CE - 010315000202304941001SENTENCIA20231023180749

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04941-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: SANDRA MILENA CÓRDOBA ORTÍZ Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. L OS ACTORES PRETENDEN CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN ADEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

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Los señores SANDRA MILENA CÓRDOBA ORTIZ , LUZ MARINA

CANTILLO TORO , GLISERIO HERRERA ALFARO , JARLEINIS, YASMANI GREGORIO y OMAR ENRIQUE HERRERA CANTILLO , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL al proferir en segunda instancia la sentencia de 9 de marzo de 2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-0312017-00196-01.

I.2. Hechos

Señalaron que el señor JUZDANY HERRERA CANTILLO , se desempeñaba como soldado profesional al servicio de las fuerzas militares de Colombia.

Afirmaron que el 17 de octubre de 2015 , el señor JUZDANY HERRERA CANTILLO realizaba una operación militar en San José del Guaviare y sufrió unas lesiones de gravedad por detonación de una granada de fragmentación.3

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una granada de fragmentación.3

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Relataron que el señor HERRERA CANTILLO fue evacuado con destino al Hospital del Municipio de San José del Guaviare en donde permaneció cerca de 19 horas, pero por la gravedad de la s lesiones se ordenó el traslado al Hospital Departamental de Granada, traslado que tardó 5 horas vía terrestre y pese a l os esfuerzos realizados en la institución hospitalaria falleció luego de 9 horas después de su ingreso.

Manifestaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL 2, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material con ocasión a la muerte del señor JUZDANY HERRERA CANTILLO, por la presunta falla en el servicio en la atención médica y en el traslado oportuno del soldado.

Arguyeron que el trámite judicial fue identificado con el número único de radicación 11001-33-36-031-2017-00196-01 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. 3 que, mediante sentencia

de radicación 11001-33-36-031-2017-00196-01 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. 3 que, mediante sentencia de 3 de septiembre de 2020, denegó las pretensiones de la demanda.

2 En adelante el Ministerio. 3 En adelante el Juzgado.4

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Aseguraron que inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 9 de marzo de 2023, confirmó la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Aseveraron que la providencia proferida por el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, en tanto se apartó de las reglas de la sana crítica al proferir la decisión sin valorar debidamente la historia clínica y el dictamen pericial , pruebas que daban cuenta de la prestación tardía del servicio de salud.

Sostuvieron que en la sentencia cuestionada también se incurrió en defecto material o sustantivo , toda vez que la autoridad judicial accionada efectuó una inadecuada interpretación y aplicación de las normas jurídicas relacionadas con la prestación del servicio de salud

Sostuvieron que en la sentencia cuestionada también se incurrió en defecto material o sustantivo , toda vez que la autoridad judicial accionada efectuó una inadecuada interpretación y aplicación de las normas jurídicas relacionadas con la prestación del servicio de salud a los miembros de la s Fuerzas Militares, que determinan la responsabilidad del Estado dada su posición de garante en el sistema de referencia y contrarreferencia.

I.4. Pretensiones5

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Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del

H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 09 de marzo de 2023, ordenando proferir en su reemplazo, la que disponga el Juez

Constitucional. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que la providencia cuestionada no omitió la valoración de las pruebas, por el contrario, aseguró que gracias al estudio razonado del material probatorio se logró concluir la diligencia de la entidad en la atención en el servicio de salud.

Asimismo, manifestó que se encontró demostrado que el daño no se

gracias al estudio razonado del material probatorio se logró concluir la diligencia de la entidad en la atención en el servicio de salud.

Asimismo, manifestó que se encontró demostrado que el daño no se originó por una negligencia, pues advirtió que desde el accidente se brindaron los primeros auxilios y se ordenó el traslado de la víctima, el cual se efectuó a pesar de las condiciones climáticas de la zona.

Además, aseguró que del material probatorio se logró observar la debida diligencia por parte de la entidad quien procedió al traslado de la victima por vía terrestre brindando una atenció n medica constante.6

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Finalmente, resaltó que los cargos formulados en la acción de tutela no se refieren a la vulneración de derechos fundamentales, sino que pretenden establecer una tercera instancia con el fin de controvertir el análisis probatorio y las motivaciones de la decisión en ejercicio de la autonomía e independencia del juez.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y las acciones del Ejército Nacional, razón por la que

directo en las resultas del proceso, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y las acciones del Ejército Nacional, razón por la que solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

I.6.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente digital contentivo del medio de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA7

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que l a NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela , por falta de legitimación en la causa por pasiva.8

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de l egitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La

Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el9

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demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL actuó como parte demandada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-031-2017-00196-01, objeto del presente estudio, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Eliza beth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento10

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia consti tucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un11

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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser as í, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decis iones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la prot ección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala

pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.12

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisa mente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una l ey limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje sin efecto la providencia de 9 de marzo de 2023, proferida13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04941-00

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje sin efecto la providencia de 9 de marzo de 2023, proferida13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04941-00

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por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión proferida en primera instancia por el JUZGADO que, denegó las pretensiones de la demanda al no encontrar probada la falla en el servicio, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-031-2017-00196-01.

A la citada providencia los actores les atribuyen la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y material o sustantivo.

Los disensos de los actores radican en que el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, en tanto se apartó de las reglas de la sana crítica al proferir la decisión sin valorar debidamente la historia clínica y el dictamen pericial, pruebas que daban cuenta de la prestación tardía del servicio de salud.

Además, sostuvieron que la sentencia cuestionada también incurrió en defecto material o sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada efectuó una inadecuada interpretación y aplicación

del servicio de salud.

Además, sostuvieron que la sentencia cuestionada también incurrió en defecto material o sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada efectuó una inadecuada interpretación y aplicación de las normas jurídicas relacionadas con la prestación del servicio de salud a los miembros de la s fuerzas militares, que determinan la14

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responsabilidad del Estado dada su posición de garante en el sistema de referencia y contrarreferencia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así , establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados, al proferir la sentencia de 9 de marzo de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra provid encias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario15

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que se p onga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”16

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”16

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales d e las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitu cional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En

requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que