CE - 010315000202305251001SENTENCIA20231023181115

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PO R

NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LA ACCION

DE TUTELA FUERON DEBATIDOS EN EL PROCESO JUDICIAL EN EL

QUE SE PROFIRIÓ LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. SE PRETENDE

UTILIZAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL COMO UNA TERCERA

INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL TRABAJO, A LA CONSULTA

PREVIA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00

Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00

Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.- La solicitud

La señora DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo , a la consulta previa y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL con ocasión del trámite surtido en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760013333018-2016-00082-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que pertenece a la comunidad negra del corregimiento de San Isidro – Municipio de Jamundí, por haber convivido en el mismo, territorio de influencia de la comunidad negra.

Comentó que previo a la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Medina Seguridad de Jamundí – COJAM, ubicado en territorios que pertenecen a las comunidades de los3

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Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

en territorios que pertenecen a las comunidades de los3

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corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro del Municipio de Jamundí, se celebró la diligencia de consulta previa entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, delegados del Ministerio del Interior y los representantes del Consejo C omunitario de las Comunidades negras de los mencionados corregimientos, con relación a la construcción en sus territorios.

Informó que como resultado de la consulta previa, las comunidades negras de los corregimientos accedieron a la construcción del complejo penitenciario y carcelario y, el INPEC, por su parte, se comprometió con los respectivos consejos comunitarios a mantener 40 cupos de trabajo permanentes bajo nombramientos provisionales (20 para cada comunidad), mientras se mantuviera en funcionamiento dicho complejo carcelario y en caso de incrementarse su planta de personal, también aumentarían los cupos de trabajo a favor de dichas comunidades, tal como quedó plasmado en el acta de protocolización.

Precisó que mediante la Resolución núm. 008362 de 13 de julio de 2010, la Dirección General del INPEC dispuso unos nombramientos provisionales, siendo vinculada en el cargo de Auxiliar Administrativo – Código 4044 – Grado 13, para prestar los servicios en el COJAM.4

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provisionales, siendo vinculada en el cargo de Auxiliar Administrativo – Código 4044 – Grado 13, para prestar los servicios en el COJAM.4

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Explicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC adelantó concurso de méritos para proveer los ca rgos del INPEC en propiedad, por lo que mediante Resolución núm. 003440 de 23 de septiembre de 2015 se realizaron varios nombramientos en período de prueba y se dio por terminado su nombramiento.

Expuso que antes de expedirse la Resolución núm. 003440 de 2015 el INPEC omitió surtir el requisito de consulta previa, obli gatorio e indispensable para proceder con el retiro de los servidores incorporados a dicha planta de cargos en cumplimiento de los acuerdos suscritos con las comunidades.

Precisó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el INPEC con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución que l a desvinculó y se ordenara su reintegro al carg o que venía desempeñando, junto con el reconocimiento y pago de los salarios dejados de devengar.

Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2016-00082-00 y fue conocida en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de5

salarios dejados de devengar.

Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2016-00082-00 y fue conocida en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de5

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Cali2 que, en sentencia de 29 de junio de 2018, negó las pretensiones al estimar que no se indicó en el acta de protocolización la denominación de los 40 cargos ni las persona que los ocuparían, lo que no implicaba el desconocimiento del derecho de consulta previa.

Anotó que , inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, mediante sentencia de 30 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la presente acción de tutela cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, si se tiene en cuenta el valor que representa n los derechos fundamentales invocados como vulnerados, así como los p rincipios a la favorabilidad, expectativa legítima, buena fe, solidaridad, igualdad, equidad, dignidad humana y consulta previa respecto de la protección de los derechos de las comunidades negras en el asunto.

2 En adelante el JUZGADO.6

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y consulta previa respecto de la protección de los derechos de las comunidades negras en el asunto.

2 En adelante el JUZGADO.6

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Comentó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial al no aplicar los lineamientos previstos por la Corte Constitucional 3 y el Consejo de Estado 4 respecto del derecho a la consulta previa.

Destacó que, en casos similares al suyo, el Tribunal5 ha accedido a las pretensiones d e la demanda , ordenando el reintegro de los allí accionante al INPEC, al considerar que se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad.

Argumentó que la autoridad judicial accionada también incurrió en decisión sin motivación, pues no es de tal acierto que las razones emitidas por el INPEC resulten una justa causa para dar por terminado su nombramiento, toda vez que el COJAM está ubicado en territorios que pertenecen a las c omunidades negras y, por tanto, necesitan contar con la aprobación de las mismas, además, previo a

3 C-030 de 2008, T-769 de 2009, C-175 de 2009, C-317 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, C077 de 2017 y T -186 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU -123 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 4 Sentencia de 5 agosto de 2010 Exp. No, 2007-00039; Sección Tercera, Subsección “C” radicación No. 11001-03-26-000-2014-00143-00(52149); Sentencia 15 Noviembre 2018 Rad, 05001 -23-33-0002013-0175401 (4450-16)B; Sala de Consulta y Servi cio Civil, sentencia de 30 de agosto de 2016, Rad.: 110010306-000-2016-00057-00(2290) Actor: Ministerio del Interior y C.P. Álvaro Namén Vargas; Sección Segunda, C.P.: César Palomino Cortés, Sentencia del 22 de marzo de 2018, Rad.: 25000-23-42-000-2013-01621-01(3660-14), Actor: Harvey Eduardo Franco Laverde, entre otras. 5 Rad. 760013333005-2016-00052-00 y 760013333005-2016-00033-00.7

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la construcción del complejo carcelario se celebró la consulta previa en el cual se crearon una serie de condiciones y compromisos que no pueden ser desconocidos.

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la construcción del complejo carcelario se celebró la consulta previa en el cual se crearon una serie de condiciones y compromisos que no pueden ser desconocidos.

Explicó que quien sea desvinculado de un empleo provisional, le asiste el mismo derecho de quien se encuentra escalafonado en el empleo público, en el sentido de que el acto administrativo de retiro debe estar motivado, esto es, dando a cono cer las razones que llevaron a dicha desvinculación para evitar excesos de las autoridades, puesto que la facultad discrecional traducida en no motivar la decisión está reservada para los empleos de libre nombramiento y remoción.

Añadió que también se inc urrió en violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta el carácter otorgado a las comunidades afrodescendientes y los derechos relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables.

Finalmente, resaltó que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales al confirmar la decisión de primera instancia, pues era obligatorio e indispensable el requisito de consulta previa para proceder al retiro de los servidores incorporados a dicha planta de8

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cargos en cumplimiento de los a cuerdos suscritos con las comunidades.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

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cargos en cumplimiento de los a cuerdos suscritos con las comunidades.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia, pretende lo siguiente:

“[…] SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin efectos la Sentencia del 30 de junio de 2023 – notificada el 25/07/2023, dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, dentro del proceso con Radicación 76001-33-33018-2016-00082-00.

TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN que, en un término de treinta (30) días, o en el que ustedes tengan a bien señalar, profiera una decisión de reemplazo de la Sentencia de segunda instancia dictada el 30 de junio de 2023, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicación 76001-33-33-0182016-00082-00,

en la que:

-REVOQUE la Sentencia No. 103 del 29 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito del Cali; mediante la cual, se negaron las pretensiones de l a demanda formulada dentro del asunto con Radicado 76001-33-33-018-2016-00082-00.

-Que consecuentemente, se DECLARE la Nulidad parcial de la

de l a demanda formulada dentro del asunto con Radicado 76001-33-33-018-2016-00082-00.

-Que consecuentemente, se DECLARE la Nulidad parcial de la Resolución No. 003440 del 23 de septiembre de 2015, notificada por Oficio No. 85102 –SUTAH – GATAL – 19667 del 20 de octubre de 2015, dado a conocer el 22/10/2015, en cuanto me desvinculó del cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Jamundí - Valle – COJAM-, perteneciente a la9

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Planta Global de cargos del INPEC, por haberse dictado sin consideración y respeto del derecho fundamental de Consulta previa a las Comunidades Negras de los Corregimientos San Isidro y Bocas del Palo del Municipio de Jamundí.

-Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al Instituto Penitenciario y Carcelario, que expida un acto administrativo con el cual se ordene el reintegro inmediato de la suscrita en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Gra do 13 de la Planta Globalizada de Cargos o uno de igual o mejor categoría, ubicándome de manera específica en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (COJAM), determinando que no hubo

Globalizada de Cargos o uno de igual o mejor categoría, ubicándome de manera específica en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (COJAM), determinando que no hubo solución de continuidad desde el 30 de octubre de 2015 hasta la fecha de mi reintegro efectivo.

-Se CONDENE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al reconocimiento y pago de los salario s y prestaciones sociales que dejé de percibir desde el 30 de octubre de 2015 hasta que se haya efectuado mi respectivo reintegro en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 13 de la Planta Globalizada de Cargos o uno de igual o mejor categoría.

CUARTA: Seguidamente, se ORDENE al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, CONDENAR en COSTAS a la entidad INS TITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC por haber sido vencida en juicio […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL precisó que el acta del acuerdo suscrito entre el INPEC y la comunidad a la que pertenece la actora fue valorada, de conformidad con la sentencia C-208 de 2007.

Agregó que , en cuanto a los precedentes señalados como desconocidos, la actora no especificó cómo estos eran determinantes10

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para cambiar la decisión adoptada, además, si bien dichas sentencias tratan el tema de la consulta, no guardan similitud fáctica con el asunto bajo examen, ya que no se refieren a la desvinculación en conjunto con la consulta previa, pues la mayoría tiene que ver con la consulta previa en temas d e Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Ley General Forestal y Estatuto de Desarrollo Rural, entre otros.

En cuanto a los precedentes horizontales, afirmó que ninguno de ellos ha correspondido a esa Sala y aunque respetando las decisiones que se hayan tomado, no son vinculantes en razón al principio de independencia y autonomía judicial.

Así las cosas, aseveró que no ha incurrido en vulneración de derecho fundamental alguno.

I.5.2.- El INPEC solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante ni es la encargada de dar solución a lo planteado en la acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA11

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el INPEC solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-100112

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de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas,

avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera13

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de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara I nés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La l egitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el INPEC es sujeto procesal en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la controversia, es claro que tiene un inte rés directo en las resultas del presente asunto, por lo que debía ser notificad o de su existencia, razón por la cual la Sala denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por

tiene un inte rés directo en las resultas del presente asunto, por lo que debía ser notificad o de su existencia, razón por la cual la Sala denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,14

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:15

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de releva ncia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de releva ncia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar

se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la16

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protecci ón constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.17

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00

Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constituciona lmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del

tutela procede como