CE - 010315000202305278001SENTENCIA20231219134440

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela Expediente : 11001-03-15-000-2023-05278-001

Actor : Dídimo Cobos Castillo Accionado : Tribunal Administrativo de Boyacá Tema : Tutela contra providencia judicial Derechos presuntamente vulnerados : Al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en Derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia .

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia general de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá el caso concreto en torno a las pretensiones de la acción de tutela.

Hechos probados.

a) En el proceso reposa e scrito de l 27 de julio de 2021 , mediante el cual el

concreto en torno a las pretensiones de la acción de tutela.

Hechos probados.

a) En el proceso reposa e scrito de l 27 de julio de 2021 , mediante el cual el tutelante solicitó las cesantías correspondientes a la vigencia 2020, sus intereses y la respectiva sanción moratoria por no cancelación .

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

2 b) Asimismo, se allegó o ficio BOY2021ER029648 de l 28 de agosto de 2021 2, emitido por la Secretaría de Educación de Boyacá, en el cual le informó al actor que se realizó la liquidación de cesantías del 2020 para los docentes del régimen anualizado de ese ente territorial y el 4 de febrero de 2021 se envió comunicación por correo electrónico a la Fiduprevisora S. A., entidad que manif estó que el FOMAG efectuó la confrontación de los reportes de cesantías del 2020, los cuales serían procesados y se incluirían como insumo para el cálculo y pago de intereses a las cesantías.

c) También se observa el c ertificado de extracto de cesantía s e intereses de l 27 de octubre de 2021, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que constan los pagos efectuados al actor por esos conceptos desde 1999 hasta marzo de 2021.

de octubre de 2021, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que constan los pagos efectuados al actor por esos conceptos desde 1999 hasta marzo de 2021.

d) Adicionalmente, se aportó la s entencia del 21 de noviembre de 2022 , proferida por el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Tunja que negó las pretensiones formuladas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el tutelante en contra del departamento de Boyacá y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al considerar que ese Fondo «[...] fue creado como una cuenta especial de la Nación, para atender y efectuar el pago de todas las prestaciones sociales, no solo las cesantías, de los docentes oficiales, de tal manera que los recursos que ingresan a este (Sistema General de Participaciones) son manejados bajo el concepto de unidad de caja [...], en consecuencia, a diferencia del régimen de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en este régimen no existe una cuenta individual de cada docente a la cual se deban consignar las cesantías y menos en una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantías elegida por este, dado que [...] por mandato legal deben afiliarse al FOMAG, cuyos recursos, se reitera, se manejan en unidad de caja y sin cuentas individuales [...]» (sic).

e) Por otra parte, se encuentra un memorial que contiene el r ecurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia en comento, comoquiera que la Corte Constitucional, en la S entencia SU -098 de 2018, determinó que a los

e) Por otra parte, se encuentra un memorial que contiene el r ecurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia en comento, comoquiera que la Corte Constitucional, en la S entencia SU -098 de 2018, determinó que a los

2 Se precisa que a pesar de que en ese oficio no se negó expresamente la sanción moratoria que solicitaba el accionante, se tuvo como el acto administrativo objeto de nulidad en la fijación del litigo realizada en la audiencia inicial de 27 de julio de 2022 en las diligencias ordinarias.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

3 docentes les es aplicable el beneficio de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la autoridad competente para girar los recursos con los que se cubren las cesantías y sus intereses es la Nación, quien de hacerlo de manera tardía deberá asumir las consecuencias de tipo económico que ello acarrea.

f) El 16 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá desató la precitada alzada, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia, al estimar que «[...] al interior del régimen especial al que se encuentra vinculado el Docente, quien hace el giro de los recursos no es su empleador. Por tanto, el elemento de la temporalidad en la consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación establecido en la Ley 50 de 1990 no puede exigirse a las Entidades Demandadas; [por lo tanto,] la Sanción es incompatible con los procedimientos presupuestales que la Ley prescribe para la financiación de las

año siguiente a su causación establecido en la Ley 50 de 1990 no puede exigirse a las Entidades Demandadas; [por lo tanto,] la Sanción es incompatible con los procedimientos presupuestales que la Ley prescribe para la financiación de las prestaciones sociales de los docentes » (sic). Asimismo, «[...] la consignación del valor de las cesantías no se realiza en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que el mismo elija, sino que el giro se hace a un único fondo en donde no existe cuenta individual a nombre de cada docente y con trario al régimen general, los recursos que se giran en el régimen del magisterio, no corresponden a un único concepto, sino que lo son para la aten ción de prestaciones sociales (pensión, salud y cesantías) cuando sean exigibles ».

La demanda de tutela.

El señor Dídimo Cobos Castillo , por conducto de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales antedichos, presuntamente vulnerados por e l Tribunal Administrativo de Boyacá.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo del 16 de junio de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá 3 confirmó la providencia del 21 de noviembre de 2022 , donde el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Tunja negó las pretensiones formuladas en l a demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de

3 M. P. Félix Alberto Rodríguez Riveros.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de

3 M. P. Félix Alberto Rodríguez Riveros.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

4 Boyacá (expediente 15001-33-33-009-2022-00049-01). En consecuencia, pidió que, en su lugar, se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva providencia en la que acceda a las súplicas formuladas en el aludido asunto contencioso administrativo.

Hechos.

El tutelante adu jo que el fallo enjuiciado incurr e en violación directa de la Constitución, porque desconoce el artículo 53 Superior, el cual estipula derechos y garantías mínimas de los trabajadores, dentro de los que se encuentra el principio de favorabilidad, en virtud del cual el funcionario judicial debe aplicar la norma más beneficiosa para el trabajador, lo que no se acató en su caso particular.

Manifestó que también se configura un defecto sustantivo, en razón a que la autoridad accionada no atendi ó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por falta de consignación del auxilio de cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, a la que tienen derecho los servidores públicos, condición que adquirieron los maestros oficiales.

Finalmente, censuró que el fallo reprochado desconoce el criterio fijado por la Corte Constitucional, en las Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-98 de 2018, y el Consejo de Estado, en la providencia de unificación de 6 del

Constitucional, en las Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-98 de 2018, y el Consejo de Estado, en la providencia de unificación de 6 del agosto de 2020 4, consistente en que como los docentes poseen la calidad de servidores públicos, son destinatarios de la sanción moratoria dispuesta en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto del 27 de septiembre de 2023 admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo de Boyacá y (ii) dispuso vincular al Ministerio de Educación Nacional y a la Gobernación de Boyacá, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

4 Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

5 2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Tribunal Administrativo de Boyacá. A través del ponente del fallo acusado, sostuvo que en la presente acción no se acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, puesto que el tutelante “(...) no explica de manera alguna la supuesta afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados ». Sin embargo, en caso de que se considere que la tutela sí es procedente, se debe tener en cuenta que «la consignación tardía de las cesantías establecida en el régimen

la supuesta afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados ». Sin embargo, en caso de que se considere que la tutela sí es procedente, se debe tener en cuenta que «la consignación tardía de las cesantías establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 no le es aplicable [al accionante], pues las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989 no configura los supuestos legales para que resulte procedente la aplicación de sanci ón por consignación luego del 15 de febrero siguiente a la causación ”, por ende, existió justificación legal para negar las pretensiones de la demanda ordinaria.

2.1.2 Gobernación de Boyacá . Por conducto de apoderado, indicó que el responsable del pago de las cesantías de los docentes de la Secretaría de Educación de Boyacá es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Asimismo, afirmó que “(...) la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no contempla tal sanción (...)”.

2.1.3 Ministerio de Educación Nacional. Guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el asunto sometido a su conocimiento, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en

prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el asunto sometido a su conocimiento, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

6 3.2 Análisis general de procedencia de la acción de tutela.

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional 5 ha establecido para tal propósito los siguientes requisitos generales:

Requisito Explicación

1. Relevancia constitucional Que la tutela no se emplee como una instancia adicional del juicio ordinario ni que comporte discusiones meramente legales y/o económicas, es decir, se debe fundamentar porqué la cuestión planteada afecta derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -573 de 20196, determinó que este presupuesto tiene 3 finalidades: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 7 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 8; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10».

2. Subsidiariedad

los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10».

2. Subsidiariedad Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

3. Inmediatez Que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración

4. Irregularidad procesal debe tener impacto en la sentencia que se ataca Se debe demostrar, en caso de alegarse alguna irregularidad procesal, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia objeto de reproche y que afecta garantías superiores de la parte actora. 5. Identificación de hechos y exponerlos en sede ordinaria Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible.

6. Que no se trate de sentencias de tutela Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0111, en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o

en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.

5 Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 6 M. P. Carlos Bernal Pulido. 7 Sentencia C-590 de 2005. 8 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T -1044 de 2007, T -658 de 2008, T-505 de 2009, T -610 de 2009, T -896 de 2010, T-040 de 2011, T -338 de 2012, T-512 de 2012, T -543 de 2012, T -1061 de 2012, T-931 de 2013, T -182 de 2014 y T406 de 2014. 9 Sentencia C-590 de 2005. 10 Sentencia T-102 de 2006. 11 Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

7 Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar

que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular, “(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; 12 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición13.14”.

De igual modo, aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 15, existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son: “(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y ( ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de e dad, incapacidad física, entre otros”. Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso, en el

el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de e dad, incapacidad física, entre otros”. Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

Esbozado el anterior panorama, debe examinarse si los anteriores presupuestos se configuran en el asunto bajo estudio , para proseguir así con el estudio de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, de la siguiente manera:

12 Sentencia SU-961/99. 13 Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009. 15 Sentencia T-584 de 2011.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

8 Requisito Cumplimiento Si - No 1. Relevancia constitucional Sí. Por cuanto (i) los reproches consistentes en la indebida aplicación normativa y la falta de atender jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia (sanción moratoria para docentes por pago tardío de sus cesantías anualizadas) y el principio de favorabilidad no comportan asuntos de mera legalidad; (ii) las presuntas irregularidades indicadas tienen la entidad de afectar sus garantías superiores al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del actor y (iii) las inconformidades aquí enunciadas no son reiteración de los argumentos planteados en las diligencias ordinarias, por tanto, no involucran una tercera instancia ni se emplea esta tutela como

administración de justicia del actor y (iii) las inconformidades aquí enunciadas no son reiteración de los argumentos planteados en las diligencias ordinarias, por tanto, no involucran una tercera instancia ni se emplea esta tutela como un recurso adicional contra el fallo censurado. 2. Subsidiariedad Sí. Contra el fallo acusado no procede recurso alguno, toda vez que, se emitió en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado. De igual modo, no se advierte que los reproches formulados se enmarquen dentro de alguna de las causales previstas en el artículo 250 16 del CPACA para interponer en contra del fallo acusado recurso extraordinario de revisión. 3. Inmediatez Sí. La determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 29 de junio de 202317 y la solicitud de amparo se instauró el 25 de septiembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 26 días)

4. Irregularidad procesal debe tener impacto en la sentencia que se ataca Sí. No se alega irregularidad procesal alguna.

5. Identificación de hechos y exponerlos en sede ordinaria Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores

6. Que no se trate de sentencia de tutela Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela

De lo anterior se evidencia que la presente acción de tutela cumple los presupuestos generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

3.3 Problema jurídico .

generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

3.3 Problema jurídico .

Le corresponde a esta Subsección determinar si la sentencia de l 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que confirmó el fallo del

16 «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue

necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». 17 De acuerdo con lo verificado en la herramienta electrónica Samai, el correo electrónico mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de junio de 2023, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 26 siguiente, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00

Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

9 21 de noviembre de 2022 , proferido por el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Tunja, vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, tras considerar que, en esencia : (i) se desconoció el artículo 53 de la Constitución que establece derechos y garantías mínimas de los trabajadores y el principio de favorabilidad ; (ii) no se atendió el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por falta de consignación del auxilio de cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, a la que tienen derecho los maestros oficiales y, (iii) se inaplicó el criterio fijado por la Corte Constitucional, en las Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado, en la providencia de unificación de l 6 de agosto de 202018.

Constitucional, en las Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado, en la providencia de unificación de l 6 de agosto de 202018.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, concretamente, sobre los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, a saber: (i) desconocimiento del precedente legal y constitucional, (ii) defecto sustantivo y (iii) violación directa de la Constitución Política.

3.4 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omis ión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la

presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de am enaza en la que se encuentra; y (iv) que la

18 Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05278-00 Dídimo Cobos Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá

10 acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho19.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional sistematizó las denominadas vías de hecho en las cuales podían incurrir las providencias dictadas por los jueces de la República en sus distintas especialidades (penal, civil, laboral, contencioso administrativo, y demás) y, por consiguiente, la procedencia excepcional de la acción de tutela en c ontra de estas. Posteriormente, mediante la Sentencia T -217 de 2010 esa misma Corporación rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentenc ias y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar, con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando te nga indudable relevancia constitucional

causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar, con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando te nga indudable relevancia constitucional resulta procedente. Dicha tesis sigue vigente, por ejemplo, entre otras, en la Sentencia SU-128 de 2021.

En esa medida, la actual doctrina constitucional establece que únicamente procede la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación

1. Orgánico Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia.

2. Procedimental absoluto Se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido.

3. Fáctico Surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 4. Material o sustantivo Cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión. 5. Error inducido Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales. 6. Decisión sin motivación Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.

7. Desconocimiento del precedente

afecta derechos fundamentales. 6. Decisión sin motivación Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.

7. Desconocimiento del precedente En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado.

8. Violación directa a la Constitución Procede cuando la decisión judicial