CE - 010315000202305660001SENTENCIA20231031121449

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación:

11001-03-15-000-2023-05660-00

Accionante: TRÁNSITO DE PALERMO S.A.

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la sociedad Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta 1, por intermedio de apoderado judicial, solicit ó el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila , dentro del medio de control de protección de

igualdad en conexidad con el principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila , dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con e l número único de radica ción 41001-33-33-005-2020-00161-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo

siguiente:

2.1. Mencionó que el señor Yeison Fabián Méndez Losada presentó la demanda de acción popular con número único de radicación 41-001-33-33-005-2020-001611 En adelante sociedad Tránsito de Palermo S.A.2

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

00/01, contra del Municipio de Palermo y de la sociedad Tránsito de Palermo S.A., por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la libre competencia económica y a la defensa del patrimonio público, con ocasión de la indebida administración de los recursos recaudados por concepto de infracciones de tránsito en el Municipio de Palermo, entre los años 2008 y 2020, en tanto que no fueron destinados a financiar los planes de tránsito, de educación, de dotación de equipos, de combustible y de seguridad vial.

infracciones de tránsito en el Municipio de Palermo, entre los años 2008 y 2020, en tanto que no fueron destinados a financiar los planes de tránsito, de educación, de dotación de equipos, de combustible y de seguridad vial.

2.2. Adujo que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, autoridad judicial que mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que el 12 de enero de 2022 el señor Yeison Fabián Méndez Losada apeló la decisión de primera instancia y que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo de 11 de abril de 2023, revocó la sentencia apelada y en su lugar amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.

2.4. Enfatizó que el ad quem le ordenó al Municipio de Palermo y a la sociedad Tránsito de Palermo S.A. que garanticen las actuaciones necesarias para lograr que el total del recaudo por concepto de multas y sanciones de tránsito que ingresen al ente territorial, «[…] se destinen específicamente para los conceptos de planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las multas, conforme lo dispone el artículo 160 de la Ley 769 de 2002 […]».

2.5. Puntualizó que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila

multas, conforme lo dispone el artículo 160 de la Ley 769 de 2002 […]».

2.5. Puntualizó que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto sustantivo al omitir analizar en el fallo de segunda instancia el artículo 160 de la Ley 769 de 6 de julio de 20022, al no tener en cuenta que la norma señala que el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito se puede destinar a la gestión del sistema de recaudo de las multas y no únicamente a la gestión de planes y proyectos del sector movilidad.

2.6. Expuso que la autoridad judicial de segunda instancia omitió estudiar lo señalado en los artículos 58, 59 y 69 de la Ley 2197 de 25 de enero 20223, en lo relacionado con que «[…] [l]as autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites

2 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones». 13 de septiembre de 2002. D.O. No. 44.932. 3 «Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dict an otras disposiciones». 25 de enero de 2022. D.O. No. 51.928.3

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas […]»4.

2.7. Adicionalmente, afirmó que el artículo 595 de la Ley 2197 de 2022 no modificó el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, sino que señaló una destinación adicional que se le puede dar a los recursos provenientes de las multas de tránsito.

2.8. En ese mismo sentido, agregó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta el concepto de 1° de julio de 20206, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el que se analizó el alcance del artículo 5 de la Ley 1843 de 14 de julio de 20177, y se señaló que: «[…] las autoridades de tránsito quedaron investidas para contratar con particulares, (…) los bienes y servicios que les faciliten realizar directamente el cobro de las multas […]», y se introdujo la posibilidad de utilizar los recursos recaudados por las multas de tránsito para la gestión del sistema de recaudo.

2.9. Finalmente, refirió que hubo una violación directa de la Constitución y a la ley porque el Tribunal accionado desconoció la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y les impuso, vía jurisprudencial, obligaciones no previstas en la Constitución Política y en la ley, lo cual desencadenó en un desconocimiento de sus derechos fundamentales.

III. PRETENSIONES

economía mixta y les impuso, vía jurisprudencial, obligaciones no previstas en la Constitución Política y en la ley, lo cual desencadenó en un desconocimiento de sus derechos fundamentales.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A (sic) Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , toda vez que (sic) TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN, en sentencia del 11 de abril de 2023 incurrió en defecto material o sustantivo y violación directa a la ley y a la Constitución, pues, omitiendo el principio de interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico desconoció durante el debate procesal, los artículo 7, 135, 159 y 169 de la ley (sic) 769 de 2002, los artículos 59 y, 60 de la ley (sic) 2197 de 2002 los artículos 38,68, 96, 97, 98, 100, 105, 110,111,112,114 de la ley 489 de 1998, artículos 461 del código del comercio (sic), los artículos 1 y 11 del decreto (sic) 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación) y lo establecido en el (sic) artículos 150 numeral 7, 300, 313 de la Constitución Política.

4 Ley 2197 de 2022. Artículo 58. 25 de enero de 2022 (Colombia).

Nación) y lo establecido en el (sic) artículos 150 numeral 7, 300, 313 de la Constitución Política.

4 Ley 2197 de 2022. Artículo 58. 25 de enero de 2022 (Colombia). 5 «ARTÍCULO 59. Las entidades territoriales podrán destinar hasta un 50% de los recursos provenientes de las multas y sancione s por infracciones de tránsito para la ejecución de acciones y medidas que permitan realizar labores de control operativo y regulación de tránsito en los territorios, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial». 6 Consejo de Estado . Sala de Consulta y Servicio Civil . Radicación 11001 -03-06-000-2019-00182-00, C.P. Édgar González López; Concepto de 1 de julio de 2020. 7 «Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones». 14 de julio de 2017. D.O. No. 50.294.4

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 11 de abril de 202, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN dentro de proceso de acción popular con radicado No. 41001-33-33-005-2020-00161-01.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN dentro de proceso de acción popular con radicado No. 41001-33-33-005-2020-00161-01.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN , que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de acción popular No. 41001 -33-33-005-2020-00161-01, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis (sic), como lo hiciera el juzgado quinto administrativo (sic) de Neiva Huila, en sentencia del 15 de diciembre de 2015 y observando el concepto No. 22 -2023 emitido por e l procurador judicial (sic) 153 de la Procuraduría General de la Nación […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tut ela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso a l señor Yeison Fabián Méndez Lozada, al Municipio de Palermo – Huila y al Juzgado

Quinto Administrativo del Circuito de Neiva.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuad as las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados, se advierte que se allegó el siguiente informe y respuesta:

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila , a través de uno de sus magistrados,

5. Una vez efectuad as las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados, se advierte que se allegó el siguiente informe y respuesta:

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila , a través de uno de sus magistrados, rindió informe en el que puntualizó que el Tribunal no vulneró ni desconoció los derechos fundamentales de la parte accionante y que la sentencia cuestionada contiene las razones fácticas y jurídicas que fundamentaron la decisión adoptada.

5.2. El señor Yeison Fabián Méndez Losada manifestó que, a su juicio, no se cumplía con el requisito general de procedencia de inmediatez, teniendo en cuenta que la providencia objeto de la presente acción de amparo es del «11 de abril de 2022» [sic]. Por tal motivo solicitó despachar de manera desfavorable las pretensiones elevadas a través de este mecanismo constitucional.5

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201911.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello

es así, se deberá determinar:

b) Si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida dentro del medio de control de acción popular con radicado número 41001-33-33-005-2020-00161-00/01.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el

8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ». 19 de noviembre de 1991.

sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el

8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ». 19 de noviembre de 1991. 9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 26 de mayo de 2015. 10 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 6 de abril de 2021. 11 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». 1 de abril de 2019. 12 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencio so Administrativo . Radicación: 2009 -01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González; 31 de julio de 2012.6

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estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-59013 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

10. Ahora bien, la sentencia C-59013 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 201514.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial15, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución16.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C -590 de 2005, exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño;

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C -590 de 2005, exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de 2005. 14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 1 de octubre de 2015. 15 Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-619 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 3 de septiembre de 2009. 16 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, q ue surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y, ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamen tos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

y, ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamen tos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición c onstitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.7

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providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”17 que encaje en dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado número 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La sociedad Tránsito de Paler mo S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con e l principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la sente ncia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila , dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radica ción 41001-33-33-005-2020-0016100/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional. Para lo cual, luego de abordar la relevancia constitucional, se analizará que: i) no hay limitación al alcance de un derecho fundamental, ii) la autoridad judicial no profirió una decisión arbitraria y, iii) el asunto gira en torno a lo que fue discutido dentro del proceso popular.

VI.4.1. Requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

decisión arbitraria y, iii) el asunto gira en torno a lo que fue discutido dentro del proceso popular.

VI.4.1. Requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que

17 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T225 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; 23 de marzo de 2010.8

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el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental18 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones19.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela co ntra providencias judiciales20, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces21.

20. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, que:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado

los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, que:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii ) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela q ue el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para qu e el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)

21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 2022 23 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una

18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C -590 de 2005, exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de 2005. 19 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de 2017 y T-458 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016. 20 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial. 21 Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de febrero de 2006. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 22 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez ; 5 de agosto de 2014. 23 Corte Constitucional . Sala Plena. S entencia SU -215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo ; 16 de junio de 2022.9

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discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcion ada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

a. El caso no tiene la enti dad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Con stitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. (…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones d e tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto)10

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de

Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de

202324.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentat