CE - 010315000202304642001SENTENCIA20231013141725

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04642-00

Accionante: Gloria Fernanda Díaz Tovar

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04642-00

Accionante: Gloria Fernanda Díaz Tovar

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías anualizadas de un docente. Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Fernanda Díaz Tovar en contra del Tribunal Administrativo del Huila.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

en contra del Tribunal Administrativo del Huila.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Gloria Fernanda Díaz Tovar, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica.2

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Huila dejar sin efectos la sentencia proferida el 6 de junio de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00331-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada juri sprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Los hechos

Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada juri sprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. La señora Gloria Fernanda Díaz Tovar fue vinculada con posterioridad al 1.° de enero de 1990 como docente a la Secretaría de Educación de Neiva, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

1. El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

1. Por lo anterior, el 20 de agosto de 2021, al haber transcurrido más de 5 meses sin que fuera realizada la respectiva consignación, solicitó , además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda de l Consejo de Estado. Sin embargo, la cartera ministerial remitió la petición a La Previsora S.A., a pesar de no ser de su competencia, y nunca se le otorgó respuesta a su requerimiento.

1. La señora Gloria Fernanda Díaz Tovar instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG y del departamento del Huila, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto negativo por

restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación-FOMAG y del departamento del Huila, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto negativo por la falta de respuesta a la petición elevada el 20 de agosto de 2021 y, adicionalmente, título de restablecimiento del derecho , solicitó (i) el reconocimiento y pago de la3

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sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y (ii) y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

1. El 15 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva negó las pretensiones de la demanda, al no existir dentro del régimen especial docente la obligación de consignar las cesantías a una cuenta individual, pues estos recursos son girados por la Nación al fondo común manejado por el FOMAG, por lo que no es posible extender la aplicación de la figura de la sanción prevista en la Ley 50 de

1990.

recursos son girados por la Nación al fondo común manejado por el FOMAG, por lo que no es posible extender la aplicación de la figura de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990.

1. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el 6 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la sentencia del 6 de junio de 2023 , vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Para el efecto, expuso lo siguiente:

1. En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en particular, el requisito de relevancia constitucional , por cuanto lo que se busca es la protección de los derechos fundamenta les de los docentes del sector oficial , pues, según la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, ya que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria.4

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1. En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

1. El Tribunal desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales.

1. Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes normativos sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el FOMAG tiene a su cargo las prestaciones de los docente s nacionales y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación como patrono previamente le traslada, antes del 15 de febrero

prestaciones de los docente s nacionales y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación como patrono previamente le traslada, antes del 15 de febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en virtud del principio de igualdad, de favorabilidad y en atención al precedente rei terado de las altas cortes, reconocer la sanción moratoria.

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020. 2 Concretamente mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 7600123-31-000-2009-00867 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2013-00666-01, y los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001 -0315-0002018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173 -01; 10 de junio de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001 -23-31000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de

junio de 2021, expedientes 08001 -23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001 -23-33-000-2014-01127-01 y 40001 -23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001 -23-33-000-2017-0093101; 3 de marzo de 2022, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47 -001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 20 22, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-201200212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.5

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1. El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y, en ese sentido, contrario a la conclusión de la autoridad accionada, sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su pago inoportuno.

1. Se d esconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal docente vinculado al FOMAG, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón, considera necesario que en esta sede constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 7 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió

esta forma, protejan los derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 7 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de l Huila, (ii) vinculó a la Nación -Ministerio de Educación Nacional-FOMAG y (iii ) Comisionó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva , para que notificara a tod os los sujetos que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00331-00/01, a excepción de la señora Gloria Fernanda Díaz Tovar y de la entidad precitada y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.2.2. El 12 de septiembre de 2023, la servidora judicial Karol Andrea Quiroga Borrero del Juzgado precitado , en cumplimiento del anterior requerimiento, notificó del auto admisorio de la acción de la referencia al departamento del Huila, en calidad de tercero con interés en los resultados del proceso.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Ministerio de Educación Nacional6

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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en

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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que, si bien es cierto que l a accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada importancia constitucional. Además, resaltó que el debate que se presenta es de naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutel a, por lo que solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

1.3.2. Departamento del Huila

El profesional del derecho Luis Bayardo Charry Medina, luego de exponer los hechos y fundamentos de la acción de tutela, solicitó desvincular al departamento del Huila, debido a que carece de competencia para efectuar la consignación de las cesantías a la cuenta individual de los docentes , de ahí que no sea responsable del pago inoportuno de dicha prestación.

Igualmente, sostuvo que la Secretaría de Educación Departamental , mediante oficio HUI2021EE001933 del 28 de enero de 2021, cumplió con su obligación de reportar las cesantías e intereses a l as cesantías de la vigencia 2020 a la Fiduprevisora S.A, respecto a los docentes activos e inactivos a 31 de diciembre de 2021 con anexo de la liquidación de sus cesantías, en virtud de lo dispuesto en el literal b del numeral 3.°

respecto a los docentes activos e inactivos a 31 de diciembre de 2021 con anexo de la liquidación de sus cesantías, en virtud de lo dispuesto en el literal b del numeral 3.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

1.3.3. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

La jueza Ibette Zuleima Suaza Mora indicó que se remite a las consideraciones esbozadas en la providencia emitida el 15 de febrero de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-0033100, promovido por la señora Gloria Fernanda Díaz Tovar en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional-FOMAG y el departamento del Huila.7

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efectos de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora Gloria Fernanda Díaz Tovar en contra de la sentencia proferida el 6 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de l Huila , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00331-01.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

vez cotejada la validez de su interposición.

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii ) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta

cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso ju dicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00331-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. La señora Gloria Fernanda Díaz Tovar , por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónSala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. La señora Gloria Fernanda Díaz Tovar , por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional-FOMAG y del departamento del Huila, para que se (i) declarara la existencia y consecuente nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo por la falta de respuesta de la petición elevada el 20 de agosto9

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de 2021 y, (ii) a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías establecida en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4.2. El 15 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva denegó las demás súplicas de la demanda , al no existir dentro del régimen especial docente la obligación de consignar anualmente las cesantías. Por lo anterior, el 21 de igual mes y anualidad la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.4.3. El 6 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia

el 21 de igual mes y anualidad la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.4.3. El 6 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

«[…] Para la Sala, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990 desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los docentes, y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías. Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus intereses, no es procedente que los docentes apelen a un régimen diferente cuando el que los ampara, ya lo regula […]

las sentencias que fundamentan el escrito introductorio y el recurso de alzada, en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA, no constituyen precedente unificador que vincule la posición y el criterio del operador judicial […]

la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 […] determinó “el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantías anualizadas”; sin hacer referencia a fundamentos fácticos o jurídicos similares a los del sub lite […]

la sentencia SU98 de 2018 abordó el estudio de un docente que no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni a ninguno otro. Así es que, sin necesidad de mayores elucubraciones, se torna evidente la discrepancia fáctica con el presente asunto […]».

2.5. Análisis del caso en concreto

necesidad de mayores elucubraciones, se torna evidente la discrepancia fáctica con el presente asunto […]».

2.5. Análisis del caso en concreto

La señora Gloria Fernanda Díaz Tovar solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y se guridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la sentencia del 6 de junio de 2023, comoquiera que desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en la que determinaron que a los docentes afiliados al FOMAG10

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puede aplicárseles la Ley 50 de 1990, en virtud de una interpretación constitucional favorable a los derechos del trabajador y, por ello, pueden recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99 ejusdem, derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento de fondo, es necesario determinar si el disenso expuesto constituye «genuinamente un asunto de relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales»5, ya que al juez de tutela no le es posible estudiar «cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de

el disenso expuesto constituye «genuinamente un asunto de relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales»5, ya que al juez de tutela no le es posible estudiar «cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones»6.

Sobre el particular, se advierte que la exigencia precitada persigue las siguientes finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

5 Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional. Recoge la línea jurisprudencial en el asunto y sentencia C-590 de 2005. 6 Ibíd. De manera semejante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) español (Ley Orgánica 2 de 1979), exige, para efectos de la procedencia del recurso de amparo constitucional, que en la demanda se justifique “la especial trascendencia constitucional del recurso” (numeral 1 del artículo 49, modificado por el artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007). La admisión del recurso de amparo, entre otras, está sujeta, en los términos

del literal b) del numeral 1 del artículo 50 de la ley en cita (modificado por el artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007), a que,“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”. 7 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 8 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la

definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014). 9 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005),“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04642-00

Accionante: Gloria Fernanda Díaz Tovar

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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10. Por tanto,

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