CE - 010315000202304701001SENTENCIA20231003144342

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: NORMA CONSTANZA LOSADA GAITA

Demandado: TRIBUNAL ADM INISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se a creditó el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – La discusión en torno al desconocimiento de los límites competenciales del juez de segundo grado o de la violación de la congruencia debe cuestionarse por vía del recurso extraordinario de revisión.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Norma Constanza Losada Gaita contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de agosto de 2023 1, la señora Norma Constanza Losada Gaita interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a l debido pr oceso, a la igualdad y a la seguridad so cial, con

acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a l debido pr oceso, a la igualdad y a la seguridad so cial, con ocasión de la sentencia proferida el 15 de junio de 2023, que revocó el fallo del 24 de marzo de 2021 , emitido por el Juzgado 27 Administrativo de Bogotá, y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda. Formuló las siguientes pretensiones:

TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES, dejando sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso 11001-33-35-027-2019-00237-01, or denándole a su vez, que en consecuencia dicte una nueva sentencia que en derecho corresponda, respetando mis derechos fundamentales y el principio de oscilación previsto en la Ley Marco 923 de 2004.

1 Se advierte que, el 18 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del ex pediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La señora Norma Constanza Losada Gaita prestó sus servicios a la Policía

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del ex pediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La señora Norma Constanza Losada Gaita prestó sus servicios a la Policía Nacional por más de 26 años , por lo que en abril de 2017 se le reconoció asignación de retiro por p arte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Para los años 2018 y 2019 , la actora advirtió que CASUR sólo aplicó los incrementos anuales a la asignación de retiro por los conceptos de salario básico y prima de retorno, y dejó congelados los d emás emolumentos que se com putaron en su prestación, tales como la s primas de navidad, de servicios, de vacaciones y el subsidio de alimentación.

Por considerar que tiene derecho a que todos los factores se reajusten anualmente confo rme al principio de oscilación, la señora Norma Constanza Losada Gaita instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, en primer a instancia , fue conocida por el Juzgado 27 Administrativo de Bogotá , que accedió a las pretensiones en sentencia del 24 de marzo de 2021.

La decisión fue apelada por CASUR y del recurso conoció la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 15 de junio de 2023, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, ne gó las pretensiones, por considera r que el Gobierno Nacional dicta un decreto de aumento para el personal activo de la Fuerza Pública y otro para los pensionados

pretensiones, por considera r que el Gobierno Nacional dicta un decreto de aumento para el personal activo de la Fuerza Pública y otro para los pensionados o con derecho a asignación de retiro , de manera que aplicar el principio d e oscilación a todos los factores implicaría realizar un doble aumento.

1.3. Argumentos de la tutela

A juicio de la señora Norma Constanza Losada Ga ita, la acción de tutela cumple con los requisitos generales exigidos para la procedencia contra providencia judicial, especialmente los de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Considera, además, que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos específicos:

Defecto procedimental absoluto. Se desconoció el principio de congruencia que hace parte de la g arantía del debido proceso consagra do en el artículo 29Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

superior, dado que el objeto de debate era que anualmente CASUR no incrementaba todas las partidas computables en la asignación de retiro, conforme a la oscilación, pero el Tribunal accionado terminó pronunciándose sobre un punto totalmente diferente, como el doble au mento derivado de aplicar el principio de oscilación a todos los fa ctores y la existencia de decretos específicos para aumentar las asignaciones de retiro, sin explicar siquiera sucintamente cuál era la relación de ese punto con el recurso de apelación.

Defecto sustantivo. Por falta de aplicación del principio de osci lación previsto en

aumentar las asignaciones de retiro, sin explicar siquiera sucintamente cuál era la relación de ese punto con el recurso de apelación.

Defecto sustantivo. Por falta de aplicación del principio de osci lación previsto en el artículo 34 de la Ley 2 de 1945, por cuanto concluyó q ue incrementar la asignación de retiro con fundamento en el mencionado principio implicaría realizar un doble aumento.

Adicionalmente, indicó que el Tribunal demandado no precisó cuáles eran los decretos de aumento que anualmente expide el Gobierno Nacion al para el personal retirado o pensionado, lo cual, en criterio de la accionante, evidencia que no existen.

Agregó que es totalmente falsa la afir mación hecha en la sentencia censurada, según la cual, si se aplica el principio de osci lación a todos los factores computables, el personal retir ado percibiría una asignación superior a la del personal en actividad.

Finalmente, refirió que con la decisió n cuestionada la autoridad judicial accionada desconoció los derechos a la igualdad, el debido proceso y a la seguridad social, porque a partir de l año 2020 decidió hacer los a justes conforme al principio de oscilación, y como política de prevención del da ño empezó a concil iar en la materia, pero en su caso se le ha privado de tal incremento.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 1º de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte

Mediante auto del 1º de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y, como tercero con interés, al director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, toda vez que la entidad que representa intervino como parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 11001 -33-35-027-20190023701. Así mismo, se orden ó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1. La jefe de la Oficina Jurídica de CASUR solicitó que se decla re la improcedencia de la tutela, toda vez que no cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia para cuestionar una providencia judicial . Además, se observa que la accionante busca revivir la discusión en torno a los derechos que reclama , con desconocimiento de los principios de cosa juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídica.

Adujo que la entidad carece de legitimación para atender las pretensiones de la tutela, dado que se dirige co ntra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Que, en todo caso, no se vulneró garantía alguna a la demandante.

Adujo que la entidad carece de legitimación para atender las pretensiones de la tutela, dado que se dirige co ntra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Que, en todo caso, no se vulneró garantía alguna a la demandante.

2.2. La Subsección A d e la Sección Segunda del Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca no se pronunció, pese a ser notificada debidamente.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala debe rá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgado s y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedencia

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pue s, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo

contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se conviert a en un mecanismo principal de protección de los derec hos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que laRadicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

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Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 2 de la Constit ución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 3 prevén como causal d e improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento ju rídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela n o

transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela n o puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecio nalidad del inter esado, para esquivar el que de modo e specífico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su dis posición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede definir como un riesgo cierto y real de daños pr ovenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e i nmediata del juez

violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e i nmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que

2 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento prefere nte y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos const itucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de de fensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se destaca). 3 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salv o que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)». 4 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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provenga de accione s manifiestame nte contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una s erie de criterios para identificar el perjuicio irreme diable, así 5: « es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que l a gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario p ara la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

En el caso concreto , la inconformidad de la accionante , básicamente, apunta a que el Tribunal accionado desconoció el principio de congruencia, toda vez que los argumentos de la apelación incoada por CASUR se encaminaron a señalar q ue el a quo ordenó unas «partidas diferentes » a las previstas en el artículo 23 del Decreto 4433 para los miembros del Nivel Ejecutivo, materia que era ajena al debate planteado, y respecto de la cual terminó pronunciándose el ad quem en la providencia cen surada, dejando de lado la aplicación del principio de oscilación que se deprecó.

En ese orden de idea s, como el cuestionami ento que se le hace el Tribunal se

providencia cen surada, dejando de lado la aplicación del principio de oscilación que se deprecó.

En ese orden de idea s, como el cuestionami ento que se le hace el Tribunal se refiere específicamente a la incongruencia de la providencia que dictó , para la Sala es claro qu e la parte demandante cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 2486 de la Ley 1437 de 2011, específicamente, bajo la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» (art. 250.5 ejusdem), que incluye el vicio bajo examen, según lo ha d efinido esta Corporación. En ese sentido, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo señaló:

2.6. Desconocimiento del prin cipio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia.

[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenc iosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la senten cia, se configura, entre o tras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

5 Corte Constitucional, sentencia T -695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras. 6 «Artículo 248. Procede ncia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo

6 «Artículo 248. Procede ncia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administ rativos y por los jueces administrativos».Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Circunstancia que también p odría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segun da instancia o única, si s e alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)En términos generales, la congruencia se e ntiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entr e la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruen cia interna, y de otra, que la decis ión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la

parte que exista armonía entr e la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruen cia interna, y de otra, que la decis ión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de opo sición, denominada congrue ncia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consist e en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.7

La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualm ente la violación al debido proceso, en la medida en que nuestro orde namiento positivo consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la demanda.

En este orden de i deas, esta Sala Especial advie rte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPA CA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A. -, es decir, nulidad originada en la sente ncia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno

250 del CPA CA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A. -, es decir, nulidad originada en la sente ncia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara v iolación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.

Pues bien, estas reflexi ones, con apoyo en jurispr udencia del Consejo de Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratif ican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un elemento de valide z de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión d e nulidad originada en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA8 (se resalta).

7 Cita original del texto: « Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Ex pediente: 760012324000 199704345-01 (12668).

Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P .

Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Ex pediente: 760012324000 199704345-01 (12668).

Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P .

Juan Ángel Palacio Hincapié». 8 Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001 -03-15-000-2015-02342-00, M .P . Alberto Yepes Barreiro.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De otra parte, frente al recurso extraordinario de revisión, como mecanismo idóneo y eficaz, la Corte Constitucional, en sentencia SU-659 de 2015, señaló:

La Sala Plena ha expuesto que este mecanismo judicial, prima facie, es un espacio de protección de derechos fundamentales; su finalidad es revertir decisiones que hacen tránsito a cosa juzgadas al vulnerar la justicia material; así como eventos en los que nuevos hechos evidencian que una providencia se tomó a partir de evidencia ilegal.

[…]

La Corte ha sostenido que para concluir que el mecanismo ordinario es idóneo y eficaz, el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no puede considerarse improcedente la tutela.

Tratándose del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción

que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no puede considerarse improcedente la tutela.

Tratándose del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contenciosa administrativa, la Corte ha apuntado que cuando una decisión de un juez administrativo, potencialmente vulnera no solo el debido proceso, sino otros derechos, y estos tienen el carácter de fundamental, el recurso de revisión pierde eficacia e idoneidad. Esto lo ha desarrollado a propósito del proceso de nulidad electoral. En él, un juez administrativo puede, eventualmente vulnerar el derecho al debido proceso. Hasta este momento, el recurso de revisión es procedente. Sin embargo, cuando implica, además la restricción del ejercicio de un derecho político (elegir y ser elegido a cargos públicos), u otros fundamentales, el recurso extraordinario pierde idoneidad.

Concluye que el recurso será eficaz cuando: i) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o ii) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho9.

Bajo ese entendimiento, no hay duda de que los reparos atribuidos a la supuesta falta de congruencia de la sentencia no pueden ser examinados por el juez constitucional y, en consecuencia, la tutela deviene improcedente.

Bajo ese entendimiento, no hay duda de que los reparos atribuidos a la supuesta falta de congruencia de la sentencia no pueden ser examinados por el juez constitucional y, en consecuencia, la tutela deviene improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nom bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Norma Constan za Losada Gaita contra el Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

9 Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente T-3.795.843, M.P . Alberto Rojas Ríos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04701-00

Demandante: Norma Constanza Losada Gaita

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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