001(sic)-2340-000-2017Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dra.

SANDRA LISETH IBARRA

20

080001(sic)-2340-000-201700795-01 (26592020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

21

47-001-23-33000-2019-0035901 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

22

47-001-23-33000-2019-0037601 (4462-2021)

1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

23

08001-23-33-0002015-00509-01 (2140-2020)

22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24

22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24

08001-23-33-0002015-90124-01 (2394-2020)

22 de septiembre de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31-0002012-00212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

26

47001-23-33-0002018-00231-01 (0871-2020)

26 de enero de 2023

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los siguientes:

1. Labora en la Secretaría de Educación de Neiva y su ingreso se dio después del 1.º de enero de 1990; en consecuencia, tiene derecho al recono cimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.

1. Labora en la Secretaría de Educación de Neiva y su ingreso se dio después del 1.º de enero de 1990; en consecuencia, tiene derecho al recono cimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.

1. El 15 de febrero de 2021, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) no trasladó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) la cesantía correspondiente al año 2020.

1. Transcurridos cinco meses sin que se realizara la consignación efectiva, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda.

1. A la anterior petición no se le dio respuest a, por esa razón interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento contra el acto ficto negativo, proceso que se surtió ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2022, negó las súplicas de la demanda.

1. El Tribunal Administrativo de l Huila en fallo proferido el 30 de mayo de 2023, confirmó la providencia del a quo, decisión que no se apareja con el contenido de la5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

ley ni de la abundante jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega q ue con la sentencia objeto de censura se vulner aron sus

ley ni de la abundante jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega q ue con la sentencia objeto de censura se vulner aron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como el principio de la perpetuatio jurisdictionis y el precedente judicial vertical , por l as siguientes razones:

1. En el presente asunto se configura l a violación directa de la Constitución por la inaplicación del principio de favorabilidad . De acuerdo con la Sentencia SU -098 de 2018, en virtud de los postulados de igualdad y de in dubio pro operario no se debe excluir al sector oficial docente de lo previsto en la Ley 50 de 1990, ya que por tener el carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el problema jurídico es de índole constitucional, por que acarrea el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantía, que necesariamente tiene un alcance al derecho a la seguridad social.

1. Los argumentos de la sentencia censurada señalan a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favo r de los educadores, b) que no hay un precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisteri o (FOMAG), en lo que respecta

precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisteri o (FOMAG), en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja — desconociendo el propósito del legislador.

1. Pues bien, los dos primeros razonamientos ya fueron superados por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las veintidós sentencias proferidas en sus Subsecciones, en las que se estableció que la Ley 50 de 1990, sí se aplica a los docentes , por disposición de las leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y los decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

1. El Consejo de Estado acogió una interpretación favorable, en el sentido de indicar que la Ley 50 de 1990 cobija a los docentes oficiales, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia SU -098 de 2018. Ahora, que el Tribunal estime que esa providencia estudia otra situación fáctica y jurídica, no resulta cierto, toda vez que la norma ibidem castiga la no consignación de la cesantía en el fondo no la falta de afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos del país.

1. Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos

afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos del país.

1. Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos fundamentales, toda vez que con una justificación objetiva, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en los años 2021, 2022 y 2023 resolvió unificar en sus dos Subsecciones la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los educadores vinculados después del 1.º d e enero de 1990, lo que significa que el empleador, en este caso el Ministerio de Educación Nacional debía trasladar antes del 15 de febrero de 2021, la cesantía correspondiente a 2020.

1. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que esta corporación ha determinado —en distinta jurisprudencia— que se deben emplear los criterios vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos; por consiguiente, se debe n respetar las leyes y los precedentes existentes al momento de causación del derecho reclamado.

1. Así mismo , la obligación tanto del Gobierno nacional como de las entidades territoriales, las cajas nacional y departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro de trasladar los dineros respectivos al Fondo Naciona l de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) —nacionalizados, territoriales o nacionales —, no está en discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente

discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente a la entidad. Si bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece la unidad de caja de los recursos del fondo para el pago de las prestaciones sociales no significa que se predique este principio de los recursos del Ministerio de Educación y del FOMAG.7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

1. El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable, pues las materias allí analizadas trataban de docentes no afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG), mientras que, en el sub judice, la educadora sí lo estaba, argumento errado comoquiera qu e los supuestos fácticos sobre los cuales se emitieron l os fallos de la alta corporación se efectu aron sobre la base de la procedencia de la consignación para docentes afiliados al fondo.

1. Con todo, expresar tal situación es como permitir que las entidades territoriales vincularan docentes sin autorización de la Nación (Ministerio de Educación Nacional) y luego se responsabilizara a esa entidad por el impago de las cesantías, cuando fue lo que expresamente se prohibió en el ar tículo 6.º de la Ley 60 de 1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que

vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que previamente estuviera a probado por la Nación , pue s precisamente existía una vinculación automática al FOMAG para que se trasladaran las cesantías causadas anualmente como lo prevé la Ley 91 de 1989 a todos los educadores, como ocurre en su caso, que se vinculó después del 1.º de enero de 1990.

1. A los docentes le son aplicables los decretos 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas en el futuro — así lo determinó la Ley 91 de 1989 —, como son las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que expresamente señalan la obligación del empleador de consignar las cesantías de los docentes oficiales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

(FOMAG) a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante providencia del 7 de septiembre de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Huila , como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Ministerio de Educación Na cional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) , al departamento del Huila y a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 41001

Educación Na cional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) , al departamento del Huila y a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 41001 33 33 005 2022 00195 00 [01] como terceros interesados en las resultas de este8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Huila. La magistrada Nelcy Vargas Tovar solicita se niegue el amparo deprecado, por lo siguiente:

1. Podría entenderse que el defecto a que alude la parte actora se circunscribe al desconocimiento de la normativa que invoca como sustento de las pretensiones en el proceso ordinario; sin embargo, como esa circunstancia implica la reiteración de las súplicas de la demanda, la tutela se torna improcedente, pues la decisión emitida tiene como soporte el caudal probatorio recopilado, así como la verificación y aplicación de la distinta preceptiva aplicable al asunto.

1. En consecuencia, en el proveído atacado no se observa la vulneración de alguna garantía fundamental a la accionante ; además, no se c onfiguran los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.6.2. La Gobernación de l Hu ila, por medio de apoderada, se opone a la

específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.6.2. La Gobernación de l Hu ila, por medio de apoderada, se opone a la prosperidad de las pretensiones y rinde informe en los siguientes términos:

1. En el pr esente caso existe ot ro medio judicial idóneo, esto es, el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que procede contra las sentencias emitidas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos, revestidas de cosa juzgada, por ser irregulares o ilegales con el fin de lograr el restablecimiento del orden jurídico.

1. La accionante persigue que se profiera una nueva decisión en la que se deje sin efectos el fallo de segunda instancia y, en su lugar, se ordene el reconocimiento del monto equivalente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, lo que quiere decir que pretende por esta vía hacer efectiva una prestación de índole estrictamente patrimonial , sin que ello con stituya menoscabo o vulneración de una garantía fundamental.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

1. Los fallos cuestionados se dictaron conforme a derecho, sin violación del debido proceso; por tanto, no resulta procedente que la parte actora acuda a la solicitud de amparo para discutirlos.

1.6.3. De la FIDUPREVISORA, S. A. La señora Aidée Johanna Galindo Acero,

proceso; por tanto, no resulta procedente que la parte actora acuda a la solicitud de amparo para discutirlos.

1.6.3. De la FIDUPREVISORA, S. A. La señora Aidée Johanna Galindo Acero, coordinadora de tutelas, pide declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que las autoridades que conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho obraron según lo establecido en la normativa, sin que pu eda alegarse el desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la demanda. Tampoco es dable aducir la transgresión de las garantías fundamentales de la accionante, pues las decisiones censuradas se expidieron con plena observancia del debido proceso; es decir, las actuaciones judiciales se surtieron en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la auto ridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual

que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora María Requilda Ortega Barrios contra la providencia del 30 de mayo d e 2023, que profirió el Tribunal Administrativo de l Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 41001 33 33 005 2022 00195 01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De la pro cedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección in mediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección in mediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la segu ridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepciona l y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció

consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; re saltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias

amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 04623 00

Demandante: María Requilda Ortega Barrios

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providenci as judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probat orio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 2 de mayo de 2022, la señora María Requilda Ortega Barrios, por medio de apoderada, interpuso demanda contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Huila, para que se declarara nulo el acto ficto del 6 de noviembre de 2021, mediante el cual le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.6

2.4.2. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001 33 33 005 2022 00195 00, en el que resolvió lo siguiente:7

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción mixta denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la entidad demandada

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción mixta denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la entidad demandada Departamento del Huila, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de «inexistencia de la obligación », propuesta por las entidades demandadas, por las r