CE - 010315000202305108001SENTENCIA20231023145635

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: JOSÉ SAMUEL SILVA AGUILAR

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y ESCUELA

JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

Temas: Tutela contra acto administrativo. Homologación o exoneración en el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor José Samuel Silva Aguilar contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”1, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad , que considera vulnerados con la negativa de la s accionadas en dar aplicación a la s figuras de la

“Rodrigo Lara Bonilla”1, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad , que considera vulnerados con la negativa de la s accionadas en dar aplicación a la s figuras de la homologación o exoneración en el IX C urso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 al cargo de Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, y que por medio de la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 202 3 fue admitido al concurso de méritos.

Afirmó que dentro del plazo establecido solicitó la homologación del IX Curso de Formación Judicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República, teniendo en cuenta que cursó y aprobó el VII Curso d e Formación Judicial, correspondiente a la Convocatoria No. 22, en el cual obtuvo un puntaje total o definitivo de 887.85.

Indicó que mediante Resolución No. EJR23 -184 de 23 de junio de 2023, la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” le n egó la solicitu d de homologación con fundamento en que “revisada la solicitud y los documentos aportados por los aspirantes antes relacionados, así como la información reportada por los Consejos Seccionales de la Judicatura respecto de las

1 Presentada el 18 de septiembre de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

1 Presentada el 18 de septiembre de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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2 calificaciones integrales de se rvicios, se evidenció que son funcionarios judiciales de carrera; por lo tanto, su situación fáctica no se adecúa a la norma que solicitan les aplique; esto es, lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19 -11400 que dispone que podrán solic itar la homolog ación del IX Curso de Formación Judicial Inicial los aspirantes que, no hayan ocupado un cargo de funcionario en carrera; por tal motivo no es procedente conceder la homologación del IX CFJI (…)”.

Por último, aseveró que esa decisión fue objeto de recurso de reposición que fue resuelto por medio de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023 , en el sentido de confirmar en su integridad el acto recurrido , al considerar que “revisada la actuación recurrida y la documentación aportada por el aspirant e, se establece que contrario a lo que predica el recurrente, la decisión objeto de revisión respetó los lineamientos normativos que regulan la etapa de solicitudes de homologación y exoneración, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. Esto es, aplicando con rigurosidad y objetividad los requisitos que para cada una de las figuras - exoneración u homologación - precisó el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400. En efecto, el referido Acuerdo Pedagógico

Corte Constitucional. Esto es, aplicando con rigurosidad y objetividad los requisitos que para cada una de las figuras - exoneración u homologación - precisó el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400. En efecto, el referido Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 fue claro en d istinguir a los funcionarios y exfuncionarios en carrera de quienes no han detentado cargo en propiedad dentro de la Rama Judicial, para efectos de dar aplicación a las figuras anteriormente mencionadas...”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad, los cuales considera vulnerados con la decisión de no acceder a la homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial . D e manera específica, argumentó lo siguiente:

“(...) la negativa de la solicitud de homologación por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por ya ser funcionario de carrera (sin haber sido calificado hasta la fecha límite de solicitud), resulta insólita y atentatoria, entre otros, contra el derecho a la igualdad, en relación con otros aspirantes que al igual que yo realizaron y aprobaron un curso de formación judicial anterior, pero que no han ocupado un cargo de funcionario en carrera, como quiera que a estos últimos si les fue acept ada la solicitud de homologación, lo cual se p uede colegir del mencionado acuerdo o, de considerarlo necesario, ser corroborado ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla . Señores Magistrados, lo anterior

últimos si les fue acept ada la solicitud de homologación, lo cual se p uede colegir del mencionado acuerdo o, de considerarlo necesario, ser corroborado ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla . Señores Magistrados, lo anterior resulta un verdadero contrasentido y un acto dis criminatorio, como es posible que el hecho de ya ostentar un cargo de funcionario en carrera, sin haber sido calificado hasta esa fecha (8 de mayo de 2023), se constituya en un castigo u obstáculo, al no ser acogida mi solicitud de homologación y, para alguien en las mismas condiciones que las mías (h aber cursado y aprobado un curso anterior), pero que no haber sido funcionario de carrera, si sea acogida favorablemente la solicitud de homologación”.

Sostuvo que el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, en relación con las homologaciones o exoneraciones del curso en formación judicial contempló las siguientes posibilidades:

• Exoneración: los aspirantes que, habiendo cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial, hayan sido funcionarios o exfuncionarios, y en tal caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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3 - Homologación: los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y apro bado un curso de formación judicial inicial anterior.

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3 - Homologación: los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y apro bado un curso de formación judicial inicial anterior.

Manifestó que la única alternativa a la que podía optar era la homologación, puesto que ya había aprobado el VII Curso de Formación Judicial, a lo que agregó que a pesar de ser funcionario en carrera d e la Rama Judicial, para la fecha límite de la solicitud, esto es, el 8 de mayo de 2023, no había obtenido la calificación de servicios del año 2021, la cual se surtió hasta el 30 de junio de 2023 , razón por la que fue puesta en conocimiento de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con el recurso de reposición.

Señaló que la decisión de no acceder a la solicitud de homologación por ser funcionario de carrera que no contaba con la calificación de servicios, resulta insólita y atenta contra el derecho a la igualdad, en relación con otros aspirantes que cursaron el proceso de formación, pero que no son funcionarios y a quienes la accionada les resolvió homologar el curso de formación.

En relación con la procedencia de la acción de tutela, expresó:

“Es procedente la presente acción constitucional, como quiera que ya agoté los mecanismos con los que contaba ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en tanto, la decisión emitida contemplaba únicamente recu rso de reposición, el cual interpuse y sustenté en debida forma, siendo denegado, por lo cual consider o continúa la vulneración de mis derechos fundamentales, máxime si, en cuenta se tiene, que con

tanto, la decisión emitida contemplaba únicamente recu rso de reposición, el cual interpuse y sustenté en debida forma, siendo denegado, por lo cual consider o continúa la vulneración de mis derechos fundamentales, máxime si, en cuenta se tiene, que con la decisión de la accionada se me podría causar un perjuic io irremediable, habida cuenta que, como anteriormente se mencionó, al no homologarme, sin razones válidas, el IX curso de formación judicial, me implica volver a realizar un curso, que contempla fase eliminatoria, poniendo en riesgo mi permanencia en el c orrespondiente concurso de méritos, sin la posibilidad de acceder al cargo para el cual aspiré.

Adicionalmente, las inscripciones al IX curso de formación judicial inician a partir del 11 de septiembre de 2023, según cronograma publicado por la EJRLB, sie ndo la tutela el mecanismo adecuado para la pr otección urgente de mis derechos fundamentales vulnerados, dado su trámite preferencial respecto de otros asuntos.

Igualmente se cumple el requisito de inmediatez, porque la resolución que deniega el recurso d e reposición interpuesto, me fue notificada el 4 de septiembre del presente año y la inscripción para el curso respecto del cual se me negó la homologación, como ya se anotó, inicia a partir del 11 de septiembre de 2023”.

Con todo, adujo que la decisión d e no acceder a la solicitud de homologación o exoneración vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela el accionante formuló las siguientes:

“1.- Amparar mis derechos fundamentales aludidos.

cargos públicos, trabajo e igualdad.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela el accionante formuló las siguientes:

“1.- Amparar mis derechos fundamentales aludidos.

2. Dejar sin efecto la resolución No. EJR23 -184, de fecha 23 de junio de 2023, mediante la cual se me negó la solicitud de homologación IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las espe cialidades de la Rama Judicial, y la resolución No. EJR23 -243, de 31 de agosto de 2023, que confirmó la anterior, ambas emitidas por la señora directora de la Escuela Judicial “RODRIGO LARA BONILLA”.

3.- Ordenar [a la] señora directora de la Escuela Judic ial “RODRIGO LARA BONILLA”, acceder a la solicitud de homologación efectuada por el suscrito respecto de mencionado IX Curso de Formación Judicial Inicial, con la calificación obtenida en el curso de formación judicial anterior”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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4. Pruebas relevantes

En el expediente reposan los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. EJR17 -881 de 11 de diciembre de 2017, junto con el anexo 1. • Copia del acta de posesión No. 181 de 9 de noviembre de 2020. • Copia de la solicitud de homologación elevada el 28 de abril de 2023.

anexo 1. • Copia del acta de posesión No. 181 de 9 de noviembre de 2020. • Copia de la solicitud de homologación elevada el 28 de abril de 2023. • Copia de la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023, “Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial”. • Copia del recurso de reposición presentado contra la Resolución No. EJR23-184 de 23 de junio de 2023. • Copia de la Resolución No. EJR23-243 de 31 de agosto de 2023, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”. • Copia del formato de calificación integral de servicios correspondiente al año 2021, junto con la notificación surtida el 30 de junio de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 101513 a 101513 de 22 de septiembre de 2023, con el fin de notificar a las partes2.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico de 26 de septiembre de 2023, la directora de la Unidad manifestó que su representada carece de legitimación en

Consejo Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico de 26 de septiembre de 2023, la directora de la Unidad manifestó que su representada carece de legitimación en la causa por pasiva, al cons iderar que los actos administrativos que negaron la homologación en el curso de formación judicial fueron expedidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, trámite sobre el cual no tiene injerencia algu na. Aunado a ello, solicitó denegar la solicit ud de amparo por la ausencia en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6.2. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

En escrito remitido por correo electrónico el 26 de septiembre de 2023, la directora de la Escuela solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, esto por cuanto los actos administrativos que negaron lo pretendido por el demandante pueden ser objeto de con tradicción a través del medio de control de nu lidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede solicitar las medidas cautelares que considere necesarias para la salvaguarda de sus derechos.

2 Notificado a los correos electrónicos: sammsilva2005@yahoo.es; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.coRadicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.coRadicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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5 Refirió que en el caso no existe la configuración de un perjuicio irremediable ni una flagrante a sus de rechos fundamentales porque el aspirante se encuentra habilitado para inscribirse y adelantar el IX Curso de Formación Judicial, ni evidencia un perjuicio irremediable, pues bajo presupuestos de debido proceso, igualdad y mérito ha protegido todos los dere chos que poseen los concursantes y reconocido todas y cada una de las prerrogativas conferidas a los aspirante s, razón por la que considera que el juez de tutela no puede intervenir en el asunto . Agregó que el accionante “debió acudir al medio de control judicial idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos y de considerarlo pertinente solicitar las medidas cautelares necesarias, en caso de advertir que los acuerdos de la convocatoria estaban amenazando sus derechos”.

Señaló que las disposiciones normativas consagradas en el Acuerdo PCSJA1911400 de 19 de septiembre de 2019, rigen el IX Curso de Formación Judicial inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República en todas las especialidades, por lo que materializan la potestad reglamentaria que la propia Constitución Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura . Adicional a ello, sostuvo que el acto administrativo cuenta con presunción de

las especialidades, por lo que materializan la potestad reglamentaria que la propia Constitución Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura . Adicional a ello, sostuvo que el acto administrativo cuenta con presunción de legalidad, goza de fuerza vinculante y es de obligatorio cumplimiento, tanto para la institución como para los aspirantes.

En relación con la vulneración del principio de igualdad indicó que “está obligada a dispensar igual tratamiento para todos los aspirantes siendo de o bligatorio cumplimiento para la administración la aplicación de las reglas que fueron establecidas y aceptadas al momento de su inscripción, como se estableci ó́ en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA1811077 de 2018. Por lo tanto, se vulneran los principios de legalidad, igualdad y confianza legítima a lo s demás aspirantes, al realizar algún tipo de excepción cuando la norma es clara”.

Por último, frente al derecho al trabajo sostuvo que la prerrogativa de no repetir el curso solo es un beneficio que se conce de a los discentes de un concurso de méritos q ue cumplan con los requisitos establecidos para que accedan a un empleo público, que para el caso del demandante no se cumplieron en su totalidad, razón por la que se resolvió su situación de manera negativa.

7. Escrito adicional presentado por la parte actora

A través de escrito presentado el 25 de septiembre de 2023, el accionante puso en conocimiento que contra las mismas accionadas , supuestos fácticos y pretensiones similares, se adelant ó acción de tutela en la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Ad ministrativo de Risaralda con radicado No. 66001 -23-33conocimiento que contra las mismas accionadas , supuestos fácticos y pretensiones similares, se adelant ó acción de tutela en la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Ad ministrativo de Risaralda con radicado No. 66001 -23-33000-2023-00199-00, en la que se dictó sentencia en la que se ampararon los derechos fundamentales de la accionante.

En consecuencia, solicitó “que se estudie la viabilidad de dar aplicación a las reg las de reparto para acciones de tutela masivas, en los términos del Decreto 1834 de 2015 y, en ese orden, remitir las diligencias para que sea acumulada a la tutela tramitada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, bajo el radicado 660012333000202300199-00 y allí se emita el fallo correspondiente, teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos para acumulación referidos en el mencionado decreto”.

En el mencionado escrito el demandante señaló que “por su parte la tutela que conoce la Sala Tercera Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, versa sobre una tutela instaurada por la también funcionaria de carrera judicial (…), contra las mismas entidades y derechos fundame ntales referidos, porque al igual que a mí, la Escuela Judicial “RODRIGO LARA BONILLA”, le negó la solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las especialidades de laRadicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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6 Rama Judicial (confirmada ta mbién en sede de reposición), a pesar que igua lmente ya había realizado y aprobado un curso anterior, indicándole que por ser ya funcionaria de carrera, sin haber calificada hasta el momento de la solicitud, no era procedente la homologación”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente pa ra decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestiones previas

2.1. De la solicitud de acumulación de la acción de tutela

Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2023, el demandante aportó copia de la sentencia proferida por el Tribunal Admini strativo de Risaralda en la acción de tutela con radicado No. 66001 -23-33-000-2023-00199-00 que cuenta con pretensiones similares, con la finalidad de que se estudie dar aplicación a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1834 de 2015 y, en ese ord en, remitir el asunto a ese despacho judicial para acumulación.

El Decreto 1834 de 2015 prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la s tutelas masivas. En palabras de la Corte

el asunto a ese despacho judicial para acumulación.

El Decreto 1834 de 2015 prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la s tutelas masivas. En palabras de la Corte Constitucional “Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre l os casos y que son presentadas (i) de manera masiva –en un solo momento – o (ii) con posterioridad a otra solicitud de amparo” . La jurisprudencia ha reiterado que tales reglas permiten que, en casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias distintas y ha fijado que dic ha figura aplica en los asuntos en los cuales se constate la identidad de sujeto pasivo, causa y objeto.

A su vez, el decreto en comento dispuso en el artículo 2.2.3.1. 3.3, que la acumulación y fallo en los eventos de las tutelas masiv as se dará hasta an tes de dictar sentencia, así:

“ARTÍCULO 2.2.3.1.3.3. Acumulación y fallo. El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del present e decreto, hasta an tes de dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia”.

En esas condiciones , se encuentra que el asunto al cual se pide la remisión para efectos de acumulación cuenta con pretensiones similares, sin embargo, deviene de actos administrativos particulares y concretos distintos a los aquí enjuiciados , a

En esas condiciones , se encuentra que el asunto al cual se pide la remisión para efectos de acumulación cuenta con pretensiones similares, sin embargo, deviene de actos administrativos particulares y concretos distintos a los aquí enjuiciados , a lo que se agrega que no se trata del fenómeno de tutelas masivas . Aunado al hecho de que en dicha acción de tutela el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia de 21 de septiembre de 2023, motivos que resultan suficientes para negar la remisión del presente asunto en los términos propuestos por el actor. En consecuencia, se procederá a resolver el caso en concreto.

2.2. De la legitimación en la causa por pasiva

El Consejo Superio r de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en laRadicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

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7 causa por pasiva, debido a que la vulneración alegada gira en torno a que se deje sin efectos l os actos administra tivos expedidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o particulares que amenac en o vulneren derechos fundamentales” . B ajo esa línea , la

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o particulares que amenac en o vulneren derechos fundamentales” . B ajo esa línea , la Corte Constitucional en la sentencia T -005 de 2022 3 señaló que dicho requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por l a vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

Al respecto, la Sala advierte que se negará dicha solicitud debido a que la vulneración alegada radica en que , la falta de calificación de servicios derivó en la negativa en la concesión de la homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial, asunto que es de competencia de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, empero, como quiera que la Unidad de Administración de C arrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de administrar la carrera judicial, le asiste interés como demandada en el asunto bajo examen.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establ ecer si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, vulneraron al accionante los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad, por la negativa en dar aplicación a la homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos

homologación o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados y jueces de la República.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de los concursos de méritos

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la subsidiariedad previsto en la nor ma constitucional mencionada, dispone que la eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho admini strativo en genera l y frente a los actos administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos de rango constitu cional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos” , toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes

principal para proteger derechos de rango constitu cional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos” , toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes

3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05108-00

Demandante: José Samuel Silva Aguilar

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8 medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, qu e se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.

4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos públicos de mé ritos, la jurispru dencia de esta Sala ha identificado dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de trámite en cuyo caso ha cons iderado que el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial4. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es cont ra ese acto

idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial4. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es cont ra ese acto administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la list a de elegibles, es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el proceso de selección5.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 2019 6 indicó que la acción de tutela es