CE - 010315000202304994001SENTENCIA20231012152620

Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

Demandante: IVÁN GABRIEL LIZARAZO TOBÍAS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2023, el señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías, integrante del Consorcio Vía la Paz Chipatá, 1 por conducto de apoderada judicial2 instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la expedición de las sentencias de 26 de enero de 2023 y 26 de febrero de 2015, dictadas

1 Integrado, además, por los señores Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo. 2 Conforme al poder especial aportado con el escrito de tutela.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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por las autoridades judiciales demandadas en el marco del medio de control de controversias contractuales promovido por el referido consorcio contra el Ins tituto Nacional de Vías - Invías; expediente que se identificó con el radicado 68001 -23-33000-2013-00588-02.

1.2. Pretensiones

Nacional de Vías - Invías; expediente que se identificó con el radicado 68001 -23-33000-2013-00588-02.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Con base todo lo anterior, solicito respetuosamente Honorables Magistrados DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander y la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por cuanto vulneran los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Y en su lugar, ordenar a las autoridades accionadas, especialmente el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, emitir un nuevo fallo en el que se anali cen y desaten de manera congruente todo lo solicitado y probado en el recurso de alzada, en favor de los derechos fundamentales de IVÁN GABRIEL LIZARAZO TOBÍAS y demás demandantes.3

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Iván Gabriel Lizarazo Tobías, informó que, junto con los señores Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo, integraban del Consorcio Vía la Paz Chipatá, el cual, mediante licitación pública convocada por el Invías se le adjudicó un contrato cuyo objeto consistía en la «Reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía la Paz – Chipatá (segmento) del k9 + 400 al k12 + 500 con longitud total de 3.1 kilómetros en el departame nto de Santander». Esto se efectuó a través de la

vía la Paz – Chipatá (segmento) del k9 + 400 al k12 + 500 con longitud total de 3.1 kilómetros en el departame nto de Santander». Esto se efectuó a través de la Resolución 04927 de 15 de septiembre de 2008.

Apuntó que, para la ejecución del contrato debían obtener las licencias ambientales de Ingeominas y de la Corporación Autónoma de Santander , según el procedimiento establecido en la licitación.

Advirtió que, con la Resolución 181837 de 28 de octubre de 2008 el Ministerio de Minas y Energía expidió el «Procedimiento para la presentación de solicitudes de autorizaciones ambientales», a partir de la cual determinó que el acta de inicio del contrato era uno de los documentos exigidos para tramitar los permisos temporales respecto a la explotación de yacimientos de materiales para la construcción.

3 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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Adujo que el referido consorcio celebró el contrato de obra 2031 de 2008 con el Invías el 10 de noviembre de dicha anualidad, por el término de ejecución de cuatro (4) meses contados desde la firma del acta de inicio.

Expuso que, previo a que se firmara el acta de inicio, ocurrió un imprevisto consistente en el desmonte de la planta de asfalto que existía en el municipio de Barranca (al

contados desde la firma del acta de inicio.

Expuso que, previo a que se firmara el acta de inicio, ocurrió un imprevisto consistente en el desmonte de la planta de asfalto que existía en el municipio de Barranca (al occidente del municipio de Vélez), la cual era la fuente de abastecimiento de material más cercana, a efectos de ejecutar la obra. Por ello, el consorcio se vio obligado a adquirir la mezcla asfáltica de la planta de Tunja que se encuentra a 112 kilómetros de distancia del centro de gravedad del proyecto, así como en «las canteras del municipio de Moniquirá, por ser la fuente más cercana y con permisos vigentes […] a pesar de ser un lugar distinto al previsto por la entidad accionada».

Acotó que el 12 de febrero de 2009 se firmó el acta de inicio del contrato 2030 de 2008 y, en esa fecha solicitaron los permisos ambientales a IGEOMINAS. No obstante, en atención al mencionado imprev isto, también pidieron al Invías la suspensión del contrato con miras a cumplir con la obtención de las mencionadas licencias. A esto se accedió hasta el 21 de mayo de 2009, razón por la que lo tutelantes tuvieron que soportar el pago de mayores valores no incluidos en el presupuesto de obra.

El contrato continuó el 21 de agosto de 2009 pese a que no se contaba con la licencia respectiva, puesto que fue expedida por Ingeominas hasta el 1. ° de septiembre de 2009.

Adicionó que también se vio truncado el de sarrollo de la obra por cuanto el departamento de Santander dictó la Resolución 15903 de 11 de diciembre de 2008 en

2009.

Adicionó que también se vio truncado el de sarrollo de la obra por cuanto el departamento de Santander dictó la Resolución 15903 de 11 de diciembre de 2008 en el sentido de conceder permiso a otra empresa para intervenir la vía La Paz – Chipatá, con el fin de instalar la tubería de gas para suminist rar el servicio al municipio de La Paz, esto es, «a lo largo y dentro del sitio en donde sería ejecutada la obra». Tal aspecto era desconocido por el consorcio y se dispuso con posterioridad a la firma del acta de inicio del contrato 2030 de 2008 . Además, con la Resolución 12976 de 29 de septiembre de 2009, el referido ente ordenó el cierre temporal del paso vehicular sobre el puente La Quebrada La Gacha por presentar fallas estructurales, lo que derivó en que los tutelantes tuvieran que contratar el transporte de material en vehículos livianos con menor capacidad de carga. Esto incrementó el tiempo de envío y los valores de acarreo.

Indicó que, con ocasión de lo anterior, el 12 de junio de 2013 ejercieron el medio de control de controversias contractuales contra el Invías con el fin de reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados a las personas que integraban el consorcio y lograr el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. La cuantía de la demanda fue estimada en un valor superior a los dos mil millones de pesos.

El asunto lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander, autoridad que con fallo de 26 de febrero de 2015 denegó las pretensiones de laDemandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

autoridad que con fallo de 26 de febrero de 2015 denegó las pretensiones de laDemandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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demanda y liquidó el contrato sin que de ello resultaran valor es a favor del extremo activo. Lo anterior, luego de expresar que:

(i) El contratista estaba obligado a ceñirse a las fuentes de los materiales estipuladas en el estudio de impacto ambiental, a tramitar las licencias ambientales, a suministrar el material, lo s equipos, la mano de obra y la inspección del lugar en donde se ejecutaría la obra y alrededores con el fin de tener claridad sobre las características, localización, transporte y demás aspectos. Así estaba estipulado en el pliego de condiciones y por ello no podía entenderse acreditada la ruptura del equilibrio contractual.

(ii) El cambio de la fuente de los materiales constituyó un riesgo asumido por el contratista.

(iii) Se evidenció que el contratista hizo caso omiso a la suspensión del tránsito vehicular establecida por el departamento de Santander y realizó la movilización del material en los vehículos determinados en el contrato.

(iv) En los documentos contentivos de las suspensiones del contrato obra la manifestación expresa del contratista concerniente a l a renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por «LUCRO

CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR

manifestación expresa del contratista concerniente a l a renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por «LUCRO

CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR

INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA […]».

(v) Finalmente, en cuanto a la liquidación del contrato, el tribunal indicó : «el 22 de noviembre de 2010 se hizo la entrega definitiva de la obra y se precisó como valor final la suma de $2.013.091.327, precio que incluye los costos básicos de obra contratados, el valor de los ajustes y obras complementarias, por lo tanto, se declara liquidado judicialmente el contrato sin que se generen prestaciones en favor de las partes del contrato».

Manifestó que, e l extremo demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y lo sustentó en los siguientes aspectos:

(i) Que la ex pedición de los permisos ambientales no podía ser un evento imputable ni convertirse en una carga para el contratista, «pues, aun cuando el Contrato se suspendió, ello generó que las actividades debieran adelantarse en mayo tiempo al estimado inicialmente y con incremento de los costos de transporte, maquinaria y personal».

(ii) El tribunal malinterpretó lo relacionado con la suspensión del tránsito vehicular por el puente La Gacha, por cuanto, a juicio de la parte actora, ello generó la reducción de la movilidad de toneladas de materiales e incrementó el número de viajes que cada vehículo debía realizar con menor volumen de carga.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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vehículo debía realizar con menor volumen de carga.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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(iii) Frente al inconveniente presentado por la intervención de la acometida de gas natural, insistió en que ello causó retr asos en la programación de las actividades inicialmente delimitadas por las partes y acrecentó los costos de mano de obra y de materiales que no debía asumir el contratista.

(iv) Finalmente, en adición al escrito de apelación, planteó la teoría de la imprevisión con ocasión de la expedición de la Resolución 181837 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas, que en el artículo tercero estipuló que uno de los requisitos para la expedición de la licencia ambiental, «que el tiempo estimado para la explotación solo se podría establecer a partir del Acta de Inicio de los contratos». En ese orden, como el contrato de obra 2031 de 2008 fue adjudicado antes de que se expidiera el referido acto de la mencionada cartera ministerial, «esto generó una situación diferent e a la contractualmente pactada, ya que la nueva resolución incluyó la exigencia de un nuevo requisito que INVIAS no previó».

Relató que, la alzada la desató el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con sentencia de 26 de enero de 2023 en el se ntido de confirmar lo decidido por el a

requisito que INVIAS no previó».

Relató que, la alzada la desató el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con sentencia de 26 de enero de 2023 en el se ntido de confirmar lo decidido por el a quo, tras concluir que las suspensiones, prórrogas o modificaciones del contrato tuvieron origen en la petición expresa del contratista y cobró mayor relevancia el hecho de que de forma autónoma, este renunciara a cu alquier tipo de reclamación posterior por vía judicial o extrajudicial. En ese orden, concluyó:

[…] es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario jud icial, por lo tanto, no es razonable que precisamente ahora el actor pretenda fundamentar su solicitud de desequilibrio económico sobre la base de la consecuencias de las suspensiones y prórrogas de contrato cuando, en forma previa, autónoma, libre de apremio y explícita manifestó no reclamar posteriormente, ni extrajudicial como tampoco judicialmente por los efectos o consecuencias adversos que pudiesen tener las suspensiones o prórrogas […].

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que las providencias censuradas vulneraron sus garantías fundamentales al denegar las pretensiones del medio de control de controversias contractuales, debido a que incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico. Además, precisó que la solicitud de amparo cu mple con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial.

Concretamente, manifestó que el asunto objeto de reclamo es relevante constitucionalmente en atención a que se trata de l quebrantamiento de las garantías

procedibilidad de tutela contra providencia judicial.

Concretamente, manifestó que el asunto objeto de reclamo es relevante constitucionalmente en atención a que se trata de l quebrantamiento de las garantías constitucionales de defensa y de acceso a la administración de justicia en atención a que no «resolvieron de fondo lo solicitado en la demanda y el recurso interpuesto y no se hizo una valoración debida del acervo probatorio obrante en el expediente, lo que generó un defecto fáctico y sustantivo en sus decisiones».Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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Así, agregó que al decidir el sub lite se dieron por ciertos hechos que la evidencia claramente negaba, comoquiera que las decisiones se sustentaron en la renuncia a efectuar reclamaciones judiciales y ex trajudiciales por parte del contratista «sin tener en consideración los demás postulados de defensa que demostraban que, efectivamente, hubo desequilibrio en la ecuación contractual no renunciado y no imputable a él, lo que afecta el acceso efectivo a la administración de justicia».

1.4.1. Defecto sustantivo por la aplicación errónea de la ley, por cuanto las sentencias se fundamentaron en la existencia de la cláusula de renuncia expresa a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte del contratista, sin tener en consideración que el

se fundamentaron en la existencia de la cláusula de renuncia expresa a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte del contratista, sin tener en consideración que el numeral 3. ° del artículo 5. ° de la Ley 80 de 1993 prohíbe que se condicionen las adiciones o modificaciones de los contratos a la renuncia o desistimiento de los contratistas.

Indicó que, en la sentencia de 26 de enero de 2023 se precisó que la referida cláusula se pactó de forma voluntaria, libre de constreñimiento, en forma legal, y por ello todas las reclamaciones del consorcio debían ser negadas.

No obstante, resaltó que las autoridades cuestionadas omitieran que la norma ejusdem impide que las entidades condicionen la participación de licitaciones, adjudicación, adición o modificación de contratos, así como el pago de las sumas adeudadas, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte del contratista.

En ese orden, argumentó que, pese a que las judicaturas reprochadas negaran las pretensiones del medio de control ordinario con base en la renuncia a reclamar por vía judicial o extrajudicial, lo cierto es que no analizaron que dicha cláusula es arbitraria y abusiva en tanto demuestra de manera contundente la posición dominante de Invías sobre el consorcio contratista, tal como quedó consignado en el salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.

Lo anterior se evidencia de los formatos de actas de suspensión y de prórrogas previamente establecidos por el mencionado instituto, las cuales se encuentran en la

del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.

Lo anterior se evidencia de los formatos de actas de suspensión y de prórrogas previamente establecidos por el mencionado instituto, las cuales se encuentran en la página web de la entidad en las que se contienen estos condicionamientos y que deben aceptarse por el contratista, puesto que de lo contrario el Invías no acepta la solicitud elevada.

En ese orden, adujo que no se tuvieron en cuenta las situaciones atípicas e imprevisibles que se presentaron durante el desarrollo de la obra que rompieron la ecuación del contrato, que surgieron por causas no at ribuibles al consorcio y que provocaron la ampliación del plazo de ejecución del proyecto, aunado a la modificación de las especificaciones técnicas inicialmente previstas.

A su juicio, «el fallador debió hacer un pronunciamiento respecto a todo el asunto y las pretensiones de fondo de las partes, sin limitarse a señalar la cláusula de renuncia aDemandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales, precisamente porque esta no permite evidenciar el rompimiento del equilibrio económico».

Además, expuso que s i en gracia de discusión se determinara que se efectuó una renuncia legal a futuras reclamaciones, no se puede soslayar que de la lectura de la

permite evidenciar el rompimiento del equilibrio económico».

Además, expuso que s i en gracia de discusión se determinara que se efectuó una renuncia legal a futuras reclamaciones, no se puede soslayar que de la lectura de la cláusula no se advierte una dimisión frente a la pretensión de pago de los sobrecostos ocasionados por el despla zamiento de materiales que es una de las mayores peticiones dentro del proceso ordinario, o por los trabajos manuales de excavación en la vía, o por el transporte ante la restricción de la circulación vehicular en la zona, o por el incremento del acarreo d e la mezcla asfáltica desde la ciudad de Tunja por el cierre de la planta de Barrancas. Lo anterior implicó un pago superior que no estaba incluido en el presupuesto de la obra.

1.4.2. Defecto fáctico por que en criterio del señor Lizarazo Tobías, las aut oridades judiciales cuestionadas no analizaron lo siguiente:

1.4.2.1. La ausencia de valoración respecto de la Resolución 181837 de 28 de octubre de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía a través de la cual se estableció el procedimiento para la presentación de solicitudes de autorizaciones ambientales, y dentro de los requisitos se estipuló que se debía contar con el acta de inicio del contrato.

A juicio de la parte accionante, las autoridades reprochadas no tuvieron en cuenta que el referido acto administrativo se expidió con posterioridad a la adjudicación de la licitación que ocurrió con la Resolución 04927 de 15 de septiembre de 2008 y para ese momento el consorcio ya estaba obligado a cumplir con el deber de obtener los

el referido acto administrativo se expidió con posterioridad a la adjudicación de la licitación que ocurrió con la Resolución 04927 de 15 de septiembre de 2008 y para ese momento el consorcio ya estaba obligado a cumplir con el deber de obtener los permisos ambientales, comoquiera que ello se encontraba señalado desde el pliego de condiciones.

Agregó que, p or lo anterior, la primera solicitud fue denegada por Ingeominas. Ello derivó en que el contratista se viera en la necesidad de pedir la primera suspensión del contrato de obra, por cuanto le era materialmente imposible tramitar la autorización de explotación ambiental para la cantera El Amarillo, prevista por el Invías, dentro del término estipulado en el pliego de condiciones y en el contrato.

En ese sentido, adujo que, en cumplimiento de las obligaciones y de manera previa a presentar la propuesta económica, el consorcio inspeccionó el sitio en donde se ejecutaría e l proyecto y sus alrededores para tener claridad respecto a las características, localización, naturaleza, materiales, transporte, mano de obra, vías de explotación, vías de acceso, entre otros aspectos.

Por lo tanto, explicó que, como la Resolución 18183 7 de 2008 fue expedida por la referida cartera con posterioridad al acta de adjudicación de la licitación y previo al acta de inicio del contrato, «para el Consorcio era imposible determinar en la visita de obra o en el cierre de la Licitación que uno de l os requisitos para la expedición de laDemandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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autorización para explotación ambiental del Ingeominas era el Acta de Inicio del Contrato y mucho menos que, contrario a los estudios, el sitio de extracción y transporte de materiales sería otro más lejano, complicado y más costoso».

1.4.2.2. Era una obl igación del Invías aprobar la suspensión del contrato desde la primera solicitud realizada por el contratista, «incluso desde el primer día siguientes a la firma del acta de inicio», no obstante, ello solo ocurrió hasta el 21 de mayo de 2009, es decir, des pués de más de tres (3) meses de haber empezado la ejecución del proyecto, de estar adquiriendo los materiales desde el municipio de Moniquirá y pese a que el contrato se había pactado para un término de solo cuatro (4) meses. Lo anterior, aunado a que, si bien la suspensión se aprobó por el plazo de tres (3) meses, Ingeominas en ese lapso tampoco emitió la licencia y el contrato se reanudó el 21 de agosto de 2009.

Corolario, concluyó que «la prueba anterior no fue debidamente valorada ni por el Tribunal […] ni por el Consejo de Estado, quienes, de haber analizado la Resolución 181837 del Ministerio […] habrían llegado a la conclusión que el contratista no podía haber previsto esta situación y que le resultaba imposible obtener la Licencia de Explotación»

181837 del Ministerio […] habrían llegado a la conclusión que el contratista no podía haber previsto esta situación y que le resultaba imposible obtener la Licencia de Explotación»

1.4.2.3. Adicionó que el Invías también violó el principio de planeación por cuanto en el lugar de la obra se realizaría la instalación de la acometida para prestar el servicio de gas natural al municipio La Paz, esto derivó en que la excavación pasara de realizarse mediante la utilización de maquinaria a hacerse de forma manual, lo cual no fue contemplado en los ítems de excavación que se tuvieron en cuenta para la elaboración de presupuesto de la obra.

La falta de planeación del contratante también afectó el principio de equilibrio económico del negocio jurídico, en tanto con la falla en la planeación se disminuyó el rendimiento en la excavación e incrementó el costo que inicialmente se había calculado.

Al respecto, citó apartes de las sentencias C-300 de 2012 de la Corte Constitucional y de 10 de diciembre de 2015 del Consejo de Estado, en los cuales se señaló que el «principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados […] con el fin de p recisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio […] ». También, que la finalidad de la planeación consiste en adju dicar contratos que correspondan «de manera correcta con los elementos diseñados y pensados conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público».

Así, concluyó que la indebida planeación representa una afectación grave en todas las etapas de la ejecución.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro

a las necesidades y prioridades que demanda el interés público».

Así, concluyó que la indebida planeación representa una afectación grave en todas las etapas de la ejecución.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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1.4.2.4. Planteó que se incurrió en una violación al p rincipio de congruencia 4 en las sentencias, por cuanto las judicaturas demandadas restaron valor probatorio a las pruebas documentales presentadas por el Consorcio a través de las cuales se acreditaba el rompimiento del equilibrio económico que sufrió el contratista por causas no imputables a este y que no fueron atendidas oportunamente por el Invías.

Para tal efecto, citó 25 piezas documentales a través de las cuales se observa todo el trámite interno entre las partes del contrato desde la adjudicación de la licitación, pasando por las suspensiones y modificaciones al contrato, las solicitudes de las licencias ambientales, expedición de las autorizaciones, reuniones, interventorías y algunos análisis. Lo anterior es un recuento de lo relatado en los hechos y en los fundamentos de la tutela, por ello, la parte actora precisó:

Este cuadro de manera detallada se pone de presente las pruebas que debía ser analizadas por el Consejo de Estado, y que hace parte de la adición al recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; sin embargo, como se puede evidenciar no hubo ningún pronunciamiento por parte de los falladores de instancias

analizadas por el Consejo de Estado, y que hace parte de la adición al recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; sin embargo, como se puede evidenciar no hubo ningún pronunciamiento por parte de los falladores de instancias frente a las pruebas del acervo probatorio, ni de los argumentos de defensa del Consorcio.

Incluso se puede evidenciar que en el fallo del Tribunal de Santander solo toman como pruebas válidas dentro del proceso lo manifestado por los supervisores que hacían parte del INVÍAS, sin tener en consideración lo demostrado por los peritos que son independientes, ni los ofi cios aprobados por la Interventoría que manifiesta viable la suspensión del Contrato entre ellos el No. 711 del 10 de marzo de 2010 y el oficio 1379 del 18 de junio de 2010.

Finalmente, resaltó que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, es violatoria del principio de congruencia por dejar de analizar los argumentos de defensa del recurso de apelación y el material probatorio que apuntaban al «acaecimiento del desequilibrio económico del contrato No. 2031 del 2008, basado únicam ente en una cláusula que es contraria a la ley , con lo cual desconoció el derecho fundamental al acceso a administración de justicia y debido proceso del Consorcio Vía La Paz - Chipatá».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 15 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener como autoridades judiciales accionadas al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Santander. En calidad de tercero s con

tener como autoridades judiciales accionadas al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Santander. En calidad de tercero s con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación de los señores Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo [ integrantes del consorcio

4 La Sala aclara que de la argumentación del yerro se advierte que se trata de un defecto fáctico en sentido puro.Demandante: Iván Gabriel Lizarazo Tobías Demandados: Consejo de Estado y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04994-00

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Consorcio Vía la Paz Chipatá], al Instituto Nacional de Vías – Invías [entidad demandada del proceso or