CE - 010315000202304829001SENTENCIA20231003152215

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: ZULIA MARÍA MENA GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - Dentro del trámite de la tutela y sin que medi ara orden judicial se satisfizo la pretensión constitucional del accionante respecto al impulso del proceso ordinario, de suerte que se configura un hecho superado / TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS - Por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar la suspensión de actos administrativos sancionatorios, ante la existencia de las medidas cautelares dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Zulia María Mena García contra el Tribunal Administrativo del Chocó y la Procuraduría General de la Nación.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de septiembre de la presente anualidad 1, la señora Zulia María Mena García, por intermedio apoderad o judicial, interpus o acción de tutela contra el Tribunal

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de septiembre de la presente anualidad 1, la señora Zulia María Mena García, por intermedio apoderad o judicial, interpus o acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y la Procuraduría General de la Nación, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a «acceder al desempeño de funciones y cargos públicos», con ocasión del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-23-33-000-2023-00015-00 y de los fallos dictados en el proceso disciplinario con radicado IUS-2016-238296 D-2017-874708. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1. TUTELAR los derechos fundamentales a: 1. Debido proceso; 2. Acceso a la administración de justicia y, 3. Acceder al desempeño de funciones y cargos

1 Se advierte que, el 19 de septiembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2 públicos, de la accionante ZULIA MARÍA MENA GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); vulnerados por la Procuraduría General de la Nación, mediante los fallos disciplinarios

cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); vulnerados por la Procuraduría General de la Nación, mediante los fallos disciplinarios proferidos dentro del proceso radicado No. IUS 2016-238296 y D-2017-874708, y por el Tribunal Administrativo del Chocó, por la mora judicial en admitir l a demanda de medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, y en resolver la medida cautelar solicitada en el proceso radicado 27001233300020230001500, que cursa en ese Despacho.

2. ORDENAR la suspensión provisional de los efectos de los fal los sancionatorios de primera y segunda instancias, de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso disciplinario radicado No. IUS 2016-238296 y D-2017-874708, proferidos en contra de la señora ZULIA MARIA MENA GARCÍA, identificada con cédula d e ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch) hasta tanto el Tribunal Administrativo del Chocó o la instancia que corresponda, no se pronuncié en forma definitiva y fondo, en torno a la controversia planteada mediante la demanda de nulidad y restable cimiento del derecho, que cursa bajo el radicado 27001233300020230001500.

3. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la suspensión de la anotación efectuada en el sistema SIRI, de antecedentes disciplinarios de la ciudadana ZULIA MARÍA MENA GARCÍA , identificada con cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); por la sanción

de la ciudadana ZULIA MARÍA MENA GARCÍA , identificada con cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch); por la sanción proferida dentro del proceso disciplinario radicado No. IUS 2016238296 y D-2017874708, hasta tanto el Tribunal Administrativo del Chocó o la instancia qu e corresponda, no se pronuncié en forma definitiva y fondo, en torno a controversia planteada mediante la demanda de nulidad y restablecimiento di derecho, que cursa bajo el radicado 27001233300020230001500.

4. ORDENAR al Tribunal Administrati vo del Chocó, que cese la mora judicial y en consecuencia, de impulso al proceso por demanda de nulidad restablecimiento del derecho radicado 27001233300020230001500, que cursa en ese despacho, a partir de demanda presentada mediante apoderado, por la ciud adana ZULIA MARÍA MENA GARCÍA , identificada con cédula de ciudadanía No. 54.252.597 expedida en Quibdó (Ch).

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas se extraen siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La Procuraduría General de la Nación sancionó a la señora Zulia María Mena García, en calidad de alcaldesa municipal de Quibdó , con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, mediante los fallos de primera y segunda instancia dictados, en su orden, el 30 de noviembre de 2018 y el 1 0 de diciembre

general por el término de diez (10) años, mediante los fallos de primera y segunda instancia dictados, en su orden, el 30 de noviembre de 2018 y el 1 0 de diciembre de 2019, en el proceso disciplinario con radicado IUS2016-238296 D-2017-874708.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

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3 El 7 de octubre de 2020, la señora Mena García presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados . El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, el que, mediante auto del 4 de marzo de 2021, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó.

Dado que no se reportaba información de la radicación ni del estado del proceso, la parte demandante envió diferentes solicitudes al Tribunal Administrativo del Chocó para conocer de lo ocurrido , pero solo hasta el 23 de mayo de 2023, el secretario del Tribunal le informó que al expediente se le asignó el radicado 2023-00015 y que fue repartido a la magistrada Norma Moreno Mosquera.

El mismo 23 de mayo de 2023, la demandante insistió en que se decidiera la medida cautelar solicitada en la demanda, sin embargo, a la fecha de interposición de la tutela no ha habido pronunciamiento alguno.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora argumentó que las autoridades accionadas han vulnerado los siguientes derechos fundamentales:

tutela no ha habido pronunciamiento alguno.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora argumentó que las autoridades accionadas han vulnerado los siguientes derechos fundamentales:

1.3.1. Derecho al «desempeño de funciones y cargos públicos», dado que la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación violó los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución Política, dado que se desconoció que únicamente podía ser impuesta por un juez en un proceso penal.

Argumentó que aun cuando el «Código General Disciplinario» faculta a la Procuraduría para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, dicha competencia de interpretarse armónicamente con los postulados de la Convención y en la forma señalada por el Consejo de Estado.

Insistió en que la restricción de sus derechos políticos, viola los derechos a la participación en política, al debido pr oceso y las garantías judiciales , según lo ha contemplado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

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4 Adujo que desde hace tres años solicitó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos sancionatori os, no obstante, el Tribunal Administrativo del Chocó no se ha pronunciado sobre dicha solicitud, por lo cual, se cumplen los requisitos para elevar dicha solicitud por vía de tutela.

1.3.2. Vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la

Administrativo del Chocó no se ha pronunciado sobre dicha solicitud, por lo cual, se cumplen los requisitos para elevar dicha solicitud por vía de tutela.

1.3.2. Vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto que el Tribunal accionad o ha omitido pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, a pesar de que han pasado casi tres años desde que se radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos sancionatorios.

1.3.3. Violación del plazo razonable por mora judicial, por cuanto el Tribunal Administrativo del Chocó ha incurrido en «excesivo retardo en pronunciarse sobre la admisión de la demanda y resolver la medida cautelar» que, además, es procedente dada la probada «inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los fallos disciplinarios cuya anulación se depreca, por vía del medio de control impetrado».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó que aquel se notificara a la magistrada Norma Moreno Mosquera y al secretario general del Tribunal Administrativo del Chocó, así como a los procuradores que integran la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, como parte demandada. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La magistrada a cargo del proceso ordinario señaló que si bien la demanda fue radicada desde octubre de 2020 en los juz gados administrativos de Bogotá, solo

de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La magistrada a cargo del proceso ordinario señaló que si bien la demanda fue radicada desde octubre de 2020 en los juz gados administrativos de Bogotá, solo hasta el 27 de febrero de 2023 fue repartido a su Despacho, «sin que obre prueba desde cuándo fue remitido por la Oficina de Apoyo Judicial de Bogotá».

Afirmó que, según los reportes en el SAMAI, «no se observa que… [el expediente] haya pasado al despacho para su trámite, por lo tanto, una vez fue notificada la acción de tutela, inmediatamente se procedió a realizar su estudio» y se profirieron los autos interlocutorios 652 y 653 del 11 de septiembre de 2023, en los que admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar a la entidad demandada.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

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5 Por último, adujo que los argumentos de la demandante se dirigen a convertir la acción de tutela en «una vía alterna, por fuera del proceso ordinario, el cual se encuentra en curso», y, por tanto, debe declararse improcedente porque, además, se configura la existencia de un hecho superado.

2.2. La Procuraduría General de la Nación alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de l organismo, en lo atinente a l trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Chocó.

2.2. La Procuraduría General de la Nación alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de l organismo, en lo atinente a l trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Chocó.

De otra parte, argumentó la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto el Tribunal ya «proveyó las decisiones echadas de menos por la accionante», esto es, admitió la demanda y corrió traslado de la solicitud de medida cautelar.

Adujo que la tutela es improcedente para solicitar la suspensión provisional pretendida, dada la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que es posible adoptar la medid a cautelar solicitada, además de que se acreditó la existencia de un perjuicio irr emediable que se derive de la sanción disciplinaria impuesta a la demandante.

2.3. El secretario general del Tribunal Administrativo del Chocó guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió o no en la vulneración de los derechos fundamentales de la demandante por la mora judicial alegada sobre el trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente cursa bajo el radicado 27001-2333-000-2023-00015-00 o si, como alegan las autoridades accionadas, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

El segundo aspecto se contrae a defi nir si la acción de tutela es procedente para ordenar la suspensión provisional de los fallos que impusieron la sanción

la carencia actual de objeto por hecho superado.

El segundo aspecto se contrae a defi nir si la acción de tutela es procedente para ordenar la suspensión provisional de los fallos que impusieron la sanción disciplinaria a la señora Zulia María Mena García. De darse una respuesta positiva, habrá de examinarse si los actos administrativos disciplinarias suponen unaRadicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

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6 vulneración de los derechos fundamentales alegados que justifiquen la necesidad de suspender sus efectos hasta que se decida el proceso ordinario.

2. Análisis de la Sala

2.1. Sobre la mora judicial

La señora Zulia María Mena García interpuso acción de tutela con dos finalidades concretas: (i) que se ordene cesar la mora judicial del Tribunal Administrativo d el Chocó y se disponga el impulso de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra los fallos disciplinarios sancionatorios dictad os por los agentes de la Procuraduría General de la Nación, y (ii) para que, en sede de tutela, se suspendan los actos administrativos sancionatorios hasta que el Tribunal emitida una decisión de fondo.

En lo que concierne a la discusión respecto del plazo razonable y la mora judicial , la Sala advierte que en la actualidad la tutela carece de objeto para debatir esa pretensión constitucional, toda vez que, mediante los autos interlocutorios 652 y 653 del 11 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la

la Sala advierte que en la actualidad la tutela carece de objeto para debatir esa pretensión constitucional, toda vez que, mediante los autos interlocutorios 652 y 653 del 11 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la demanda ordinaria y corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación de la medida cautelar solicitada, en la forma establecida en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

Dichas providencias fueron notificadas el 12 de septiembre siguiente, según consta en el sistema de gestión judicial de la Jurisdicción Contencioso Administrativo — SAMAI—. En igual sentido, lo reconoce la Procuraduría en el informe rendido respecto de la tutela, en el que afirma haber sido notificada de las mencionadas decisiones judiciales.

Así las cosas, se tiene que el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua , es decir, resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie d e fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado2.

2 Ver, entre otras, las sentencias: T -988 de 2007 y T -585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García

magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7 Sin embargo, la Corte también ha dicho que « es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la d emanda de amparo no surta ningún efecto»3.

El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie orden judicial. En el presente caso se configuró dicha figura en cuanto a la mora judicial alegada dado que, al proferir los actos de admisión de la demanda y traslado de la solicitud de medida cautelar —actuación respecto de la cual la Sala ahondará al resolver el segundo problema jurídico propuesto—, el Tribunal Administrativo del Chocó impulsó el trámite del p roceso y, por consiguiente, ningún sentido tendría resolver sobre la pretensión de la tutela en la que se pidió «ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó, que cese la mora judicial y en consecuencia, de impulso al proceso por demanda de nulidad restablecimiento del derecho radicado 27001233300020230001500, que cursa en ese despacho».

De manera que si se encuentra conjurado el motivo que dio origen a la interposición de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala se adentre en una orden sobre el particular, precisamente porque se satisfizo la pretensión constitucional en que se

De manera que si se encuentra conjurado el motivo que dio origen a la interposición de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala se adentre en una orden sobre el particular, precisamente porque se satisfizo la pretensión constitucional en que se sustentó el interés de la accionante. Es por ello que se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

No obstante lo anterior, esta Subsección no puede pasar por alto , según se alega en la demanda tutela y se acredita con los anexos del expediente ordinario inicial (11001333400420200024000), allegados al presente trámite , que el 7 octubre de 2020 fue radicado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Juzgados Administrativos de Bogotá y, en auto del 4 de marzo de 2021, se ordenó su remisión por competencia al Tribunal Administrativo del Chocó.

Consta que mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2021, la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá remitió al Tribunal Administrativo del Chocó el enla ce con el expediente a las siguientes direcciones electrónicas : ofapoyojudqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co y des01tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co. A pesar de ello, el proceso sólo apareció radicado por el Tribunal accionado el 27 febrero de 2023.

3 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 Luego, para la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal Administrativo

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 Luego, para la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó transcurrieron aproximadamente 2 años, pues fue en febrero de 2023 que se ingresó al sistema, se le asignó el nuevo radicado (27001-23-33-000-202300015-00) y se repartió entre los magistrados de la Corporación. Además, conforme a la manifestación de la magistrada Norma Moreno Mosquera , aun cuando expediente le fue asignado en reparto del 27 febrero de 2023, a la fecha de la tutela no había ingresado al Despacho para trámite, sino que, con ocasión de la notificación de la acción constitucional, dictó las providencias mencionadas.

La parte actora aport ó diferentes comunicaciones enviadas a la Secretaría del Tribunal par a obtener información al respecto; de modo que la Secretaría tenía conocimiento de las inquietudes sobre lo acontecido con el proceso y el estado de su trámite. Además, el secretario de dicha Corporación fue vinculado a la tutela y guardó silencio, es decir, no mostró interés alguno en esclarecer qué ocurrió con el expediente entre la fecha en que fue remitido desde la Oficina de Apoyo Judicial de Bogotá al Tribu nal Administrativo del Chocó y la fecha de su radicación en el sistema del Tribunal, ni por qué si se repartió el 27 de febrero de 2023 no había sido ingresado al Despacho para el trámite a cargo de la respectiva magistrada.

Por consiguiente, dada la fecha de ocurrencia de los hechos (entre marzo de 2021

sido ingresado al Despacho para el trámite a cargo de la respectiva magistrada.

Por consiguiente, dada la fecha de ocurrencia de los hechos (entre marzo de 2021 y febrero de 2023), la Sala ordenará remitir las presentes diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Chocó, con el fin de que se investigue al secretario general de dicha Corporación o a quienes desempeñaron ese cargo durante los años 2021 y 2023, para que se esclarezca lo ocurrido con el expediente objeto de tutela.

Lo anterior teniendo en cuenta que, con la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jur isdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que ejerciera «la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial» y, de paso , se transformaron las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. La competencia del nuevo organismo quedó d iferida al inicio de las funciones, lo cual ocurrió el 13 de enero de 2021 —día de posesión de los magistrados—, ya que el parágrafo transitorio 1° del artículo 257 A de la Constitución dispuso que la entidad subrogada ejercería sus funciones «hasta elRadicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

Sobre este punto, en sentencia C -120 de 2021, aunque referida a la competencia para investigar y sancionar a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, la

Corte Constitucional recordó:

54. Como se puede observar, el principal cambio introducido por e l AL. 2 de 2015 en relación con el ámbito de las funciones del órgano que ejerce la función jurisdiccional disciplinaria en la rama judicial se presentó al incluir a los empleados como sujetos disciplinables.

[…]

60. Esta decisión es de gran importancia porque cambia sustancialmente el anterior régimen y, con excepción de quienes gozan de fuero constitucional especial en materia disciplinaria, en adelante todo empleado de la Rama Judicial y todo empleado de la Fiscalía General de la Nación, así como de sus instituciones adscritas o vinculadas, será investigado disciplinariamente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a diferencia de lo que ocurría hasta la fecha. Una de las consecuencias relevantes tiene que ver con privar a la Procuraduría General de la Nación de ejercer su poder preferente sobre los empleados de la rama judicial, en la medida en que la competencia disciplinaria sobre estos ha pasado de ser administrativa a jurisdiccional.

[…]

66. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1, del artículo 257A4 y la sentencia C-373 de 2016, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones

administrativa a jurisdiccional.

[…]

66. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1, del artículo 257A4 y la sentencia C-373 de 2016, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial son competentes para ejercer la función disciplinaria respecto de los empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial5. Dado que esto ocurrió el 13 de enero de 2021 las conductas cometidas por dichos empleados con anterioridad a dicha fecha continuarán siendo competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación y de las demás autoridades a las que correspondía la competencia en el moment o en que ocurrieron los hechos objeto de investigación y hasta su terminación.

67. En estos términos, corresponderá a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a las Comisiones Seccionales el trámite de las actuaciones que inicien a partir del 13 de enero de 2021.

4 Cita original de la providencia : Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Sup erior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial . Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en

hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial . Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad. (negrillas fuera del texto original. 5 Cita original de la providencia: Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2016. “…de la lectura de la disposición constitucional se desprende… (ii) que los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura ejercerían sus funciones hasta el momento que los integrantes de la Comisión tomarán posesión de su cargo”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04829-00

Demandante: Zulia María Mena García Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

10 2.2. Procedencia de la tutela para solicitar la suspensión de los actos administrativos

A fin de dar respuesta al segundo problema jurídico, esto es, el relativo a la posibilidad de que el juez de tutela orden e la suspensión provisional de los fallos disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, la Sala reitera que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta condición se reafirma en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional 6, las que , en general, insisten en la improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o instrumentos judiciales 7, salvo que se acredite la falta de eficacia de esos mecanismos, previa ponderación y análisis de las condiciones de cada caso.

Ahora, frente a la procedencia de la tutela respecto de ciertos actos administrativos, como aquellos que imponen sanciones, la Corte Constitucional ha reiterado que mecanismo es improcedente, dado que existe el contencioso subjetivo de validez con posibili dad de solicitar medidas cautelares, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable. Particularmente, en la sentencia SU-712 de 2013 el Tribunal Constitucional hizo un recuento de los eventos de procedencia e improcedencia de la tutela procede para discutir actos administrativos sancionatorios disciplinarios —no exclusivamente de los congresistas—:

En varias ocasiones la Corte ha declarado improcedentes las solicitudes de amparo en las que se pretenden controvertir decisiones disciplinarias, cuando no se ha hecho uso de los medios ordinarios de defensa o no se advierten circunstancias fácticas especiales que reclamen una intervención directa e inmediata del juez constitucional8. Ha aclarado que la sanción disciplinaria no implica en sí misma la existencia de un perjuicio irremediable, porque de lo

circunstancias fácticas especiales que reclamen una intervención directa e inmediata del juez constitucional8. Ha aclarado que la sanción disciplinaria no implica en sí misma la exi