CE - 010315000202305490001SENTENCIA20231031124921

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / Régimen de las cesantías previsto en las Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989 -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG / Sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

La señora Gloria Cecilia Yepes Jaramillo a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión ,1 por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de l derecho, así como los principios de favorabilidad y de perpetuatio jurisdictionis.

1 Integrada por los magistrados Jairo Jiménez Aristizábal y Gloria María Gómez Montoya.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

1 Integrada por los magistrados Jairo Jiménez Aristizábal y Gloria María Gómez Montoya.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001 33 33 014 2022 00197 01, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el precedente sentado por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria a la que tiene derecho.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. La señora Gloria Cecilia Yepes Jaramillo que labora como docente del municipio de Antioquia, vinculad a con posterioridad al 1.° de enero de 1990, tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de intereses cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional

reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de intereses cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG no le consignó las cesantías correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

1. Transcurridos cinco meses sin que fuera realizada la consignación de las cesantías, el 28 de octubre de 2021 la señora Yepes Jaramillo solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. A través de apoderado la señora Gloria Cecilia Yepes radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declarara la nulidad del acto identificado como Oficio 202130508927 del 16 de noviembre de 2021, por medio del cual se le negó el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó su reconocimiento.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. El 13 de febrero de 2023 , el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín negó las pretensiones del medio de control.

1. El 30 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de

1. El 13 de febrero de 2023 , el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín negó las pretensiones del medio de control.

1. El 30 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión confirmó el fallo proferido por el juez a quo que negó las súplicas de la demanda.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

La señora Gloria Yepes Jaramillo afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión , al expedir la sentencia del 30 de agosto de 2023 , vulneró sus derechos fundamentales debido a que:

1. Desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,2 en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales , toda vez que el Tribunal contrarió tal conclusión pues sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no hacerlo, procede reconocer la indemnización por su pago inoportuno.

2 las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001 23 31 000 2009 00867 y del 6 de agosto

de 2020, expediente 08001 23 33 000 2013 00666 01 y los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001 -0315-000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 -23-31-000-2014-00254-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001 23 31 000 2014 00815 y 08001 -23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-0002015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expe dientes 080001-23-40-0002015-90008-01 y 080001 -23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001 -23-33-0002014-01127-01 y 40001 -23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001 -23-33-000-20170093101; 3 de marzo de 2022 , expediente 080001 -23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-0002017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001 -23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, e xpediente 47-001-23-33-000-201900376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01; 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-0231-01.4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Incurrió en un defecto sustantivo, pues el Tribunal c onfundió los regímenes de cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignar las a los trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar de que son dos cosas diferentes. En este sentido, refirió los antecedentes normativos

cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignar las a los trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar de que son dos cosas diferentes. En este sentido, refirió los antecedentes normativos sobre el régimen de las cesantías de liquidación anual y el respectivo reco nocimiento de intereses, y, precisó que a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y, por tanto, debía consignarle antes del 15 de febrero de 2021 las cesantías que la Nación como patrono previamente le traslada, y como no lo hizo, en virtud de los principios de igualdad y favorabilidad, y en atención al precedente reiterado de las altas cortes, debió reconocerle la sanción moratoria.

1. En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

1. Desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no aten dió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales.

1.4. Actuación procesal

personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no aten dió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 9 de octubre de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y vinculó como terceros interesados a la Nación-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FOMAG y al municipio de Medellín para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión3 Jairo Jiménez Aristizábal, indicó que la Sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional varió l a posición fijada en la Sentencia SU-098 de 2018 -la cual es el sustento principal de la accionante-, en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales. Advirtió que diferentes Secciones del Consejo de Estado acogi eron tal

relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales. Advirtió que diferentes Secciones del Consejo de Estado acogi eron tal criterio, por ejemplo, la Sección Segunda, Subsección A, en Sentencia del 23 de marzo de 2023.

Adicionalmente, puso de presente que la providencia cuestionada destacó que no existe un fallo de unificación del Consejo de Estado, por lo que en aplicación de los principios de autonomía e independencia judicial, acogió la postura según la cual los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio poseen una regulación especial en la Ley 91 de 1989 para el reconocimiento, liquidación y pago de sus cesantías e intereses, por lo que no tienen derecho a la sanción por mora en la consignación de sus cesantías, en los términos de la Ley 50 de 1990; además agregó que no resultaba aplicable la Sentencia SU-098 de 2018, por referirse a supuestos fácticos diferentes.

1.5.2. El apoderado del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,4 Jorge Mario Gómez Ayala , manifestó que hasta la fecha el órgano de cierre d e la jurisdicción de lo contencioso administrativo no h a proferido sentencia de unificación que zanje el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir , si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación

3 Expediente digital de tutela. 4 Expediente digital de tutela.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación

3 Expediente digital de tutela. 4 Expediente digital de tutela.6

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Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como a su indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la Ley 52 de 1975.

1.5.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional,5 Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que, si bien es cierto la accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada importancia constitucional. Además, resaltó que el debate que se presenta es de naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, razón por la cual solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo

la cual solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, quebrantó los derechos fundamentales invocados por la accionante al proferir la providencia del 30 de agosto de 2023 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001 33 33 014 2022 00197 01 , por

5 Expediente digital de tutela.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de la cual resolvió confirmar la providencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

Administrativo de Medellín que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sentencia C -590 de 2005, 6 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregula ridad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante

del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregula ridad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que esta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaro n la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20148 acogió un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de

6 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Es indispensable verificar que la acción de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, así como los principios de favorabilidad y de la perpetuatio jurisdictionis . y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como el defecto que, en criterio de la accionante, se configuró en la decisión objeto de litis.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que el despacho ponente de la presente

desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como el defecto que, en criterio de la accionante, se configuró en la decisión objeto de litis.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que el despacho ponente de la presente decisión, en anteriores oportunidades ,9 consideró que en estos casos no se encontraba colmada la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional también lo es que, en atención a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, resulta indispensable determinar si la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se acompasa con lineamientos trazados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proveído de unificación precitado, comoquiera que se encuentran en juego las prerrogativas constitucionales mencionadas.

Así las cosas, a partir de la providencia proferida en 26 de octubre de 2023 en el expediente 11001 03 15 000 2023 03988, se modificó la anterior posición y se acogió el criterio mayoritario de la Sala frente a este asunto.

9 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y 11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

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Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala considera que el asunto objeto de estudio cumple con el requisito de subsidiariedad, en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión , que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia del 13 de febrero de 2023 por el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín, de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada fue dictada el 30 de agosto de 2023 , notificada por correo electrónico el 31 de igual mes y año,10 mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 27 de septiembre de igual anualidad,11 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia enjuiciada, pues no se está únicamente ante una controversia meramente legal y económica, pues más allá de cuestionarse el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por el pago tardío de las cesantías a los docentes del sector oficial afiliados al FOMAG, lo que se discute es el desconocimiento

legal y económica, pues más allá de cuestionarse el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por el pago tardío de las cesantías a los docentes del sector oficial afiliados al FOMAG, lo que se discute es el desconocimiento del principio de favorabilidad, aspecto que trasciende la esfera constitucional.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Hechos probados De conformidad con las pruebas , que obran dentro del expediente , se puede establecer lo siguiente:

10 35NotificaFallo2a.pdf 11https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305490001100 10311

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.1. El 11 de mayo de 2022, a través de apoderado, la señora Gloria Cecilia Yepes Jaramillo radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 202130508927 del 16 de noviembre de 2021, mediante el cual

Magisterio -FOMAG y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 202130508927 del 16 de noviembre de 2021, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías del año 2020, en los términos del artículo 1 .° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991, así mismo que se ordenara el reconocimiento y pago de dicha sanción a partir del 15 de febrero de 2021 y hasta el día en que se efectúe la consignación de la prestación, así como la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

2.4.2. El 13 de febrero de 2023 , el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda. Al efecto, argumentó:

En el presente proceso se encuentra probado que la parte demandante es docente afiliada al Fomag, y por lo tanto el régimen de cesantías aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989, el cual es un régimen especial.

Por lo tanto, al no existir dentro del régimen especial docente, la obligación de consignación anual de cesantías, es claro que no tienen derecho al reconocimiento y pago de una sanción por consignación extemporánea consagrada en el artículo 99 de la

Por lo tanto, al no existir dentro del régimen especial docente, la obligación de consignación anual de cesantías, es claro que no tienen derecho al reconocimiento y pago de una sanción por consignación extemporánea consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al reconocimiento y pago de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que rigen para el régimen general de los servidores públicos.

Lo anterior, en tanto se dijo que los regímenes dispuestos en las Leyes 50 de 1975 y 52 de 1975, no es aplicable a los docentes, en tanto se reitera, los docentes gozan de un régimen especial de cesantías, siendo incompatibles las sanciones solicitadas en las pretensiones de la demanda, en virtud del principio de inescindiblidad normativa, máxime cuando dentro del régimen especial se establece una forma diferente de liquidación y pago bajo un procedimiento propio, y sin contemplar una consignación del valor anual de las cesantías a una cuenta individual.

Bajo tal escenario, no hay compatibilidad entre el régimen especial de la Ley 91 de 1989 que determine tal circunstancia similar con el régimen general, que ofrezca mayor favorabilidad para los docentes, pues es importante tener en cuenta que los recurso s que son girados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05490 00

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gloria Cecilia Yepes Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocimiento y pago de dicha prestación, provienen de una serie de aportes anuales. Dichos recursos son girados de forma global e incorpora todas las Secretarías de Educación, con una periodicidad mensual durante todo el año, con aplicación al rubro de cesantías, y con ello la fiduciaria administradora procede a efectuar los pagos, bajo el procedimiento que para tal fin tiene establecido el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

[…]

De igual manera, frente a los intereses a las cesantías y la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975 por el no pago oportuno, es claro también, que dicha norma aplica para el régimen general, y no propiamente para el régimen especial docente, que cuenta con un procedimiento interno para su pago, fijado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.4.3. El 30 de agosto de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, confirmó el fallo proferido por el juez a quo que negó las súplicas de la d