CE - 010315000202305330001SENTENCIA20231013144806

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-05330-00

Accionante: Elma Gil Sandoval

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente oficial afiliad o al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La S ubsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Elma Gil Sandoval contra el Tribunal Administrativo del Boyacá por la expedición de la sentencia del 26 de mayo de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001333300420220010801.

HECHOS

La señora Elma Gil Sandoval afirmó que labora en la Secretaría de Educación de l

derecho con radicado 15001333300420220010801.

HECHOS

La señora Elma Gil Sandoval afirmó que labora en la Secretaría de Educación de l Departamento de Boyacá y fue vinculad a con posterioridad al 1.° de enero de 1990, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Igualmente, señaló que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consi gnadas sus cesantías del año 2020, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones social es del Magisterio, por lo que el 26 de julio de 2021, al haber transcurrido más de 5 meses sin que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pag o, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1. -38 de 8/26/2021; la

50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1. -38 de 8/26/2021; la Secretaría de Educación de Boyacá le negó el pago de los conceptos solicitados, por lo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las súplicas de la demanda.

Que interpuso recur so de apelación en contra de la anterior providencia , al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción , conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órg anos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo; sin embargo, el 26 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo del Boyacá confirmó la decisión recurrida.

La aquí accionante consider a que el Tribunal Administrativo de l Boyacá vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis , seguridad jurídica y desconocimiento del preced ente judicial vertical.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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Como fundamento de su solicitud, l a parte actora hizo refe rencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza y fin del auxilio de cesantías 1 y

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Como fundamento de su solicitud, l a parte actora hizo refe rencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza y fin del auxilio de cesantías 1 y posteriormente se refirió a la aplicación del régimen anualizado de éstas a los docentes vinculados después de 1990 y 1996, así como al derecho a la sanción moratoria por su pago tardío.

Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de c esantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prest ación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos».

Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU -098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de dicha providencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en virtud d el principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

En este sentido, sostuvo que la p rovidencia cuestionada incurrió en tres errores: sustantivo, violación directa de la Constitución y descono cimiento de precedente, el primero por la inaplicación del artícu lo 99 de la Ley 50 de 1990, el segundo por desatención del artículo 53 Superior, ref erido a la interpretación de la situación más favorable para el trabajador y, el último por ignorar las sentencias sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En este punto, relacionó las providencias dictadas, en su mayoría, por las dist intas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01

1 Específicamente, citó in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte ConstitucionalRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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(4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014 -00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 d e junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0 483-20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de n oviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 20 19-00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agos to de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); y 22 de septiembre de 2022, 2015-90124-01 (2394-2020).

Insistió en que es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los doc entes

y 22 de septiembre de 2022, 2015-90124-01 (2394-2020).

Insistió en que es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los doc entes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que, se deberá afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías ; de allí que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación favorable dep recada, lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 26 de mayo 2023 en el proceso por ella promovido, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los p rincipios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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tribunal constitucional en la sentencia SU098/18 y la Sec ción Segunda de esta corporación, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 26 de septiembre de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la refer encia mediante proveído , en el que se ordenó notificar y correr traslado, para que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado; y a la Nación-Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Social es del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá, como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de l Magistrado ponente de la decisión cuestionada , dio respuesta a la demanda refiriéndose a los requisitos generales y causales específicas para que sea procedente la acción de tutela contra providencia judicial y afirmó que en este caso no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la pare actora solo se refiere a la aplicación de las normas de la Ley 50 de 1990 en el caso de su poderdante, sin señalar de manera precisa en que consiste la afectación de sus derechos fundamentales.

Que dicha ley no es aplicable a la demandante, pues las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del

manera precisa en que consiste la afectación de sus derechos fundamentales.

Que dicha ley no es aplicable a la demandante, pues las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989 no configura los supuestos l egales para que resulte procedente la aplicación de sanción por consignación luego d el 15 de febrero siguiente a la causación y tampoco resulta procedente en virtud del principio de favorabilidad aplicar disposiciones normativas de uno y/o régimen pues est e princi pio está limitado por el principio de inescindibilidad de la norma que impid e el fraccionamiento de los diferentes regímenes y finalmente, se determinó detalladamente que no existe precedente vinculante al caso concreto pues los supuestos fácticos de las sentencias cuya aplicación se solicitó eran diferentes al caso de la docente ELMA GIL SANDOVAL.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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Insistió en que la acción de tutela no es procedente y en caso de serlo, solicitó negar el amparo deprecado , en tanto no se observa una vulneración de a lgún derecho fundamental de la peticionaria de la protección ni la configuración de un defecto.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiduprevisora S.A. , mediante la jefe de dependencia de la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales , sostuvo que la argumentación de la parte accionante es

defecto.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiduprevisora S.A. , mediante la jefe de dependencia de la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales , sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales , porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesa les realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago d e las cesantías , lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el mencionado fondo conforman el patrimonio autónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario , por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afili ados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías , razón por la cual no podrí a configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Adicionalmente, expuso que la solicitud de tutela parte de una indebida interpretación de la juris prudencia citada como desconocida, pues, de un lado, la

por la consignación inoportuna de las cesantías.

Adicionalmente, expuso que la solicitud de tutela parte de una indebida interpretación de la juris prudencia citada como desconocida, pues, de un lado, la Sentencia SU098/18 no tiene los mismos supuestos de hecho al caso analizado y, de otro, en los pronunciamientos del Consejo de Estado se decidieron casos particulares y concretos en donde las pretensi ones no han prosperado por estar prescritas.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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En ese orden de ideas, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa esta blecida, sin que pueda aducirse que los funcionarios judiciales accionados hayan ino bservado los precedentes judiciales sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales del accionante. Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularl a, por falta de legitimaci ón en la causa por pasiva.

El Departamento de Boyacá se pronunció , refiriéndose en primer lugar al procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías e intereses a las cesantías de los docentes del régimen anualizado de ese departamento; al origen y manejo de los recursos, los cuales señaló, no so consignados a cuenta del ente territorial, ni es este quien gira los recursos para el pago de las cesantías de cada docente, sino que estos son girados al Fondo por el Ministerio de Educación

y manejo de los recursos, los cuales señaló, no so consignados a cuenta del ente territorial, ni es este quien gira los recursos para el pago de las cesantías de cada docente, sino que estos son girados al Fondo por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Sistema General de Participaciones para Educación

De otro lado, se refirió a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, indicó que no es aplicable al caso la sanción moratoria establecida en la ley 50 de 1990, ni el precedente invocado por la docente aquí accionante; para finalmente, expresar que el Tribunal Administrativo de Boyacá en ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado, empero, que por parte de l órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo no se ha expedido una sentencia de unificación que zanje esta discusión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de re solver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechosRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos

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fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específi cas establecid as en la Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras e xigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a l os jueces ord inarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa jud icial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de l a decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos f undamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derec hos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentenc ias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las p rovidencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría i ncurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.

3 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defec to procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de da r cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental

legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la t utela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido cons titucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examina r las exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer luga r, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se cumplen la totali dad de los re quisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la sentencia del 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección; 2) el accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquíRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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expuesto; 3) la a cción se pres entó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hec hos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le corresponde examinar si en la sentencia discutida en esta sede se configuraron los defectos alegados. Los desacuerdos planteados pueden resumirse en el desconocimiento del principio d e favorabilidad ante el no reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, pues la demanda plantea que tiene derecho a ella en su condición de docente oficial afiliada al FOMAG y que así lo han reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en su jurisprudencia.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia discutid a en esta sede constitucional, luego de analizar el auxilio de cesantías en el secto r docente , la sanción moratoria, la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías y los hechos probados en el proceso, explicó que el régimen anualizado de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 fue extendido en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 a todos los servidores públicos del nivel

los hechos probados en el proceso, explicó que el régimen anualizado de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 fue extendido en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 a todos los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 , con excepción de los docentes oficial es, en atención a que estos cuenta n con un régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.

Determinó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la Sentencia SU 098 DE 2018 y el presente asunto principalmente porque en el sub examine el demandante si fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y las Entidades demandadas no han menoscabado sus derechos laborales pues los recursos independientemente del momento en que fueron transferidos por parte del Ministerio re sponsable de su giro, se encuentran a disposición del docente para cuando pretenda su retiro parcial o definitivo.

Adicionalmente, aclaró que las sentencias que fundamentaron la demanda y el recurso de apelación no constituyen precedente unificador que generara la vinculación de su criterio, en los términos de los artículos 10, 102 y 27 0 de la Ley 1437 de 2011 . Agregó que así lo señaló la Corte Constitucional en la SentenciaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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SU098/18, al evidenciar que no existe una posición unificada sobre la aplicación

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SU098/18, al evidenciar que no existe una posición unificada sobre la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

Se refirió al principio de favorabilidad invocado por la demandante y señaló que el principio de inescindibilidad es un límite y complemento de aquél y, que pasar por alto el principio de inescindib ilidad bajo el argumento de favorabilidad lleva a la configuración de una grave inseguridad jurídica pues cualquier persona puede pretender la aplicación de disposiciones de regímenes que no fueron creados para atender sus circunstancias particulares ; lo que conllevaría a la fragmentación total de los diferentes regímenes que fueron creados en atención a las circunstancias particulares de cada grupo de trabajadores y la Admi nistración Pública no tendría seguridad respecto del texto normativo respecto del cual debe orientar su obrar.

Pues bien, señalados los razonamientos del aquí accionado, la Subsección observa que aquel realizó un análisis de la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso, y específicamente las sentencias SU098/18, SU332/19, lo cual le permitió concluir que no es procedente la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG.

Al respecto, se denota que el accionante difiere de la anterior conclusión, dado que, a su modo de ver, ex iste una postura unificada, como se ha definido en las

a favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG.

Al respecto, se denota que el accionante difiere de la anterior conclusión, dado que, a su modo de ver, ex iste una postura unificada, como se ha definido en las decisiones judiciales SU098/18, SU332/19 y SU041/20 ; sin embargo, esta Sala advierte que ninguna de las anteriores pr ovidencias constituye precedente judicial para el caso concreto, dado que en ellas no se fijó ninguna regla de decisión sobre la aplicación de la ley precitada para el referido sector, como se pasa a explicar.

Ciertamente, en la primera sentencia referida , si bien la Corte Constitucional analizó la procedencia de las disposiciones de la Ley 50 de 1990 , concretamente de la sanción moratoria, lo hizo únicamente en relación con un docente oficial que no fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, debido a errores internos, lo cual implicaba la responsabilidad de l segundo de los men cionados por la totalidad de las prestaciones sociales respectivas, en los términos del artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, situación fáctica que difiere de la del accionante.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -05330 -00

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Así mismo, se evidencia que los supuestos fácticos estudiados en la Sentenc ia SU098/18 son iguales a los que acontecieron en varios de los procesos que dieron lugar a la expedición de las sentencias dictadas por las distintas subsecciones del

Así mismo, se evidencia que los supuestos fácticos estudiados en la Sentenc ia SU098/18 son iguales a los que acontecieron en varios de los procesos que dieron lugar a la expedición de las sentencias dictadas por las distintas subsecciones del Consejo de Estado alegadas como desconocidas por la accionante, como lo son las del 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16), en la que, además, valga señalar, se unificó únicamente lo relativo al término de prescripción de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990; 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 28 de abril de 2022, 2013-00756-01 (2224-2020); y 19 de mayo de 2022, 2019-00359-01 (4004-2021).

En este mismo sentido , es importante dilucidar que e