CE - 010315000202304909001SENTENCIA20231017172344

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04909-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: JORGE ERNESTO ANDRADE

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE OBSERVA VULNERACIÓN

ALGUNA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN Y AL DEBIDO PROCESO INVOCADOS. LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL DAPRE REMITIERON LA PETICIÓN AL COMPETENTE. POR SU PARTE, EL DPS DIO

RESPUESTA DE FONDO, CLARA Y CONCRETA A LA PETICIÓN DANDO

INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL. LO

ANTERIOR FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADO AL ACTOR A TRAVÉS DEL CORREO

ELECTRÓNICO SUMINISTRADO PARA EL EFECTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN Y AL DEBIDO

PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , el DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 y

1 En adelante DAPRE.2

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ACTOR: JORGE ERNESTO ANDRADE

1 En adelante DAPRE.2

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edad, no tiene empleo ni percibe remuneración alguna , pues no cuenta con ninguna ayuda por parte del Gobierno.

Destacó que el Presidente de la República ha mencionado en distintos escenarios que la población mayor de 60 años de edad tiene derecho a ser beneficiario de ayudas por parte del Estado, razón por la cual el 28 de julio de 2023 , presentó petición ante el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y el DAPRE, por medio de la cual solicitó ser incluido en los programas de ayuda del Gobierno Nacional a las personas de la tercera edad, de la siguiente manera:

“[…] Solicito cualquier tipo de ayuda en los programas de Prosperidad Social y en donde en estos momentos estoy pasando por calamidad doméstica y en donde muchas veces se (sic) acuesto con hambre y muchas veces paso con un café y un pedazo de pan. Y no tengo vivienda propia y me toca que pagar arriendo.

PRETENSIONES

Agradezco que se ordene a Prosperidad Social, que me incluya en los nuevos programas de acuerdo al nuevo modelo del actual gobierno de inclusión de oportunidades […]”.

Señaló que mediante comunicación de 4 de agosto de 2023, en escrito conjunto, las citadas entidades dieron respuesta a su petición, informándole que el encargado de resolver su solicitud era el DPS, entidad facultada para conocer del asunto, por lo que dio traslado de4

escrito conjunto, las citadas entidades dieron respuesta a su petición, informándole que el encargado de resolver su solicitud era el DPS, entidad facultada para conocer del asunto, por lo que dio traslado de4

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la misma a dicha entidad.

Indicó que a la fecha no ha recibido por parte de las accionadas respuestas de fondo, clara y concreta a la solicitud presentada.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la s entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso al no haber emitido respuesta de fondo, clara y concreta la petición presentada.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se ampare n sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso invocados como vulnerados, de la siguiente manera:

“[…] Tutelar mis derechos fundamentales de petición y en donde la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA no ha dado ninguna respuesta a mi petición y en donde esta entidad hizo traslados de competencias a otras entidades y estas entida des no han dado ninguna solución y tampoco no se han interesado, si paso hambre, si paso necesidades y si paso dificultades y si tengo derecho o no tengo derecho a recibir alguna ayuda de los diferentes programas

de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA […]”.5

si paso necesidades y si paso dificultades y si tengo derecho o no tengo derecho a recibir alguna ayuda de los diferentes programas

de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA […]”.5

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I.5. Defensa

I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y el DAPRE adujeron que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, comoquiera que , de una parte, dieron respuesta a la s peticiones presentadas y, de otra, es al DPS al que le corresponde pronunciarse sobre la solicitud del actor, debido a la naturaleza jurídica de esa entidad.

Sostuvieron que no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales deprecados, pues dieron respuesta a la petición y la remitieron al competente, con el fin de que el DPS realice los trámites que se reclaman.

Así las cosas, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela, dado que carece de legitimación en la causa por pasiva para dar respuesta a los requerimientos del actor.

Finalmente, como petición subsidiaria, so licitó denegar el amparo deprecado por au sencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.6

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fundamentales invocados.6

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I.5.2.- El DPS refirió que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, comoquiera que emitió respuesta, resolviendo oportunamente, de fondo y con claridad la petición elevada, emitida por competencia por la Presidencia de la República, a través de Oficio s-2023-2002-2263924 de 1o. de septiembre de 2023.

Destacó que la comunicación fue notificada al correo electrónico aportado por el actor, por medio de la cual le informó respecto de los programas de Prosperidad Social y, además, que para el caso de “Colombia Mayor” se cuenta con la cooperación de enlaces ubicados en las alcaldías municipales.

Afirmó que no resulta procedente pretender que a través de la acción de tutela se irrogue competencias de esa autoridad administrativa , desconociendo las estrat egias y planificación técnica realizadas al interior del programa para el desarrollo de la focalización del programa y la actualización del listado de priorización del mismo.

Añadió que las decisiones administrativas adoptadas por esa entidad dentro del programa “Colombia Mayor” son actos administrativos de tipo general, que son objeto de publicación conforme lo establece la7

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tipo general, que son objeto de publicación conforme lo establece la7

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el DAPRE formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del acto r y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legi timación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.9

procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.9

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Si bien la tutela se esta blece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara In és Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara In és Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el actor le endilga la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso a l PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y al DAPRE por no haber contestado de forma clara y concreta las peticiones presentadas el 28 de julio y 4 de agosto de 2023, la Sala concluye que les asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, por lo que denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva ,10

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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".11

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y al debido proceso, los cuales estimó vulnerado s por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el DAPRE y el DPS, al no haber recibido una respuesta de fondo, clara y concreta frente a la solicitud enviada, vía electrónica, el 28 de julio de 2023 y, remitida el 4 de agosto de 2023, en la que solicitó auxilios por parte del Gobierno

recibido una respuesta de fondo, clara y concreta frente a la solicitud enviada, vía electrónica, el 28 de julio de 2023 y, remitida el 4 de agosto de 2023, en la que solicitó auxilios por parte del Gobierno Nacional para ser incluido en los programas ofrecidos a las personas de la tercera edad.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la s entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al omitir dar respuesta de fondo, clara y concreta a la petición presentada el 28 de julio de 2023 y trasladada a la entidad competente el 4 de agosto de la misma anualidad.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al marco legal d el derecho fundamental de petición para enseguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de12

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la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercici o ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercici o ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20115, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las au toridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de

2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

5 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.13

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“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de características esenciales del der echo de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T -1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855

De la misma manera, las Sentencias T -1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara , precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como el de información, participación política y libertad de expresión.14

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libertad de expresión.14

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“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en rela ción con las

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en rela ción con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimient o del término señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente16

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previsto.

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia que, mediante petición de 28 de julio de 2023 , dirigida a l PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el actor solicitó auxilios por parte del Gobierno Nacional para ser incluido en los programas ofrecidos a las personas de la tercera edad, en los siguientes términos:

“[…] Referencia: Solicitud de ayuda para la tercera edad. Inclusión de oportunidades.

del Gobierno Nacional para ser incluido en los programas ofrecidos a las personas de la tercera edad, en los siguientes términos:

“[…] Referencia: Solicitud de ayuda para la tercera edad. Inclusión de oportunidades.

Asunto: Ayuda de ingresos solidarios o de otra clase de ayuda de acuerdo al nuevo esquema del nuevo gobierno y de acuerdo al sistema de programación de su campaña en favor d e la tercera edad.

[…]

PETICIÓN

Solicito cualquier tipo de ayuda en los programas de prosperidad social y en donde en estos momentos estoy pasando por calamidad doméstica y en donde muchas veces me acuesto con hambre y muchas veces paso con un café y u n pedazo de pan y no tengo vivienda propia y me toca que pagar arriendo.

PRETENSIONES17

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Agradezco que se ordene a prosperidad social, que me incluya en los nuevos programas de acuerdo al nuevo modelo del actual gobierno de inclusión de oportunidades y en donde esta ayuda me ayudaría salir adelante y poder medio sustituir por la falta de empleo y de ayuda de terceros […]”.

Mediante Oficio OFI23-00145005 / GFPU 13150001 de 4 de agosto de 2023, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y el DAPRE dieron respuesta a la petición, de la siguiente manera:

“[…]Respetado señor Andrade:

de 2023, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y el DAPRE dieron respuesta a la petición, de la siguiente manera:

“[…]Respetado señor Andrade:

En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo.

Una de las prioridades, como Gobierno del Cambio, es la justicia social. Eso quiere decir que estamos trabajando para que cada vez más colombianos tengan acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos, mejores alimentos, salud, educación y en general a todos los recursos para suplir las necesidades de cada habitante del territorio nacional.

Entendemos las enormes dificultades que hoy enfrentan los colombianos y eso nos responsabiliza aún más para trabajar con un compromiso profundo para la transformación del país y conseguir una justicia social, una justicia económica, una justicia ambiental y la tan anhelada paz social.

En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que manifiesta “(...) Solicita cualquier tipo de ayuda en los prgrmas de prosperidad social (...)”.

En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su comunicación en los siguientes términos:

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público, se han creado entidades que18

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apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los temas como los que usted menciona en su comunicación.

II. Asunto materia de consulta.

Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su comunicación al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, entidad legalmente facultada, para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes.

Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de presentar alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esa entidad a través de sus canales de atención o al siguiente correo electrónico:

servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co

[…]”.

Conforme con lo anterior, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y el DAPRE, dieron traslado de la petición al DPS ese mismo 4 de agosto de 202 3, esto es, al señor EDWIN GIOVANNY TORRES , Coordinador del Grupo Interno de Trabajo y Participación Ciudadana

DAPRE, dieron traslado de la petición al DPS ese mismo 4 de agosto de 202 3, esto es, al señor EDWIN GIOVANNY TORRES , Coordinador del Grupo Interno de Trabajo y Participación Ciudadana de esa entidad y, así mismo, le informaron dicha remisión al actor, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente y que demuestran la trazabilidad de las comunicaciones:19

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Por su parte, el DPS dando respuesta a la solicitud del actor mediante Oficio S -2023-2002-2263924 de 1o. de septiembre de 2023, le informó lo siguiente:

“[…] En atención al radicado del asunto, hemos recibido la petición dirigida por usted a la Presidencia de la República, m ediante referencia OFI23-00145011 / GFPU 13150001, entidad que a su vez nos la remitió.20

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En cuanto a su solicitud relacionada con “Familias en Acción”, le informamos que el Director Regional, Rayan El Barkachi Abou

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En cuanto a su solicitud relacionada con “Familias en Acción”, le informamos que el Director Regional, Rayan El Barkachi Abou Trabi, de la Dirección Regional Valle del Cauca, mediante memorando M-2023-1733-053267 del 24 de agosto de 2023, se pronunció de la siguiente forma:

Programa Familias en Acción

El Programa Familias en Acción regulado por la Ley 1532 de 2012, modificada por la Ley 1948 de 2019, consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa es un complemento al ingreso monetario para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la adolescencia.

El programa tiene como objetivo contribuir a la superación y prevención de la pobreza, la formación de capital humano, a la formación de competencias ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y acceso preferencial a programas complementarios a las familias beneficiarias y titulares del Programa Familias en Acción.

El Programa busca fomentar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de primera infancia, la asistencia y permanencia escolar en los 9 años de educación básica y 2 años de educación media, el acceso preferente a programas de educación superior y formación para el trabajo; la formación de competencias ciudadanas y comunitarias para la autonomía y el bienestar de las familias y

educación básica y 2 años de educación media, el acceso preferente a programas de educación superior y formación para el trabajo; la formación de competencias ciudadanas y comunitarias para la autonomía y el bienestar de las familias y contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia.

[…]

Sobre el Tránsito a Renta Ciudadana.

Mediante la Resolución número 00542 del 16 de marzo de 2023, se reglamentó el programa Familias en Acción, dando apertura a su Fase IV, en la cual, dentro de los considerandos, señala:

“…Que en la sesión extraordinaria de la Mesa de Equidad celebrada los días 13 y 14 de febrero de 2023, se aprobó la propuesta21

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04909-00

ACTOR: JORGE ERNESTO ANDRADE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

técnica de ajuste del programa Familias en Acción en su cuarta fase, para iniciar el tránsito al programa «Renta Ciudadana». En el marco de esta propuesta, se aprobaron los ajustes al monto y la priorización de municipios para la entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas de los hogares inscritos a la fase IV del programa Familias en Acción…”

Caso Concreto:

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