CE - 010315000202305333001SENTENCIA20231019161718

Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05333-00

Demandante: GILMA MIREYA BONILLA LEGUIZAMÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón contra el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión N.°6, conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 22 de septiembre de 2023, la señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón , actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 22 de septiembre de 2023, la señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón , actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administrac ión de justicia, a la igualdad y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentenci a dictada el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión N.º 6. En esta decisión judicial se confirmó la providencia de primera instancia proferida el 12 de diciembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número de radicado 15001-33-33-008-2022-0011401.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

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1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, la señora Bonilla Leguizamón solicitó lo siguiente:

1.Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la

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1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, la señora Bonilla Leguizamón solicitó lo siguiente:

1.Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No.15001333300820220011401, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUAL DAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, EGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la ant erior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constituci onal en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento

precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constituci onal en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]1.

1.3. Hechos

La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

4. La señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón se desempeña como docente en una entidad territorial certificada en educación del Departamento de Boyacá, después del año 1990.

5. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

6. Indicó que el 29 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionada con la no consignaci ón de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado.

Además, también pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

99 de la Ley 50 de 1990.

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

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7. El 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá mediante acto administrativo negó el reconocimiento y la consecuente sanción por mora, debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías.

8. Inconforme con la anterior decisión, la señora Gilma Mireya Bonilla interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . En dicho medio de control solicitó la nulidad del acto administrativo reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

9. En providencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja profirió sentencia de primera instancia. En esta providencia, se negaron las pretensiones de la demanda.

10. Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallado del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competen cia en el reconocimiento y pago de las cesantías para los docentes. Asimismo, examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la

del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competen cia en el reconocimiento y pago de las cesantías para los docentes. Asimismo, examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975.

11. En contra de la anterior decisión, la señora Gilma Mireya Bonilla presentó recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia del 26 de mayo de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado.

12. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicable a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sean incompatibles con dicho régimen.

13. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU -098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicable s al presente caso difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera

presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera

2 Como fundamento del recurso, el accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

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directa a esta situación.

14. Por otro lado, indicó que no existe precedente emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes vinculados al FOMAG. Así, señaló que, si bien existía un pronunciamiento del 19 de enero de 2023 emitido por el órgano de cierre de esta jurisdicción accediendo a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón a que realizaba

a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón a que realizaba un estudio respecto de las SU-573 y 041 de 2020.

15. Finalmente, indicó que la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo reconocimiento pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

1.4. Sustento de la vulneración

16. La señora Bonilla Leguizamón mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

4. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, en la cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional , con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundament ales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

5. Arguyo que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo

5. Arguyo que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

17. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

18. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se

situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

19. En ese orden, la señora Bonilla Leguizamón refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sust antivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

20. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

21. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativ a. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo de Boyacá.

la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativ a. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

22. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en

el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADODemandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de ju nio de 2019

DR. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – DR. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-03-15000-201903499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLAS YEPES

GARZÓN – DR. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-03-15000-201903499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001-23-33000-201400173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31

de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGASDemandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

7

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGASDemandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 26 de enero de 2023

Dr. RAFAEL

FRANCISCO GÓMEZ

VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 26 de enero de 2023

Dr. RAFAEL

FRANCISCO GÓMEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

23. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

24. Por último, el apoderado de la señor a Gilma Mireya Bonilla Leguizamón , trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del

país, en las que se ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 70001-33-33002-202200115-00

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE SINCELEJO3 05001-33-33019-202200085-00

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

MEDELLÍN4 76-001-33-

• 3 05001-33-33019-202200085-00

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE MEDELLÍN4 76-001-3333-002-202200095-00

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGADemandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 76111 3333 003 2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 6 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 7 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 8 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

9 27001 3333 005 2022 0012200

SUAREZ 8 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

9 27001 3333 005 2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

EMILSON MARMOLEJO GARCIA 10 76147 3333 002 2022 00008 00 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL CTO DE BUGA01|1 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. Mediante auto del 26 de septiembre de 2023 3, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de

Decisión N.º 6.

26. A su vez, dispuso la vinculación como terceros con i nterés del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja [autoridad de primera instancia], al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Autoridades demandadas en el proceso ordinario] y a la Fiduprevisora SA

[Entidad vocera y administ radora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional].

[Entidad vocera y administ radora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional].

27. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que, si lo considera necesario, interviniera en el presente trámite.

28. Por otro lado, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6 y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que proporcionaran una copia íntegra digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho designado con el radicado 15001-33-33-008-2022-00114-00/01, en el cual la señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón actuaba como demandante.

1.6. Intervenciones

3 Notificado el 29 de septiembre de 2023.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

29. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

29. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

30. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

31. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá

32. La autoridad judicial presentó un informe en el que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la presente acción de tutela. En su argumento, destacó que la decisión en cuestión no está viciada de ningún defecto que pueda

32. La autoridad judicial presentó un informe en el que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la presente acción de tutela. En su argumento, destacó que la decisión en cuestión no está viciada de ningún defecto que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora

Bonilla Leguizamón.

33. Enfatizó que la Corte Constitucional4 ha establecido que la acción de tutela es un recurso excepcional contra decisiones judiciales, sujeto a requisitos generales y, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad. No obstante, consideró que, en el caso actual, la solicitud de amparo presentada no es procedente por falta de relevancia constitucional.

34. Señaló que, las pretensiones de la demandante carecen de fundamento , ya que la decisión en cuestión ya ha sido debatida en el contexto legal y jurisprudencial aplicable. Lo que busca es reabrir un debate que ya ha sido resuelto por el juez natural, argumentando la aplicación de criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en situaciones que son diferentes a las de su caso.

4 Sentencia C-590 de 2005.Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

35. Indicó que los hechos presentados en la acción tutelan se centran en la no

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

35. Indicó que los hechos presentados en la acción tutelan se centran en la no aplicación de ciertos pronunciamientos que, según la accionante, respaldan la aplicación de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, estos argumentos ya fueron analizados en detalle en la sentencia que resolvió el recurso de apelación, concluyendo que la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990 no es aplicable a la actora debido a las particularidades administrativas del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989. Además, precisó que no es procedente aplicar disposiciones normativas de diferentes regímenes en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

1.6.3. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

36. La autoridad judicial de primera instancia señaló que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con las etapas previstas en el ordenamiento procesal y que se garantizó el debido proceso en todo momento.

37. Destacó que no se cumplen los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para la imposición de la sanción por la consignación tardía de las cesantías anualizadas a favor de l