CE - 010315000202305808001SENTENCIA20231127125536

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Actor: Liliana Cárdenas Gil

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Demandante: LILIANA CÁRDENAS GIL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SALA TRANSITORIA, SUBSECCIONES “A” Y “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Revocatoria de acto administrativo que reconoció meses de alta. Defectos fáctico y por violación directa de la

Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Liliana Cárdenas Gil , quien actúa mediante apoderad o judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B” , en la que pide el amparo constitucional

judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B” , en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad , supuestamente vulnerados con la sentencia de 2 de marzo de 2023, mediante la cual revocó los ordinales segundo y tercero del fallo de primera instancia y , en su l ugar, se accedió a las pretensiones tendientes al reintegro de los dineros que se le cancelaron por concepto de 3 meses de alta, en el marco d el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (acción de lesividad) con radicado No. 11001-33-42-057-2018-00552-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Relató que la Policía Nacional, mediante Resolución No. 04536 de 10 de septiembre de 2018, aceptó la renuncia de la señora Liliana Cárdenas Gil en el cargo de especialista tercero, que ocupaba en el Instituto para la Seguridad Social Bienestar de la Policía Nacional y le reconoció 3 meses de alta equivalente a $8.520.000.

Afirmó que, mediante Oficio N° S -2018-052561/DITAH-APROP-2.25 de 3 de octubre de 2018, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional solici tó a la señora Liliana Cárdenas Gil autorización para revocar la Resolución No. 04536 de 10 de septiembre de 2018, sin embargo, mediante Oficio No. 098011 de 9 deRadicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

la señora Liliana Cárdenas Gil autorización para revocar la Resolución No. 04536 de 10 de septiembre de 2018, sin embargo, mediante Oficio No. 098011 de 9 deRadicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Actor: Liliana Cárdenas Gil

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octubre de 2018, la señora Liliana Cárdenas Gil expresó que no otorgaba su consentimiento para tal efecto.

Indicó que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la señora Liliana Cárdenas Gil, con el fin de anular la Resolución No. 04536 de 10 de septiembre de 2018, pues la antes mencionada no tenía derecho al reconocimiento y pago de los 3 meses de alta, pues para ese entonces ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, en decisión de 10 de octubre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues la señora Liliana Cárdenas Gil no es beneficiaria del régimen prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990, en la medida que su vinculación com o empleada de la Policía Nacional se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no es destinataria de la prerrogativa de los 3

vinculación com o empleada de la Policía Nacional se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no es destinataria de la prerrogativa de los 3 meses de alta que le fue reconocida en el numeral segundo del acto administrativo acusado. Sin embargo, negó la devolución de dineros, al no demostrarse la mala fe.

Por último, manifestó que la entidad interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión , y que e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, en fallo de 2 de marzo de 2023, la revocó, para en su lugar , acceder parcialmente al restablecimiento del derecho y ordenar a la señora Cárdenas Gil la devolución de los dineros cancelados en octubre y noviembre de 2018 por concepto de los meses de al ta, debidamente indexados, toda vez que se evidenció que la entidad le puso en conocimiento del error en que incurrió en la Resolución No. 04536 de 10 de septiembre de 2018, antes de que efectuara los pagos por los citados meses, lo que a su juicio, fue evidencia de la mala fe.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad , supuestamente v ulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, con la sentencia de 2 de marzo de 2023 que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder al restablecimiento del

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, con la sentencia de 2 de marzo de 2023 que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder al restablecimiento del derecho relacionado con la devolución de los dineros cancelados por concepto de los 3 meses de alta.

Indicó que el tribunal accionado realizó una indebida valoración de las pruebas “sobre la mala fe aplicada a la aquí accionante, en la decisión de segunda instancia, desconoce también los derechos fundamentales al buen nombre, art. 15 de la Constitución Política, por cuanto, con sus dichos infundados, está señalando a la aquí accionante como una persona que se apropió de un dinero de la Policía Nacional, con el fundamento, que ella tenía conocimiento, de que no le asistía el derecho de los tres meses de alta, sin tener prueba siquiera sumaria, que la señora LILIANA CARDENAS GIL, en ningún momento solicitó a la Policía Nacional, el reconocimiento y pago de los tre s (3) meses de alta, este reconocimiento fue de oficio, tal como se puede probar con los documentosRadicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

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aportados al expediente, es más, ni siquiera propicio la expedición de la Resolución No. 04536 del 10 de septiembre de 2018, por medio de la cual se le reconoció los tres meses de alta”.

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aportados al expediente, es más, ni siquiera propicio la expedición de la Resolución No. 04536 del 10 de septiembre de 2018, por medio de la cual se le reconoció los tres meses de alta”.

Afirmó que en la sentencia objetada no se tuvo en cuenta, ni verificó con rigor, que la hoy accionante no se apropió de ningún dinero de la Policía Nacional, pues fue dicha entidad la que realizó el giro d el dinero, sin que ella desarrollara alguna maniobra para engañar a la administración pública o reclamar el pago de dinero alguno por concepto de los 3 meses de alta, es decir, que la segunda instancia desconoció por completo que la entidad contaba con la facultad de suspend er el pago y no lo hizo.

Sostuvo que “en ningún momento solicitó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta, estos le fueron reconocidos de forma directa por parte de la Policía Nacional, como se indicó anteriormente, y su pago también fue realiza do por la institución policial, es decir no hubo ninguna clase de intervención por parte de la ciudadana para el reconocimiento del derecho, por lo cual no tiene la obligación de la devolución de dineros, los cuales fueron recibidos de buena fe”.

Señaló que la única prueba de la mala fe, consiste en el oficio por medio del cual se le solicitó el consentimiento de la revocatoria del acto administrativo, lo que es un grave error, pues una solicitud de revocación y su consecuente negativa, por sí misma no la constituye, más aún cuando fue la entidad quien reconoció un derecho que no se solicitó.

Resaltó que las afirmaciones del tribunal accionado lastiman su honra como persona, toda vez que ha tenido un comportamiento intachable en todos sus actos

misma no la constituye, más aún cuando fue la entidad quien reconoció un derecho que no se solicitó.

Resaltó que las afirmaciones del tribunal accionado lastiman su honra como persona, toda vez que ha tenido un comportamiento intachable en todos sus actos públicos y privados, cuando la realidad es que la misma Policía Nacional, giró esos dineros sin que mediara su intervención en la producción y ejecución del acto administrativo.

Aseveró que “el Consejo de Estado, ha sido muy cuidadoso en garantizar el principio de l a buena fe, para los ciudadanos que reciben de parte de la administración el pago de emolumentos, más aún, cuando han sido reconocidos de forma oficiosa por parte de la administración, como ocurre en el presente caso. El Consejo de Estado, ha dicho, que tratándose de un error de la Administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido de buena fe por una persona, jurisprudenc ia del alto tribunal que desconoció el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Sala Transitoria – Subsecciones “A” y “B”, al momento de juzgar el caso de la señora LILIANA C ÁRDENAS GIL, además que no realizó ninguna consideración para apartarse de la jurisprudencia de ese alto organismo”.

Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció que el literal C, numeral 1, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece que , cuando la demanda se dirija contra actos que reconoz can o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

dirija contra actos que reconoz can o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

Finalmente, manifestó que se desconoció el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que los actos administrativ os deberán ser revocado s por las mismasRadicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

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autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o solicitud de parte, sin embargo, el tribunal accionado omitió que la Resolución No 04536 de 10 de septiembre d e 2018, fue expedido por el Director General de la Policía Nacional y quien solicita su revocación es el Director de Talento Humano.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“Primero: TUTELAR los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO , A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, quebrantados por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Sala Transitoria – Subsecciones “A” y “B”, en la sentencia de fecha 2 de marzo de 2023, al haber incurrido en defecto fáctico y violación directa de la Constitución, al haber proferido decisión sin prueba y desconociendo el contenido de

fecha 2 de marzo de 2023, al haber incurrido en defecto fáctico y violación directa de la Constitución, al haber proferido decisión sin prueba y desconociendo el contenido de las pruebas aportadas durante el debate procesal, el precedente fijado por el Consejo de Estado, y de igual forma los derechos y principios constitucionales, que se relacionan en el acápite de derechos fundamentales violados.

Segundo: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 2 de marzo del 2023, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Sala Transitoria – Subsecciones “A” y “B”, dentro del proceso del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expediente No. 11001334205720180055201, en donde funge como demandante: NACIÓNMINISTERIO D E DEFENSA – POLICIA NACIONAL, y demandada LILIANA

CARDENAS GIL.

Tercero: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Sala Transitoria – Subsecciones “A” y “B”, que, dentro del término perentorio, profiera nueva sentencia dentro del proceso del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expediente No. 11001334205720180055201, en donde funge como demandante: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, y demandada LILIANA CARDENAS GIL, teniendo cuen ta los lineamientos Constitucionales, Legales y jurisprudencial y probatoriamente, que rijan la Litis ”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónic o de 13 de octubre de 2023 , el Juzgado Cincuenta y Siete

Constitucionales, Legales y jurisprudencial y probatoriamente, que rijan la Litis ”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónic o de 13 de octubre de 2023 , el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá , remitió el link de l proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional contra la señora Liliana Cárdenas Gil (radicado No. 11001-33-42-057-2018-00552-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de octubre de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 114121 a 114125 de 12 de octubre de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: PREMIUMLAWYERS@HOTMAIL.COM,Radicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

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6. Oposición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá

En escrito de 13 de octubre de 2023, la juez titular del despacho pidió que no se accedieran a las pretensiones de la acción de tutela , toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Afirmó que la accionante dirige sus reparos contra la valoración probatoria realizada por el fallador de segunda instancia , que le permitió tomar la decisión de revocar los numerales segundo y tercero de la sentencia emitida por el juzgado el 10 de octubre de 2019.

Indicó que la decisión de primera instancia del proceso ordinario no cobró ejecutoria, en virtud del recurso de apelación presentado, que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, S ala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, mediante sentencia de 2 de marzo de 2023, la cual revocó los numerales segundo y tercero del fallo impugnado.

Finalmente, manifestó que la sentencia del 10 de octubre de 2019 , fue proferida con total sujeción al or denamiento jurídico, razón por la cual no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio de 1 7 de octubre de 2023, la asesora del Área Jurídica pidió que se

derechos fundamentales de la accionante.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio de 1 7 de octubre de 2023, la asesora del Área Jurídica pidió que se negaran las pretensiones de la acció n de tutela ante la inexistencia de la vulneración de derechos fundamentales alegados.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que l a accionante, en la presentación de la misma no estableció los requisitos establecidos en la s sentencias SU-053 de 2015 2 y SU -172 de 2015 3 , en la s que se precisó que la acción de tutela solo será viable en el evento que se configure una de las causales de procedibilidad genéricas o específicas.

Resaltó que la señora Liliana Cárdenas Gil no tenía derecho a dev engar los 3 meses de alta por retiro, emolumento contenido en el artículo 114 del Decreto 1214 de 1990, pues se vinculó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional luego de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el régimen salarial y prestacional aplicable es el contenido en las normas previamente mencionadas.

Sostuvo que “el Juez de segunda instancia en ejercicio del principio de razonabilidad al momento de valorar los hechos y pruebas incorporadas al plenario del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

salatransitoriatas2cund@cendoj.ramajudicial.gov.co,salatransitoriadesjavierargote@cendoj.ramajudicial.gov.co,rmemoriales

sec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jadmin57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co y notificacion.tutelas@policia.gov.co . 2

M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

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radicado número 11001 -33-42-057-2018-00552-01, determinó que la señora Liliana Cárdenas Gil en un actuar de mala fe se apropió de recursos propios del Estado, lo cual quedó plenamente probado mediante oficio número 098011 del 9 de octubre de 2018 en el cual la hoy accionante manifiesta a la Policía Nacional que no se daba su consentimiento para la revocatoria parcialmente de la Resolución número 04536 del 10 de septiembre de 2018, aun cuando la institución puso en su conocimiento que dicho acto administrativo contenía un error, es por ello, que no es bien recibido por esta oficina asesora las meras afirmaciones sin fundamento fáctico, jurídico y probatorio de la accionante en cuanto a q ue la providencia del 02 de marzo de 2023 se encuentra inmersa en un defecto fáctico, por el contrario vemos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección

providencia del 02 de marzo de 2023 se encuentra inmersa en un defecto fáctico, por el contrario vemos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Sala Transitoria – Subsecciones “A” Y “B”, realizó una adecuada valoración objetiv a de manera conjunta y armónica del material probatorio allegado por las partes, a partir de la sana crítica entendida como el arte de juzgar, desde la verdad de los hechos, en ejercicio de la lógica, la dialéctica, la experiencia y criterios como la equidad, las ciencias y artes afines o auxiliares”.

Finalmente, manifestó que en el presente asunto la accionante no cumplió la carga de demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela.

6.3. El Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B”, guardó silencio, a pesar de que se le notificó en debida forma el auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en lo s artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. En el escrito de tutela la demandante invoca los defectos fáctico y de violación directa de la Constitución, para lo cual expone argumentos similares frente a

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. En el escrito de tutela la demandante invoca los defectos fáctico y de violación directa de la Constitución, para lo cual expone argumentos similares frente a dichas causales especiales de procedencia, por consiguiente se procederá a estudiarlos de manera conjunta, bajo la caracterización del defecto fáctico.

2.2. Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B” con la sentencia de 2 de marzo de 2023, que revocó los ordinales segundo y tercero del fallo de primera instancia y ordenó la devolución de dineros cancelados en octubre y noviembre de 2018 , por concepto de los 3 meses de alta, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad de la accionante , al supuestamente incurrir en los defectos fáctico y por violación directa de la Constitución, por la indebida valoración de las pruebas, toda vez que la únicaRadicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Actor: Liliana Cárdenas Gil

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prueba de la mala fe consiste en el oficio por medio del cual se le solicitó el consentimiento de la revocatoria del acto administrativo.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

prueba de la mala fe consiste en el oficio por medio del cual se le solicitó el consentimiento de la revocatoria del acto administrativo.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 6, acogió la tesis de adm itir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los d erechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

que “pueden eventualmente vulnerar los d erechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma se ntencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 9; (ii) Defecto procedimental absoluto 10; (iii)

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competenci a para ello.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Actor: Liliana Cárdenas Gil

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Defecto fáctico 11; (iv) Defecto material o sustantivo 12; (v) Error inducido 13; (vi) Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución 16 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 17 y de la Corte Constitucional18.

interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 17 y de la Corte Constitucional18.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala enc uentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si el fallo objetado que revocó los ordinales segundo y tercero de la decisión de primera instancia y ordenó el reintegro de los dineros cancelados por concepto de la alta otorgada , además que, incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, le impide el alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de jus ticia y al principio de legalidad , por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que l a accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa

10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11

apelación, por lo que l a accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa

10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pro cede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 17 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7

de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 2 4 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 18 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05808-00

Actor: Liliana Cárdenas Gil

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