CE - 010315000202305282001SENTENCIA20231013153724

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -052 82 -00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-05282-00

Accionante: Emperatriz Covaria Covaria

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirm ó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a doc ente oficial afiliad a al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La S ubsección decide la acc ión de tutela instaurada por la señora Emperatriz Covaria Covaria contra el Tribunal Administrativo de Boyacá por la expedición de la sentencia del 11 de julio de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2022-00161-01.

HECHOS

la sentencia del 11 de julio de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2022-00161-01.

HECHOS

La señora Emperatriz Covaria Covaria afirmó que ha laborado en la entidad territorial certificada en educación del departamento de Boyacá después de 1990, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no con signó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajadora del Estado.

Igualmente, señaló que el 8 de noviembre de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segu nda del Consejo de Estado.

Expuso que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021 , el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez, profesional

Estado.

Expuso que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021 , el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez, profesional universitario de Liquidación y Nómina de la Secretaría de Educación de Boyac á, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 2 de marzo de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las súplicas de la demanda.

De la misma forma, expuso que interpuso r ecurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurispru dencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo ; sin embargo , refirió que el 11 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.

INCONFORMIDAD

La accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al de bido proceso, s eguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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Para el efecto, en primer lugar, explicó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad d e la acción de tutela para discutir providencias judiciales en el caso concreto, con especial énfasis en la exigencia de la relevancia constitucional , para lo cual resaltó que no resulta factible, en atención a los principios de igualdad e in dubio pro ope rario y a la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990 , pues tienen el carácter de servidores públicos.

Posteriormente, afirmó que el aquí accionado incurrió en violación directa de la Constitución Política, puesto que en la sentencia cuestionada se inobservó el artículo 53, relativo a la aplicación de la situación más favorable al trabajador, y en defecto sustantivo, al negar el reconocimiento de la sanción moratoria.

Para el efecto, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimient o y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posteriori dad al 1.° de enero de 1990, en

accedido al reconocimient o y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posteriori dad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso ser ía resuelto en el mismo sentido, en atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Sección prec itada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009-000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014 -00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22084 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 20 21, 2015-90008-01 (2387-2020); 11 de noviembreRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 19 de enero de 2023, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte

2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18, SU332/19 y SU041/20 . Sobre el particular, añadió que en los tribunales administrativos del país también existen precedentes judiciales, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docente s vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las sentencias con las siguientes fechas y radicados: 21 de julio de 2022, 201800097-00; 24 de enero de 2023, 2019 -00046-01; 31 de mayo de 2019, 201300734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos juzgados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 202200115-00; 21 de septie mbre de 2022, 2 022-00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de

2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos po r la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de ci erre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres

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Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que no es cierto que de la Ley 344 de 1996 hubiera nacido la obligación de consignar las cesantía s para los servidores públicos del nivel territorial, pues lo que allí se estableció es que hasta su fecha de promulgación se respetaría el régimen de cesantía s que cada empleado público de ese orden tuviera; la posición de aquel implicaría desconocer de d ónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria , sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa med ida, coligió que la conclusión del Tribunal Administrativo de Boyacá consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las c esantías en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 11 de julio de 2023 en el proces o que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igual dad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atie nda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal con stitucional en la s sentencias SU098/18, SU332/19 y SU041/20 y la Sección Segunda de esta corporación , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 25 de septiembre de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la referencia mediante proveído , en el que se ordenó notificar y correr traslado,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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para que ejercier an su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado; y a la Nación-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá , como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá , por conducto de l magistrado José Ascención Fernández Osorio , manifestó que con la Sentencia SU573/19 la Corte

como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá , por conducto de l magistrado José Ascención Fernández Osorio , manifestó que con la Sentencia SU573/19 la Corte Constitucional varió la posición que había fijado en la Sentenci a SU098/18, la cual constituye el sustento principal de la parte actora, en el sentido de señalar que las acciones de tutela instauradas contra sentencias ordinarias en las que se niega el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales carece de relevancia constitucional.

Así, expuso que el presente asunto versa so bre prerrogativ as eminentemente legales y de carácter económico que no tienen relación directa con un derecho fundamental; además, en la sentencia controvertida en esta sede expresamente analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral.

Agregó que los argumentos esgrimidos en esta acción son casi idénticos a los razonamientos que fundamentaron la d emanda ordinaria y que fueron estudiados en las dos instancias; aunado a que en la decisión que adoptó resolvió de manera amplia y razonada todos los cargos de la apelación conforme a la normativa aplicable y desarrolló los motivos que impedían la aplicaci ón de la Sentencia SU098/18, esto es, porque los supuestos fácticos no eran similares.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, ante la ausencia de una vulneración ius fundamental.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, ante la ausencia de una vulneración ius fundamental.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación , por medio del jefe de la Oficin a Asesora Juríd ica, afirmó que no se cumplieron los requisitos de, primero, subsidiariedad, en tanto no se ha agotado el incidente de nulidad ni las demás acciones ordinarias previstasRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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para proteger el debido proceso, y, segundo, relevancia constitucional, puesto que no se observó la carga argumentativa que demuestre una real y concreta amenaza o vulneración de derechos fundamentales.

Adicionalmente, hizo especial énfasis en la independencia y autonomía de quienes cumplen la función judicial y solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, ordenar su desvinculación.

La Fiduprevisora S.A. , mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales , porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en vi rtud del artícu lo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán

actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en vi rtud del artícu lo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recurso s para el pago de las cesantías , lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la L ey 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el mencionado fondo conforman el patrimonio a utónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario , por lo que los recur sos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para lo s docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías , razón por la cual no po dría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Adicionalmente, expuso que la señora Emperatriz Covaria Covaria parte de una exegesis indebida de la jurisprudencia citada como desconocida, pues, de un lado, la Sentencia SU098/18 se trata de una providencia interpretativa y que no tiene los mismos supuestos de hecho al caso analizado y, de otro, en los pronunciamientos del Consejo de Estado se decidieron casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

del Consejo de Estado se decidieron casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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En ese orden de ideas, precisó que las autoridades j udiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda a ducirse que los funcionarios judiciales accionados hayan inobservado los precedentes sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de la accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularla, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Boyacá , a través de apoderada, solicitó desestimar las pretensiones de la actora , ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales conculcados.

Adicionalmente, precisó las actuaciones que adelantó ante la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por parte de la accionante y refirió que realizó el proceso de liquidación oportunamente y de manera diligente la remitió al FOMAG, por ser de su competencia.

De otra parte, aseguró que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados a FOMAG, pues están amparados por un régimen jurídico especial en materia de cesantías que no la

Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados a FOMAG, pues están amparados por un régimen jurídico especial en materia de cesantías que no la contempla. Igualmente, esclareció que en la Sentencia SU098/18 la Corte Constitucional decidió un caso de u n docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, por lo cual no resulta vin culante en el presente asunto, en tanto no guarda identidad fáctica o jurídica con lo aquí debatido.

En esa medida, adujo que no resulta factible que se emit a un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos discutidos dado que no existe una sentencia de unificación por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en el proceso ordinario se garantizó el debido proceso a to dos los intervinientes y se emitió una sentencia perfectamente soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas dentro del proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuan do se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuant o a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asun to objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resoluci ón corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanis mos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utiliza da para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del ju icio (v. gr. pr ueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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derechos fundamentales; máxime s i tales fallos están sometidos a un riguroso

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derechos fundamentales; máxime s i tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defect os en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presen ta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verific ar si se config ura algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para d iscutir la sentencia del 11 de julio de 2023 proferida por el TribunalRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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Administrativo de Boyacá.

Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marcada relev ancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisió n judicial controvertida

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Administrativo de Boyacá.

Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marcada relev ancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisió n judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo a quí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aqu ella; 4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) la solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

Esclarecido lo anterior, a esta Sub sección le incumbe examinar si en la sentencia discutida en esta sede se configuraron los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política . Así las cosas , los desacuerdos planteados pueden resumirse en el desconocimiento del principio de favorabilidad ante el no reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, a pesar de que tiene derecho a ella en su condición de docente oficial afilia da al FOMAG , como lo han reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en su jurisprudencia.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que el Tribunal Administrativo d e Boyacá , en la sentencia discutida en esta sede const itucional, analizó las leyes 6 de 1945, 91 de 1989, 63 de 1993, la General de Educación , 812 de 2 003, 50 de 1990 y 344 de 1996 y los decretos 3118 de 1968 y 1582 de

812 de 2 003, 50 de 1990 y 344 de 1996 y los decretos 3118 de 1968 y 1582 de 1998, a partir de l os cuales evidenció que la sanción moratoria es incompatible con las com petencias y procedimientos presupuestales previstos para la financiación de las cesantías de los docentes.

Además, consideró que en el ordinal 3.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció una prerrogativa particular consistente en que los inter eses de las cesantías de los docentes oficiales se calculan con la tasa DTF aplicada sobre el monto de cesantías acumulado al 31 de diciembre de cada año, no sobre la suma que corresponde a la liquidación anual del emolumento , lo que implicaba que los docentes cuentan con una norma especial que regula la liquidación de dichos intereses de forma más favorable que la prevista en la Ley 50 de 1990.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05 282 -00

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Igualmente, precisó que la Sentencia SU098/18 no constituye un precedente para el caso, pues en ella se extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 de una docente oficial con condiciones particulares distintas a las de la demandante.

Por último, aclaró que no desconocía las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se ha accedido a l a sanción referida a favor de docentes oficiales; sin embargo, afirmó que se apartaba de es