CE - 010315000202304956001SENTENCIA20231027095815
Detalles
- Título
- CE - 010315000202304956001SENTENCIA20231027095815
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
Accionante: Abel Darío González
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
Accionante: ABEL DARÍO GONZÁLEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA
SEGUNDA ESPECIAL DE DECISIÓN CON CONJUECES
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por el actor pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Abel Darío González contra la sentencia proferida el 22 de junio de 20 23 por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 33 31 702 2011 00114 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
con Conjueces, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 33 31 702 2011 00114 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales establecidos en los “(…) Artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29, 48, 53, 58, 86, 87, 209 y 229 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 (…) , a la vida (Art. 11), a la Dignidad Humana, a la Integridad Personal (Art. 12), a la Igualdad (Art.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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13), a la Honra (Art. 21), al Acceso a la Justicia, al Debido Proceso (Art. 29), [y] a la verdad (…)”, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales violados invocados.
2. ORDENAR que se aclare, adicione para ordenar el reconocimiento de la prima especial de servicios como un plus o un incremento, un adicional en la Sentencia de Segunda Instancia del 22 de junio de 2023 notificada el 23 posterior, del H. Tribunal
de la prima especial de servicios como un plus o un incremento, un adicional en la Sentencia de Segunda Instancia del 22 de junio de 2023 notificada el 23 posterior, del H. Tribunal Administrativo del Quindío Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces, en expediente nro. 63001333170220110011401, por cuanto no siguió íntegramente el precedente de las Sentencias de Unificación, negó el reconocimiento del primer punto, en cuanto al salario (salario básico más un 30% adicional, a título de prima especial de servicios) y accedió al reconocimiento del segundo punto en su numeral 1 que modificó el 4 de la sentencia de primera instancia, incisos 1, 2 y 3; cuando erradamente consideró que la Prima Especial de Servicios está incluida en el reajuste ordenado del salario (num 1 que modificó el num 4 de la sentencia de primera instancia) y en su inciso 4, ordenó sin ser reconocida la misma, que esta solo tuviera carácter salarial para pensión “La prima especial de servicios será factor salarial únicamente para efectos de pensión de jubilación”, por las mismas razones, el Auto del 28 de julio del 2023 notificado el 31 siguiente, cuando en errada interpretación, resolvió que al ajustarse el salario básico del beneficiario en su 100%, la prima especial ya estaba incluida y generaba este plus adicional, que desde una interpretación teleológica era lo que había buscado el Legislador , negando la aclaración y/o adición ese sentido; lo que va en contravía de la Constitución, las leyes y convenios nacionales e internacionales que amparan los derechos fundamentales del trabajador, también omitió realizar interpretación
buscado el Legislador , negando la aclaración y/o adición ese sentido; lo que va en contravía de la Constitución, las leyes y convenios nacionales e internacionales que amparan los derechos fundamentales del trabajador, también omitió realizar interpretación sistemática del artículo 14 de la ley 4 de 1992 y desconoció el decreto 272 de 2021; cuando es obligatorio pronunciamiento que la prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta, como es el caso del suscrito, tengo derecho desde la vigencia del decreto 272 de 2021.
3. Para que se garantice el Principio de igualdad, entre otros principios, a favor del suscrito, frente a otros fallos que en interpretación sistemática del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, respetando el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado y acatando el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, reconoció la prima especial equivalente al 30% del salario básico para otros servidores de la Rama Judicial que ocupan cargo similar al mío, Juez de la República, siendo igual a la entidad demandada; entre otros el proceso radicado: 63001-3333-755-2015-00162-02 donde el mismo Tribunal Administrativo del Quindío – Sala de Decisión Conjueces del 03 de octubre de 2022, siendo Conjuez Ponente el Dr. Guillermo
1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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Iván Henao Osorio, consideró que se debe liquidar de manera que incluya el salario básico más un 30% adicional a título de prima especial de servicios allí ordenada desde su causación hasta la fecha anterior a la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, como quiera que el 30% de la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe considerar como un incremento. Advirtiéndose que la misma hará parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.
4. Que, para el cumplimiento de lo pretendido, se le conceda un término prudencial y razonable, teniendo en cuenta las previsiones presupuestales que dicha orden implica (…)”. (mayúsculas, negrillas y subrayas del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que , a través de apoderada judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2011 para el reconocimiento de la prima especial de servicios a la que tiene derecho en su condición de juez, así como el reajuste de prestaciones sociales.
Manifestó que, una vez surtidas las etapas procesales, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia a través de Juez Ad-Hoc,
en su condición de juez, así como el reajuste de prestaciones sociales.
Manifestó que, una vez surtidas las etapas procesales, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia a través de Juez Ad-Hoc, accedió a sus pretensiones en la sentencia proferida el 8 de julio de 2019, decisión que fue apelada y remitida al Tribunal Administrativo del Quindío para resolver el recurso de alzada.
Señaló que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-016CE-52-2019 del 2 de septiembre de 2019, resolvió que la prima especial de servicios debía reconocerse como un incremento y que sólo constituiría factor salarial para efectos de la pensión de jubilación . Agregó que, durante el trámite del proceso ordinario solicitó que también se acogiera la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Anotó que el 20 de junio de 2023, presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío una solicitud que contenía dos peticiones y que, concretamente, la segunda estaba dirigida a que la prima especial fuera reconocida como un plus o valor agregado al salario básico. Al efecto, citóRadicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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la petición, que puntualmente decía “(…) 2. Que la sentencia que se vaya a proferir en segunda instancia incluya en la parte resolutiva el
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la petición, que puntualmente decía “(…) 2. Que la sentencia que se vaya a proferir en segunda instancia incluya en la parte resolutiva el reconocimiento de la prima especial ya reconocida, como un plus, agregado, adición, incremento o sobresueldo (…)”2.
Aseveró que su solicitud no fue acogida y que en el fallo de segunda instancia proferido el 22 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío no aplicó el precedente jurisprudencial que le era de obligatorio cumplimiento desde el 2 de septiembre de 2019, al no reconocer la prima especial de servicios, negando la adición o incremento sobre la asignación básica mensual, y resolvió que la prima especial de servicios sería factor salarial únicamente para efectos de pensión.
Sostuvo que, la tesis planteada en la providencia cuestionada dispuso que le asiste un derecho al pago de las diferencias causadas entre el valor que le fue pagado por concepto de remuneración mensual y prestacional y el que legalmente debió recibir, sin extraer del mismo el 30%; sin embargo, afirmó que no se incluyó la prima especial de servicios como lo ordena el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
Expuso que el 27 de junio de 2023 solicitó a la autoridad judicial accionada que se aclarara y/o adicionara la sentencia de segunda instancia comoquiera que se requería un pronunciamiento frente al reconocimiento de la prima especial de servicios en la parte resoluti va, en cuanto a que dicha prima es adicional a la asignación básica mensual por ser una retribución al salario, que implica un aumento en el ingreso laboral que
de la prima especial de servicios en la parte resoluti va, en cuanto a que dicha prima es adicional a la asignación básica mensual por ser una retribución al salario, que implica un aumento en el ingreso laboral que debe ser reconocido como un "plus", que ya lo contenía la parte considerativa del fallo.
Manifestó que el tribunal accionado “(…) por Auto del 28 de julio del 2023 omitió acatar la orden según sentencia de unificación de interpretación sistemática, no literal, del artículo 14 de la Ley 4 de 1992; tampoco realizó seguimiento integral del precedente jurisprudencial del H. Consejo d e
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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Estado para caso similar del 02 de septiembre de 2019, acatada por el Decreto 272 de 2021, al resolver que la orden a impartir en ese tipo de procesos se encamina al reajuste de la asignación o salario básico de su beneficiario en ese 30% que de forma ilegal se descontó desde que se reconoció la prima especial , y que “ al ajustarse el salario básico del beneficiario en su 100%, la prima especial genera ese plus adicional que desde una interpretación teleológica fue lo que buscó el Legislador”; dejando en el limbo jurídico el reconocimiento de la prima especial de servicios, vulnerando mis derechos fundamentales,
del beneficiario en su 100%, la prima especial genera ese plus adicional que desde una interpretación teleológica fue lo que buscó el Legislador”; dejando en el limbo jurídico el reconocimiento de la prima especial de servicios, vulnerando mis derechos fundamentales, lo que no refleja un acatamiento al precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado (…)”3. (negrillas del escrito de tutela).
Argumentó que existe una clara violación de sus derechos laborales por parte de la autoridad judicial accionada porque interpret ó de manera errada la sentencia de unificación SUJ -016-CE-52-2019 del 2 de septiembre de 2019.
Agregó que también se presentó una errada aplicación de la Ley 4 de 1992 cuando se reconoce que la prima especial de servicios no puede ser desmejorada en el salario, pero omitió su reconocimiento sobre el salario.
Resaltó que en la providencia de segunda instancia objeto de esta acción de tutela, tampoco se le garantizó el principio de igualdad frente a otros fallos que en interpretación sistemática del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, respetando el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y acatando el Decreto 272 de 2021, reconoci eron la prima especial equivalente al 30% del salario básico para otros servidores que ocupan un cargo similar, esto es, juez de la República.
Al respecto, citó el proceso identificado con el radicado nro. 63001 33 33 755 2015 00162 02 en el que el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala de Decisión Conjueces, consideró que se debe liquidar el salario básico más un 30% adicional a título de prima especial de servicios . De igual
755 2015 00162 02 en el que el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala de Decisión Conjueces, consideró que se debe liquidar el salario básico más un 30% adicional a título de prima especial de servicios . De igual
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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forma, hizo referencia a la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2019 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado nro. 63001 23 33 000 2014 00174 00, que confirmó la sentencia de primera instancia del 26 de julio de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala de Conjueces, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se reconoció la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Sobre la procedencia de la acción de tutela, señaló que en este caso “(…) es claro el desconocimiento del Decreto 272 de 2021 y la indebida interpretación que se ha realizado del artículo 14 de la ley 4 de 1992 (…)”4, y explicó que la violación a sus derechos se refleja en la aplicación de una norma jurídica de forma errada y en el desconocimiento de sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes respecto de la prima especial de servicios.
(…)”4, y explicó que la violación a sus derechos se refleja en la aplicación de una norma jurídica de forma errada y en el desconocimiento de sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes respecto de la prima especial de servicios.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 12 de septiembre de 20235 a través de la ventanilla virtual de la Corporación y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 14 de septiembre de 20236 la admitió y dispuso notificar7 a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces como parte accionada, así como vincular8 a la Nación – Rama Judicial y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, Juez ad-hoc, como tercero s interesados en el resultado del proceso.
4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 5 Ibidem. 6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 7 Esta orden se cumplió el 19 de septiembre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 8 Esta orden se cumplió el 19 de septiembre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 8 Esta orden se cumplió el 19 de septiembre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y/o al Tribunal Administrativo del Quindío para que allegara copia digital o el hipervínculo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 33 31 702 2011 00114 00/01.
3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia envió correo electrónico 9 a través del cual remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no se pronunció sobre los hechos del escrito de tutela.
3.3. La apoderada de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia allegó escrito 10 en el que manifestó que la parte actora , a través del mecanismo constitucional, pretende reiterar la solicitud presentada por vía de aclaración, la cual no fue favorable en dicha oportunidad, por lo tanto, busca convertir este instrumento excepcional en una tercera instancia a su favor, con lo cual
reiterar la solicitud presentada por vía de aclaración, la cual no fue favorable en dicha oportunidad, por lo tanto, busca convertir este instrumento excepcional en una tercera instancia a su favor, con lo cual se deslegitima la naturaleza y finalidad de la acción de tutela.
Señaló que, en este evento , no resulta legítima la invocación del mecanismo de amparo para controvertir el análisis jurídico efectuado por el tribunal accionado en la sentencia de segunda instancia y en la providencia que resolvió la solicitud de aclaración de dicho fallo.
Anotó que “(…) lo pretendido por la parte actora es improcedente, pues el problema jurídico suscitado con ocasión a la demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho promovida a través de apoderada por el señor Abel Darío González NO SE CIRCUNSCRIBE al reconocimiento y pago de la prima especial a sus beneficiarios, pues este pago nunca se ha omitido por la Rama Judicial, de ahí que, en estos eventos lo que se controvierte es la forma en que se liquidó, pues la entidad venía descontando del salario básico el 30% para pagarlo a título
9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 10 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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de prima especial, lo que impactaba en la asignación básica y en la liquidación de las prestaciones sociales (…) ”. (mayúsculas y negrillas originales).
3.4. El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces, guardó silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 29 de septiembre de 202311.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199112 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 13 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 16 Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
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4.2.1. El señor Abel Darío González, actuando por conducto de apoderada, interpuso demanda17 de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Rama Judicial, con el fin de que (i) se inaplicara por ilegal
4.2.1. El señor Abel Darío González, actuando por conducto de apoderada, interpuso demanda17 de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Rama Judicial, con el fin de que (i) se inaplicara por ilegal el artículo 6 del decreto 389 de 2006, el artículo 6 del decreto 618 de 2007, el artículo 6 del decreto 658 de 2008 y el artículo 8 de los decretos 723 de 2009 y 1388 de 2010, en cuanto establecieron que “ (…) e n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual de los jueces de la República en el Distrito Judicial de Armenia (…)”; y (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESAJ 1858 del 23 de diciembre de 2010, suscrito por el Director Seccional de Administración Judicial de Armenia, y la Resolución 1963 del 15 de febrero de 2011, suscrita por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio de los cuales le negaron el pago de las prestaciones reclamadas sobre el 30% de su asignación básica mensual como juez de la República en el distrito judicial de Armenia.
A título de restablecimiento del derecho , solicitó se condenara a la demandada a pagarle las sumas de dinero dejadas de percibir al liquidarle las prestaciones económicas desde el año 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010, además las causadas a la fecha de obtener sentencia favorable y que corresponden al 30% de su asignación básica mensual.
4.2.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia , a
de 2010, además las causadas a la fecha de obtener sentencia favorable y que corresponden al 30% de su asignación básica mensual.
4.2.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia , a través de Juez Ad-Hoc, en sentencia proferida el 8 de julio de 201918, dispuso lo siguiente:
“(…) Primero: CONCEDER las pretensiones de la demanda incoadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por el actor ABEL DARÍO GONZALEZ en contra de LA NACIÓN - RAMA
JUDICIAL.
17 Expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 33 31 702 2011 00114 00. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00. 18 Expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 33 31 702 2011 00114 00. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
Accionante: Abel Darío González
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Segundo: INAPLICAR por Inconstitucionales los artículos 6 de los
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Segundo: INAPLICAR por Inconstitucionales los artículos 6 de los Decretos Nos. 618 de 2007 y 658 de 2008 y 8 de los Decretos Nos. 723 de 2009 y 1388 de 2010, en cuanto previeron como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%J del salario básico mensual devengado por ABEL DARÍO GONZALEZ en su calidad de
Juez Primero Civil Municipal de Armenia Quindío.
Tercero: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos Oficio DESAJ 1858 del 23 de diciembre de 2010, suscrito por el Director Seccional de Administración Judicial de Armenia, mediante el cual negó al actor el pago de las prestaciones reclamadas sobre el 30% de su asign ación básica mensual como juez de la República en el Distrito Judicial de Armenia y Resolución No. 1963 del 15 de febrero de 2011, proferida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, a través del cual decidió confirmar en todas sus partes el Oficio DESAJ 1858 del 23 de diciembre de 2010.
Cuarto: CONDENAR a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL , a reconocer y pagar al actor a título de restablecimiento del derecho, la suma de dinero que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones legales desde el primero [1°J de enero de 2006 hasta la fecha que tenga vigencia su relación labo ral con la demandada, teniendo como fundamento la asignación básica
la suma de dinero que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones legales desde el primero [1°J de enero de 2006 hasta la fecha que tenga vigencia su relación labo ral con la demandada, teniendo como fundamento la asignación básica mensual correspondiente al 100%; dichas sumas serán ajustadas conforme quedó expuesto (…)”.
4.2.3. En contra de la precitada decisión la parte demanda da interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces, en sentencia del 22 de junio de 202319 resolvió lo siguiente:
“(…) PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto y adicionar el numeral quinto a la sentencia proferida el día 08 de julio de 2019 por el juez ad hoc del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia Quindío, los cuales quedarán así:
“CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a reliquidar y pagar al señor ABEL DARÍO GONZÁLEZ como Juez de la República el 100% de la asignación básica, y no el 70% como ha venido ocurriendo, y a reliquidar las prestaciones sociales – incluidas las cesantías – con el 100% de la asignación básica, por el tiempo que dure su vinculación laboral como funcionario judicial.
El reconocimiento ordenado será efectivo desde el 15 de diciembre de 2007.
19 Providencia aportada por la parte actora . Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
vinculación laboral como funcionario judicial.
El reconocimiento ordenado será efectivo desde el 15 de diciembre de 2007.
19 Providencia aportada por la parte actora . Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04956 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04956 00
Accionante: Abel Darío González
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Como consecuencia del reajuste ordenado al sueldo básico mensual y prestacional, también deberán efectuarse los ajustes para los respectivos pagos a la seguridad social.
La prima especial de servicios será factor salarial únicamente para efectos de pensión de jubilación.
QUINTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción sobre los derechos laborales reclamados y causados con anterioridad al 15 de diciembre de 2007. Se niegan las demás pretensiones de la demanda (…)”
4.2.4. El accionante, actu ando a través de apoderada, solicitó la aclaración y/o complementación y/o adición de la decisión de segunda instancia “(…) por cuanto en la parte resolutiva omitió pronunciarse sobre las consideraciones realizadas que la prima especial es adicional por ser una retribución al salario que opera invariablemente como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, con todo implican un aumento en su ingreso laboral, que
las consideraciones realizadas que la prima especial es adicional por ser una retribución al salario que opera invariablemente como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, con todo implican un aumento en su ingreso laboral, que deber ser reconocida como un "plus" en el ingreso, como sí consta en la parte considerativa omitiend o hacer el mismo pronunciamiento en la resolutiva del fallo (…)”20.
4.2.5. Por auto del 28 de julio de 2023 21, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda Especial de Decisión con Conjueces resolvió la solicitud presentada por el accionante y al respecto indicó que:
“(…) El problema jurídico que suscita este tipo de asuntos no se circunscribe al reconocimiento y pago de la prima especial a sus beneficiarios, que por demás el ente demandado nunca omitió, sino la forma en que se liquidó, pues equivocadamente el ente demandado descontó del salario básico el 30% para pagarlo a título de prima especial, desequilibrando en dicho porcentaje la asignación básica, y de contera la liquidación de las prestaciones sociales.
De esta forma, la orden a impartir en este tipo de procesos se encamina al reajuste de la asignación o salario básico de su beneficiario en ese 30% que de forma ilegal se descontó desde que se reconoció la prima especial, junto con la reliquidación de s
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