CE - 010315000202304661001SENTENCIA20231012121317

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04661-00

Actora: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad; y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 23 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 080012333005201300833-01, vulneró su s derechos fundamentales a la igualdad,

sentencia de 23 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 080012333005201300833-01, vulneró su s derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 33 a 37 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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Actora: Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, en el mes de octubre de 2011, como consecuencia del desbordamiento del arroyo León, la vía de acceso vehicular y la garita de la urbanización Lomas de Caujaral quedaron totalmente destruidas, al tiempo que se destruyó el puente que permitía el cruce sobre el aludido arroyo, lo que imposibilitó el acceso y salida de los moradores a sus viviendas.

4. Adujo que, la Urbanización Lomas de Caujaral presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Municipio de Puerto Colombia , en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la destrucción de la vía de acceso a esa urbanización debido

en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la destrucción de la vía de acceso a esa urbanización debido al desbordamiento de un arroyo.

5. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia el 1° de diciembre de 2016, negando las pretensiones de la demanda.

6. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 23 de mayo de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] REVOCAR la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE GIONAL DEL ATLÁNTICO -C.R.A.- patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales causados a la Urbanización Lomas de Caujaral, con ocasión del desbordamiento del arroyo León ocurrida en octubre de 2011.

SEGUNDO: CONDENAR a la Corporación Autónoma Regional del AtlánticoC.R.A.- a pagar a la Urbanización Lomas de Caujaral la suma de setecientos noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos

($796’482.037).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones […]”.3

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Actora: Corporación Autónoma Regional del Atlántico

6.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

Actora: Corporación Autónoma Regional del Atlántico

6.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Advierte la Sala que a partir de los elementos probatorios allegados no es posible catalogar el desbordamiento del arroyo León como un hecho atribuible a un evento de fuerza m ayor ajeno a la CRA, pues no hay prueba alguna que acredite que para el mes de octubre de 2011, en el municipio de Puerto Colombia, se presentaron volúmenes de precipitación por encima de los promedios climatológicos, así como tampoco se probó la presencia de lluvias excesivas que superaran valores anteriores del Fenómeno de “La Niña”.

18. En este punto, resulta necesario recordar que la prosperidad de las excepciones que formula el demandado no puede soportase en la escueta exposición argumental, dado que requiere de la comprobación de los fundamentos que le dan lugar, de ahí que quien pretende desligarse del deber de indemnizar por la ocurrencia de una causa extraña –como la fuerza mayor –, le asiste la carga de acreditar su acaecimiento18; por tanto, la CRA debió efectuar los esfuerzos probatorios pertinentes que llevaran a la conclusió n evidente de que fue ese hecho el que determinó la ocurrencia del daño que la parte actora alega.

19. Contrario al dicho de las demandadas, los elementos de convicción aportados dan cuenta de que la elevación de los niveles de agua del arroyo León y las continuas inundaciones que ello acarreaba, eran circunstancias perfectamente conocidas por la CRA y que ésta no solo era consciente de que dicha problemática se debía atender

dan cuenta de que la elevación de los niveles de agua del arroyo León y las continuas inundaciones que ello acarreaba, eran circunstancias perfectamente conocidas por la CRA y que ésta no solo era consciente de que dicha problemática se debía atender con la construcción de obras estructurales, sino que, además, debían estar terminadas para finales del mes de marzo que iniciaba la temporada de fuertes lluvias y ni si quiera se acreditó que para octubre de 2011, que ocurrió el desafortunado evento, se hubieran por lo menos iniciado, lo que deja sin sustento alguno que se tratara de un hecho imprevisible19, e irresistible20 .

20. En efecto, obra en el expediente la respuesta a las peticiones elevadas por la administradora de la Urbanización Lomas de Caujaral (radicado CRA 009104 y CRA 009120 del 4 de noviembre de 2010), suscrita el 10 de noviembre de 2010 por el Director General de la CRA., en la que se lee (se transcribe literalmente): “En repetidas oportunidades por vía telefónica y personalmente durante las reuniones en las que se ha tratado de brindar una solución a los recientes acontecimientos ocurridos en el club Lagos de Caujaral como producto de la creciente del arroyo león, se le ha comunicado que la causa de las inundaciones se debe principalmente a:

• La acumulación de residuos sólidos en la cuenca baja del arroyo.

• Alteraciones en los regímenes naturales logrando copar la capacidad de amortiguación de las ciénagas como producto del fenómeno climático ‘La Niña’.

• Saturación del suelo.

• Fallas en los sistemas y obras hidráulicas para protección de las comunidades;

amortiguación de las ciénagas como producto del fenómeno climático ‘La Niña’.

• Saturación del suelo.

• Fallas en los sistemas y obras hidráulicas para protección de las comunidades; razón por la cual durante los eventos que registran grandes cantidades de lluvia, se generan inundaciones toda vez que las obras hidráulicas elaboradas para mitigar los efectos de los mismos, pierden su capacidad de contener tales volúmenes de agua.

“Le recuerdo que como resultado de la reunión sostenida el día sábado 06 de noviembre del presente año, el Gobernador del Atlántico le solicitó a los miembros del club y a los habitantes de la urbanización soportar las incomodidades producto de la inundación, toda vez que se están buscando alternativas de fondo que planteen soluciones definitivas a la situación presentada.4

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“Por lo anterior, solicitamos tener paciencia en cuanto a este tema y así mismo reorientar las solicitudes enviadas a esta Entidad, toda v ez que provocan un desgaste administrativo innecesario teniendo en cuenta que la CRA ha estado pendiente y al tanto de todos y cada uno de sus requerimientos” 21 (negrilla adicional)

21. Adicionalmente, mediante oficio del 4 de marzo de 2011 suscrito por el Director General de la CRA., se remitió a la administradora de la Urbanización Lomas de Caujaral, el informe preliminar realizado por la Universidad del Magdalena en el marco del Convenio interadministrativo 006 de 2010, cuyo objeto consistió en:

General de la CRA., se remitió a la administradora de la Urbanización Lomas de Caujaral, el informe preliminar realizado por la Universidad del Magdalena en el marco del Convenio interadministrativo 006 de 2010, cuyo objeto consistió en: “Desarrollar esfuerzos conjuntos entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Universidad del Magdalena, a través del Grupo de Investigación Integrado de Ingeniería Civil (GIIC), orientado a ejecutar acciones para la implementación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfico (sic) de la ciénaga de Mallorquín”, en el cual, se destacaron las “ACTIVIDADES

TENDIENTES A MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO LEÓN

EN SU CUENCA BAJA DE CARÁCTER URGENTE” (se destaca).

22. En el citado informe se entregó el diseño de las estructuras encaminadas a recuperar hidráulicamente el cauce del arroyo León en su cuenca baja. Estos diseños según el cronograma de actividades presentado en la propuesta, se debían entregar a finales de marzo de 2011; sin embargo, “conscientes de la necesidad de intervenir urgentemente el arroyo con el fin de mitigar las probables inundaciones durante la primera ola de lluvias” (se subraya), se realizaron anticipadamente los siguientes

análisis (se transcribe conforme obra):

“CARACTERÍSTICAS TOPOLÓGICAS DEL ARROYO LEÓN EN SU CEUNCA BAJA

“Una vez determinada la topografía de los últimos 20 kilómetros del Arroyo León, se puede concluir que este presenta características típicas de un cauce en planicie, con

“Una vez determinada la topografía de los últimos 20 kilómetros del Arroyo León, se puede concluir que este presenta características típicas de un cauce en planicie, con bajas pendientes en los que normalmente se desarrollan flujos suscriticos. En estos regímenes de flujo el control hidráulico se localiza aguas abajo. Por tal razón cualquier obstrucción tendría repercusión directa sobre los niveles y velocidades de flujo aguas arriba. Aunado a esta característica, la indiscriminada disposición de basuras en la cuenca alta del Arroyo León ha conformado depósitos de residuos sólidos (Ver figura a.22), los cuales generan un impacto ambiental negativo y obstruye el flujo ade cuado de las aguas del arroyo ocasionando mayor sedimentación y bajas velocidades (Ver figura b23).

“(…)

“… se ha detectado un taponamiento a 1500 metros aguas abajo del puente Club Lagos del Caujaral, causado por una combinación de depósitos de residuos sólidos vertidos al cauce del arroyo y a una sedimentación de sólidos debido a la morfología que presenta el Arroyo León en este trayecto. Esta situación a conllevado al estancamiento del agua del Arroyo León en inmediaciones del Club Lagos del Caujaral (Ver figura 3), no permitiendo el normal descenso del nivel de la Ciénaga del Rincón (Lago del Cisne) e impactando negativamente las condiciones medio ambientales del área debido a la hidrolización de la materia orgánica, convirtiendo la zona en foco susceptible a vectores de infección.

“(…)

“Como se puede observar en la tabla 1, cuando las aguas del Arroyo León alcanza

ambientales del área debido a la hidrolización de la materia orgánica, convirtiendo la zona en foco susceptible a vectores de infección.

“(…)

“Como se puede observar en la tabla 1, cuando las aguas del Arroyo León alcanza un nivel de represamiento de 0.5 metros agua arriba del puente, por esta estructura5

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pueden pasar aproximadamente 84 m3/s, en este mome nto el cauce del arroyo se desborda pasando sobre la vía de acceso al Club Lagos de Caujaral. De acuerdo con lo anterior, se requiere que la sección del Arroyo León aguas abajo del puente del Caujaral cuente con una capacidad hidráulica de por lo menos 80 m3/s, esto como medida temporal de mitigación de daños, mientras se construye todas las estructuras definitivas y se le da al arroyo la sección final” 24 (énfasis añadido).

23. Teniendo en cuenta el anterior estudio, la Universidad del Magdalena propuso 2 alternativas urgentes, a saber (se transcribe de manera literal):

“Alternativas de Solución

“Para mitigar los efectos de la primera temporada de lluvias del año en la cuenca baja del Arroyo León, se plantean las siguientes alternativas:

“Alternativa 1

“La primera alternativa y al que se recomienda, es adelantar un dragado desde 150 metros aguas abajo del puente del Caujaral, hasta 200 metros aguas abajo del mismo. Con este dragado se lograría aumentar la capacidad hidráulica de este tramo

“La primera alternativa y al que se recomienda, es adelantar un dragado desde 150 metros aguas abajo del puente del Caujaral, hasta 200 metros aguas abajo del mismo. Con este dragado se lograría aumentar la capacidad hidráulica de este tramo del arroyo a 80 m3/s. En tal caso sería necesario retirar aproximadamente 56300 m3 de material del cauce dela arroyo, esto significa que esta actividad podría costar alrededor de 610 millones de pesos incluida la utilidad…

“Alternativa 2

“Segunda alternativa, pero menos eficiente es intervenir solamente desde 1000 metros aguas abajo del puente de Caujaral, hasta 2000 metros aguas abajo del mismo. Es decir que solo se intervendrían 1 Km. En este caso se tendría que retirar alrededor 2700 m3 de material del cauce del arroyo, esto significa que esta actividad podría costar alrededor de 291 millones de pesos incluida la utilidad”25 (se subraya).

24. Bajo este designio probatorio, se desvirtúa el argumento según el cual, el desbordamiento del arroyo León obedeció a un acontecimiento de fuerza mayor, en tanto y cuanto se acreditó que la CRA tuvo conocimiento desde noviembre de 2010 (11 meses antes del suceso) que en inmediaciones de la Urbanización Lomas de Caujaral (especialmente en el tramo de l puente Cra. 51B) se estancaba el agua proveniente del arroyo León y se presentaban constantes inundaciones26 , entre otras circunstancias, por la acumulación de residuos sólidos en la cuenca baja, la morfología del arroyo, el fenómeno de “La Niña” y las fallas en las obras hidráulicas

otras circunstancias, por la acumulación de residuos sólidos en la cuenca baja, la morfología del arroyo, el fenómeno de “La Niña” y las fallas en las obras hidráulicas de la cuenca. Además, para los primeros meses del año 201127 ya la CRA tenía plena certeza de que debajo del puente Caujaral no estaba descendiendo normalmente el agua, incluso se detectó un taponamiento a 1500 metros aguas abajo del mencionado puente, por lo que se sugirió intervenir “urgentemente” el arroyo León […]”.

[…]

“[…] 30. Sin perjuicio de lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto la imputación del daño únicamente se encuentra acreditada frente a la CRA, pues como lo revelan las pruebas referidas, fue a dicha entidad a la que se le formularon las solicitudes expresas de mantenimiento y prevención frente a las constantes inundaciones que se presentaban en inmediaciones de la Urbanización Lomas de Caujaral, dado al desbordamiento del arroyo León, así como fue la entidad que presentó el informe preliminar de a ctividades tendientes a mejorar la capacidad hidráulica del arroyo León, para la mitigación “temporal” de los efectos de “la primera6

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temporada de lluvias del año 2011” y, a pesar de ello, no programó, inició o ejecutó acción alguna tendiente a evitar o por lo menos atemperar los efectos de la ola invernal de la época.

temporada de lluvias del año 2011” y, a pesar de ello, no programó, inició o ejecutó acción alguna tendiente a evitar o por lo menos atemperar los efectos de la ola invernal de la época.

31. Resalta la Sala que, más allá de la puntualización que hace la parte actora sobre la negación indefinida, consistente en “que la entidad no realizó las labores de mantenimiento de las obras hidráulicas del arroyo”, lo cual la relevaría, en términos probatorios34, de la carga de acreditar ese hecho que consignó en la demanda y reiteró en la impugnación y respecto del cual las demandadas no se preocuparon por desvirtuar, lo cierto es que lo fundamental para obtener una sentencia favorable en este caso era acreditar la relación de causalidad entre el daño que invocó y el hecho de la administración, al tiempo que el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos por parte de la demandada, lo que, a juicio de esta Sala, se logró demostrar.

32. Ciertamente, conforme a las probanzas relacionadas, pese a que para la primera ola de lluvias del año 2011 (finales de marzo hasta principios de junio) correspondía a las autoridades competentes (entre ellas, la CRA) haber intervenido la cuenca baja del arroyo León con dragado para aumentar su capacidad hidráulica y mitigar las previsibles inundaciones y avalanchas que acarrearía el fenómeno de la “La Niña” - lo cual quedó demostrado con el ejercicio probatorio de la parte demandanteno hay prueba alguna que demuestre que la CRA hubiera licitado, adjudicado y menos ejecutado las obras hidráulicas requeridas para evitar el desbordamiento de ese

lo cual quedó demostrado con el ejercicio probatorio de la parte demandanteno hay prueba alguna que demuestre que la CRA hubiera licitado, adjudicado y menos ejecutado las obras hidráulicas requeridas para evitar el desbordamiento de ese arroyo -quien excepciona la ineficacia un hecho también debe probarlo -, lo que denota que esta Corporación actuó de manera irregular, lo cual desconoció, además, los principios de previsión, vigilancia y control, cuya inobservancia permitió que el arroyo colapsara, alcanzando su cota máxima y, por ende , la avalancha destruyera la vía que permitía el acceso a la Urbanización Lomas de Caujaral.

33. En ese sentido, se impone concluir que la CRA incurrió en una falla del servicio por su inactividad e incumplimiento de los deberes normativos previstos en la Ley 99 de 1993, toda vez que a sabiendas de que en las inmediaciones de la Urbanización demandante se presentaban continuas inundaciones y requería una intervención urgente, no actuó de manera oportuna ni adelantó ninguna obra para evitar el desbordamiento del arroyo León, como tampoco para mitigar la amenaza que ello representaba, omisión que sin duda fue determinante en la generación del daño por el cual se reclama.

34. En conclusión, el daño que originó la presente acción no devino de un evento irresistible e imprevisible para la CRA, sino de una falla en la prestación del servicio, razón por la cual la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a examinar la indemnización de perjuicios deprecada en la demanda […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

indemnización de perjuicios deprecada en la demanda […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Teniendo en cuenta que en este asunto nos encontramos frente a eventos de violación a los Derechos Fundamentales constitucionales solicitamos se conceda la ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA, con carácter excepcional por7

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cumplimiento de las causales de proced ibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por violación a los Derechos Fundamentales constitucionales al derecho a la defensa, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, Por defecto procedimental que se funda en los artículos 29 y 228 de la Carta, puesto que se relaciona directamente con los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se cumple con las causales genéricas de procedibilidad y las causales específi cas de procedibilidad por defecto material o sustantivo, por cuando con la sentencia del 23 de mayo de 2023 se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señal ado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, por Defecto fáctico, que se presenta cuando el funcionario judicial carece del apoyo probatorio necesario "para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión”, y/o desconoce pruebas que tienen influencia directa sobre el objeto del proceso, por Desconocimiento del precedente

el funcionario judicial carece del apoyo probatorio necesario "para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión”, y/o desconoce pruebas que tienen influencia directa sobre el objeto del proceso, por Desconocimiento del precedente constitucional, que tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial, garantizar el derecho a la igualdad. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena fe; por Defecto factico por cuanto se observa que el error en la valoración de la prueba es “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo tiene una incidencia directa en la decisión contra la providencia, ya que en este asunto nos encontramos frente a eventos que vulnera de manera evidente los derechos constitucionales fundamentales, lo que igualmente implica el acaecimiento de un perjuicio irremediable para mi poderdante, a quien condena al pago de unos perjuicios, cuando la sentencia, objeto de amparo, acaece de los defectos alegados y especialmente transgrede el precedente, y que por lo tanto requieren decisiones urgentes, impostergables, por la inminencia de los efectos definitivos de la decisión, y por cuanto no hay un mecanismo ordinarios para evitar el perjuicio irremediable que se causaría al erario público, a la entidad accionante,

requieren decisiones urgentes, impostergables, por la inminencia de los efectos definitivos de la decisión, y por cuanto no hay un mecanismo ordinarios para evitar el perjuicio irremediable que se causaría al erario público, a la entidad accionante, contenido en una actuación arbitraria e injusta por parte de la accionada actuando en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico especial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de estado en la temática las inundaciones por el fenómeno de la niña que causó una alta pluviosidad en el país para la época de los hechos aumentando los caudales del río Magdalena, por lo que requerimos adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos conculcados y cualquier otro derecho fundamental que su señoría estime violado, por lo que solicitamos la tutela de derechos, ordenando:

DEJAR SIN EFECTOS, la PROVIDENCIA del 23 de Mayo de 2023, proferida por la SECCION TERCERA SUBSECCION A DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, MAG. PONENTE JOSE ROBERTO SACHICA, dentro del proceso con radicación No. 08001-23-33-005-201300833-01 (60.026) y en consecuencia ORDENAR a la SECCION TERCERA SUBSECCION A DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, MAG. PONENTE JOSE ROBERTO SACHICA, dentro del proceso con radicación No. 08001 -23-33-005-2013-00833-01 (60.026) se profiera nueva providencia, con las previsiones del fallo de tutela, y/o aplicando los

proceso con radicación No. 08001 -23-33-005-2013-00833-01 (60.026) se profiera nueva providencia, con las previsiones del fallo de tutela, y/o aplicando los precedentes jurisprudenciales para los asuntos relativos a las inundaciones por acaecimiento de Fuerza Mayor, específicamente por el fenómeno de la Niña […]”.8

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8. L a actora en su escrito de tutela señal ó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico y iv) en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela , ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iii) vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Municipio de Puerto Colombia y a la Urbanización Lomas de Caujaral , en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Es preciso indicar que la demanda de tutela no tiene vocación de prosperidad, ya que el fallo atacado se fundó en la valoración de las pruebas legalmente

10. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Es preciso indicar que la demanda de tutela no tiene vocación de prosperidad, ya que el fallo atacado se fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas al proceso, en los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y en el estricto apego a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso. Así puede apreciarse de la simple lectura de su texto, sin que quepa el reproche que la accionante hace en sede constitucional respecto de las consideraciones planteadas por esta judicatura.

9. La premisa antes indicada, a la luz de las exigencias generales y particulares para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial, implica que el caso que se somete a consideración del juez constitucional carece de relevancia constitucional.

10. Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la acción de tutela es un mecanismo constitucional excepcional que busca proteger los derechos fundamentales y que solo resul ta procedente contra providencias judiciales cuando el lesionado acredita, entre otros requisitos generales, que el asunto goza de relevancia constitucional […]”.

11. El Municipio de Puerto Colombia señaló que:

“[…] En la órbita sumergidos se discutiero n derechos asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Tal fue el medio de control escogido, pero no se puede soslayar que el Derecho Sustancial que se dice sufrió el Menos (sic) cabo (sic). Adentra sus raíces en la Jurisdicción Civil y Registral. Las cuales le otorgan el status

soslayar que el Derecho Sustancial que se dice sufrió el Menos (sic) cabo (sic). Adentra sus raíces en la Jurisdicción Civil y Registral. Las cuales le otorgan el status y oponibilidad como derecho real frente al Estado y los particulares. Y así ser reconocido. Reiteramos orfandad probatoria indesvirtuable respecto a quien9

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demando; c ontrarium sensu se le reconocieron unos derechos respecto a una condición que jamás ha ostentado […]”.

12. La Urbanización Lomas de Caujaral afirmó que:

“[…] En el presente caso, acogiendo las pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional a la que hicimos referencia con antelación, se puede concluir que la tutela incumplió tanto los requisitos genéricos como los específicos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de sentencias judiciales razón por la cual debe declararse su improcedencia.

En ese sentido, debemos finalizar diciendo que no existe un solo medio objetivo de prueba que permita demostrar que la providencia impugnada sea fruto de un criterio irrazonable, incoherente, derivado de una interpretación normativa subjetiva, aplicada en abierto desapego a la juridicidad pertinente al caso concreto, a partir de la cual se haya dejado en evidencia un ejercicio arbitrario y apartado de l ordenamiento jurídico que lesiona los derechos fundamentales invocados en la demanda. En definitiva, la presente tutela de ninguna forma ha puesto en evidencia

la cual se haya dejado en evidencia un ejercicio arbitrario y apartado de l ordenamiento jurídico que lesiona los derechos fundamentales invocados en la demanda. En definitiva, la presente tutela de ninguna forma ha puesto en evidencia que haya tenido lugar una actuación judicial caprichosa y/o arbitraria frente a la cual la acción de tutela sea el único mecanismo de defensa idóneo, razón por la cual debe declararse su improcedencia […]”.

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó