CE - 010315000202305230001SENTENCIA20231204142804

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

Demandante: Over Galván Rincón y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Cartagena D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05230-00

Demandante: OVER GALVÁN RINCÓN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa que declaró la caducidad de la acción de reparación directa.

Desconocimiento del precedente constitucional sobre caducidad en materia de desplazamiento forzado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación de los menores Dianys, y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys Galván Acosta; Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona

Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona María Tovar Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar; Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio y representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta, y Jhonatan Yesid Pérez Acosta contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, Over Galván Rincón y otros pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 26 de abril de 2023 , dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la caducidad del medio de control.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, Precedente Judicial, Derecho a la Igualdad y Derecho a la Reparación Integral de los

Actores.

1. Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, Precedente Judicial, Derecho a la Igualdad y Derecho a la Reparación Integral de los

Actores.

2. Se deje sin efecto la providencia de fecha Veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que revocó en su totalidad la providencia

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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del diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), pro ferida por el JUZGADO OCTAVO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO.

3. Se ordene al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, que aclare la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), respecto a la liquidación de los perjuicios morales de los homicidios de los señores CARMELO GUILLERMO ACOSTA VALDERRAMA y LUIS FRANCISCO ACOSTA MERCADO, dado que, a pesar de ser reconocidos, solo se liquid ó los perjuicios morales por homicidio del también asesinado EDUAR

RAMON ACOSTA VALDERRAMA.

4. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos perentorios expida una

RAMON ACOSTA VALDERRAMA.

4. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos perentorios expida una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la excepción de caducidad de los hechos victimizantes de Desplazamiento Forzado de los actores, y Homicidio de Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 6 de noviembre de 2000, en el municipio de San Benito de Abad (Sucre), Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado fueron víctimas de homicidio a manos de grupos armados al margen de la Ley.

En junio de 2002, los grupos familiares encabezados por Over Manuel Galván Rincón y Petrona María Tovar Camargo se vieron forzadas a desplazarse hacia otras partes del territorio colombiano , mientras que el señor Miguel Antonio Lastre Meza y su núcleo familiar lo hicieron en el 2006.

Los demandantes presentaron declaraciones ante las autoridades competentes y solicitaron ante la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la indemnización por vía administrativa. El grupo familiar encabezado por Over Manuel Galván Rincón lo hizo en junio de 2002, el encabezado por Petrona María Tovar Camargo en noviembre de 2002 y el de Miguel Antonio Lastre Meza en noviembre de 2006.

La parte actora alega que la situación de orden público en el municipio y toda la zona era

Camargo en noviembre de 2002 y el de Miguel Antonio Lastre Meza en noviembre de 2006.

La parte actora alega que la situación de orden público en el municipio y toda la zona era conocida por las autoridades administrativas y la Fuerza Pública.

Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación de los menores Dianys, y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys Galván Acosta; Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona María Tovar Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar; Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio y representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira Alejandra A costa Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta y Jhonatan Yesid Pérez Acosta interpusieron demanda de reparación dire cta contra el Ministerio de Defensa Nacional , Policía y Ejército Nacional, municipio de San Benito de Abad, departamento de Sucre, UARIV y el Departamento Para la Prosperidad Social para que fueran declarados patrimonialmente responsables por sus desplazamientos, así como de los homicidios de Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta

Departamento Para la Prosperidad Social para que fueran declarados patrimonialmente responsables por sus desplazamientos, así como de los homicidios de Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado por omisión en el deber de protección.

La demanda se adelantó bajo el radicado 70001-33-33-008-2015-00141-00 y correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, que, por sentencia del 19 de enero de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Sucre, el municipio de San Benito de Abad , la UARIV y el DPS, pero declaró responsables al Ejército y la PolicíaRadicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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Nacional por los homicidios de los señores Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado, y el desplazamiento forzado de los demandantes.

Explicó que el Ejército y la Policía Nacional habían incumplido el deber de protección de los ciudadanos y que, en ese caso, no era necesario que las víctimas de homicidio ni sus familias interpusieran ninguna denuncia para que la fue rza pública atendiera sus obligaciones de brindar seguridad y protección a la comunidad.

En cuanto las indemnizaciones, reconoció perjuicios morales solamente por el homicidio

familias interpusieran ninguna denuncia para que la fue rza pública atendiera sus obligaciones de brindar seguridad y protección a la comunidad.

En cuanto las indemnizaciones, reconoció perjuicios morales solamente por el homicidio de Eduar Ramón Acosta Valderrama y por desplazamiento forzado a todos los demandantes, además de lucro cesante y medidas de satisfacción y reparación simbólica.

Inconformes con la decisión, l as partes apelaron y el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 26 de abril de 2023 (notificada el 29 de mayo de 2023), la revocó, y en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad y denegó las pretensiones de la demanda.

El tribunal sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado , en sentencia d el 19 de enero de 2020, había unificado jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de la comisión de delitos de lesa humanidad. Que esa providencia señalaba que «mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió́ a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo».

Que, además, el término de caducidad tampoco era exigible cuando se observan situaciones que impiden materialmente el ej ercicio del derecho de acción. Que la tesis

de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo».

Que, además, el término de caducidad tampoco era exigible cuando se observan situaciones que impiden materialmente el ej ercicio del derecho de acción. Que la tesis de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue respaldada por la Corte Constitucional con la sentencia SU-312 de 2020.

A partir de lo anterior, concluyó que por los homicidios el derecho de acción se extendió hasta 2002 y por el desplazamiento forzado hasta 2004. Que, sin embargo, la demanda fue presentada en 2015 cuando el término de caducidad estaba superado. Que algunas personas tuvieron la oportunidad de acceder a la institucionalidad gubernamental y a las herramientas jurídicas para intentar una indemnización por parte del Estado Colombiano y que, por eso, no encontraba justificación para que no demandaran en tiempo.

Además, señaló que aunque en gracia de discusión se acepta ra que no operó el fenómeno de la caducidad, no había lugar a acceder a lo pretendido porque no estaba probado el nexo causal entre el daño y la actuación de la administración.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias acusadas incurrieron:

En defecto sustantivo o violación directa de la Constitución al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado para determinar la ocurrencia del fenómeno de la caducidad porque esa providencia

En defecto sustantivo o violación directa de la Constitución al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado para determinar la ocurrencia del fenómeno de la caducidad porque esa providencia desconoció el control de convencionalidad.

Que lo establecido en la sentencia de unificación desconoce la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que fue adoptada por el Estado Colombiano y prevalece en el ordenamiento interno.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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Que en el caso Órdenes Guerra vs Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió la regla de imprescriptibilidad a los casos de responsabilidad estatal . Y que «si bien la imprescriptibilidad opera en casos en los que se encuentren vinculadas las acciones civiles a los procesos penales, también es posible que dicha garantía de imprescriptibilidad se aplique a otras causas, pues lo importante, señala la decisión, es salvaguardar el derecho a obtener una reparación, sin importar la acción que se inicie, ya que lo relevante es que hablamos de graves violaciones de derechos humanos».

Que, de hecho, los magistrados Marín, Montaña Plata y Pazos en sus salvamentos de votos habían señalado la necesidad de aplicación de la providencia de la CIDH para inaplicar la regla de caducidad.

Que, además, esa providencia desconoció que el desplazamiento forzado causa un daño

votos habían señalado la necesidad de aplicación de la providencia de la CIDH para inaplicar la regla de caducidad.

Que, además, esa providencia desconoció que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad a partir del momento en que cesa el daño.

En defecto procedimental porque el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció que el fenómeno de la caducidad había sido estudiado por el Juzgado Octavo Administrativo en la admisión de la demanda y en la audiencia inicial sin que la parte demandada hubiera presentado recurso en contra de esas decisiones. Que la decisión de declarar probada la excepción de caducidad desconocía el carácter preclusivo de las etapas procesales.

En desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 que, según dice, estableció́ que «los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosa, solo puede computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta transcursos de ti empo anteriores, por tratarse, como antes se explicó́ , de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta».

Que esa providencia fue notificada el 19 de mayo de 2013 y, por lo tanto, quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 de modo que el término para demandar se extendía hasta el 23 de mayo de 2015. Que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada

ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 de modo que el término para demandar se extendía hasta el 23 de mayo de 2015. Que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el día 24 de abril del 2015, la constancia fue expedida el 7 de julio del 2015 y la demanda presentada el 21 de julio de 2015, por lo cual entiende que no operó la caducidad.

Citó sentencias del 7 de julio de 2022 2 y 30 de marzo de 20233 dictadas por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado que, a su juicio, se pronunciaron sobre la aplicación del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad y desplazamiento forzado.

Además, con memorial del 3 de noviembre de 2023 4 el apoderado de la parte actora señaló que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-374 de 2023, reiteró que para el conteo del término de caducidad en caso de la población víctima de desplazamiento forzado era necesario acudir a la regla fijada en la sentencia SU-254 de 2013.

Que también desconoció las sentencias del 6 de marzo5 y 11 de septiembre6 de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado que han sostenido que no es necesario que la víctima haya solicitado expresamente que se proteja su vida o integridad personal para

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 7 de julio de 2022, Exp. 11001-0315-000-2022-01694-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 30 de marzo de 2023, Exp. 1100103-15-000-2023-06423-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 4 Índice 23 de Samai. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de tutela del 6 de marzo de 2013, Exp. 25001-2326-000-2001-00346-01 (26217), C.P. Olga Melida Valla de la Hoz. 6 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales tendientes a prevenir lesiones o menoscabos a los mencionados derechos.

En defecto fáctico porque desconoció que la situación de orden público sí era conocida por la Policía y el Ejército Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de San Benito de Abad. Que, de hecho, quien para la época de los hechos fungía como alcalde

por la Policía y el Ejército Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de San Benito de Abad. Que, de hecho, quien para la época de los hechos fungía como alcalde del municipio dio cuenta de la existencia de la situación , que estaba probado que se llevaron a cabo consejos de seguridad y existía un fondo de seguridad . Que, sin embargo, nunca solucionaron el problema.

En cuanto a la declaratoria de caducidad, expusieron que a la fecha de presentación del medio de control de reparación directa no había n regresado a vivir a su corregimiento por temor a sufrir, nuevamente, los rigores del conflicto vivido en la zona.

5. Trámite procesal

Por auto del 27 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda para que el abogado Jaime de Jesús Mier Guerrero aportara poder especial para formular tutela en nombre y representación de Over Galván Rincón y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo.

La demanda de tutela fue subsanada y el Despacho sustanciador, por auto del 18 de octubre de 2023, la admitió y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al juez octavo administrativo de Sincelejo y, como tercero s con interés , al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al municipio de San Benito de Abad (Sucre), al departamento de Sucre, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a Deivis de Jesús Acosta Bohórquez.

(Sucre), al departamento de Sucre, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a Deivis de Jesús Acosta Bohórquez.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 20 de octubre y 1º de noviembre de 20237.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente o se denegara el amparo solicitado. Explicó que la demandante pretendía usar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y que, en todo caso , la decisión acusada se ajustó a los parámetros fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Que, además, la Corte Constitucional en sentencia SU -312 del 13 de agosto de 2020 unificó jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas de caducidad en asuntos donde se discute la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de daños derivados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y concluyó que el término de caducidad establecido en el artículo 164, numeral 2, del CPACA se ajustan a los mandatos constitucionales y convencionales y resulta aplicable t omando como extremo inicial el momento en que las víctimas tienen inferencia razonable de la participación del Estado en los hechos, siempre y cuando se encuentren materialmente en posibilidad de acceder a la administración de justicia.

extremo inicial el momento en que las víctimas tienen inferencia razonable de la participación del Estado en los hechos, siempre y cuando se encuentren materialmente en posibilidad de acceder a la administración de justicia.

Que la parte actora tampoco probó que estuviera en imposibilidad de ejercer la acción.

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que la sentencia

7 Índices 13 y 18 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre siguió los lineamientos de la sentencia de unificación que sobre la caducidad en casos de delitos de le sa humanidad dictó la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020.

Que, de hecho, esa posición fue respaldad a por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020.

Que siendo así, la sentencia que declaró la caducidad de la demanda de reparación directa no afectó los derechos fundamentales de los demandantes, sino que se ajustó a lo probado en el procedo y al precedente de obligatoria aplicación.

La asesora del Área Jurídica de la Policía Nacional pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque los demandantes no demostraron la inminencia de un perjuicio irremediable que amerite la adopción de medidas urgentes.

La asesora del Área Jurídica de la Policía Nacional pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque los demandantes no demostraron la inminencia de un perjuicio irremediable que amerite la adopción de medidas urgentes.

Sobre el fondo del asunto, dijo que la sentencia cuestionada siguió los lineamientos d el Consejo de Estado sobre caducidad. Que, los demandantes contaban con un término de 2 años para ejercer la acción de reparación directa, contado a partir del día siguiente de la ocurrencia de los hechos o del momento en que se tuvo conocimiento, es decir a partir del mes de junio de 2002 fecha en la que tuvieron pleno conocimiento de los hechos generadores del daño.

La coordinadora de acciones constitucionales y procedimientos administrativos de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de inmediatez ni de subsidiariedad.

Que no se configuran las causales específicas de procedencia de la acción de tutela porque la sentencia cuestionada se sustentó en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado aplicable al caso.

Que no hubo vulneración del carácter preclusivo de las etapas procesales dado que la discusión sobre la caducidad hizo parte del recurso de apelación de la parte demandada. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pidió que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que los hechos que motivaron la demanda de reparación directa eran del año 2000, que la

Integral a las Víctimas pidió que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que los hechos que motivaron la demanda de reparación directa eran del año 2000, que la demanda fue presentada en el 2015 y que el tiempo transcurrido había sido más que suficiente para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en busca del resarcimiento de los perjuicios que le hubiere podido ocasionar un hecho u omisión de la administración.

Agregó que en todo caso no es para resolver las pretensiones de la parte actora y que en la medida que los demandantes presentaron solicitudes ante esa autoridad los incluyó en el registro único de víctimas y reconoció las indemnizaciones correspondientes.

El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo , el Ejército Nacional, el municipio de San Benito de Abad (Sucre), el departamento de Sucre, y Deivis de Jesús Acosta Bohórquez no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que si bien la parte actora plantea la configuración de los defectos sustantivo o violación directa de la Constitución, procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente, lo cierto es que los argumentos que los sustentan se encuentran encaminados a demostrar que la autoridad judicial demandada desconocióRadicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

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la sentencia SU -254 de 2013 para el estudio de caducidad de la acción . L uego, de manera global, el análisis del caso se centrará en el desconocimiento del precedente.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Over Galván Rincón y otros para que se deje sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2023 , dictada por el Tribunal Adm inistrativo de Sucre que declaró probada la excepción de caducidad, por haber presuntamente haber desconocido la sentencia SU254 de 2013.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, porque el tribunal demandado desconoció la regla jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU -254 de 2013 sobre caducidad de acciones judiciales en lo contencioso administrativo por casos de desplazamiento forzado. Por lo tanto, se dejará sin efecto s la sentencia cuestionada y se ordenará al tribunal demandado que dicte una decisión de reemplazo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (iii) regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre caducidad

de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (iii) regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre caducidad en casos de desplazamiento forzado y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el señor Over Galán y otros cumple los requisitos generales de proced ibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

3.1. La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, pues en caso de que hubiere un error en la declaratoria de caducidad de la acción estaría comprometido el derecho de acceso a la administración de justicia de la parte actora, en la medida en que la decisión cuestionada implica que no obtengan una decisión de fondo sobre la eventual responsabilidad del Estado por el desplazami ento forzado del que fueron víctimas.

La Sala tampoco puede pasar por alto que la situación expuesta en el escrito de tutela

sobre la eventual responsabilidad del Estado por el desplazami ento forzado del que fueron víctimas.

La Sala tampoco puede pasar por alto que la situación expuesta en el escrito de tutela involucra a personas en especiales condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta que fueron víctimas de desplazamiento forzado.

3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por el tribunal demandado fue notificada el 29 de mayo de 2023 a las partes a través de correo electrónico. Por lo tanto, fue

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identif icación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00

Demandante: Over Galván Rincón y otros

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