CE - 010315000202305724001SENTENCIA20231026162748

Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05724-00

Demandante: ÁNGEL RAFAEL MERCADO DÍAZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Ángel Rafael Mercado Díaz contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 2 9 de septiembre de 2023, el señor Ángel Rafael Mercado Díaz, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 2 9 de septiembre de 2023, el señor Ángel Rafael Mercado Díaz, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia dictada el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral. En esta decisión judicial se revocó la providencia de primera instancia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número de radicado 70001-3333-002-2022-00148-00/01, para en su lugar denegar las suplicas de l medio deDemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

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control.

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, el señor Mercado Díaz solicitó lo siguiente:

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control.

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, el señor Mercado Díaz solicitó lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 24/05/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220014801, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JU RISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y

precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]1.

1.3. Hechos

La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

4. El señor Ángel Rafael Mercado Díaz se desempeña como docente en una entidad territorial certificada en educación del departamento de Sucre, después del año 1990.

5. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidor público por haber laborado el año 2020, lo cual debió transferirse ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag).

6. Indicó que el 15 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionada con la falta de consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado.

Además, también pidió la indemnización por el pago tardío de los intereses a las

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

Además, también pidió la indemnización por el pago tardío de los intereses a las

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

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cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 . No obstante, hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela, no recibió respuesta alguna, lo que llevó a la configuración de un acto administrativo ficto o presunto.

7. Por lo tanto, el señor Ángel Rafael Mercado Díaz interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . En esta solicitó la nulidad del acto administrativo reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

8. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo profirió sentencia de primera instancia. En esta providencia, se accedieron parcialmente a las pretensiones contenidas en la demanda ordinaria. En particular, se tomó la siguiente decisión:

1. Declarar la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo previamente generado debido a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre. Este se relaciona con el reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías, de acuerdo a lo establecido en el artículo

previamente generado debido a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre. Este se relaciona con el reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99, numeral 3° de la Ley 50 de 1990, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retraso.

1. No acceder a las solicitudes de la demanda relacionadas con la indexación e indemnización por el pago tardío de los intereses de cesantía, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 1. ° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de

1991.

9. Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallado del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competencia en el reconocimiento y pago de las cesantías para los docentes. Asimismo, examinó la incompatibilidad de l régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975.

10. En contra de la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento de Sucre y el señor Mercado Díaz presentó recurso de apelación2.

Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, el cual, en sentencia del 24 de mayo de 2023, optó por revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda ordinaria.

Oral, el cual, en sentencia del 24 de mayo de 2023, optó por revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda ordinaria.

2 Como fundamento del recurso, el accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las du das sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia.Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

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11. En su fallo , el tribunal fundamentó su decisión en varios aspectos. Entre ellos, destacó que estaba probado que el señor Mercado Díaz es un docente afiliado al Fomag y que su régimen de cesantías es el anualizado. Debido a esta situación, consideró que, al ser afiliado a dicho fondo, el demandante goza de un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías, por lo que no procedía la imposición de la sanción moratoria derivada de la falta de consignación de las cesantías.

12. Además, mencionó que, la posición fijada en la SU -098 de 2018 , no es

no procedía la imposición de la sanción moratoria derivada de la falta de consignación de las cesantías.

12. Además, mencionó que, la posición fijada en la SU -098 de 2018 , no es vinculante. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso son diferentes de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se pueden aplicar directamente a esta situación

13. Finalmente, señalo que, dado que no hay un precedente consolidado de obligatoria aplicación en este caso, que sea similar a aquellos procesos en los que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y este tribunal han aplicado la sanción por favorabilidad que la parte demandante busca, dicha penalidad no puede ser reconocida.

1.4. Sustento de la vulneración

14. El señor Ángel Rafael Mercado Díaz mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

15. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, en la cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional , con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

16. Arguyo que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el Fomag, los docentes no tienen garantía de la prestación , lo cual transgrede el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

17. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protecciónDemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

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inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

18. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha

pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

18. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al Fomag. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

19. En ese orden, el señor Ángel Rafael Mercado Díaz refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo , en un desconocimiento del precedente . Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

20. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

21. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre

21. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral.

22. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en

el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONALDemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

6

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONALDemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

DR. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA

LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

DR. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – DR. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-03-15000-201903499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001-23-33000-201400173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-2017Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 (0871-2020) 26 de enero de 2023

Dr. RAFAEL

FRANCISCO GÓMEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

23. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

24. Por último, el apoderado de l señor Ángel Rafael Mercado Díaz trajo a colación las siguientes providencias de los juzgados administrativos del país:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL

SANCHEZ BRITODemandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 05001 3333 019 2022 0009700

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 05001 3333 019 2022 0009700

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

MEDELLÍN

PATRICIA CÓRDOBA VALLEJO 3 70001 3333 002

2022 0007200

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

SINCELEJO

LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002

2022 0014700

22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE QUIBDÓ

YUDY YINETH MORENO CORREA 5 76001 3333 002

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO

DE GUADALAJARA

DE BUGA

JUAN MIGUEL

MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO

DE GUADALAJARA

DE BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO

DE BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO

CTO

DE BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO

DE BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005

2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL

CTO

DE QUIBDÓ

EMILSON

MARMOLEJO GARCIA 10 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO

PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. Mediante auto del 3 de octubre de 2023 3, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de referencia. En consecuencia , ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral . A su vez, dispuso la vinculación como terceros con

interés del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo [autoridad de primera instancia], al departamento de Sucre, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [autoridades demandadas en el proceso ordinario] y a la Fiduprevisora SA [ entidad vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio].

26. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Prestaciones Sociales del Magisterio].

26. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que, si lo considera necesario, interviniera en el presente trámite.

27. Por otro lado, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo para que proporcionaran una copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del

3 Notificado el 6 de Octubre de 2023.Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

derecho designado con el radicado 70001-23-33-002-2022-00148-00/01, en el cual el señor Ángel Rafael Mercado Díaz actuaba como demandante.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

28. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

29. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del fondo.

30. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre

31. La autoridad judicial presentó un informe en el que solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela. En su argumento, destacó que en la decisión en cuestión no se configuran los presupuestos procesales y materiales para una sentencia de tutela favorable a los intereses del señor Mercado Díaz.

32. Señalo que la situación presentada en la demanda presentada por el actor difiere sustancialmente de la analizada en la sentencia SU-098 de 2018 y en las

para una sentencia de tutela favorable a los intereses del señor Mercado Díaz.

32. Señalo que la situación presentada en la demanda presentada por el actor difiere sustancialmente de la analizada en la sentencia SU-098 de 2018 y en las sentencias del Consejo de Estado en las que, por razones de favorabilidad, se aplicó la sanción moratoria prev ista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

33. Destacó que la decisión adoptada se fundamentó en la evidencia aportada en el expediente y se ajustó al régimen especial de cesantías aplicable a los docentes afiliados al Fomag. Como resultado, mencionó que la sala en ejercicio de la autonomía judicial, llegó a la conclusión de que la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías correspondientes al año 2020Demandante: Ángel Rafael Mercado Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2023-05724-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

antes del 15 de febrero del año siguiente no era aplicable al señor Ángel Rafael Mercado Díaz. Por consiguiente, concluyó que procedía la consignación de dicha prestación en una cuenta individual, dado que los fondos destinados para su pago se desembolsan de manera global y se incorporan de forma mensual a lo largo del año.

34. En consecuencia, argumentó que la acción de tutela en cuestión debe ser considerada improcedente, principalmente debido a la ausencia del requisito fundamental de la relevancia constitucional. Esto se debe a que la parte

del año.

34. En consecuencia, argumentó que la acción de tutela en cuestión debe ser considerada improcedente, principalmente debido a la ausencia del requisito fundamental de la relevancia constitucional. Esto se debe a que la parte demandante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para volver a debatir la decisión dictada en la providencia del 24 de mayo de 2023.

1.6.3 Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo

35. La autoridad judicial de primera instancia remitió el expediente electrónico correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 70001-33-33-002-2022-00148-00/01, en el que el señor Ángel Mercado Díaz actuaba como demandante. Sin embargo, la mencionada no emitió un pronu