CE - 010315000202305617001SENTENCIA20231120184841

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: EMMA SOLER HUERTAS Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN CDEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

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Los señores EMMA, MIGUEL ÁNGEL , DESIDERIA, LUÍS

HERNANDO, JUAN ELISEO, FRANCISCO, FLOR DEL CARMEN ,

BRÍGIDA, MARTHA CECILIA , LEONOR y ANA MARÍA SOLER

HUERTAS, JOSÉ EGIDIO NARANJO RODRÍGUEZ , MAURICIO NARANJO SOLER y JOSÉ LEONARDO CUERVO SOLER, actuando a través de apoderad o judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL al proferir las providencias de 26 de octubre de 2022 y 1o. de marzo de 2023, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-038-2015-00476-01.

I.2. Hechos

Afirmaron que el 14 de mayo de 201 3 la señora EMMA SOLER HUERTAS acudió al servicio de consulta externa del HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E., debido a una hemorragia vaginal y luego de la valoración realizada por los especialistas le fue practicada una “histerectomía de abdomen total”.3

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“histerectomía de abdomen total”.3

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Relataron que debido a la saturación practicada en el conducto del riñón a la vejiga, a la señora EMMA SOLER HUERTAS se le produjo una lesión en el uréter que con posterioridad le ocasionó daño renal definitivo.

Manifestaron que presentaron demanda de reparación directa contra

el HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E., la SUBRED INTEGRADA

DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL

OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E. , HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E. y la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material causados a la señora EMMA SOLER HUERTAS, por la presunta falla en la atención médica.

Señalaron que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 11001-33-36-038-2015-00476-01 y le correspondió por reparto en primera instancia al JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.2 que, mediante sentencia de 12 de julio de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.2 que, mediante sentencia de 12 de julio de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró administrativa y patrimonialmente responsable al HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. y lo condenó a pagar los

2 En adelante el Juzgado.4

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daños de orden moral y material. Asimismo, ordenó la condena en costas y exoneró de responsabilidad a las demás entidades demandadas.

Aseguraron que inconformes con la decisión , al igual que el HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. , se interpusieron los recursos de apelación respectivos, los cuales fueron resueltos por el TRIBUNAL que, en providencia de 26 de octubre de 2022, revocó parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar , no condenó en costas a la institución hospitalaria, actualizó los valores de la condena y confirmó en lo demás.

Resaltaron que solicitaron aclaración de l fallo ante TRIBUNAL que, mediante proveído de 1o. de marzo de 2023 , adicionó el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de discriminar los valores de los perjuicios reconocidos a cada uno de

mediante proveído de 1o. de marzo de 2023 , adicionó el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de discriminar los valores de los perjuicios reconocidos a cada uno de los accionantes.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Aseveraron que la s providencias proferidas por el TRIBUNAL incurrieron en el defecto fáctico y material, toda vez que, a su juicio, las decisiones carecen de supuestos legales y probatorios que5

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sustenten la exoneración de responsabilidad de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por cuanto no se tuvo en cuenta la póliza núm. 1005711 que aseguraba los daños reclamados en la demanda y que los habilitaba a demandar a la sociedad aseguradora.

Sostuvieron que es necesaria la intervención del juez de tutela , por cuanto al exonerar de responsabilidad patrimonial a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS , se pone en riesgo la reparación integral y, además, el patrimonio público de la entidad demandada que para tales efectos contrató una póliza que asegura los daños antijuridicos reclamados.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

que para tales efectos contrató una póliza que asegura los daños antijuridicos reclamados.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1.- Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de EMMA SOLER

HUERTAS, JOSE EGIDIO NARANJO RODRIGUEZ, MAURICIO

NARANJO SOLER, JOSÉ LEONARDO CUERVO SOLER, MIGUEL

ANGEL SOLER HUERTAS, DESIDERIA HUERTAS SOLER, LUIS

HERNANDO SOLER HUERTAS, JUAN ELISEO SOLER

HUERTAS, FRANCISCO SOLER HUERTAS, FLOR DEL CARMEN

SOLER HUERTAS, BRIGIDA SOLER HUERTAS, MARTHA CECILIA SOLER HUERTAS, LEONOR SOLER HUERTAS y ANA MARIA SOLER HUERTAS transgredidos con ocasión a la liberación de responsabilidad patrimonial de LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS contenido en la sentencia de segunda instancia fechada del 26 de octubre de 2022 y que fue objeto de adición mediante providencia del 01 de marzo de 2023 notificada6

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el 27 de marzo de 2023 dictadas al interior del proceso de

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el 27 de marzo de 2023 dictadas al interior del proceso de reparación directa No. 11-001-3336-038-2015-00476-01.

2.- Se deje sin efecto parcialmente la decisión del 26 de octubre de 2022 del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SUBSECCIÓN “C” únicamente en lo que respecta al estudio de responsabilidad patrimonial de la

demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

3.- Se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SUBSECCIÓN “C” a proferir nueva decisión a través de la cual se estudie únicamente la responsabilidad patrimonial de LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS de conformidad con el contenido del contrato estatal por medio del cual se expidió la póliza No. 1005711 así como de su condicionado general y particular teniendo en cuenta que el artículo 1133 del Código de Comercio habilitaba a los accionantes a demandar directamente al asegurador y asegurado en un solo proceso. […]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores y, por el contrario, recalcó que la demanda fue tramitada de conformidad a la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que se

vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores y, por el contrario, recalcó que la demanda fue tramitada de conformidad a la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y la responsabilidad se le endilgó exclusivamente a la entidad hospitalaria.

Asimismo, manifestó que no es posible que los actores aleguen la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión a la7

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sentencia que resultó favorable a sus intereses y, aseguró que “[…] la posición de los aquí accionantes puede implicar una reducción al absurdo, pues estarían reclamando por un eventual perjuicio –“riesgo para el patrimonio público” - que afectaría a la E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN II, derivado del pago una sentencia condenat oria que les fue favorable, como culminación de una demanda promovida por ellos mismos en contra de la mencionada E.S.E. MEISSEN II, lo cual equivaldría a admitir que la sentencia favorabl e a sus pretensiones estaría en la base de un perjuicio que ellos ahora buscan evitarle al Hospital por vía de tutela […]”.

Finalmente, señaló que se debe declarar improcedente la acción de tutela de la referencia , o en su defecto, denegar las pretensiones,

estaría en la base de un perjuicio que ellos ahora buscan evitarle al Hospital por vía de tutela […]”.

Finalmente, señaló que se debe declarar improcedente la acción de tutela de la referencia , o en su defecto, denegar las pretensiones, pues no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales deprecados por los actores.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente digital del medio de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.8

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I.6.2.- Los HOSPITALES MEISSEN II NIVEL E.S.E., OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E . y SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E., la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y a las compañías de seguros LA PREVISORA S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A ., pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A ., pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez9

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Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente10

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relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no

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relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por11

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exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por11

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el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la prote cción constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial

una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando12

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derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando12

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sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se dejen sin efecto las providencias de 26 de octubre de 2022 y 1o. de marzo de 2023 , proferidas por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-038-2015-00476-01.

A las citadas providencias los actores les atribuyen la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, toda vez que las decisiones carecen de supuestos legales y probatorios que sustenten la exoneración de responsabilidad de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por cuanto no se tuvo en cuenta la póliza núm. 1005711 que aseguraba los daños reclamados en la demanda y que los habilitaba a demandar a la sociedad aseguradora.

por cuanto no se tuvo en cuenta la póliza núm. 1005711 que aseguraba los daños reclamados en la demanda y que los habilitaba a demandar a la sociedad aseguradora.

Sostuvieron que es necesaria la intervención del juez de tutela , por cuanto la decisión de exonerar de responsabilidad patrimonial a la13

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PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, se pone en riesgo la reparación integral y, además, el patrimonio público de la entidad demandada que, para tales efectos, contrató una póliza que asegura los daños antijuridicos reclamados.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede14

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-00

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”15

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jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-00

Actores: EMMA SOLER HUERTAS Y OTROS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuestión que se pretende d