CE - 010315000202306046001SENTENCIA20231115190908

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06046-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ELEAZAR JIMÉNEZ MONTES

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE YA FUERON RESUELTOS POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE AR MENIA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL QUINDÍO2.

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.2

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Actor: ELEAZAR JIMÉNEZ MONTES

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ELEAZAR JIMÉNEZ MONTES, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual estima vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir la s providencias de 4 de mayo de 202 2 y 13 de abril de 2023, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001-33-33-0022019-00166-01.

I.2. Hechos

Indicó que laboró como médico general en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA 3 a través de distintitos contratos de prestación de servicios suscritos con una cooperativa asociativa de

3 En adelante Hospital.3

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trabajo, los cuales se extendieron de forma consecutiva durante el período comprendido entre el 22 de mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2003.

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trabajo, los cuales se extendieron de forma consecutiva durante el período comprendido entre el 22 de mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2003.

Aseguró que nuevamente fue vinculado al HOSPITAL mediante contratos de prestación de servicios , por medio de las sociedades COOPERATIVA DE SERVICIO ASOCIADO COOMEDICOS LTDA , TEMPORALMENTE S.A.S . y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S. a partir de febrero de 2008 hasta noviembre de 2017, fecha en la que se dio por terminado su contrato sin justa causa.

Adujo que prestó sus servicios de manera personal, en horario de lunes a domingo trabajando de manera complementaria jornadas extras nocturnas y desempeñando el cargo bajo las órdenes impartidas por la entidad contratante.

Aseveró que el HOSPITAL no le canceló en la oportunidad legal los conceptos laborales de cesantías, interés a las cesantías, prima de servicio, prima de navidad, compensación de vacaciones, auxilio de transporte, dotación de calzado y vestido de labor, reconocimiento y4

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pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, primas y bonificaciones extralegales y convencionales por el tiempo laborado y la indemnización por no consignar en los fondos de cesantías.

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pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, primas y bonificaciones extralegales y convencionales por el tiempo laborado y la indemnización por no consignar en los fondos de cesantías.

Sostuvo que presentó solicitud de reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales adeudadas ante el HOSPITAL que, a través del Oficio núm. 2019-178-0020000-2 de 19 de febrero de 2019, denegó sus peticiones.

Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el HOSPITAL, con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales adeudadas.

Señaló que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 63001-33-33-002-2019-00166-01 y le correspondió por reparto en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 4 de mayo de 202 2, denegó las pretensiones de la demanda.5

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Manifestó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 13 de abril de 2023, confirmó la sentencia de primera

Manifestó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 13 de abril de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se demostró el elemento de la subordinación , por lo que no era del caso reconocer la existencia de una relación laboral.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, al desconocer los elementos materiales de prueba que permitían establecer la continua subordinación y dependencia que comprobaba su relación laboral con e l HOSPITAL en el ejercicio de su labor.

Indicó que las decisiones cuestionadas no efectuaron una debida valoración e interpretación de l os contratos de prestación de servicios, los cuales, a su juicio, eran demostrativos de la existencia de la subordinación , pues […] como muestra clara de la subordinación, se estableció de forma escrita en el contrato 242 de6

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2016 que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA presta servicios de salud de mediana y alta complejidad debidamente habilitados. Como entidad del sistema general de seguridad social en salud, debe

2016 que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA presta servicios de salud de mediana y alta complejidad debidamente habilitados. Como entidad del sistema general de seguridad social en salud, debe garantizar la función social del estado, de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen dentro de los cuales se hace necesario prestar el servicio de medio general coordinador urgencias, central de referencia y contra referencia, además de apoyo a la oficina de asesora jurídica en asuntos de r esponsabilidad civil médica, en asuntos que sea demandado el ente hospitalario, para lo cual se me vincula por valor de contrato de $60.000.000 por un periodo de 8 meses y 15 días, realizando los estudios previos, cuyas obligaciones establecidas textualmente en la cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios, hace referencia a verdaderas ordenes como elemento de subordinación […]”.

Cuestionó que no se tuv o por acreditado el elemento de la subordinación, pese a que el clausulado del contrato de prestación de servicios exigía tiempo y horario específico por espacio de casi diez años y, por ende, la labor no se desarrolló de manera autónoma.7

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I.4. Pretensiones

Pese a que no se planteó de manera expresa las pretensiones de la

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I.4. Pretensiones

Pese a que no se planteó de manera expresa las pretensiones de la demanda, la Sala advierte que del escrito de tutela se puede inferir que el actor solicita el amparo de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, que se dejen sin efecto las providencias de 4 de mayo de 2022 y 13 de abril de 2023, proferidas por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001-33-33-002-2019-00166-01.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO afirmó que la decisión proferida en primera instancia por ese despacho, fue sometida a un análisis probatorio riguroso y sustentada conforme a las normas jurídicas y los postulados jurisprudenciales aplicables al asunto.8

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En ese sentido, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por ausencia de vulneración del derecho fundamental alegado por el accionante.

I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

de la referencia, por ausencia de vulneración del derecho fundamental alegado por el accionante.

I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1. La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA señaló que la acción de tutela es improcedente por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Aseguró que […] el actor pretende que la acción de tutela se convierta en otra instancia, cuando el proceso ya se ha ventilado en la Jurisd icción contenciosa y ha surtido el respectivo recurso de alzada resolviéndose no favorable a sus intereses […].

Recalcó que no existió una relación laboral con el actor pues , como se ventiló en la actuación procesal, no se probó el requisito de la subordinación, por cuanto la ejecución del contrato se caracterizó por9

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la independencia y autonomía, propias de los contratos de prestación de servicios profesionales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

de servicios profesionales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a10

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente11

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relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisio nes inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de prof erida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de prof erida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.12

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección cons titucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamenta les no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto or gánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

adelante se explican.

a. Defecto or gánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.13

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenid o constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 4 de mayo de 202 2 y 13 de abril de 2023 , proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001-33-33-002-2019-00166-01.

A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , habida cuenta que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por la indebida valoración de l acervo14

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probatorio.

En este punto se advierte que aun cuando la parte actora solicita que

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probatorio.

En este punto se advierte que aun cuando la parte actora solicita que se deje sin efecto tanto la sentencia de 4 de mayo de 2022 como la proferida el 13 de abril de 2023, la Sala circunscribirá su análisis a la providencia proferida por el Tribunal, toda vez que en esta se confirmó la decisión del Juzgado y fue la que dio fin al proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales invocados.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.15

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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.16

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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus

acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”17

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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda dete rminar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela

para que el Juez pueda dete rminar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto , señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providenci as judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda

de evidente relevancia constitucional y no puede ser

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia co nstitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), res pecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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Actor: ELEAZAR JIMÉNEZ MONTES

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utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar