CE - 010315000202304807001SENTENCIAFALLO20231012150531

Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04807-00

Demandante: JOSÉ ANTONIO RÍOS SANTIAGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor José Antonio Ríos Santiago contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor José Antonio Ríos Santiago , actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B 1. Con la solicitud de amparo pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B 1. Con la solicitud de amparo pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudicó a la sentencia dictada el 16 de junio de 2023 por la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.º 11001-33-37039-2019-00254-012. En esta última providencia se revocó la decisión de primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar declararse inhibido y negarlas.

1.2. Pretensión constitucional

1 El escrito se envió el 23 de enero de 2023 al correo electrónico de Secretaría General del Consejo de Estado. 2 Interpuesto por el accionante contra la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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3. La parte actora solicitó la protección de l derecho fundamental al debido proceso.

4. Si bien en el escrito de tutela no se invocan las pretensiones, de su solicitud de amparo se puede inferir que la parte actora solicita sea dejada sin efectos la providencia del 16 de junio de 2023 proferida por la autoridad judicial

4. Si bien en el escrito de tutela no se invocan las pretensiones, de su solicitud de amparo se puede inferir que la parte actora solicita sea dejada sin efectos la providencia del 16 de junio de 2023 proferida por la autoridad judicial accionada. En consecuencia, se ordene la expedición de una nueva providencia de segunda instancia que consulte los reproches por el aducidos en la presente acción constitucional.

1.3. Hechos

5. La Sala resume los supuestos fácticos de la tutela de la siguiente manera:

6. Mediante Resolución 0743 del 20 de septiembre de 1999, la Empresa de Licores de Cundinamarca reconoció a favor del señor José Antonio Ríos una pensión convencional anticipada, efectiva a partir de la misma fecha y en cuantía de $825.568.

7. En Resolución 25018 del 17 de julio de 2012, el extinto Instituto de Seguro Social (en adelante ISS) reconoció al señor Ríos Santiago una pensión de vejez compartida, efectiva a partir del 3 de julio de 2012 y en cuantía de $1.102.974.

8. Con posterioridad, la Empresa de Licores de Cundinamarca profirió la Resolución 686 del 20 de abril de 2018. En ella determinó que , en cumplimiento del artículo 6 la Resolución 743 de 1999, a partir del mes de mayo de 201 8 asumiría el mayor valor a pagar por concepto de mesa da pensional del accionante, en cuantía de $741.252.

9. En Resolución 0613 del 16 de abril de 2019 la Unidad Administrativa Especial (en adelante UAE) de Pensiones del departamento de Cundinamarca

accionante, en cuantía de $741.252.

9. En Resolución 0613 del 16 de abril de 2019 la Unidad Administrativa Especial (en adelante UAE) de Pensiones del departamento de Cundinamarca estableció que el señor José Antonio Ríos debía reintegrar a la Empresa de Licores de Cundinamarca, los mayores valores pagados entre el 1° de agosto de 2012 y diciembre de 2017. Dicha suma ascendía al valor de $112.529.164.

10. El 29 de mayo siguiente, la UAE de Pensiones del departamento de Cundinamarca, mediante Resolución 1922, libró mandamiento de pago en contra del señor Ríos Santiago por valor de $112.529.164 en proceso de cobro coactivo.

11. El 5 de septiembre de 2019 el señor José Antonio Ríos Santiago ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 0613 del 16 de abril de 2019. La demanda fue admitida mediante proveído del 18 de septiembre de dicho año.

12. En el proceso de cobro coactivo, mediante Resolución 2090 del 9 de octubre de 2019 se rechazaron las excepciones propuestas contra elDemandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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mandamiento de pago 3 y se ordenó seguir adelante la ejecución. En contra de dicha decisión se interpuso recurso de apelación.

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mandamiento de pago 3 y se ordenó seguir adelante la ejecución. En contra de dicha decisión se interpuso recurso de apelación.

13. Mediante acto administrativo 2130 del 25 de noviembre de 2019 , la UAE de Pensiones del departamento de Cundinamarca confirmó la Resolución recurrida.

14. En consecuencia, el 3 de febrero de 2020 el señor José Antonio Ríos Santiago reformó la demanda de n ulidad y restablecimiento del derecho presentada. Ello con la finalidad de que se anularan las Resoluciones 06134 del 16 de abril de 2019, 1922 del 29 de mayo de 2019, 2090 del 9 de octubre de 2019 y 2130 del 25 de noviembre de 2019.

15. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 39 Administrativo de Bogotá. Esta autoridad judicial, en sentencia del 27 de julio de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.

16. Como fundamento de su decisión, consideró que el demandante, al momento de presentar las excepciones contra el mandamiento de pago, ya había instaurado demanda contencioso-administrativa contra el título ejecutivo y en tal sentido, la administración no debió seguir adelante la ejecución por configurarse la excepción contemplada en el numeral 5° del artículo 831 del ET.

17. Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación4, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 16 de junio de

2023. En dicha decisión se revocó la providencia de primera instancia, para en

recurso de apelación4, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 16 de junio de

2023. En dicha decisión se revocó la providencia de primera instancia, para en su lugar, declararse inhibido de decidir frente a la Resolución 613 del 16 de abril de 2016 y negar las pretensiones de la demanda respecto a las Re soluciones 2090 del 9 de octubre de 2019 y 2130 del 25 de noviembre de 2019. .

18. Para sustentar su decisión, señaló que el carácter ejecutorio del acto administrativo no tributario se configura cuando el acto ha adquirido firmeza, en los términos del artículo 87 del CPACA 5. En consecuencia, aun cuando las

3 El señor José Antonio Ríos Santiago invocó la s excepciones del «falta de título de ejecutivo», «falta de ejecutoria del título ejecutivo» e «interposición de demanda» de conformidad con el artículo 831 del ET. Sustentó su solicitud en el hecho de que el actor ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto que constituye título ejecutivo, situación que llevó a que el mismo no tuviera el carácter de ejecutorio. 4 Expuso que la administración no desvirtuó la buena del señor Ríos, pues de conformidad con la jurisprudencia constitucional, quien esté percibiendo de su ex empleador la pensión de jubilación y, posteriormente, comience a recibir el pago de la pensión de vejez p or parte del ISS u otra entidad de seguridad social, debe comunicar a su ex empleador la situación, aspecto que no hizo el demandante.

y, posteriormente, comience a recibir el pago de la pensión de vejez p or parte del ISS u otra entidad de seguridad social, debe comunicar a su ex empleador la situación, aspecto que no hizo el demandante. 5 «ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ello s no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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excepciones enlistadas en el artículo 831 del ET hacen part e de las normas de cobro, la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no afecta su ejecutoria.

19. Agregó que, la Resolución 613 del 2019 adquirió firmeza, por cuanto el demandante no ejerció recurso alguno en su contra. En esos términos se declaró inhibida respecto a la legalidad del título ejecutivo y negó las pretensiones respecto a los demás actos proferidos al interior del proceso de cobro coactivo6.

1.4. Sustento de la vulneración

20. A juicio de l accionante, la decisión reprochada adolece del defecto de fáctico y procedimental absoluto. Esto, por las siguientes razones.

1.4. Sustento de la vulneración

20. A juicio de l accionante, la decisión reprochada adolece del defecto de fáctico y procedimental absoluto. Esto, por las siguientes razones.

21. En lo que respecta al defecto fáctico, señaló que la providencia desconoció el principio de congruencia entre los hechos alegados y lo decidido. Aspecto que incluso fue advertido por el salvamento del voto de la sentencia reprochada.

22. Consideró que la decisión optó por analizar exclusivamente las actuaciones desplegadas por la parte actora al interior del procedimiento de cobro coactivo, pese a que transcurrieron más de 3 años y se había configurado la prescripción respecto a las mesadas pensionales causadas y pagadas entre el 1° de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.

23. Frente al defecto procedimental absoluto, expuso que el tribunal no corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión. En esos términos, expuso que se pretermitió una etapa procesal según lo señalado en los artículos 179, 180, 181, 181 y 182ª del CPACA, situación que lesionó su derecho fundamental al debido proceso.

1.5. Trámite de la acción

24. Inicialmente, este proceso fue asignado al Juzgado Treinta y Seis de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá. Sin embargo, dicha autoridad judicial mediante providencia d el 4 de septiembre de 2023 determinó que no era competente para conocer de la presente acción constitucional . En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado.

autoridad judicial mediante providencia d el 4 de septiembre de 2023 determinó que no era competente para conocer de la presente acción constitucional . En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.» 6 La providencia contó con salvamento de voto de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado, en el sentido de precisar que no hubo congruencia entre el fallo de primera instancia, el contenido de la apelación y lo que se resolvió en la providencia. Agregó que, como la discusión gira ba en torno a actos administrativos dentro del proceso coactivo, se debió analizar de oficio el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro, toda vez que el mandamiento de pago se expidió el 29 de mayo de 2019 para obtener el reintegro de mesadas pensionales causadas y pagadas entre el 1° de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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25. Los motivos que fundamentaron esta decisión es que la solicitud de

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25. Los motivos que fundamentaron esta decisión es que la solicitud de amparo está dirigida contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. Al tratarse de una autoridad judicial de este nivel, la acción debía ser conocida por el superior funcional de la jurisdicción a la cual pertenece de conformidad con la regla de reparto establecida en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021).

26. El 4 de septiembre de 2023 la tutela fue remitida a esta corporación y, el 5 del mismo mes y año se efectuó el paso al despacho ponente de esta decisión.

En proveído del 6 de septiembre de 2023, se inadmitió la acción de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 , comoquiera que no se indicó, bajo la gravedad de juramento, que no se hubiera presentado otra solicitud de amparo por los mismos hechos y derechos.

27. Subsanado este aspecto, me diante providencia del 19 de septiembre de 2023 se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar a las partes.

28. Del mismo modo, se dispuso a vincular como tercero s con interés al Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, a la UAE de Pensiones del departamento de Cundinamarca , a la Empresa de Lic ores de Cundinamarca y a la Agencia

28. Del mismo modo, se dispuso a vincular como tercero s con interés al Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, a la UAE de Pensiones del departamento de Cundinamarca , a la Empresa de Lic ores de Cundinamarca y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – en los términos del artículo 610 del

CGP –.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección B

29. Por intermedio de la magistrada ponente de la decisión, solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela. Arguyó que la solicitud no reúne los requisitos generales de procedencia.

30. Consideró que lo que pretende el accionante es reabrir la discusión de un asunto que fue definido por el juez natural tanto en primera, como en segunda instancia. Expuso que el actor solo se limitó a repr ochar que los juzgadores no aplicaron la normativa que pretendía en la demanda, sin exponer las razones por las cuales considera que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales.

31. En esos términos, refirió que el actor pretende surtir una tercera instancia, en un claro abuso del derecho, para que se revisen las actuaciones y se acceda a sus peticiones de manera caprichosa.

1.6.2. El Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, a la UAE de Pensiones del departamento de Cundinamarca y a la Empresa de Licores deDemandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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Cundinamarca fueron debidamente notificad os del auto admisorio de la demanda7. No obstante, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José Antonio Ríos Santiago contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

33. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

34. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de

sumario.

34. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

35. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor José Antonio Ríos Santiago conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.°11001-33-37-0392019-00254-01. Por tanto, es titular del derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.

37. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad judicial que dictó la providencia que se reprocha por esta vía.

7 Cfr. Índice SAMAI N.°13.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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2.3. Problemas jurídicos

38. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

39. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora ? Lo anterior, porque incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto con la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 en la que se revocó la decisión de primera instancia dictada el 27 de julio de 2021 por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá , que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, para en su lugar negarlas.

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad , y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 8. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 9. En la referida sentencia se estableció qu e la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 11. En esta sentencia

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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se establecieron seis requisitos generales de procedencia 12 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mis mo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mis mo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

12 Los seis requisitos generales de procedib ilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcio nado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de

Que no se trate de sentencias de tutela. 13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto proce dimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presen ta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalment e vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: José Antonio Ríos Santiago

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalment e vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: José Antonio Ríos Santiago Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04807-00

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45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de subsidiariedad y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

47. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

48. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros

no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

48. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela. Bien sea en sede ordinaria o extraordinaria.

49. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia14.

50. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acci ón de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

51. En ese orden, la tutela es un mecanismo subsidiario que, solo procede cuando se acredita que los mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento jurídico no son id óneos y efica