CE - 010315000202305328001SENTENCIA20231124092130

Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

Accionante: James Rosas Villanueva

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

Accionante: JAMES ROSAS VILLANUEVA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE

DECISIÓN NRO. 4

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza legal y económica.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor James Rosas Villanueva contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 4, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 008 2022 00065 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor James Rosas Villanueva , actuando por conducto de apoderado,

15001 33 33 008 2022 00065 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor James Rosas Villanueva , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/27/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220006501, transgredió

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A

LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,

GARANTÍA A LA SEGUR IDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la (sic) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los

SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la (sic) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda […]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 29 de julio de 2021 solicitó al precitado ente territorial

de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 29 de julio de 2021 solicitó al precitado ente territorial el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora establecida p or el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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Señaló que mediante el acto administrativo identificado con el radicado 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá le negó el conocimiento y pago de la sanción por mora dispuest a en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en la Ley 5 2 de 1975.

El accionante, actuando por conducto de apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá, con el fin que se declarara la nulidad del precitado acto administrativo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja que, en sentencia del 12 de diciembre de 202 2 negó las

declarara la nulidad del precitado acto administrativo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja que, en sentencia del 12 de diciembre de 202 2 negó las pretensiones, providencia contra la que el hoy accionante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 4, en sentencia del 27 de junio de 2023 la confirmó.

La parte actora indicó que “ (…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de 2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públ icos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social (…)”2.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

Expuso que “ (…) la decisión por parte del órgano colegiado en la jurisdicción contencioso administrativo del Departamento del Quindío (sic), partió del desconocimiento del derecho (…) para adoptar una decisión, desconociendo toda la legislaci ón del sector docente oficial de antaño (…)”3.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias d el Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes sal as, compuestas por sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”4.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 2020 5, 24 de enero de 20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, 29 de julio de 20199, 2 de diciembre de 201910, 10 de junio de 202011, 22 de octubre de 202012,

20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, 29 de julio de 20199, 2 de diciembre de 201910, 10 de junio de 202011, 22 de octubre de 202012, 12 de noviembre de 2020 13, 17 de juni o de 2021 14, 4 de noviembre de

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 4 Ibidem. 5 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 7 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01. 9 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01. 10 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01. 11 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01. 12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 14 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro.

13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 14 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro. 08001 23 33 000 2015 00331 01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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202115, 25 de noviembre de 2021 16, 11 de noviembre de 2021 17, 20 de enero de 202218, 3 de marzo de 202219, 28 de abril de 202220, 9 de mayo de 202221, 19 de mayo de 202222, 1 de julio de 202223, 22 de agosto de 202224, 22 de septiembre de 202225, 19 de enero de 202326 y 26 de enero de 202327.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio 2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 28 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió

“(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente (…)”29, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

15 Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02. 16 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001 23 40 000 2017 00134 01. 17 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y 080001 23 40 000 2015 90008 01. 18 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01. 20 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01. 21 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01.

22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01. 24 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01. 25 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01. 26 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02. 27 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01. 28 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00. 29 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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3.1. La tutela fue radicada el 2 2 de septiembre de 202330 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 27 de septiembre de 202331 la admitió y dispuso notificar32 a los magistrados de la Sala de Decisión nro. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte accionada, así como

Sección Primera que, por auto del 27 de septiembre de 202331 la admitió y dispuso notificar32 a los magistrados de la Sala de Decisión nro. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte accionada, así como vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) 33, al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja34 y al departamento de Boyacá35, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja y/o al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 4, que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 15001 33 33 008 2022 00065 00/01, el cual fue remitido36.

3.2. La titular del Juzgado Octavo Administrativo de Tunja rindió informe37 en el que manifestó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta acción de tutela se impartió el trámite legal correspondiente y se agotó el debido proceso.

Adujo que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva frente al despacho a su cargo, comoquiera que la parte actora alega una presunta violación de sus derechos fundamentales únicamente por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá con ocasión de la se ntencia de

30 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del p roceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 31 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 31 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 32 Esta orden se cumplió el 6 de octubre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 33 Ibidem. 34 Ibidem. 35 Esta orden se cumplió el 19 de octubre de 2023. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 36 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 37 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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segunda instancia proferida el 27 de junio de 2023 por dicha autoridad judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que “(…) el accionante a través de su apoderado no argumenta en el escrito tutelar la vulneración de derechos fundamentales, sino que centra su inconformidad con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente, en

apoderado no argumenta en el escrito tutelar la vulneración de derechos fundamentales, sino que centra su inconformidad con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente, en tanto la acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos dentro del trámite ordinario, ni mucho menos para modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada (…)”.

3.3. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional presentó escrito38 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que “ (…) la pretensión del accionante y su argumento jurídico respecto de la procedencia de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción constitucional ni por la contenciosa administrativa, pues ambas han expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018 abrió, aparentemente, la puerta a la aplicación de esa norma en los casos que nos ocupan; sin embargo, mediante sentencia SU-573 de 2019 reconoció que tal debate no tenía relevancia constitucional por tratarse de una cuestión legal de contenido patrimonial (…)”.

3.4. La coordinadora de tutelas de Fiduprevisora S.A. radicó escrito 39 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

38 Visto en el índice 1 0 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 39 Visto en el índice 1 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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Indicó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

3.5. El magistrado encargado del despacho nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá allegó informe40 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Expuso que el asunto bajo examen versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías , conceptos laborales que no tienen relación di recta con un derecho fundamental.

moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías , conceptos laborales que no tienen relación di recta con un derecho fundamental.

Sostuvo que la sentencia cuestionada “ (…) adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal (…)”.

3.6. La apoderada del departamento de Boyacá presentó escrito41 en el que solicitó se desestimen las pretensiones del accionante, comoquiera que no existe vulneración de sus derechos fundamentales.

Explicó que la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no contempla tal sanción.

40 Visto en el índice 13 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 41 Visto en los índices 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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Aseveró que el trámite, tal como está establecido en la norma especial, se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero y en medio de físico el 5 de febrero de 2021.

Anotó que “ (…) el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada y que, en esa medida, no constituye una vía de hecho. Asunto diferente es que el actor no comparta el criterio expuesto por el juez de segunda instancia; sin embargo, no es la acción de tutela un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial (…)”.

3.7. El expediente ingresó al despacho para fallo el 27 de octubre de 202342.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 199143 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201544, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de

de 199143 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201544, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202145, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 46 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

42 Visto en el índice 1 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00. 43 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 44 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 45 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 46 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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4.2. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A., se adv ierte que dicha petición no es procedente, comoquiera que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora S.A., fue vinculado al trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de esta acción, fue promovida en su contra.

4.3. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente47:

4.3.1. El señor James Rosas Villanueva , actuando por conducto de apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1 - 38 del 26 de agosto de 2021, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá , mediante el cual le negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías, establecida en la Ley 50 de 1990; así como, la indemnización por el pago tardío de los intereses a las

negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías, establecida en la Ley 50 de 1990; así como, la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se conden ara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo

47 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 008 2022 00065 00/01. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05328 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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1 de la Ley 52 de 1975, en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja que, en sentencia del 12 de diciembre de 2022 negó las pretensiones.

4.3.3. En contra de la precitada decisión, el hoy accionante interpuso

Administrativo de Tunja que, en sentencia del 12 de diciembre de 2022 negó las pretensiones.

4.3.3. En contra de la precitada decisión, el hoy accionante interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 4, en sentencia del 27 de junio de 2023 la confirmó.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional48

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez

48 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos

providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez

48 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la sentencia C – 590 de 2005.Radicación: 11001 03 15 000 2023 05328 00

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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”49.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional50.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades51:

constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades51:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

49 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 50 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judic ial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”. 51 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.Radicación: 11