CE - 010315000202305018001SENTENCIA20231024084731

Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Demandantes: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL CARIBE – PROCARIBE Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DE DECISIÓN No. 4 Tesis: No incurre en violación de derechos fundamentales el fallo que declara la indebida escogencia y la caducidad de la acción de reparación directa, si efectuó un análisis suficiente, acorde con la normativa y la jurisprudencia aplicables. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe), actuando por intermedio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4. I. SÍNTESIS DEL CASO 1.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe) solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4, que revocó el fallo del 19 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de laRadicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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acción, y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa (actio in rem verso) promovida contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, proceso que se tramitó bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01. 1.2. Procaribe manifiesta que interpuso demanda de reparación directa (actio in rem verso) contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, con el fin de obtener el pago de los servicios prestados por el talento humano capacitado que le suministró a la primera de las entidades accionadas, sin que hubiera contrato de por medio, por un valor total de $ 1.048’193.205. Señala que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. No obstante, tanto Procaribe como el departamento de Bolívar apelaron esa decisión y, a través del proveído del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4 la revocó y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, y denegó las pretensiones, al considerar que la demanda cuestionaba la legalidad de los actos administrativos que le denegaron las acreencias en el proceso liquidatorio, controversia que debía proponerse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad respectivo. 1.3. Frente a esta decisión, la demandante explicó que, antes del proceso de liquidación y sin que mediara contrato estatal, prestó servicios a la E.S.E. Hospital San Pablo, por lo que, al no recibir la contraprestación correspondiente, ésta se

de caducidad respectivo. 1.3. Frente a esta decisión, la demandante explicó que, antes del proceso de liquidación y sin que mediara contrato estatal, prestó servicios a la E.S.E. Hospital San Pablo, por lo que, al no recibir la contraprestación correspondiente, ésta se enriqueció de manera injustificada, presentándose correlativamente una disminución patrimonial para la cooperativa demandante, quien se encontraba en imposibilidad de reclamar el pago por otra vía o acción, resultando entonces procedente la actio in rem verso. En tal sentido argumentó que las consideraciones de las resoluciones 051 del 19 de mayo y 217 del 29 de septiembre de 2008, mediante las cualesRadicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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el liquidador le denegó las acreencias, reconocen la existencia de hechos cumplidos, pues señalan que: “la ESE HOSPITAL SAN PABLO DE CARTAGENA desarrollaba su objeto social con violación a normas de orden público, es decir los hechos cumplidos se produjeron por una inadecuada labor administrativa en la planeación de procesos contractuales y en la adquisición de obligaciones”. 1.3.1. La parte actora alega que la anterior decisión incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que los hechos, las pretensiones y los fundamentos de derecho de la demanda de reparación directa, así como los alegatos de conclusión, se fundamentaron en la configuración de un enriquecimiento sin causa por hechos cumplidos, y no en la ilegalidad de ningún acto administrativo. De hecho, el libelo indicó que la negativa de pago por parte de la E.S.E. estaba ajustada a derecho, por razones de forma. 1.3.2. Por otra parte, adujo que la decisión controvertida incurrió en defecto sustantivo porque el artículo 137 del CPACA, que establece las causales de nulidad de los actos administrativos, no es aplicable al asunto, si se tiene en cuenta que en la demanda ordinaria no se atacaron las resoluciones mediante las cuales el liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo le denegó las acreencias presentadas. Por el contrario, reitera, únicamente se alegó que los servicios que prestó de buena no fueron objeto de retribución económica, lo que le ha generado una alteración patrimonial configurativa de un enriquecimiento sin justa causa1. Agrega que el tribunal desconoció el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (CCA), que establece la acción de reparación directa, la cual ha sido definida por el Consejo de Estado como el medio a través del cual deben formularse las pretensiones de la actio in rem verso. 1 Al respecto, invocó: “Consejo de Estado en sentencia de fecha 20

(CCA), que establece la acción de reparación directa, la cual ha sido definida por el Consejo de Estado como el medio a través del cual deben formularse las pretensiones de la actio in rem verso. 1 Al respecto, invocó: “Consejo de Estado en sentencia de fecha 20 de mayo de dos mil trece (2013) Radicación No. 25000-23-26-000-2000-01771-02 (27278) Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón”, y “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa – sección Tercera (subsección B). Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (E). Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117)”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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1.3.3. Sostuvo que la providencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, que ha sostenido que la actio in rem verso procede para reclamar el pago de bienes o servicios prestados a entidades del sector salud, cuando estas reconozcan la existencia de una obligación sin soporte contractual, siempre y cuando se encuentre probado el detrimento patrimonial injustificado. En este punto, invocó el fallo del 22 de julio de 2009, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, consejero ponente: Enrique Gil Botero, radicado: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026). 1.3.4. Por último, arguyó que la decisión controvertida incurrió en un error inducido por parte del departamento de Bolívar, que propuso las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción de manera extemporánea, esto es, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y no en la contestación de la demanda, que radicó en el año 2010. Con tal conducta, el departamento indujo al tribunal a no tener en cuenta los hechos 12 y siguientes de la demanda, que indican que Procaribe se había allanado a las glosas que le fueron impuestas por el liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo, omisión que lo llevó a concluir equivocadamente que en el libelo se cuestionaba la legalidad de los actos que le denegaron las acreencias. II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4, ponente de la sentencia objeto de

tutela, alegó que en este caso se configura la falta de legitimación en la causa por activa, pues “la sociedad Procaribe S.A.”2 se encuentra disuelta y en liquidación desde el 20 de abril de 2017, fecha en la cual fue inscrita la anotación en el registro mercantil, tal como se desprende del certificado de existencia y representación obrante en el expediente. Por lo tanto, a partir de esa fecha las facultades de su representante legal se restringen a actos tendientes a la liquidación, lo que invalida el poder otorgado para interponer la presente acción constitucional. 2 La Sala entiende que el tribunal accionado se refiere a la cooperativa Procaribe, demandante en esta tutela.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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Considera que la tutela no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional pues lo que busca la demandante es acceder a una tercera instancia. Además, si bien la solicitud de amparo pone de presente el supuesto interés de sus trabajadores, quienes prestaron servicios a la E.S.E. Hospital San Pablo, lo cierto es que la decisión judicial cuestionada se refirió a las acreencias presentadas por Procaribe en el proceso liquidatorio, discusión que difiere del pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de aquellos. Por la misma razón, considera evidente que la discusión planteada es de naturaleza netamente legal y económica. Finalmente, reiteró los fundamentos de la decisión cuestionada y alegó que esta no incurrió en los defectos alegados porque verificó en su integridad los hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones de la demanda. 2.2. El Juzgado 9º Administrativo de Cartagena, la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Bolívar guardaron silencio. III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 3.1. COMPETENCIA De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 3.2. HECHOS 3.2.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe) interpuso demanda de reparación directa (actio in rem verso) contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación,

para conocer del presente asunto. 3.2. HECHOS 3.2.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe) interpuso demanda de reparación directa (actio in rem verso) contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y elRadicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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departamento de Bolívar, con el fin de obtener el pago de los servicios prestados por el talento humano capacitado que le suministró a la primera de las entidades accionadas, sin que hubiera contrato de por medio, por un valor total de $1.048’193.205. 3.2.2. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 3.2.3. Tanto Procaribe como el departamento de Bolívar apelaron la anterior decisión y, a través del proveído del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4 la revocó y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, y denegó las pretensiones de la demanda bajo el entendido de que el daño alegado tenía origen en las resoluciones 051 del 19 de mayo y 217 del 29 de septiembre de 2008, por medio de las cuales el liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo glosó las facturas presentadas por la actora, y, de hecho, el libelo controvertía los fundamentos de esos actos administrativos. Por lo tanto, consideró que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, que debió interponerse dentro del plazo de caducidad correspondiente. 3.2.4. Procaribe interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia. 3.3. ANÁLISIS DE LA SALA 3.3.1. Cuestiones previas

3.3.1.1. El magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela alegó que en este caso se configura la falta de legitimación en la causa por activa porque “la sociedad Procaribe S.A.” se encuentra disuelta y en liquidación desde el 20 de abril de 2017, fecha a partir de la cual las facultades del representante legal se restringen a los actos tendientes a la liquidación, lo que invalida el poder otorgado para interponer la presente acción constitucional.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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Sobre el particular, es pertinente distinguir entre la capacidad para ser parte y la legitimación en la causa. (i) La primera es la posibilidad de que un sujeto de derechos sea demandante o demandado, facultad que el artículo 53 del Código General del Proceso (CGP) reconoce en cabeza de las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas que entran en proceso de liquidación, la representación es ejercida por el liquidador (artículo 54 ibídem), y la capacidad para ser parte se extingue solo con la aprobación de la cuenta final de su liquidación3. (ii) La segunda es la facultad jurídica para pretender determinada declaración o condena (por activa), o para controvertir la pretensión (por pasiva)4. Entonces, la legitimación en la causa no es lo mismo que la capacidad jurídica para integrar una de las partes, sino que determina quién está autorizado para obtener una decisión de fondo, esto es, quién tiene un interés jurídicamente relevante en la discusión. Ahora, en materia de tutela, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 establece que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, si bien es cierto que las personas jurídicas en proceso de liquidación no pueden continuar ejecutando su objeto social y solo pueden adelantar asuntos tendientes a su liquidación, eso no implica que no estén facultadas para comparecer a juicio en defensa de sus intereses. Por lo tanto, no le asiste razón al interviniente al alegar la falta de legitimación en la causa por activa, pues la cooperativa Procaribe, aun cuando se encuentre actualmente disuelta y en estado de liquidación, sí 3 Consejo de Estado,

en defensa de sus intereses. Por lo tanto, no le asiste razón al interviniente al alegar la falta de legitimación en la causa por activa, pues la cooperativa Procaribe, aun cuando se encuentre actualmente disuelta y en estado de liquidación, sí 3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2009, radicado 08001-23-31-000-2004-02214-01 (16319), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de marzo de 2019, radicado 05001-23-33-000-2015-02178-01(24273), consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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está habilitada para solicitar mediante la acción de tutela, por intermedio de su representante legal5 o del apoderado que este designe, la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la sentencia del 30 de noviembre de 2022. 3.3.1.2. Por otro lado, se observa que, mediante memorial6 allegado el 27 de septiembre de 2023, Procaribe solicitó que se corrigiera el auto del 19 del mismo mes y año que admitió la solicitud de amparo, en el sentido de ordenar la vinculación de los trabajadores de la cooperativa, lo cual habría pedido en el escrito de tutela, con fundamento en el interés que les asiste en la decisión, pues de ésta depende el pago de sus salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Al respecto, la Sala advierte que la demanda de reparación directa fue interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe), persona jurídica de derecho privado, con la finalidad de reclamar sus propios derechos, derivados de la falta de pago de los servicios que prestó a la E.S.E. Hospital San Pablo, según afirma, sin que mediara la existencia de un contrato. Por lo tanto, es claro que los derechos de los trabajadores que la cooperativa envió a prestar los servicios al hospital no estuvieron en discusión en la actio in rem verso ni lo están en esta acción de tutela, y por tanto, no dependen, como lo pretende hacer ver Procaribe, de las resultas de este asunto, sino exclusivamente de la relación laboral de ellos con la demandante. En consecuencia, no procede la vinculación solicitada. 3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el 5 Quien, conforme con el certificado de existencia y

del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el 5 Quien, conforme con el certificado de existencia y representación legal allegado al plenario es el señor Víctor Puello Salas. 6 Visible en el enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305018001100103Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial. En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela formulada por Procaribe con ocasión del fallo de noviembre 30 de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4, que revocó la decisión de diciembre 19 de 2016, dictada por el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa (actio in rem verso) promovida contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, proceso que se tramitó bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01. 3.3.2.1. Sobre el requisito general de relevancia constitucional La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la sentencia de segunda instancia que declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, por lo que se abstuvo de resolver sobre las pretensiones planteadas. Para la Sala, tal decisión, especialmente en caso de ser contraria a derecho, tendría sin duda la virtualidad de afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues implica que, en definitiva, no habrá en este caso un pronunciamiento de fondo que resuelva sobre las pretensiones de la demanda. En tal medida, la decisión adoptada equivaldría a un fallo inhibitorio Acorde con lo anterior, la Sala

esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues implica que, en definitiva, no habrá en este caso un pronunciamiento de fondo que resuelva sobre las pretensiones de la demanda. En tal medida, la decisión adoptada equivaldría a un fallo inhibitorio Acorde con lo anterior, la Sala encuentra acreditado en el presente asunto el requisito de relevancia constitucional, pues la decisión controvertida frustra por completo el derecho de la actora de acceder a la administración de justicia en relación con el asunto planteado, y con ello su derecho alRadicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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debido proceso. En la misma línea, observa la Sala que, pese a la implicación económica de las pretensiones no decididas, no resultaría acertado considerar que el reclamo de la demandante se agota en este solo aspecto, pues, como se ha señalado, la implicación de la decisión discutida es mucho mayor, en cuanto impide de manera absoluta el derecho de obtener una resolución judicial sobre un tema que le afecta, esto es, el acceso a la justicia como elemento estructural del debido proceso constitucional. De otro lado, tampoco sería correcto concluir que la actora solo pretende reabrir una controversia ya clausurada o acceder a una tercera instancia no prevista en la ley, pues los temas sobre los cuales se funda su reclamo, esto es, la declaratoria de las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, no hicieron parte de lo debatido durante el recién concluido proceso ordinario, sino que surgieron apenas durante el trámite y decisión de la segunda instancia, en circunstancias que, aunque válidas desde el punto de vista procesal, implicaron que Procaribe no tuviera ninguna otra oportunidad para controvertir tal decisión. En consecuencia, se procederá con el estudio de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. 3.3.2.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales Previa verificación de las piezas documentales que componen este asunto constitucional, la Sala destaca que esta solicitud de amparo cumple con los demás requisitos generales de procedibilidad7, por estas razones: i) En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que la accionante agotó el recurso de apelación contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa en primera instancia. 7 Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales

la Sala advierte que la accionante agotó el recurso de apelación contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa en primera instancia. 7 Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-152009-01328-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sería procedente invocar la falta de subsidiariedad ante la posibilidad de intentar el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de tal recurso, con la consiguiente improcedencia de la tutela, cuando el derecho presuntamente vulnerado es únicamente el del debido proceso, pero no cuando el asunto involucra otros derechos fundamentales sustanciales, como son en este caso la igualdad, la defensa y el acceso a la administración de justicia. ii) En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez, pues, de acuerdo con la información registrada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial8, la sentencia de la acción de reparación directa en segunda instancia se notificó por edicto el 7 de junio de 2023, y de acuerdo con el aplicativo SAMAI9, la acción de tutela de la referencia se presentó el 13 de septiembre del presente año, es decir, antes de cumplirse los seis (6) meses que ha definido la jurisprudencia para controvertir providencias judiciales en sede constitucional. iii) Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no se discute una irregularidad procesal, y que los accionantes identificaron de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. iv) Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo de una acción de tutela, sino dentro del proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01. Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala está habilitada para proceder al estudio del fondo del asunto. 8 Visible en el enlace:

Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala está habilitada para proceder al estudio del fondo del asunto. 8 Visible en el enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion 9 Visible en el enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305018001100103Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe

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3.3.2. El fondo del asunto 3.3.2.1. Procaribe alega que la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión N° 4, incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que la demanda y los alegatos de conclusión se fundamentaron únicamente en la configuración de un enriquecimiento sin causa por hechos cumplidos, y no en la ilegalidad de ningún acto administrativo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación, el defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales […].”10 La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las que es posible que se configure el defecto fáctico11. La primera de ellas corresponde a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa12, situación que se presenta cuando (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa

de la prueba13 o (ii) sin una razón válida, da por no probado un hecho que emerge claramente, y una dimensión positiva, que se produce cuando (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron

10 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 11 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio). 12 Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras. 13 Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00 Accionantes: Procaribe 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

indebidamente o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión14. Para que se concrete la existencia de este defecto, el error debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en instancia revisora de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios. En el caso de autos, la actora se limitó a exponer que los argumentos que esgrimió a lo largo del proceso ordinario no tenían que ver con la nulidad de los actos administrativos que le denegaron las acreencias en el proceso de liquidación de la E.S.E. Hospital San Pablo, sino con la configuración de un enriquecimiento sin causa. Es decir que en realidad no planteó ningún debate específico en torno a la falta de decreto o valoración de algún medio de prueba, o a la indebida valoración de determinadas pruebas por parte