CE - 010315000202304742001SENTENCIA20231017164608

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04742-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: WILSON DARÍO RODRÍGUEZ BARRERA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL ESTABLECIDO EN EL LITERAL “E” DE LA SENTENCIA C-590 DE 2005, TODA VEZ QUE, SI BIEN EL ACTOR

NARRÓ LOS HECHOS QUE GENERARON LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PRETENDE DEBATIR EN SEDE CONSTITUCIONAL ASUNTOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO Y QUE, POR TANTO, NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN

AL PROCESO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO

PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1 En adelante la COMISIÓN SECCIONAL. 2 En adelante la COMISIÓN NACIONAL.2

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1 En adelante la COMISIÓN SECCIONAL. 2 En adelante la COMISIÓN NACIONAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04742-00

Actor: WILSON DARÍO RODRÍGUEZ BARRERA

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor WILSON DARÍO RODRÍGUEZ BARRERA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales , a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las providencias de 28 de febrero de 2022 y 1o. de marzo de 2023 , respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 202000825-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la judicatura y que el 12 de febrero de 2020 el señor JHON JAIRO RICO RODRÍGUEZ formuló queja disciplinaria en su contra.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04742-00

de 2020 el señor JHON JAIRO RICO RODRÍGUEZ formuló queja disciplinaria en su contra.3

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Actor: WILSON DARÍO RODRÍGUEZ BARRERA

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Adujo que, como sustento de la queja, el señor RICO RODRÍGUEZ aseveró que en su calidad de apoderado de la señora MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA , mintió y ocultó información dentro del proceso verbal de resolución de contrato de cesión y compraventa de derechos de cuota identificado con el número único de radicación 11001-31-03-026-2016-00484-00 adelantado ante el

JUZGADO VEINTISÉIS CIVIL DEL CIRCUI TO JUDICIAL DE

BOGOTÁ3; además, por manipular balances contables del HOTEL

NORMANDÍA REAL4.

Refirió que, el quejoso señaló en la acción disciplinaria que, durante el curso del proceso de resolución de contrato de compraventa de derechos de cuota , asesoró a su cliente para que mintiera y entorpeciera las actuaciones realizando un contrato de arrendamiento del inmueble -que se encontraba en discusión judicial desde el 2016-, en el período comprendido entre el 19 de octubre de 2017 y el 19 de octubre de 2019, a favor de la progenitora de su representada, señora MARÍA TERESA SEGURA RIAÑO.

desde el 2016-, en el período comprendido entre el 19 de octubre de 2017 y el 19 de octubre de 2019, a favor de la progenitora de su representada, señora MARÍA TERESA SEGURA RIAÑO.

Sostuvo que, por su parte, el señor JHON JAIRO RICO RODRÍGUEZ reprochó que el litigante se opuso a la entrega de

3 En adelante el Juzgado 4 Hoy Hotel y Hospedaje Nuevo Normandía4

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bienes y gananciales, ordenada dentro del proceso 2016-00484, pese a que, la sentencia de segunda instancia se encontraba ejecutoriada; por lo cual presentó una prueba falsa, esto es, un contrato de arrendamiento ficticio del inmueble objeto de controversia, suscrito entre la señora MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA y su progenitora para retrasar la entrega del inmueble; además, lo acusó de presentar balances contables manipulados del HOTEL NORMANDÍA REAL y de persuadir a su representada de declararse en insolvencia.

Alegó que el quejoso lo acusó de asumir el caso como un asunto personal, toda vez que también representa a su ex esposa, la señora MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA en un proceso de disolución de sociedad conyugal que cursa entre ambas partes.

personal, toda vez que también representa a su ex esposa, la señora MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA en un proceso de disolución de sociedad conyugal que cursa entre ambas partes.

Indicó que el proceso disciplinario fue identificado con el número de radicación 2020-00825-00 y le correspondió a la COMISIÓN SECCIONAL que, luego de llevarse a cabo todas las etapas procesales, mediante sentencia de 22 de febrero de 2022 lo declaró responsable y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de tr es (3) meses, por incurrir en la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado,5

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establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20075, por desconocimiento del deber señalado en el numeral 6° del artículo 28 ejusdem, a título de dolo.

Relató que, inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la COMISIÓN NACIONAL que, mediante providencia de 1o. de marzo de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto y se apartaron del procedimiento establecido

del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto y se apartaron del procedimiento establecido en la ley para interpretar de forma analógica el alcance probatorio del contrato simulado, conforme lo establece el ar tículo 1766 del Código Civil “[…] que regula la validez de la simulación de contrato y que limita su alcance jurídico a su oponibilidad entre las partes que lo suscriben y a terceros que lo conozcan sin que derive en ningún caso la falsedad del documento ni del negocio subyacente […]”.

Afirmó que se debió determinar si el contrato de arrendamiento

5 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”6

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suscrito entre su representada y la progenitora de aquella era una simulación absoluta o relativa, para determinar el alca nce como medio de prueba, más no para derivar una sanción de ello, pues “[…] el contrato cumplía plenos efectos en el plano de la explotación del inmueble, vale decir, los fines para los cuales se redactó el contrato se cumplían plenamente, es decir su aplicación comercial. Por lo tanto, no se trataba de perjudicar a un tercero, en este caso al quejoso, quien de paso conocía del negocio simulado en la medida en que era también beneficiario de la explotación comercial del

tanto, no se trataba de perjudicar a un tercero, en este caso al quejoso, quien de paso conocía del negocio simulado en la medida en que era también beneficiario de la explotación comercial del inmueble y deudor del 50% del crédito hipotecario, el cual nunca se mantuvo al día por la agilidad y responsabilidad de la demandada al crear la nueva persona jurídica, al punto que es con posterioridad al proceso que interpuso la queja […]”.

Así las cosas, destacó que el artículo 572 del Código General del Proceso establece que las acciones revocatorias y de simulación, son el mecanismo judicial idóneo para reversar la simulación, por lo cual la declaratoria de falsedad no tiene ninguna cabida.

Comentó que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que carecían del material probatorio que les permitiera aplicar el supuesto legal que sustentó la sanción, ya que7

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la simulación de contrato no es delito y el documento conte ntivo de la misma no es falso, pues en el ordenamiento jurídico de nuestro país está autorizada por el Código Civil.

Asimismo, aseguró que también se incurrió en un defecto material o sustantivo, en la medida en qu e se desconoció la validez de un procedimiento acostumbrado entre comerciantes, “[…] no

Asimismo, aseguró que también se incurrió en un defecto material o sustantivo, en la medida en qu e se desconoció la validez de un procedimiento acostumbrado entre comerciantes, “[…] no precisamente para “evadir impuestos”, como lo concluyó el a quo, sino como mecanismo para poder funcionar en explotación de una actividad lícita […]”.

Advirtió que las autoridades judiciales accionadas también incurrieron en el defecto de decisión sin motivación, pues las decisiones cuestionadas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, lo cual, “[…]implica un ejercicio ilegítimo de las funciones judiciales de su cargo. Fue tal el despotismo que se interpretó como falso un documento totalmente lícito y se derivó de la errada interpretación fáctica de tan graves consecuencias para el actor, al punto de alejarlo del ejercicio de su oficio temporalmente, no obstante que su desempeño fue totalmente lícito […]”.

I.4.- Pretensiones8

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Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 7.1. Primero. Dejar sin efecto la decisión judicial adversa para este accionante, contenida en los fallos de primera instancia de fecha 28 de febrero de 2022 emitido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, M.P. MARTHA INES

para este accionante, contenida en los fallos de primera instancia de fecha 28 de febrero de 2022 emitido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, M.P. MARTHA INES MONTAÑA SUAREZ y de segunda instancia pronunciado el 01 de marzo de 2023, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial M.P. ALFONSO CAJIAO CABRERA, mediante los cuales se sancionó en el primer caso, al accionante con suspensión del ejercicio profesional durante tres (3)meses y se confirmó la decisión en el segundo.

7.2. Segundo. En su lugar Disponer que se archive la queja radicada con el número 110011102000 2020 00825 00 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL señaló que la presente solicitud de amparo se debe denegar o declarar improcedente por incumplir con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, dado que lo pretendido por el tutelante es reabrir un debate que ya había sido debidamente clausurado por el juez natural de la causa.

Afirmó que mediante la providencia cuestionada sancionó al actor por encontrarlo responsable de la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, señalada en el numeral 11 del artículo 33 de la ley 1123 de 2007, bajo el verbo re ctor “usar” y la circunstancia del tipo “pruebas falsas con el propósito de hacerlas9

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valer en actuaciones judiciales”.

Lo anterior, comoquiera que evidenció que i) en octubre de 2017 se contrataron los servicios profesionales del litigante; ii) el 19 de octubre de 2017, las señoras MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA y MARÍA TERESA SEGURA RIAÑO , suscribieron el contrato de arrendamiento del HOTEL NORMANDÍA REAL, que se encontraba en discusión judicial desde el 2016 ; iii) el 30 de octubre de 2017 se cambió la razón social del establecimiento de comercio y se matriculó con el nombre “NUEVA NORMANDÍA HOTEL BOUTIQUE”, consignando en el certificado de matrícula como persona natural comerciante a la progenitora de la representada del tutelante, señora SEGURA RIAÑO; iv) el 30 de noviembre de 2017 el JUZGADO, dictó sentencia en el proceso 2016 -0484, que fue desfavorable a los intereses de la demandada -representada por el disciplinado-; v) el 6 de diciembre de 2018, el TRIBUNAL, confirmó el fallo precitado; vi) el 4 de marzo de 2019, el JUZGADO comisionó la diligencia de entrega del inmueble a los Juzgados Civiles Municipales; y, vii) el 11 de marzo de 2019, el profesional del derecho

el fallo precitado; vi) el 4 de marzo de 2019, el JUZGADO comisionó la diligencia de entrega del inmueble a los Juzgados Civiles Municipales; y, vii) el 11 de marzo de 2019, el profesional del derecho presentó recurso de reposición contra el auto de comisión, allegando copia del contrato de arrendamiento objeto del debate, como prueba para sustentar que el inmueble estaba arrendado y no se podía10

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efectuar la entrega del mismo.

Así las cosas, precisó que el anterior análisis, permitió inferir razonablemente que, si bien era cierto que la elaboración del contrato de arrendamiento fue anterior a que se dictara la sentencia que produjo efectos adversos a la representada del disciplinado y a que fuera usado par a debatir la decisión del JUZGADO de ordenar la entrega del inmueble al demandante; no era menos cierto que, la fecha coincidía con la época en que el litigante inició la relación profesional con la señora MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO SEGURA, esto es, en octubre de 2017, lo cual se erigió en un indicio serio de que el documento fue elaborado, previendo que la autoridad judicial fallara desfavorablemente a las pretensiones de su representada, como instrumento para oponerse a la entrega del bien.

Puso de presente que en la declaración que rindió dentro del proceso

serio de que el documento fue elaborado, previendo que la autoridad judicial fallara desfavorablemente a las pretensiones de su representada, como instrumento para oponerse a la entrega del bien.

Puso de presente que en la declaración que rindió dentro del proceso disciplinario la señora CASTIBLANCO SEGURA , señaló que el contrato fue hecho “de confianza” con su progenitora, con el propósito de realizar un trámite de cambio del establecimiento comercial al régimen simplificado y liquidar la sociedad por acciones simplificada propietaria del HOTEL NORMANDÍA REAL, sin que se precisara el motivo que justificara dicho trámite, ni mucho menos, la11

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creación del contrato de arrendamiento, por lo cual concluyó que el mismo no era real y que fue elaborado con el fin de servir como prueba de un hecho que no existió.

Igualmente, sostuvo que era evidente que la sanción impuesta al litigante si correspondía con la realidad fáctica y jurídica del asunto, máxime aun, teniendo en cuenta que no se le imputó la elaboración del documento espurio sino su uso, a sabiendas que era fals o ideológicamente, situación que era previsible para el profesional del derecho, dado que las afirmaciones contenidas en dicho documento no correspondían con la realidad, pues era un contrato de arrendamiento elaborado por su cliente junto con su progenito ra,

ideológicamente, situación que era previsible para el profesional del derecho, dado que las afirmaciones contenidas en dicho documento no correspondían con la realidad, pues era un contrato de arrendamiento elaborado por su cliente junto con su progenito ra, quien es una persona de avanzada edad y que no se dedica al negocio de la hostelería, lo cual debió ser indicio suficiente para poner en duda el contenido del documento; sin embargo, optó por usarlo dolosamente dentro del proceso que cursaba contra su cliente, para retardar la entrega del inmueble, configurándose así la falta que se le imputó.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente, dado que no se fundament ó defecto alguno que evidencie que se incurrió en vía de hecho o en la12

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vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor.

Precisó que no se cumple con el presupuesto general de la relevancia constitucional, pues la inconformidad del actor recae en una interpretación alterna que este pretende que se le dé al asunto, el cual se ciñó a las garantías de los derechos fundamentales, de tal forma que lo que se evidencia es el desacuerdo con la decisión proferida.

En cuanto al aludido defecto procedimental absoluto, sostuvo que el proceso disciplinario tanto en primera como en segunda instancia se

forma que lo que se evidencia es el desacuerdo con la decisión proferida.

En cuanto al aludido defecto procedimental absoluto, sostuvo que el proceso disciplinario tanto en primera como en segunda instancia se surtió con apego a lo establecido en el Código Disciplinario del Abogado y tampoco se incurrió en defecto fáctico, pues la valoración probatoria realizada partió de la apreciación integral, conjunta y de acuerdo con la sana crítica.

En lo que refiere a la decisión sin motivació n, advirtió que dicha afirmación carece de sustento, pues tal situación no se presentó en el proceso disciplinario adelantado contra el actor, habida cuenta que en ambas instancias se sustentar on en debida forma las razones fácticas y jurídicas que fundamentaron las providencias cuestionadas y la imposición de la sanción.13

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por impor tancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la14

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Conse jero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estu diar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es15

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal16

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vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación

pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesa rio acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los17

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fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialme nte dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

limitando sustancialme nte dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efectos las providencias de 28 de febrero de 2022 y 1o. de marzo de 2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 202000825-01, por medio de las cuales fue sancionado con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio profesional de abogado.

La controversia tiene origen en la queja formulada por el señor JHON JAIRO RICO RODRÍGUEZ en contra del actor, la cual fue conocida18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04742-00

Actor: WILSON DARÍO RODRÍGUEZ BARRERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL que lo hallaron responsable de incurrir en la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, establecida en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 28 numeral 62 de la misma norma, comportamiento calificado a título de dolo.

realización